El presidente del Colegio de Escribanos del Paraguay, Gustavo Benítez, indicó que se encuentran analizando la posibilidad de impulsar una acción de inconstitucionalidad. Foto: Gentileza
Colegio de Escribanos del Paraguay pide al Ejecutivo veto parcial del proyecto RUN
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Desde el Colegio de Escribanos del Paraguay, encabezado por Gustavo Benítez, requieren al Poder Ejecutivo vetar parcialmente el proyecto que plantea la creación del Registro Unificado Nacional (RUN), propuesta que tiene como fin resolver el problema de la superposición de títulos de tierras en el Paraguay.
“Nosotros tenemos una serie de cuestionamientos específicos sobre sus articulados y la incidencia que va a tener sobre la vida y hacienda de la ciudadanía. Por donde se lo mire esta propuesta no resulta el más mínimo análisis”, manifestó Benítez en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Señaló también que desde el sector se encuentran analizando la posibilidad de impulsar una acción de inconstitucionalidad, argumentando que “la gente que estuvo en la elaboración de este proyecto carece de conocimientos sobre lo que es una república, se olvidan que se encuentra compuesto por poderes del Estado, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, entonces debería de existir un equilibrio. Cada poder tiene una función”.
Las afirmaciones de Benítez surgen tras la sanción de la iniciativa que plantea la fusión de la Dirección General de los Registros Públicos, el Servicio Nacional de Catastro y el Departamento de Agrimensura y Geodesia. El documento aprobado este último martes por Diputados deberá ser remitido al Ejecutivo para su promulgación o veto.
“Yo rogaría al Poder Ejecutivo que considere y por lo menos vete parcialmente esta ley en las cuestiones que más perjudica a la ciudadanía. El Ejecutivo ha declinado lo que la Constitución Nacional de este país le asigna que es la administración de las rentas nacionales, teniendo en cuenta que debe ser el que se encargue del erario público. El Poder Judicial no puede manejarse como si fuese una institución binacional donde tiene su propio ingreso y nadie puede meterse ahí y discutir. Ese dinero debe ir a las arcas del Estado”, sostuvo.
Benítez acotó: “La presentación de una acción de inconstitucionalidad lo haríamos por las formalidades, en el sentido de agotar los recursos y las instancias, ya que jocosamente tiene que ser resuelto por la Corte Suprema de Justicia”.
Corte toma posesión de inmueble tras juicio ganado al Colegio de Escribanos del Paraguay
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Este lunes 23 de febrero se llevó a cabo el acto de toma de posesión de un inmueble ubicado sobre la avenida Avelino Martínez, en la ciudad de San Lorenzo, a favor de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La diligencia se realizó en ejecución de lo dispuesto mediante una resolución judicial en el marco de un litigio judicial contra el Colegio de Escribanos del Paraguay.
El acto contó con la presencia del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, y del ministro superintendente de la Circunscripción Judicial de Central, Eugenio Jiménez Rolón. La entrega formal fue realizada por representantes del Colegio de Escribanos del Paraguay, encabezados por su presidente, el escribano Gustavo Benítez Soler.
El ministro Martínez Simón señaló que este procedimiento forma parte del proceso de regularización patrimonial impulsado por la institución. Asimismo, indicó que se evaluarán diversas alternativas para la utilización del inmueble, siempre orientadas a satisfacer las necesidades del servicio de justicia.
Por su parte, el ministro Jiménez Rolón destacó que el acto refleja el compromiso institucional con el resguardo de los bienes públicos y la resolución de conflictos a través de las vías legales correspondientes. Con esta acción, el inmueble se incorpora oficialmente al patrimonio del Poder Judicial como parte de las políticas de fortalecimiento de la infraestructura institucional.
Participaron también del evento el secretario del Consejo de Superintendencia de la CSJ, el abogado Alex Almada, y el director de Asuntos Jurídicos, el abogado Gustavo Gorostiaga.
Analizan normativa registral para la formalización de motocicletas
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El Registro Unificado Nacional (RUN) de la Corte Suprema de Justicia encabezó una reunión interinstitucional para el análisis y coordinación de acciones vinculadas a la Resolución n.° 12.299/25, que establece una nueva modalidad para la formalización de motocicletas. Participaron representantes Ministerio de Industria y Comercio (MIC), de la Cámara Industrial Paraguaya de Motocicletas y Automotores (Cipama) y de los consorcios del ámbito automotor
La gerente superior del RUN, Lourdes González, presidió esta actividad que abordó sobre la normativa autoriza el procedimiento de liquidación previa para el pago e impresión del formulario previsto en el artículo 1.° de la Ley n.° 5531/2015, a través de la red bancaria.
Fue la tercera reunión desarrollada en este contexto, marco en que las instituciones intercambiaron criterios y presentaron propuestas orientadas a optimizar la aplicación de la normativa y fortalecer la coordinación interinstitucional. Las conclusiones y sugerencias recogidas serán sistematizadas en un informe que será elevado a los ministros de la Corte Suprema de Justicia para su consideración, en el marco del proceso de implementación de la resolución.
Participaron de la reunión el director general de Administración y Finanzas de la CSJ, Abg. Mirko Duré; la directora general del Registro de Automotores, Abg. Julia Cardozo; el director de Asuntos Jurídicos, Abg. Gustavo Gorostiaga; el director de Ingresos Judiciales, Lic. Ramiro Espínola; así como representantes de las instituciones y gremios vinculados al sector.
DNIT tendrá rol clave en el avalúo inmobiliario con RUN
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El director ejecutivo de Horizonte Positivo Paraguay, Hugo Cáceres, destacó que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) tendrá un papel central en la implementación de la Ley del Registro Unificado Nacional (RUN), particularmente en la valoración catastral de inmuebles, un proceso directamente vinculado a la actualización del impuesto inmobiliario.
A través de un material publicado por la DNIT, el director explicó que se trata de un proceso técnico, que cuenta con apoyo internacional y cuya consolidación demandará tiempo. Señaló que la implementación podría estar plenamente afianzada hacia el 2027, en línea con la modernización del sistema de información territorial y fiscal.
La normativa, promulgada en enero pasado, establece la integración de la Dirección General de los Registros Públicos dependiente de la Corte Suprema de Justicia, el Servicio Nacional de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Departamento de Agrimensura y Geodesia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
El objetivo es unificar la información registral y catastral para evitar la superposición de títulos, una problemática que ha provocado conflictos legales y afectado la confianza en la propiedad privada.
En este esquema, la DNIT será responsable de la determinación del avalúo inmobiliario, base para el cálculo del impuesto inmobiliario que recaudan los municipios. Este punto abre el debate sobre el eventual impacto fiscal y el grado de autonomía municipal en la administración de este tributo, en un contexto de modernización del sistema tributario y registral del país.
Gobierno llama al diálogo para fortalecer reforma de Caja Fiscal
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El Gobierno nacional impulsa una instancia de diálogo previo al tratamiento del proyecto de reforma de la Caja Fiscal, con el objetivo de fortalecer la iniciativa y sumar consensos entre los sectores involucrados. El vicepresidente de la República, Pedro Alliana, solicita formalmente al Senado la convocatoria a una reunión de trabajo con gremios, sectores afectados y legisladores para este lunes 9 de febrero, un día antes de que el proyecto sea tratado en la Cámara Alta.
La propuesta legislativa, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, está incluida en el orden del día del Senado para el martes 10 de febrero. Sin embargo, desde el Poder Ejecutivo consideran clave abrir un espacio de diálogo político y técnico antes del debate en plenaria, atendiendo la sensibilidad del tema y su impacto directo sobre miles de funcionarios públicos y las finanzas del Estado.
“En conversación con el presidente del Congreso, Basilio ‘Bachi’ Núñez, solicitamos que el lunes se convoque una reunión de trabajo con los distintos sectores, a fin de dialogar sobre la reforma de la Caja Fiscal”, señala Alliana a través de sus redes sociales. El vicepresidente remarca que la intención es escuchar planteamientos, aclarar dudas y evaluar eventuales ajustes al texto aprobado por Diputados.
Pedro Alliana, vicepresidente.FOTO: ARCHIVO
REUNIONES CON INVOLUCRADOS
Alliana explica que el pedido apunta a que las comisiones del Senado mantengan reuniones previas con los actores involucrados, antes del tratamiento en sesión. “Yo pedí que las comisiones se reúnan antes de tratar. El martes se está convocando al Senado, pero antes quieren tener un diálogo. Si se quiere proponer algunas modificaciones o sugerencias, estuvimos coordinando eso”, indica.
La reforma de la Caja Fiscal es considerada una de las iniciativas más relevantes de la agenda económica del Gobierno. El sistema previsional estatal registra un déficit creciente desde hace más de una década, impulsado principalmente por regímenes especiales, jubilaciones tempranas y una relación cada vez más desfavorable entre aportantes activos y beneficiarios. De acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas, el déficit de la Caja Fiscal supera actualmente los USD 300 millones anuales y es cubierto con recursos del Tesoro, lo que genera presión sobre el presupuesto general.
AJUSTES DE PARÁMETROS
El proyecto plantea ajustes en parámetros como la edad de jubilación, los años de aporte y la tasa de reemplazo, además de cambios específicos en algunos regímenes especiales. Estas propuestas han generado preocupación y rechazo en varios gremios del sector público, que reclaman mayor participación en la discusión y advierten sobre posibles efectos en derechos adquiridos.
En este contexto, el llamado al diálogo busca descomprimir tensiones y enviar una señal política de apertura. Desde el oficialismo sostienen que la reforma es necesaria para garantizar la sostenibilidad del sistema y evitar un colapso futuro, pero reconocen que el consenso social y político es clave para avanzar.
El encuentro previsto para este lunes se perfila así como una instancia decisiva para acercar posiciones antes del debate en el Senado. La expectativa del Gobierno es que el intercambio permita introducir mejoras al proyecto sin desnaturalizar su objetivo central: corregir el déficit estructural de la Caja Fiscal y asegurar su viabilidad a largo plazo.
La seguridad social debe ser sostenible, asegura diputado
“La reforma es la única alternativa real que tenemos para salvar la Caja Fiscal y garantizar que mañana puedan jubilarse”, dijo David Jara.
“Esta reforma no los perjudica. Muy por el contrario, es la única alternativa real que tenemos para salvar la Caja Fiscal y garantizar que mañana puedan jubilarse”, fue el mensaje lanzado por el diputado colorado David Jara a los sectores afectados por la iniciativa que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.
“Acá lo más importante es que puedan cobrar efectivamente sus haberes. La seguridad social solo puede ser digna si es sostenible”, dijo el legislador en medio de los anuncios de la continuación de movilizaciones en varios puntos del país teniendo en cuenta que el tratamiento del proyecto en la Cámara Alta se prevé para el martes 10 de febrero.
A TIEMPO DE EVITAR QUIEBRA
“Nos encaminaríamos a una quiebra que aún estamos a tiempo de evitar, pero únicamente si tomamos decisiones responsables y estructurales”, advirtió el parlamentario en caso de que la propuesta de reforma no prospere en el Congreso Nacional.
Las afirmaciones de Jara surgen teniendo en cuenta las declaraciones de legisladores opositores y disidentes colorados, quienes alegan que la iniciativa es solo un “parche” y que su tratamiento se dio supuestamente de manera apresurada constituyéndose en un “atropello a los derechos de las personas”.
A dichas afirmaciones se suman las amenazas provenientes principalmente de los gremialistas docentes como el abdista Silvio Piris, señalado por percibir casi G. 48 millones mensuales en haberes, quien amenazó con la aplicación del voto castigo contra el oficialismo colorado en las elecciones municipales y de ir a una huelga para truncar el inicio de clases previsto el 23 de febrero, en caso de concretarse la sanción de la reforma.