El actual presidente del Consejo de Gobernadores, Cesar Sosa, jefe departamental del Guairá, convoca a sus pares para este miércoles 20 de agosto, para una evaluación de actividades, logros y algunos aspectos a mejorar. Además, se llevará a cabo la renovación de la Mesa Directiva para el periodo 2025-2026.

En conversación con La Nación/Nación Media comentó que ya fenece su mandato de un año (2024-2025) y el Consejo de Gobernadores deberá ahora elegir a sus nuevas autoridades para el nuevo periodo. Esta elección está prevista para las 9:00 hs en la sede del consejo en Asunción.

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Comentó que luego se trasladarán hasta la Presidencia de la República, para la presentación oficial de la nueva conformación directiva ante el mandatario Santiago Peña y algunos ministros de su gabinete

Mencionó que tienen previsto también tener una evaluando los logros alcanzados, pero también algunos déficits que aún faltan por mejorar para redoblar los esfuerzos y lograr el bien común de todos los ciudadanos,

“Como un aspecto muy importante a destacar es la unidad de todos los gobernadores creo que hemos podido intercambiar varias ideas y proyectos, los cuales nos han dado relevantes logros a favor de los diferentes departamentos”, precisó.

Destacó que si bien, cada departamento cuenta con problemáticas diferentes, existen factores comunes como Salud, Educación, Seguridad, que son pilares fundamentales para lograr el cuarto punto que es la generación de empleos.

“Nosotros como brazos ejecutores, estamos día a día en el terreno buscando soluciones. Tenemos línea directa con el presidente y el vicepresidente de la República, pero hay algunos ministerios donde aún hay mucha burocracia. Necesitamos destrabar para poder mejorar y entender que realmente que la gente en los diferentes departamentos no puede esperar”, expresó.

Indicó que son estos puntos considerados como déficit que serán analizados tanto en el Consejo, como con las autoridades de Ejecutivo, a fin de poder ir mejorando.

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La Cámara de Diputados tiene previsto analizar, durante su sesión extraordinaria convocada para este lunes 11 de agosto a las 14:00, el proyecto de ley “Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la República de Singapur”, firmado el 7 de diciembre de 2023 en Río de Janeiro (Brasil).

Este proyecto normativo ya se encuentra en segundo trámite constitucional, es decir, cuenta con la media sanción de la Cámara Baja, que fue modificada por el Senado y ahora debe ser puesta nuevamente a consideración del plenario, donde podrán aceptar las modificaciones planteadas o ratificarse en su versión sancionada.

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Este acuerdo establece una zona de libre comercio alineada con el GATT de 1994 (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), regulando en diecinueve capítulos temas como comercio de bienes, servicios, inversiones, propiedad intelectual, comercio electrónico, contratación pública, políticas de competencia y apoyo a las mipymes.

El documento planteado por el Poder Ejecutivo, establece el acceso a mercados, Singapur liberalizará, inmediatamente, los aranceles para todos los productos del Mercosur, mientras que el bloque regional desgravará el 95,8% de su universo arancelario (90,8% del valor importado desde Singapur), con un 25,6% de libre comercio inmediato y el resto de forma gradual en 4, 8, 10 y 15 años.

En la exposición de motivos, el Poder Ejecutivo explica que Singapur, como centro financiero y logístico global, es una puerta estratégica al Sudeste Asiático, conectando al Mercosur con mercados como Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y ASEAN, entre otros.

“Esto permitirá al Paraguay integrarse en cadenas globales de valor, consolidar bajos aranceles para productos clave como carnes, soja y alimentos procesados, e importar tecnología competitiva para aumentar la productividad”, refiere el documento.

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En medio de un estricto protocolo de seguridad, este viernes se desarrolló la segunda fase del operativo Umbral, en el marco del cual fueron trasladadas 273 personas privadas de su libertad que ya cuentan con condena hasta el penal de máxima seguridad de Minga Guazú.

Desde la Penitenciaria Regional de Coronel Oviedo fueron trasladados 165 reclusos, quienes partieron en un convoy de cinco ómnibus escoltados por agentes del grupo Lince y escuadrones militares. Tras estos trabajos de reestructuración penitenciaria, quedan actualmente 875 reclusos en Coronel Oviedo.

Por otro lado, también durante la madrugada se inició el trabajo de inspección y preparación para el traslado de 42 internos de la penitenciaría de Encarnación, 19 de la cárcel de Misiones, 36 de Villarrica y 11 de Emboscada. En los diferentes establecimientos, las inspecciones y preparativos para el viaje de los internos se realizaron con total normalidad y sin mayores incidentes.

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Las autoridades responsables de los diferentes centros penitenciarios aclararon que la lista de internos que son trasladados es diseñada y comunicada desde el Ministerio de Justicia en base al análisis de los perfiles criminales y sus situaciones judiciales particulares. Así también informaron que, por cuestiones de seguridad, todos los trasladados viajan sin sus pertenencias y que sus familiares deben acercarse a retirarlas para llevarlas hasta Minga Guazú.

El operativo Umbral forma parte de una política penitenciaria que apunta a seleccionar a la población penal acorde a los perfiles de procesos, logrando así una mejor organización y control dentro del sistema penitenciario.

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El proyecto de ley “que establece la rectoría sobre el transporte terrestre y modifica y amplía disposiciones de la Ley 1590/2000, relativas al transporte público metropolitano de pasajeros”, cuenta con 122 artículos. Fue presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional y la Cámara de Senadores estableció el 3 de setiembre para su tratamiento en el pleno legislativo. El documento ya ingresó a la Cámara Alta y fue derivado a las comisiones asesoras.

“Actualiza el marco institucional del sector de transporte, organiza la elaboración de políticas y planificación e instaura, para la prestación del servicio de transporte público metropolitano de pasajeros, nuevos principios rectores y un marco regulador con orientación a la calidad y bienestar de personas usuarias, promoviendo un servicio eficiente, seguro, accesible, sostenible e integrado para el desarrollo económico del país”, establece el primer artículo.

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El órgano rector del Sistema Nacional de Transporte y el encargado de elaborar, proponer y ejecutar las políticas y disposiciones del Poder Ejecutivo, referentes a las infraestructuras y servicios básicos para la integración y desarrollo económico, será el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

El Viceministerio de Transporte, en función desconcentrada, estará a cargo de la regulación del servicio de transporte público metropolitano de pasajeros. Se incluye a la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran), y los municipios del área metropolitana.

Este proyecto de ley, impulsado por el Poder Ejecutivo, busca innovar el sistema del tansporte público, otorgando al usuario una movilidad 24/7; reducir el tiempo de espera; un menor gasto para el usuario; con viajes asegurados, seguridad y calidad. Como un servicio imprescindible, se apunta a la garantía de un servicio continuo y regular, erradicando las habituales reguladas.

- Reformas

La propuesta establece el diseño de un nuevo modelo operativo; la incorporación progresiva de buses eléctricos (1.000 unidades) y a diésel de bajas emisiones; mejoras significativas en la infraestructura vial como la renovación de la avenida Mariscal López, la duplicación del tramo Mariano Roque Alonso–Aeropuerto y obras en la ex Ruta 1 que contempla la implementación de carriles exclusivos y paradas renovadas.

- Innovaciones

Se establece separar la provisión de flota de la operación del servicio, estableciendo contratos diferenciados para evitar la dependencia de los operadores actuales en la adquisición de buses; por lo que el Estado contratará la flota y definirá que esos buses son bienes afectos al sistema.

Se pretende la incorporación de tecnología y mejorar la planificación urbana para transformar la experiencia del usuario.

También una integración tarifaria, monitoreo en tiempo real y que cada persona pueda saber desde su celular cuándo llega su bus.

Se incluirá incentivos para que más mujeres se sumen como conductoras.

- Concesiones (artículo 31)

1) Deberán otorgarse por medio de un contrato y previa licitación pública.

2) Serán por plazo determinado, contado a partir de la fecha de celebración del respectivo contrato.

3) Podrán ser gratuitas, onerosas o subvencionadas de conformidad con las políticas tarifarias aprobadas por el Poder Ejecutivo.

4) Serán otorgadas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, por intermedio del Viceministerio de Transporte, quien actúa en calidad de Concedente en representación del Estado.

5) Se suscribirán, para el caso del componente de operación, con sociedades de objeto específico, en carácter de concesionarios.

6) Se extinguirán por vencimiento del plazo contractual, por terminación anticipada atribuida a cualquiera de las partes, rescate, quiebra, concurso de acreedores, disolución y liquidación del concesionario, y por los demás hechos o circunstancias previstos en el contrato de concesión.

- Provisión de flotas

La flota para la prestación del servicio de transporte público metropolitano de pasajeros no podrá contar con buses de más de 15 años de antigüedad, computados a partir del año modelo de cada unidad. En caso de que una unidad supere este límite durante el periodo de prestación del servicio, deberá ser retirada y reemplazada por otra. El Viceministerio de Transporte podrá determinar la antigüedad promedio de la flota en los niveles que permitan una mayor estandarización del servicio en su conjunto. (Artículo 49).

El contrato de concesión para la prestación de los servicios de provisión de flota tendrá una duración máxima de 15 años. (Artículo 50).

- Tarifas

1) Asequibilidad: considerará la capacidad de pago promedio de las personas usuarias.

2) Equilibrio y Sostenibilidad: reflejará el monto necesario para remunerar los costos de operación que se le imputen en el diseño tarifario, para garantizar la eficiencia y sostenibilidad financiera.

3) Integración: incluirá los costos de los diversos servicios y modos de transporte público con el objeto de facilitar el logro de una sola tarifa al usuario o pasaje integrado incluyendo eventuales trasbordos.

4) Beneficios tarifarios: contemplará beneficios para grupos poblacionales específicos establecidos en leyes especiales tales como: estudiantes secundarios, personas adultas mayores y personas con discapacidad, entre otras.

5) Uso frecuente: considerará incentivos de uso del servicio de transporte público de pasajeros tanto para personas usuarias, con descuentos o exoneraciones a partir de montos determinados de gasto mensual en viajes, como para empresas, con la utilización de bonos o vales de transporte al personal, entre otros. (Artículo 64).

Fuente: MOPC

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