Desde el Ministerio Público informaron sobre la promulgación de la normativa que establece la creación de su Instituto Superior de Estudios, con cinco ofertas académicas. Esta iniciativa permitirá mejorar la formación integral de los fiscales adjuntos, agentes fiscales y funcionarios del Ministerio Público, con el objetivo principal de brindar un mejor servicio a la ciudadanía.
La propuesta educativa institucional contempla los aspectos jurídicos, la identidad institucional, los objetivos, los fundamentos del modelo educativo, la infraestructura y los recursos que se destinarán a su cumplimiento.
Durante su elaboración, ha sido verificado por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES). El Instituto Superior de Estudios reemplazará al actual Centro de Entrenamiento del Ministerio Público.
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La oferta educativa del ISEMP contempla: maestría en derecho penal, procesal penal y gestión fiscal; especialización en gestión fiscal en el proceso penal; especialización en investigación fiscal del crimen organizado; especialización en gestión fiscal en el proceso civil; y capacitación en didáctica jurídica.
El proyecto fue impulsado desde la Cámara de Senadores por los parlamentarios Derlis Osorio y Juan Afar, con dictamen favorable de la comisión de Educación y Cultura de ambas Cámaras y la posterior aprobación de la Cámara de Diputados.
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Fiscalía acumula un déficit de G. 1,3 billones y solicita mayor presupuesto para 2027
El Ministerio Público presentó ante la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso Nacional su requerimiento de G. 1,286 billones para el ejercicio fiscal 2027. La solicitud institucional apunta a fortalecer la investigación penal, ampliar la presencia territorial de las sedes fiscales y modernizar los servicios técnicos brindados a la ciudadanía en todo el país.
Durante la audiencia, la representación fiscal expuso el histórico descalce financiero que arrastra la institución. Entre los años 2023 y 2026, la Fiscalía solicitó recursos por un total de G. 4,211 billones, pero el Poder Legislativo asignó únicamente G. 2,867 billones, dejando una diferencia acumulada de G. 1,344 billones en contra del órgano investigador.
En el periodo actual de 2026, la institución requirió G. 1,056 billones y recibió tan solo G. 763.000 millones, lo que representó un receso presupuestario de G. 293.000 millones. Estos antecedentes fundamentaron la urgencia de reajustar las partidas económicas para responder a las crecientes demandas de la justicia penal.
Cobertura e infraestructura
Uno de los puntos centrales del reclamo radica en el déficit de recursos humanos para cubrir todo el territorio paraguayo. Las autoridades advirtieron que el país necesita al menos 700 unidades fiscales, pero actualmente la institución funciona con aproximadamente 350 agentes fiscales titulares, operando a la mitad de la capacidad requerida.
Asimismo, la Fiscalía urgió inversiones en laboratorios forenses, morgues judiciales, cámaras Gesell y depósitos de evidencias, además de equipamiento tecnológico para el procesamiento de escenas del crimen. Entre las obras prioritarias figura la conclusión de la sede en Encarnación, cuya finalización requerirá cerca de USD 5 millones, contrarrestada por la donación de más de 30 inmuebles gestionados desde 2023.
El Ministerio Público apeló a su autonomía funcional y administrativa, amparada por la Constitución Nacional, para solicitar el respaldo de los legisladores. La asignación presupuestaria pretendida resulta clave para consolidar investigaciones sustentadas en evidencia científica y garantizar una atención adecuada a las víctimas de delitos.
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Ministerio Público opera con 50 % de los fiscales requeridos y solicita mayor presupuesto para 2027
En el marco de la presentación de su plan financiero para 2027, el Ministerio Público detalló las prioridades estratégicas en recursos humanos, tecnología de investigación penal y obras edilicias. La institución fundamentó ante la Comisión Bicameral un requerimiento de G. 1.286 billones para el ejercicio fiscal de año que viene.
Durante la exposición ante la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso Nacional, las autoridades fiscales detallaron que los fondos serán destinados a cubrir necesidades críticas en tres áreas estratégicas:
- infraestructura
- tecnología de punta para el área forense
- y el fortalecimiento del talento humano.
Como argumento central para justificar el incremento de 1.286 billones de guaraníes, la institución expuso una marcada diferencia acumulada entre los presupuestos que se solicitaron y los que finalmente aprobó el Poder Legislativo en los últimos años. Entre 2023 y 2026, el Ministerio Público requirió un total de G. 4.211 billones, pero solo recibió G. 2.867 billones.
Esta brecha histórica dejó un descalce financiero de G. 1.344 billones, lo que ha limitado la capacidad de respuesta de la Justicia penal. El reflejo más inmediato de esta situación se dio en el presupuesto de 2026, año en que la institución solicitó G. 1.056 billones y sufrió un recorte de G. 293.000 millones, percibiendo únicamente G. 763.000 millones.
Durante la exposición indicaron que Paraguay necesita al menos 700 unidades fiscales, con sus correspondientes agentes fiscales titulares, mientras que actualmente la institución cuenta con aproximadamente 350 agentes fiscales, según los datos presentados.
”La solicitud presupuestaria para 2027 plantea la necesidad de contar con recursos que permitan ampliar la cobertura institucional, modernizar los servicios de investigación científica y mejorar las condiciones de atención a la ciudadanía", apuntaron.
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Inversión requerida
El Ministerio Público necesita laboratorios forenses, morgues judiciales, cámaras Gesell y depósitos de evidencias. Además de incorporar tecnología para el procesamiento de escenas del crimen, la identificación de personas y la preservación de los elementos probatorios.
Identificó limitaciones en infraestructura y disponibilidad de profesionales especializados, aspectos que requieren atención para fortalecer las investigaciones sustentadas en evidencia científica. Entre los proyectos mencionados se encuentra la conclusión de la sede del Ministerio Público en Encarnación.
“El fortalecimiento de la infraestructura, la tecnología y los recursos humanos constituye una prioridad expuesta por la institución para avanzar hacia una mayor capacidad de respuesta frente a los hechos punibles denunciados en todo el territorio nacional”, resaltaron.
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Periodista comparecerá ante la Fiscalía tras grave accidente en Asunción
Este miércoles 21 de octubre, el periodista Roberto Coronel, quien protagonizó un grave accidente de tránsito que ocasionó daños materiales durante la madrugada del sábado sobre la avenida General Máximo Santos, en el barrio San Vicente de Asunción, deberá comparecer ante el fiscal Benjamín Beltrán.
Tras esta diligencia, el Ministerio Público estará en condiciones de formular imputación contra el comunicador, quien presuntamente conducía su vehículo en estado de ebriedad.
En la audiencia indagatoria, el periodista deberá declarar sobre los hechos por los cuales está siendo investigado —específicamente, exposición al peligro en el tránsito terrestre— o, en su defecto, podrá admitir los hechos y solicitar una salida procesal antes de ser imputado.
De acuerdo con las imágenes que circularon en las redes sociales, se observa al comunicador del Grupo Vierci un poco desorientado, presumiblemente por el estado de ebriedad en el que se encontraba.
El percance vial ocurrió alrededor de las 4:50 de la madrugada de este sábado e involucró a Gustavo Raúl Sánchez Fleitas, quien conducía un Toyota Vitz, y al periodista Roberto Hugo Coronel López, de 43 años, quien estaba al mando de un Kia Sonet.
Tras la intervención de los agentes de la Comisaría 14.ª y de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), Coronel fue sometido a la prueba de alcotest, la cual arrojó un resultado positivo de 1,10 mg/L (miligramos por litro). Esta graduación alcohólica faculta la intervención inmediata del Ministerio Público, tras la comunicación formal correspondiente por parte de la sede policial.
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Fideicomisos de Leoz y Atlas en la mira en nueva causa
El abogado Claudio Lovera, representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), explicó que el Ministerio Público, a través de su área de Delitos Económicos, recopiló información en el marco de una causa en la que ya se formuló acusación y que actualmente sigue en curso. Según indicó, los datos recabados estaban relacionados con aspectos que no eran objeto de investigación en ese procedimiento, en referencia a la apertura de una nueva causa contra Miguel Saldívar, directivo del Banco Atlas, por presunto lavado de dinero.
“Una vez que formularon su acto conclusivo, y en cumplimiento de sus obligaciones, el Ministerio Público, regido por el principio de legalidad procesal, está obligado a investigar cuando toma conocimiento de elementos que generan sospechas, incluso a partir de indicios, sobre la posible comisión de un hecho punible”, señaló Lovera en declaraciones a Nación Media.
En este sentido detalló que a través de una tarea de revisión de esos antecedentes, y un pronunciamiento de la Fiscalía General, se señala que se identificaron nuevos hechos, diferentes a los que fueron acusados en el caso Banco Atlas – Conmebol. En este caso, se investigan las operaciones respecto a fondos depositados por Nicolás Leoz, y otros hechos.
El abogado señaló que Leoz realizó una serie de adquisiciones de inmuebles, que se iniciaron desde el año 2000 en adelante, esto con una sospecha razonable que lo hizo como consecuencia de los perjuicios a la Conmebol, y el Banco Atlas también habría realizado estos fideicomisos.
“Esos inmuebles fueron objetos de loteamiento para la venta y luego Nicolás Leoz cuando es acusado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por lavado de activos en la misma época de estos fideicomisos del banco Atlas también hizo otros fideicomisos inmobiliarios. Eso implicó también blindar esos inmuebles y en ese contexto proseguir con esos procesos de loteamiento y venta, y asegurarse esos recursos en el sentido de la protección de una figura como el fideicomiso”, detalló.
Agregó que, en ese contexto, “por lo que se pudo identificar en la información recopilada en esta otra causa estaban inmobiliarias como Inmobiliaria del Este, Inmobiliaria Raíces, y que finalmente terminaron administrando esos fideicomisos inmobiliarios en ese marco, respecto a otro banco diferente a Atlas”.
El letrado sostuvo finalmente, que “esos fideicomisos iniciaron por valores cercanos a los 2 millones de dólares, pero por lo que se obtuvo en esa investigación, a finales de ese año en el cual iniciaron los fideicomisos eran inmuebles por valor de 20 millones de dólares, inclusive superando”.
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