Un hijo del expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram y otras cuatro personas fueron detenidos por presuntos vínculos con el narcotráfico en una operación regional con colaboración de la DEA, informó ayer miércoles el ministro de Interior, John Reimberg.

Jacobo Bucaram Pulley, hijo del exmandatario, fue arrestado en la ciudad de Guayaquil (suroeste) junto a dos personas. En Panamá, las autoridades detuvieron a otros dos implicados.

“Los cinco ciudadanos registran notificación Roja de Interpol y son requeridos por las autoridades de los Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico”, señaló Reimberg en su cuenta de X.

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De acuerdo con Reimberg, la agencia antidrogas DEA también participó en la operación regional. Esta acción permitió “poner a los detenidos a órdenes de las autoridades competentes, en el marco de los respectivos procesos de extradición hacia los Estados Unidos”.

El expresidente tildó de “infames” los señalamientos contra su hijo y atribuyó al “odio político” la detención, según un mensaje publicado en X. En 2022, Washington designó como no elegibles para entrar a Estados Unidos al exmandatario, su esposa y tres hijos por “su participación en actos significativos de corrupción”.

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La justicia ecuatoriana sentenció en setiembre en primera instancia al expresidente Bucaram y su hijo Jacobo por la venta irregular de pruebas para detectar el covid-19 cuando el país enfrentaba lo peor de la pandemia.

Fuente: AFP

El Senado de Brasil aprobó ayer martes una reforma constitucional propuesta por el reelegido presidente Luiz Inácio Lula da Silva para reforzar la lucha contra el crimen organizado mediante un nuevo ministerio de seguridad y un régimen penal más severo.

La inseguridad es la mayor preocupación de los brasileños, según encuestas, y fue uno de los temas centrales de la campaña. El mandatario izquierdista derrotó en el balotaje del 25 de octubre al senador derechista Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

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Se trata de una victoria más para Lula, que esperaba ese cambio en la Constitución para crear un ministerio dedicado a la seguridad pública, una de las promesas de campaña para su cuarto mandato.

Tras su aprobación por amplia mayoría, la reforma queda lista para ser promulgada por el Congreso. Los senadores dejaron fuera del texto la rebaja de la edad de responsabilidad penal, hoy fijada en 18 años, que la oposición quería incluir en la reforma.

Esa propuesta, una de las banderas de Flávio Bolsonaro, la reducía a 16 años en general y a 14 para delitos graves. Los senadores oficialistas se dijeron abiertos a debatir el tema, pero votaron para tratarlo por separado.

El gobierno había enviado la reforma al Congreso en abril de 2025 y la Cámara de Diputados la aprobó en marzo pasado. El texto fortalece el papel del gobierno federal en un área que hoy está mayormente en manos de los estados, y garantiza más recursos para el sector.

Además, endurece el régimen penal para líderes e integrantes de las facciones, bandas armadas que controlan amplias zonas de las ciudades, incluidas favelas de Rio de Janeiro y Sao Paulo. Con la reforma se exponen a prisión en cárceles de máxima seguridad y confiscación de bienes.

Estados Unidos designó este año como organizaciones terroristas a las dos mayores facciones criminales de Brasil, el Comando Vermelho y el Primeiro Comando da Capital, pese al rechazo de Lula, que teme eventuales amenazas a la soberanía.

Flávio Bolsonaro afirmó que le había pedido esa designación al presidente Donald Trump, aliado de su padre. Tras el balotaje, el senador se fue clandestinamente de Brasil a Estados Unidos tras tener sus pasaportes cancelados por una investigación sobre posible lavado de dinero.

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El asunto de la inseguridad ganó relevancia tras un operativo policial contra el Comando Vermelho que dejó más de 120 muertos en dos favelas de Río de Janeiro un año atrás. La incursión más letal de la historia del país fue celebrada por la derecha como un “éxito”, mientras que Lula la calificó de “matanza”.

Fuente: AFP

• Verónica Giménez
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• Fotos: Gentileza

El yaguareté, uno de los animales más representativos del patrimonio natural paraguayo, enfrenta un futuro incierto. La última estimación nacional difundida públicamente, correspondiente a 2017, situaba su población en Paraguay entre 600 y 800 ejemplares, una cifra que, casi una década después, sigue sin actualizarse, lo que impide determinar con precisión cuántos sobreviven actualmente en libertad y cómo evolucionó su población durante estos años.

Pese a las amenazas que enfrenta la especie, el Chaco paraguayo conserva extensiones de bosque que resultan fundamentales para su permanencia en estado silvestre. Así lo destacó el titular del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), Rolando de Barros. “Paraguay todavía conserva importantes extensiones de bosques, principalmente en el Chaco, que representan una oportunidad para asegurar la supervivencia del yaguareté”, sostuvo.

Mientras el Chaco se mantiene como el principal refugio de la especie, en la región Oriental su presencia es mucho más reducida, aunque todavía existen registros de ejemplares silvestres en remanentes del Bosque Atlántico del Alto Paraná. Esta diferencia refleja las dificultades que enfrenta el yaguareté para conservar sus territorios en un país donde la transformación del paisaje reduce progresivamente sus espacios naturales.

“No podemos hablar de una sola amenaza. La fragmentación de los bosques, la caza ilegal, la disminución de sus presas naturales y los conflictos con las actividades ganaderas son factores que afectan directamente la supervivencia del yaguareté”, señaló De Barros.

La reducción de su hábitat y los conflictos con la producción ganadera representan desafíos para la conservación de este felino, fundamental para el equilibrio de los ecosistemas. Ante esta situación, el Mades impulsa el proyecto Ñande Chaco, con acciones en la Reserva de la Biosfera del Chaco, que abarca más de 4,7 millones de hectáreas entre Alto Paraguay y Boquerón, orientadas a proteger áreas naturales, conservar corredores biológicos y promover la convivencia con las comunidades.

El ministro mencionó que estas acciones incluyen la protección de los hábitats, el monitoreo de la especie y la conservación de corredores biológicos que permiten conectar sus poblaciones. Este trabajo también se desarrolla de manera coordinada con otras instituciones, entre ellas las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá. “El yaguareté no debe ser visto como un enemigo de la producción, sino como parte de la riqueza natural que tenemos la responsabilidad de proteger”, afirmó.

Aunque Paraguay cuenta con la Ley n.º 5302/2014 “De conservación del yaguareté”, la caza ilegal y el tráfico de fauna silvestre continúan representando serias amenazas para la especie. El ministro recordó el rescate de un cachorro en Concepción, en agosto de 2025, ante indicios de un posible caso de tráfico ilegal, y advirtió que cualquier acción contra estos animales debe ser investigada y sancionada conforme a la legislación vigente.

Por su parte, Santiago Molina, coordinador del Centro de Investigación de Animales Silvestres de Itaipú (CIASI), manifestó que el tráfico ilegal del yaguareté se concentra principalmente en la comercialización de partes de su cuerpo, como dientes y pieles, más que en la captura y venta de ejemplares vivos. Según indicó, existe un mercado ilegal de estos productos que representa otra amenaza para la conservación de la especie.

El Mades también realiza monitoreos mediante cámaras trampa en áreas protegidas para registrar la presencia de ejemplares y sus movimientos. “Estos avances todavía no significan necesariamente que la población de jaguaretés esté aumentando. La recuperación de una especie requiere tiempo, seguimiento y resultados verificables”, expresó el ministro.

En Tekotopa Centro Ambiental, de Itaipú Binacional, cuatro yaguaretés reciben atención y cuidados especializados como parte de las acciones de conservación de la especie. Bota y Luna pueden ser observados por los visitantes del Sendero del Yaguareté, mientras que Kunu y Jerovia permanecen en un sector restringido al público.

El veterinario Santiago Molina explicó que cada ejemplar tiene una historia y un comportamiento particular. “Bota es supertranquilo y Luna es mucho más de carácter fuerte”, mencionó sobre los dos felinos que pueden observar los visitantes, a diferencia de Kunu y Jerovia, que permanecen en un sector cerrado al público y, al igual que Luna, fueron víctimas del tráfico ilegal.

Bota llegó desde un zoológico de Encarnación cuando era cachorro y lleva 14 años bajo cuidado profesional. Por su parte, Jerovia fue encontrado en Concepción con múltiples fracturas y heridas de bala, recibió tratamiento en el refugio Urutau y posteriormente fue trasladado a Tekotopa, donde permanece bajo protección.

Los yaguaretés que nacen o crecen bajo cuidado humano tienen pocas posibilidades de regresar a su hábitat natural, debido a las dificultades para adaptarse a la vida silvestre y a la falta de territorios seguros donde puedan establecerse. Según mencionó Molina, los parques nacionales tienen espacios limitados, donde ya habitan otros ejemplares, por lo que incorporar nuevos animales podría generar conflictos territoriales.

En Tekotopa, los cuatro ejemplares reciben atención veterinaria, alimentación especializada y participan en programas de enriquecimiento ambiental que buscan estimular sus comportamientos naturales y favorecer su bienestar, mediante espacios acondicionados con plantas, árboles, troncos, rocas y diferentes alturas para explorar.

“Ponemos especias, como manzanilla o café, que den olores diferentes. A veces la comida la entregamos dentro de cajas o escondida en algún lugar, de tal manera que ellos tengan que buscar para poder comer”, relató el veterinario, al destacar que estas actividades permiten ofrecer nuevas experiencias a los animales.

El centro también participa, junto con el Mades y otras instituciones, en el Plan de Manejo del Yaguareté y desarrolla investigaciones vinculadas a su conservación y genética.

“No medimos el éxito de Tekotopa Centro Ambiental por la cantidad de animales, sino por el cuidado que les brindamos”, remarcó Molina, al resaltar que el bienestar de los ejemplares constituye una prioridad para la institución. Asimismo, subrayó que la protección del yaguareté también implica preservar una parte de la identidad paraguaya y advirtió que “con la desaparición de una especie tan importante, se llevaría también parte de la cultura con ella”.

Ciudad del Este. Agencia Regional.

Agentes Antinarcóticos de la Policía de Alto Paraná detuvieron a Roberto Pucheta Martínez, de 42 años, con orden de captura desde año 2022, tras el allanamiento de una vivienda ordenado por el fiscal Antidrogas, Manuel Rojas Rodríguez. El procedimiento fue ayer en el barrio San Rafael de Presidente Franco.

El detenido sería el líder de una red operativa encargada de la compra y distribución de drogas al mercado brasileño y argentino, según la Policía. La zona de movimiento del supuesto narcotraficante sería Canindeyú y Alto Paraná para su vinculación con el territorio brasileño, según la explicación del comisario Luis Gamarra, del Departamento Antinarcóticos de la Policía.

Según la Policía, Pucheta Martínez era muy escurridizo y hace quince días se obtuvo la información sobre visitas que realizaría a determinadas zonas y a partir de ese momento se realizó un seguimiento de lugares posibles hasta llegar a la vivienda allanada donde fue encontrado.

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Es considerado un líder narcotraficante que se dedicaba al transporte y a la organización para el envío de marihuana a Brasil y Argentina, moviendo la droga desde la ciudad de Curuguaty, pasando por Ciudad del Este, según el reporte de la Policía Antinarcóticos.

La orden de captura que pesaba sobre Pucheta Martínez tiene que ver con la incautación de una carga de gran proporción por parte de agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) que identificaron en ese momento al hombre como uno de los responsables de una red de narcotráfico y, desde ese tiempo, se encontraba prófugo.

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