El presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel, alertó a la ciudadanía sobre el uso indebido de su nombre en supuestas gestiones realizadas mediante mensajes, llamadas u otros medios digitales. Desmintió categóricamente haber solicitado contrataciones, donaciones u otros beneficios institucionales por canales informales, y reafirmó que toda actuación debe regirse por los principios de legalidad, transparencia y ética pública.

Diesel fue tajante al señalar que no ha autorizado ni autorizará ningún tipo de gestión o intermediación que no se encuentre estrictamente enmarcada dentro de los canales formales y legales de la administración judicial.

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La aclaración se emite en atención a la circulación de mensajes y comunicaciones a través de medios digitales, en los que se menciona indebidamente el nombre del ministro Diesel para la supuesta realización de pedidos institucionales, tales como contrataciones, donaciones u otros beneficios. Al respecto, el titular de la Corte expresó su preocupación ante la gravedad del hecho y advirtió que este tipo de acciones podrían configurar figuras punibles.

En ese contexto, hizo un llamado a la ciudadanía a desestimar cualquier comunicación que invoque su nombre por fuera de los canales institucionales establecidos, y reiteró que toda actuación del Poder Judicial debe regirse por los principios de legalidad, transparencia y ética pública.

Finalmente, reafirmó el compromiso de la Corte Suprema de Justicia con la integridad institucional, la confianza ciudadana y la estricta observancia del marco legal vigente. Señaló, además, que cualquier intento de obtener beneficios indebidos será perseguido y denunciado conforme a derecho.

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“Tenemos que ser realistas, este sistema ya no funciona. Este proyecto de ley marcará un antes y un después”, comentó el presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, sobre el planteamiento de reforma del transporte público metropolitano impulsado por el gobierno de Santiago Peña.

Las afirmaciones del senador surgen ante las afirmaciones del titular del Centro de Empresarios de Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (Cetrapam), César Ruíz Díaz, quien calificó a la iniciativa como inviable.

“Yo digo esto con mucho respeto, seguro a él le gustaría que continúe el mismo sistema, consistente en que cada periodo se tire USD 50 millones anuales en subsidio al vacío”, indicó el senador, este miércoles, a los medios de comunicación, antes del inicio de la sesión ordinaria.

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Asimismo, opinó sobre el reclamo realizado por Cetrapam respecto a un supuesto incumplimiento de pago de USD 3,9 millones por parte del Gobierno en concepto de subsidios por pasaje. Desde el sector privado de transportistas sostienen que ante esta situación sigue latente un posible paro de buses.

Sin embargo, la acusación fue desmentida ayer martes por el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, quien aseguró que el Gobierno está pagando el subsidio como se había acordado y que los empresarios firmaron por un pago por mes.

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“Esto lo digo como un legislador más y no como parte del Gobierno, el cháke de un sector de los transportistas ya no funciona, las tapas de los medios no nos harán retroceder para hacer los grandes cambios”, sentenció Núñez.

El tratamiento del proyecto de reforma del transporte público en código de la iniciativa comenzará el 27 de agosto y será expuesto ante el pleno del Senado el próximo 3 de setiembre. El estudio de código implica que las modificaciones deberán plantearse por escrito antes de su tratamiento en plenaria.

El diputado colorado Miguel Ángel del Puerto señaló durante la sesión ordinaria de la Cámara Baja, que desde el movimiento “Yo Creo” ya no saben cómo tapar el “po pindá” o el “po kare” de su líder, el intendente suspendido Miguel Prieto. Esto, con relación a la denuncia penal presentada por el interventor Ramón Ramírez, que ha encontrado serios indicios de una caja paralela en la administración de la Municipalidad de Ciudad del Este.

Durante su alocución, el diputado Del Puerto señaló que justamente el intendente Prieto ha sido separado del cargo, mientras dura esta intervención, ante la sospecha seria de corrupción denunciada por la Contraloría General de la República.

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Al respecto, el legislador expresó en modo irónico que algunos de sus colegas en el plenario, que son amigos y aliados de Prieto, han minimizado el robo denunciado por el interventor, mediante la caja paralela.

“Para algunos colegas, esto ha sido un vyroreí que Miguel Prieto robe 75 milloncitos cada 24 horas. Es demasiado poco lo robado, entonces hay que perdonarlo, hay que dejar de lado, porque había sido es un robo menor”, sentenció.

Del Puerto cuestionó que cuando se “trata del chancho del propio chiquero”, entonces no es ningún ladrón, ni corrupto, ni po pindá, “solo desvía fondos, es malversación, upéa ichuchivé”, expresó. Lamentó que se busque usar términos más rebuscados, para que la gente no pueda entender que en el fondo son robos de recursos, ya que al final lo robado ha sido muy poco.

“Por eso, yo creo que estamos por buen camino. Hay que apostar a que las instituciones funcionen y que tengamos confianza que van a castigar, sea el corrupto que sea, sea la cantidad que robe. Siempre que sea un robo debe ser castigado y espero que los más de 1.000 millones que el Consejo de Salud local utilizó sin ningún permiso del Ministerio de Salud se pueda corroborar también”, acotó.

A su turno, el diputado Rodrigo Gamarra también se refirió al asunto señalando que en la Municipalidad de Ciudad del Este han montado toda una asociación para saquear y delinquir. Aseguró que no existe un plan para persecución política como busca plantear el equipo de Miguel Prieto.

“Un sistema delictivo, bien aceitado para saquear en familia y con amigos, parientes y hasta empresas fantasmas. Hemos visto como una pequeña empresa de minicarga recibía 400 millones de guaraníes del municipio con el mismo sistema del copetín de Tía Chela durante la pandemia”, indicó.

Remarcó que en este caso no se trata de hacer un juicio de valor político, sino de determinar un juicio de valor jurídico sobre el daño patrimonial que se viene causando a la ciudadanía, en especial a la gente de Ciudad del Este.

“Creo que acá lo que corresponde, antes que venga la sentencia, es que este delincuente de Miguel Prieto, por decoro por lo menos, renuncie, ponga el cargo a disposición y se ponga a disposición de la Justicia como corresponde”, concluyó.

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El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, destacó la importancia de que el crecimiento económico del país se traduzca en mejoras concretas para las familias paraguayas. El legislador volvió a subrayar la necesidad de garantizar que la canasta básica incluya productos accesibles y de calidad e instó al sector empresarial a una actuación con responsabilidad social.

“Los precios han aumentado de manera considerable. Este es un llamado a los empresarios, es un llamado para la conciencia social, para que la prosperidad y el fortalecimiento económico que vive el país lleguen verdaderamente a todos los paraguayos”, expresó este lunes, previo al inicio de la sesión extraordinaria.

Seguidamente, destacó que tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo trabajan de manera coordinada para dar respuestas ante la suba de precios. “Es importante que pongamos muchísima atención a esta situación y vamos a trabajar desde la Cámara de Diputados en tal sentido”, sentenció el congresista.

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En otro momento, el presidente Latorre valoró las iniciativas de las empresas que ya han puesto a disposición productos esenciales, como la carne, a un menor precio, teniendo en cuenta coyunturas. “Felicitamos este tipo de iniciativas que tienen un claro contenido de responsabilidad social”, sostuvo.

Por otra parte, el diputado Latorre aseguró que todas las denuncias e informes presentados por los interventores de los municipios afectados serán tratados “con la mayor seriedad”, en la línea de los preceptos constitucionales y el respeto al trabajo de las comisiones correspondientes.

Dijo que la postura será firme en la defensa del patrimonio de los paraguayos, sin importar si los casos corresponden a Asunción, Ciudad del Este o cualquier otra ciudad; “y sin distinción del signo político del intendente”.

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Recordó que el Movimiento Honor Colorado, al que pertenece, mantuvo coherencia en su actuación, votando a favor de las intervenciones tanto de Ciudad del Este como de la capital del país, al considerar que existían causales suficientes.

Destacó que, además de su rol como custodio de la Constitución y promotor de un espacio abierto al debate parlamentario, mantendrá el compromiso de la objetividad mientras dure el proceso.