La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores trabaja en el proyecto de ley de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos. El senador Mario Varela, presidente de la comisión asesora, indicó que se busca que esta iniciativa pueda ser tratada al inicio del periodo legislativo, en marzo del próximo año.
Para analizar esta propuesta, la comisión se reunió ayer jueves con el representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Jan Jarab.
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“Ayer tuvimos la visita, fue uno de los puntos principales del alto comisionado de Naciones Unidas, el señor Jan Jarab. Estuvimos conversando con los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Senado a fin de ir trabajando y hacer el lobby correspondiente para que a inicios del año legislativo, en marzo, podamos plantear este proyecto de ley”, detalló en entrevista a la 1020 AM.
El senador recordó como uno de los casos que impactó y tuvo consecuencias para el país, fue el asesinato del periodista Santiago Leguizamón, por lo que existe una gran necesidad de establecer normativas para la protección de los trabajadores de prensa y las personas defensoras de los DDHH.
“Lograr que el Paraguay sea uno de los países que esté cumpliendo la obligación que tenemos nosotros, se acordarán que en el caso de Santiago Leguizamón el Paraguay fue sancionado, Paraguay tiene una condena a nivel internacional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, indicó el legislador.
Varela agregó que existe una asignatura pendiente en este sentido. “Una de las obligaciones que tenemos justamente es generar normativas, leyes de protección a periodistas y estamos todavía con esta asignatura pendiente, por lo tanto, creo que es una tarea muy importante que podamos concretar el año que viene la aprobación de esta ley”, remarcó.
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Senadores impulsan ley “Deisy Giménez” para unificar la Justicia en casos de violencia contra la mujer
Senadores de diferentes bancadas presentaron este lunes un proyecto de ley que busca crear juzgados y tribunales especializados en materia de violencia contra las mujeres. La iniciativa se denomina Ley “Deisy Giménez” en recordación a la joven víctima de feminicidio en la ciudad de Lambaré.
Son proyectistas los parlamentarios: Esperanza Martínez, Juan Eudes Afara, Yolanda Paredes, Blanca Ovelar, Rafael Filizzola, Arnaldo Samaniego y Lilian Samaniego.
Según fundamentan los congresistas, la propuesta pretende fortalecer la implementación de la Ley N° 5.777/16, de protección integral a las mujeres. Para ello se plantea la creación de una jurisdicción especializada que evite la dispersión de los casos entre distintos fueros (civil, penal, niñez y adolescencia, laboral) y las resoluciones divergentes entre juzgados.
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Reparar las fallas en casos de feminicidio
El proyecto se sustenta en datos del Ministerio Público que indican que entre enero de 2023 y octubre de 2026 se registraron 130 víctimas de feminicidio en el país (42 en 2023, 31 en 2024, 37 en 2025 y 20 en lo que va de 2026), además de más de 170 tentativas y más de 250 hijas e hijos que quedaron en situación de orfandad.
Se aclara que se reproduce el texto de un proyecto ya aprobado por el Senado el 2 de octubre de 2024 que no llegó a convertirse en ley. Se prevén incorporar dos ajustes: la actualización del cronograma de implementación (2027, 2028 y 2029) y una cláusula que remite al Código Penal la sanción de denuncias falsas.
Así también se menciona que el archivo o sobreseimiento de una causa no implica, por sí solo, que la denuncia fue falsa.
La senadora Esperanza Martínez propuso que la futura ley lleve el nombre de Deisy Paola Giménez Segovia, trágica víctima de un feminicidio que conmocionó al país.
Se quiere reparar de esta forma “el abandono y las fallas de las instituciones que deben garantizar la seguridad y la protección de las mujeres”.
“No alcanza con lamentar cada feminicidio. El Estado tiene que responder con instituciones capaces de prevenir, proteger y actuar a tiempo”, remarcó la parlamentaria del Frente Guasú.
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Plantean hasta 10 años de cárcel por difundir información falsa que provoque pánico financiero
El diputado nacional por el departamento de Guairá, Alejandro Darío Aguilera Elizaur, presentó un proyecto de ley que plantea sancionar con hasta diez años de cárcel la difusión intencional de información falsa destinada a generar pánico financiero. La propuesta apunta a evitar que rumores o publicaciones engañosas desencadenen retiros masivos de dinero y pongan en riesgo los ahorros de la ciudadanía.
La iniciativa establece penas de hasta cinco años de prisión o multas para quienes divulguen falsedades a sabiendas. La sanción podría elevarse a ocho años si la conducta provoca una afectación grave de la liquidez de una entidad bancaria o si se utiliza indebidamente información reservada. En los casos considerados de extrema gravedad, con daños comprobados, la pena podría alcanzar los diez años de cárcel.
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El proyecto también incorpora disposiciones relacionadas con la libertad de expresión y de prensa. Según los puntos difundidos sobre la iniciativa, la normativa no habilitaría la censura previa y mantendría las garantías vinculadas al secreto de imprenta y la reserva de las fuentes periodísticas.
Como antecedente, la propuesta retoma una iniciativa impulsada por la Asociación de Bancos del Paraguay (ASOBAN) en 2017, orientada a combatir maniobras de competencia desleal y la circulación de rumores malintencionados que pudieran afectar al sistema financiero.
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Deysi Paola: el rostro de una protección que falló
Deysi Paola Giménez Segovia tenía apenas 22 años y un futuro por delante. Estaba en el último tramo de la carrera de Derecho, trabajaba y buscaba construir su independencia. Pero la noche del jueves 8 de octubre, cuando caminaba hacia su lugar de trabajo en Lambaré, fue asesinada a tiros en plena vía pública. El principal sospechoso es su expareja, Aldo Alexis Duarte, de 26 años, quien permanece prófugo.
La joven había denunciado hechos de violencia y amenazas atribuidos al hombre. También contaba con una orden judicial de alejamiento. Sin embargo, esa medida no consiguió evitar el desenlace fatal.
El caso no solo conmociona por la brutalidad del crimen, sino por los antecedentes que ahora colocan bajo cuestionamiento la capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de proteger a las víctimas de violencia.
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Denunció, pidió protección y terminó asesinada
Según los reportes policiales, Deysi había recurrido a la Justicia ante situaciones de violencia atribuidas a su expareja. Un juzgado de Capiatá, donde vivían anteriormente, había dispuesto una medida de restricción.
El abogado William Amaral Martínez, quien fue jefe de la joven, aseguró que existían antecedentes de acoso y amenazas denunciados ante el Juzgado de Paz de Lambaré y que el caso también había llegado al Ministerio Público.
Amaral cuestionó la respuesta institucional y denunció que no se habría activado el protocolo de protección. También hizo referencia a demoras en el tratamiento judicial del caso, circunstancias que requieren una revisión de los expedientes correspondientes.
La joven, que estaba próxima a culminar sus estudios de Derecho, había acudido precisamente a las instituciones encargadas de garantizar el cumplimiento de las leyes. Su muerte instala una contradicción dolorosa: una futura abogada que recurrió al sistema judicial en busca de protección terminó siendo víctima de la violencia que había denunciado.
Una ley que protege en el papel, ¿pero también en la práctica?
Paraguay cuenta desde 2016 con la Ley 5777, de Protección Integral a las Mujeres contra Toda Forma de Violencia, que establece medidas preventivas y mecanismos de protección para las víctimas.
Entre esas disposiciones se encuentran las órdenes de alejamiento, las prohibiciones de amenazas, persecución y acoso, así como responsabilidades para las instituciones involucradas.
No obstante, casos como el de Deysi Paola plantean interrogantes sobre el seguimiento efectivo de esas medidas y la capacidad del Estado para intervenir antes de que las amenazas se conviertan en hechos irreparables.
La existencia de una resolución judicial no garantiza, por sí sola, la seguridad de una persona. Su efectividad depende también de la evaluación del riesgo, el seguimiento policial, la actuación fiscal y la coordinación entre las distintas instituciones.
En este caso, será fundamental esclarecer qué actuaciones se realizaron después de las denuncias y si existieron omisiones o demoras que pudieron haber comprometido la protección de la víctima.
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¿Es momento de revisar las leyes?
La muerte de Deysi Paola vuelve a colocar sobre la mesa la necesidad de evaluar tanto la legislación vigente como los procedimientos para su aplicación.
Entre las propuestas que merecen un debate legislativo se encuentran el seguimiento obligatorio de las órdenes de restricción, la evaluación inmediata del nivel de riesgo de las víctimas, el fortalecimiento del monitoreo electrónico de agresores y la intervención urgente cuando se detectan incumplimientos.
Otro aspecto fundamental es establecer controles efectivos sobre la actuación de las instituciones responsables de atender denuncias, garantizar la coordinación entre juzgados, Fiscalía y Policía, y determinar responsabilidades cuando se comprueben negligencias.
El desafío no pasa únicamente por aumentar las penas o aprobar nuevas disposiciones, sino por conseguir que los mecanismos de protección funcionen antes de que ocurra una tragedia.
Una tragedia que exige respuestas
Hasta septiembre de este año, el Ministerio Público había registrado 19 víctimas de feminicidio y 28 tentativas en Paraguay. Detrás de esas cifras hay mujeres, familias y proyectos de vida interrumpidos por la violencia.
Deysi Paola Giménez representa hoy mucho más que un nuevo caso en las estadísticas. Su historia obliga a examinar qué sucede después de que una mujer denuncia, solicita protección y espera una respuesta efectiva de la Justicia.
La investigación deberá determinar las responsabilidades penales del crimen, pero también corresponde esclarecer cómo actuaron las instituciones que conocieron sus denuncias.
Porque el verdadero alcance de una ley de protección no se mide solamente por las medidas que permite dictar, sino por su capacidad para evitar que una mujer amenazada termine asesinada.
Deysi recurrió a la Justicia para proteger su vida. Ahora, el Estado debe explicar qué hizo para protegerla.
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LN PM: edición mediodía del 9 de octubre
Senadores reciben al titular del BCP y al superintendente de Bancos en reunión reservada
El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, miembros de la Mesa Directiva y legisladores mantienen este viernes una reunión de carácter reservado para evaluar minuciosamente el informe enviado por el Banco Central del Paraguay (BCP) sobre operaciones de diversas entidades del sistema financiero.
La documentación requerida responde formalmente a las resoluciones aprobadas por el pleno de la Cámara Alta. Al respecto, las autoridades de la banca matriz remitieron un expediente de 31 fojas que llegó en sobre cerrado, argumentando de manera oficial la vigencia del deber de secreto bancario estipulado en el artículo 6.º de su Ley Orgánica.
“Como legisladores vamos a centrarnos en nuestras atribuciones, en el sentido de controlar todo lo que se tenga que controlar”, remarcó el senador Basilio Núñez. De este modo, la Cámara Alta busca ejercer sus competencias constitucionales de fiscalización sin vulnerar las normas relativas a la reserva financiera vigentes en el país.
Avanza la restauración de la Catedral San Blas de Ciudad del Este
Las obras de restauración de la Catedral San Blas de Ciudad del Este, afectada por un incendio en febrero pasado, avanzan de acuerdo con el cronograma establecido. Los trabajos, financiados por Itaipú Binacional, se focalizan en esta etapa en la recuperación de los sectores de hormigón impactados por el siniestro y en el desmontaje ordenado de la estructura del techo.
El ingeniero Armando Ortiz, superintendente de Ingeniería de la Dirección Técnica de la Entidad, explicó el inicio de las tareas. “Estamos acompañando lo que es el avance de las obras de recuperación de la Catedral de Ciudad del Este. Las labores comenzaron con el desmontaje de la estructura del techo en la zona donde se encuentra el hormigón. La recuperación de la estructura de hormigón constituye la prioridad en esta etapa”, enfatizó.
Feminicidio en Lambaré: joven de 22 años es acribillada y buscan a su expareja
Un nuevo caso de feminicidio vuelve a conmocionar este viernes tras el asesinato de Daysi Paola Giménez, de 22 años, quien fue atacada a balazos en la vía pública mientras se dirigía a su puesto de trabajo en un minimarket de Lambaré. El principal sospechoso del crimen es su expareja, Aldo Alexis Duarte, de 26 años, quien se encuentra con paradero desconocido y ya contaba con denuncias previas por violencia intrafamiliar.
El cobarde ataque ocurrió cerca de las 22:40 de anoche en la intersección de las calles Ybyra Pyta y Diego García. Cámaras de seguridad de la zona captaron el momento exacto en que un automóvil blanco le cerró el paso a la joven. Un hombre descendió del rodado y comenzó a perseguirla a los tiros mientras ella intentaba desesperadamente huir y pedía auxilio a gritos.
La víctima cayó al pavimento malherida y el agresor la remató a quemarropa tras percatarse de que aún presentaba signos de vida. Según el reporte de los peritos de Criminalística, el cuerpo de la joven presentó dos impactos de bala en la cabeza y un proyectil adicional a la altura del brazo.
Hugo Javier no recuerda eventos previos a su hospitalización, indicó la psicóloga forense
La psicóloga forense Alma Segovia, integrante del equipo técnico encargado de evaluar el estado de salud de Hugo Javier González, confirmó que el exgobernador del departamento Central presenta secuelas neurológicas severas, caracterizadas por pérdida de memoria reciente y episodios recurrentes de desorientación. Cuadros que surgieron a raíz de una meningitis bacteriana combinada con un traumatismo craneoencefálico, patologías que motivaron su internación de urgencia en el Hospital Nacional de Itauguá.
“Él sabe donde está, porque pregunta y se le dice que está en un hospital, pero no recuerda qué le pasó. Su cuadro es complejo, no podemos decir que es una sola causa porque tuvo un traumatismo cráneo encefálico y una meningitis, entonces hay mucho que explorar todavía”, indicó la especialista, este viernes, a la 650 AM.
Las afirmaciones de Segovia surgen en el marco de las evaluaciones periciales solicitadas por la Justicia que determinarán si el exanimador de radio y televisión cumplirá su pena en una penitenciaría o bajo arresto domiciliario. “Hugo Javier sigue en una evaluación médica, tuvo un cuadro muy delicado y requiere de medicación y un tratamiento exhaustivo y muy minucioso para que él pueda volver a recuperarse totalmente”, remarcó.
La jueza sudafricana Navi Pillay obtiene el Premio Nobel de la Paz
El Premio Nobel de la Paz fue otorgado este viernes a Navanethem “Navi” Pillay, de Sudáfrica, una jurista defensora del derecho internacional y los derechos humanos, según informó el Comité Noruego del Nobel. “La galardonada de este año ha sido fundamental para garantizar que los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio sean perseguidos judicialmente”, declaró Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel en Oslo.
A sus 85 años, Navi Pillay presidió entre otros la comisión de investigación independiente de la ONU que acusó a Israel de cometer un genocidio en la Franja de Gaza. Actualmente ejerce como jueza en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en el caso en el que Birmania está acusada de genocidio.
El IPS reporta una deuda patronal histórica de USD 970 millones
La Gerencia de Prestaciones del Instituto de Previsión Social (IPS), encabezada por Gladys Vera, informó que aproximadamente USD 970 millones es la deuda histórica correspondiente al aporte obrero patronal que poseen las empresas con la previsional. Se detalló que existen un total de 25.400 firmas activas que se encuentran en mora con la institución y cuyas deudas treparían a USD 600 millones.
“En lo que se refiere al aporte obrero patronal, al último cierre tenemos una deuda total de aproximadamente USD 970 millones. Esta es una deuda que se viene acumulando desde la creación del instituto. Como se sabe, nuestras deudas no prescriben y dentro de ese importe se encuentran las empresas activas y no activas”, indicó Vera, este viernes, en el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media
Señaló también que “de las que siguen activas, hoy tenemos 76.000 empresas, de las cuales aproximadamente 50.600 hoy están al día y 25.400 empresas son las que están en mora. Esto sería un 33,4 % y representaría unos USD 600 millones. Las morosas son medianas empresas que comprenden la mayor parte el área comercial”.
Fuerzas Armadas auxilian a afectados por lluvias y la crecida del río Paraná
Las Fuerzas Armadas desplegaron su contingente para brindar asistencia inmediata a las familias golpeadas por los intensos temporales y el repentino repunte del río Paraná, concentrando sus esfuerzos principalmente en el sur del país. El ministro de Defensa Nacional, Óscar González, confirmó que el personal castrense interviene de forma coordinada con diversos organismos estatales, ejecutando las labores operativas con presupuesto propio.
La zona sur resultó ser una de las más perjudicadas por las inclemencias del tiempo de ayer, obligando a los efectivos del Área Naval de Ayolas a encabezar la reubicación de pobladores cuyas viviendas quedaron expuestas a las inundaciones. La autoridad militar mantendrá una reunión de trabajo con el director de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) para monitorear el nivel del agua, ante la proyección de que entre 700 y 900 familias (equivalentes a unas 2.800 a 3.600 personas) podrían verse afectadas por la inundación.
La respuesta militar se extendió a otros puntos críticos del país, comentó el general retirado en entrevista con “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media. En Yuty, unidades de las Fuerzas Armadas coordinan con la Secretaría de Emergencia Nacional y la municipalidad la reconstrucción de viviendas destruidas por fuertes vientos, en una zona donde unas 4.000 familias resultaron perjudicadas.