El ministro de Defensa, Óscar González informó este martes que la institución a su cargo presentó ante el Ministerio Público, no una denuncia, sino lo que en el ámbito jurídico se denomina “notitia criminis”, respecto a un presunto caso de agresión física en el Liceo Militar Acosta Ñu.

En conferencia de prensa, el ministro explicó que este término jurídico es una herramienta que se utiliza cuando se tiene conocimiento de la presunta comisión de un delito, y por medio de ella se da inicio al proceso penal para su investigación.

Esto se da, teniendo en cuenta que el caso en particular habría ocurrido en el 2021 y que reapareció en redes sociales desde el 2022, donde se puede observar a un cadete del último año del Liceo Militar Acosta Nu, en perjuicio de otro cadete, en ese tiempo de segundo año.

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González, quien se encontraba en compañía del Gral. del Ejército, César Augusto Moreno Landaira, comandante de las Fuerzas Militares, enfatizó que desde la institución militar solicitaron a la Fiscalía que el hecho no quede impune.

“Lo que queremos que esta presunta violación de los Derechos Humanos no quede impune, a pesar del tiempo transcurrido. Todos sabemos que los delitos en contra de los Derechos Humanos son imprescriptibles y nosotros como autoridad del Estado tenemos la obligación de informar sobre este hecho y a la vez, coadyuvar a la Fiscalía General del Estado, para que el responsable no quede impune”, expresó.

El ministro de Defensa aseguró que el responsable está plenamente identificado e incluso la institución militar elaboró un dosier que está firmado por el comandante actual del Liceo Militar Acosta Ñu, en el cual se detalla la identidad tanto del agresor, como el de la víctima. Indicó que este dosier se adjuntó a la nota que se presentó ante el Ministerio Público.

“Nosotros, y al decir nosotros me refiero al Ministerio de Defensa, Fuerzas Armadas de la Nación, Fuerzas Militares que me acompaña, no vamos a tolerar ningún hecho irregular, y menos hechos de abuso de autoridad dentro de las Fuerzas Armadas de la Nación, porque consideramos que un puño que golpea a un inferior no es el puño de un cadete, ni de un teniente, ni de un general, es el puño del Estado paraguayo, y eso no puede tolerar”, enfatizó.

El ministro de Defensa expresó además su indignación, ya que el joven agresor culminó su formación en el Liceo Militar, se retiró y no siguió con la carrera militar. Mientras que el joven agredido solicitó su retiro en el segundo año de formación en el Liceo Militar. Indicó que hoy estos dos jóvenes, tanto agresor como víctima son personas civiles fuera de la carrera militar cursando sus estudios universitarios correspondientes.

González recordó que el Liceo Acosta Ñu es un instituto de educación superior dependiente de las Fuerzas Armadas de la Nación, donde los cadetes egresan con título de bachiller, y con el rango de Subteniente de Infantería de Reserva. Luego, los que deseen seguir con la carrera militar pueden continuar su formación en la Academia Militar, iniciando como subteniente de carrera.

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La Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción (Fenob-UNA) presentó los resultados del proyecto de investigación “Abordaje intercultural de la promoción de la salud sexual y reproductiva en mujeres indígenas aisladas por barreras lingüísticas en Paraguay”, una iniciativa que permitió desarrollar estrategias de comunicación intercultural para mejorar el acceso a la información y a los servicios de salud sexual y reproductiva (SSR) en comunidades indígenas del país.

El estudio evidenció importantes avances en el acceso a la información y en el fortalecimiento de la autonomía de las mujeres indígenas participantes. Tras la implementación de las estrategias diseñadas durante el proyecto, el 70 % de las mujeres asocia actualmente la salud sexual y reproductiva con la autonomía personal y el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, mientras que el 95 % manifestó saber con claridad dónde acudir para recibir atención en los servicios de salud. En algunas comunidades, se registró un aumento del 30 % en las consultas relacionadas con planificación familiar, reflejando un mayor acercamiento al sistema de salud.

La investigación se desarrolló en los departamentos de Boquerón, Presidente Hayes y Concepción, con la participación directa de 66 personas, entre ellas 52 mujeres indígenas (34 usuarias de servicios de salud y 18 lideresas comunitarias o parteras tradicionales) y 14 profesionales de la salud. Las participantes, con edades entre 15 y 45 años, pertenecen a ocho pueblos indígenas: pai tavyterã, guaraní, enxet, toba enenlhet, qom, manjui, nivaclé y ayoreo, lo que permitió abordar el trabajo desde una diversidad cultural y lingüística representativa de cinco familias lingüísticas presentes en Paraguay. En conjunto, la intervención benefició indirectamente a una población estimada de 3.450 personas.

Entre los principales aportes del proyecto se destaca la coconstrucción de materiales educativos en lenguas indígenas, elaborados a partir de procesos participativos con lideresas, parteras y mujeres de las comunidades. Como resultado, se produjeron afiches educativos, microprogramas radiales y audios para WhatsApp validados cultural y lingüísticamente en ayoreo, enlhet, nivaclé y guaraní, abordando temas como métodos anticonceptivos, prevención del embarazo adolescente, derechos sexuales y reproductivos y violencia de género.

El enfoque intercultural adoptado permitió superar barreras comunicacionales históricas en el sistema de salud. Durante el proceso de investigación, las participantes manifestaron que la falta de información en sus idiomas maternos constituye uno de los principales obstáculos para acceder a servicios de salud. Un testimonio recogido durante el estudio reflejó esta realidad: “Todo en castellano nomás… mejor sería en manjui”.

Además de mejorar el acceso a la información, el proyecto fortaleció los liderazgos comunitarios. El 75 % de las mujeres participantes manifestó sentirse capaz de compartir los conocimientos adquiridos con otras mujeres de sus comunidades, utilizando los materiales desarrollados durante la investigación.

Los resultados también destacan la importancia de fortalecer el rol de las promotoras y lideresas indígenas como mediadoras interculturales en el sistema de salud, con el fin de garantizar una atención más inclusiva, libre de discriminación y respetuosa de la cosmovisión de los pueblos originarios.

El proyecto se implementó con el apoyo de organizaciones asociadas como Gestión para el Desarrollo Social (GEDES), Mujeres Indígenas del Paraguay (MIPI) y la Fundación para el Desarrollo de la Enfermería (FUDEN), y también contribuyó a la formación de jóvenes investigadoras en el campo de la salud intercultural.

Esta investigación fue financiada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) a través del Programa PROCIENCIA, con apoyo del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI).

El equipo investigador del proyecto estuvo integrado por un grupo multidisciplinario de profesionales de enfermería y obstetricia liderada por María Isabel Rodríguez-Riveros, en calidad de investigadora principal, y Gloria Orrego, directora del proyecto. El equipo contó además con la participación de las investigadoras e investigador asociados Ana Denis, Faustina Alvarenga, Mirka Hraste, Aida Maidana de Zarza, Amelia Amezcua, Santiago Toledo, Nélida Otazu y Claudia Centurión, quienes aportaron experiencia académica y científica en las distintas etapas del estudio. Asimismo, el proyecto aporto a la formación de nuevas investigadoras a través de la participación de Johanna Bittar y Karen Retamozo, quienes se integraron al proceso investigativo como investigadoras en formación.

A cinco minutos de la capital del país, el distrito de Nueva Asunción, antes conocido como Chaco’i, se posiciona como una de las nuevas centralidades urbanas del país, con un crecimiento impulsado por inversiones inmobiliarias, desarrollo logístico y mejoras en conectividad vial.

Creado en 2021 por la Ley n.º 6.731, el municipio se ubica frente a Asunción, separado por el río Paraguay, pero integrado desde 2024 mediante el puente Héroes del Chaco, infraestructura que, según el intendente Juan Vera, marcó un antes y un después en el desarrollo de la zona.

El distrito experimenta una expansión sostenida basada en un modelo de ciudad planificada, con barrios cerrados, condominios y desarrollos residenciales de alta gama que priorizan calidad de vida y cercanía a la capital.

Entre los principales proyectos se destacan La Ribera, donde alrededor del 75 % de los compradores proyecta residir de forma permanente, y el complejo El Mirador del Chaco, de unas 60 hectáreas, que ya cuenta con una torre de observación de 36 metros e integra naturaleza nativa con infraestructura moderna.

El jefe comunal explicó a La Nación/Nación Media que de acuerdo con estimaciones locales, la zona tiene potencial para albergar a más de 300.000 habitantes, consolidándose como una futura ciudad satélite del área metropolitana.

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Según el intendente municipal, el dinamismo del distrito está directamente vinculado al avance de obras públicas estratégicas. “Además del puente Héroes del Chaco, se suman la pavimentación de la ruta PY12 y la habilitación del puente Pararã, en el km 4,20, que mejora significativamente el acceso a la zona", subrayó.

A esto se agrega el Plan Central del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), que contempla la pavimentación de unos 9 kilómetros de calles internas, permitiendo integrar los distintos desarrollos inmobiliarios en una red urbana continua.

En paralelo al crecimiento residencial, Nueva Asunción se afianza como un núcleo logístico e industrial en la margen occidental del río Paraguay. La ciudad alberga astilleros y diversas empresas vinculadas a la actividad fluvial, además de la Terminal Occidental S.A. (TOSA), que ofrece parques industriales y servicios logísticos.

Asimismo, operan desarrolladoras inmobiliarias que configuran un ecosistema de inversión diversificado.

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Nueva Asunción cuenta actualmente con una población aproximada de 10.000 habitantes y una superficie de 7.524 hectáreas. Sus principales barrios incluyen 19 de Marzo, Chaco’i Central, Loma Conche, María Auxiliadora, San Juan, San Blas, San José, San Cayetano, Santa Teresita y 15 de Agosto.

La economía local se sustenta en actividades industriales, inmobiliarias, comerciales y de servicios, con presencia también de comunidades indígenas Maká.

La habilitación del puente Héroes del Chaco no solo redujo tiempo de traslado, sino que integró formalmente a Nueva Asunción al sistema económico de la capital.

En 2026, lo que comenzó como un proceso de loteamientos se consolida como un mercado de ciudades planificadas, con proyección a convertirse en uno de los principales polos de expansión urbana y productiva del país.

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El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) informó que alcanzó un hito de inclusión al inscribir a 543 integrantes de comunidades indígenas al Registro Cívico Permanente (RCP).

Corresponden a inscripciones hechas en los departamentos de Presidente Hayes, Amambay y Alto Paraná.

Este logro se complementó con diversos talleres y jornadas de formación que registraron una masiva concurrencia, destaca el informe de la Justicia Electoral.

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A través de la Coordinación de Asuntos Indígenas, dependiente de la Dirección de Participación Ciudadana, se obtuvo, además, como resultado más relevante, la inscripción y reconocimiento del primer Movimiento Político Indígena Distrital ‘’Oñondivepa - MIO’’ de la Comunidad Indígena Nepoxen de Puerto Pinasco, departamento de Presidente Hayes.

Por otro lado, un grupo de 141 líderes y lideresas de comunidades indígenas participaron de jornadas de capacitación denominadas ‘‘Aty Guasu’’, en distintos puntos del país, con un importante acompañamiento de sus comunidades.

Igualmente, 162 participantes institucionales fortalecieron sus capacidades, 62 de ellos en el Taller de “Buenas prácticas para funcionarios” y otros 100 integrantes en “Capacitaciones sobre derechos políticos indígenas”.

Las autoridades del máximo organismo electoral del país destacaron que gracias a la cooperación interinstitucional del TSJE y el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se reafirmó el compromiso con la construcción de una democracia inclusiva.

De esta forma se garantiza la participación activa de las Comunidades Indígenas en los procesos electorales.

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