Este martes 10 que se recuerda el Día Internacional de los Derechos Humanos, autoridades del Ejecutivo, legislativo y judicial tratará sobre el fortalecimiento institucional e implementación de políticas públicas para la protección de los derechos humanos. Foto: Gentileza
Autoridades del Ejecutivo y CSJ evaluarán retos y avances en promoción y protección de DD. HH.
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Este 10 de diciembre se recuerda el Día Internacional de los Derechos Humanos y para conmemorar se realizará un panel con la participación de ministros del Poder Ejecutivo y de la Corte Suprema de Justicia. La actividad se realizará desde las 9:00 a 12:00 horas, en el Aula Magna del Instituto del Banco Central del Paraguay.
Las autoridades analizarán los retos y avances de la promoción y protección de los derechos humanos y los 15 años de la Red de DD. HH. del Poder Ejecutivo.
Se aguarda la participación en la apertura del vicepresidente de la República, Pedro Alliana, presidente en Ejercicio, así como de un primer panel con el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, el procurador general Marco Aurelio González, el ministro de la Corte, César Diesel y el juez electo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Diego Moreno.
El segundo panel tratará sobre el fortalecimiento institucional y la implementación de políticas públicas como herramientas para la protección de los derechos humanos y el cumplimiento de sentencias internacionales.
Entre los expositores previstos están: Tania Abdo, presidenta del Comité de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas; Andressa Caldas, directora ejecutiva del Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos del Mercosur (IPPDH); María Teresa Peralta, Directora General de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República; y José Galeano Monti, Asesor del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Paraguay.
Red de DD. HH. del Ejecutivo
En el 2009 fue constituida la Red de Derechos Humanos, para articular y coordinar políticas, planes y programas estatales que fortalezcan los mecanismos de promoción y protección de los derechos humanos.
En esta Red de DD. HH. tienen participación las instituciones del Ejecutivo, de los poderes Legislativo y Judicial, del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de la Defensa Pública.
Desde su implementación, el Estado paraguayo dio avances en metodologías de elaboración de informes ante organismos internacionales, de colaboración para el cumplimiento de sentencias y el monitoreo de recomendaciones.
Invitan a marcha para pedir justicia por Deisy Paola en Asunción y CDE
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Este sábado, en Asunción y Ciudad del Este, allegados y la ciudadanía en general se movilizarán para pedir “Justicia para Deisy”. Los organizadores repudian la falta de protección por parte de las autoridades para la joven que era víctima de sistemática violencia y exigen la máxima condena para Aldo Duarte, principal sospechoso del feminicidio.
Allegados de Deisy Paola Giménez, joven víctima de feminicidio, convocan a la marcha denominada “¡Justicia para Deisy!”, para hoy a las 17:00 en la Plaza de la Democracia de Asunción. Estarán presentes organizaciones civiles y conocidos de la joven estudiante de Derecho que fue brutalmente asesinada el pasado jueves, 8 de octubre, mientras iba a su lugar de trabajo, por un hombre que contaba con restricción para acercarse.
“La consigna es exigir justicia para Deisy, porque ella hizo todo para ser protegida. Acudió a las autoridades y el sistema de justicia le falló, porque el hombre tenía orden de restricción, pero igual, pese a todos los mecanismos aplicados para este tipo de hechos, una vez más tenemos una muerte”, expresó Marlene Orué, abogada especialista en DD. HH., en entrevista con la 730 AM.
Afirmó que lastimosamente las autoridades no le dieron a la joven la respuesta que necesitaba. “Estamos llegando al límite impensable, por eso convocamos a toda la ciudadanía para poder llegar hasta la emblemática plaza para pedir justicia y que ya no se reporten este tipo de hechos en los que no se tienen”, apuntó.
Agregó que lastimosamente el día a día de todas las víctimas es que no se resuelven los casos en las primeras 24 a 48 horas y que muchas veces son ellos mismos los que deben presionar para que las autoridades cumplan todos los pasos requeridos de protección. “Muchas veces los abogados tenemos que resguardar a nuestras víctimas en nuestras oficinas o casas hasta que la orden sea librada”, puntualizó.
Así también, Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná, para hoy a las 17:00 se unirán en una marcha pacífica para honrar la memoria de Deisy Paola y alzar la voz contra la violencia y falta de seguridad en el país. La convocatoria es sobre la avenida Gral. Bernardino Caballero, frente a la Gobernación.
“Marchamos por justicia, por protección efectiva y por una sociedad donde ninguna mujer tenga que vivir con miedo. El recorrido será hasta la plazoleta frente a la municipalidad, donde se dará lectura a un manifiesto y minuto de silencio en su memoria”, expresaron las mujeres autoconvocadas de la ciudad.
Pide la máxima condena para el principal sospechoso. Foto: Gentileza
Las jornadas se realizarán los jueves 15 y 29 de octubre, en el Salón Auditorio “Dra. Serafina Dávalos”, con el objetivo de reforzar los conocimientos sobre seguridad informática y protección de datos. Foto: Archivo
Corte Suprema capacitará a funcionarios para prevenir ataques cibernéticos
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En el marco del Mes de la Ciberseguridad, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) informó este viernes que desarrollará dos jornadas de concienciación dirigidas a funcionarios judiciales, con el propósito de fortalecer la prevención de ataques informáticos y promover el uso seguro y responsable de los recursos tecnológicos.
Explicaron que las actividades tendrán lugar los jueves 15 y 29 de octubre, de 13:00 a 14:30, en el Salón Auditorio “Dra. Serafina Dávalos”. La participación estará abierta a los funcionarios judiciales interesados.
Agregaron que durante los encuentros se brindarán herramientas para reconocer amenazas cibernéticas, gestionar riesgos y aplicar medidas de seguridad en el manejo de información sensible. También se tratarán prácticas preventivas para reducir la posibilidad de incidentes que puedan afectar los sistemas y los datos de la institución.
La capacitación abordará la identificación de amenazas digitales, la gestión de riesgos y las buenas prácticas para evitar incidentes que puedan comprometer la información institucional. Foto: Gentileza
Protección
La iniciativa apunta a proteger la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad de la información del Poder Judicial, mediante una mayor conciencia sobre los riesgos del entorno digital y la importancia de adoptar hábitos seguros en el uso de los activos informáticos.
La propuesta forma parte de las acciones impulsadas por la Dirección de Ciberseguridad y Protección de la Información (DCPI), que tiene entre sus responsabilidades la planificación y gestión de capacitaciones destinadas a mitigar los riesgos tecnológicos dentro de la institución.
La realización de las jornadas se enmarca en la conmemoración internacional del Mes de la Ciberseguridad, celebrado durante octubre, y cuenta con la aprobación del Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, conforme al Acta N.º 56.
El caso no solo conmociona por la brutalidad del crimen, sino por los antecedentes que ahora colocan bajo cuestionamiento la capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de proteger a las víctimas de violencia. Foto: Gentileza
Deysi Paola: el rostro de una protección que falló
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Deysi Paola Giménez Segovia tenía apenas 22 años y un futuro por delante. Estaba en el último tramo de la carrera de Derecho, trabajaba y buscaba construir su independencia. Pero la noche del jueves 8 de octubre, cuando caminaba hacia su lugar de trabajo en Lambaré, fue asesinada a tiros en plena vía pública. El principal sospechoso es su expareja, Aldo Alexis Duarte, de 26 años, quien permanece prófugo.
La joven había denunciado hechos de violencia y amenazas atribuidos al hombre. También contaba con una orden judicial de alejamiento. Sin embargo, esa medida no consiguió evitar el desenlace fatal.
El caso no solo conmociona por la brutalidad del crimen, sino por los antecedentes que ahora colocan bajo cuestionamiento la capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de proteger a las víctimas de violencia.
El principal sospechoso es su expareja, Aldo Alexis Duarte, de 26 años, quien permanece prófugo. Foto: Gentileza
Denunció, pidió protección y terminó asesinada
Según los reportes policiales, Deysi había recurrido a la Justicia ante situaciones de violencia atribuidas a su expareja. Un juzgado de Capiatá, donde vivían anteriormente, había dispuesto una medida de restricción.
El abogado William Amaral Martínez, quien fue jefe de la joven, aseguró que existían antecedentes de acoso y amenazas denunciados ante el Juzgado de Paz de Lambaré y que el caso también había llegado al Ministerio Público.
Amaral cuestionó la respuesta institucional y denunció que no se habría activado el protocolo de protección. También hizo referencia a demoras en el tratamiento judicial del caso, circunstancias que requieren una revisión de los expedientes correspondientes.
La joven, que estaba próxima a culminar sus estudios de Derecho, había acudido precisamente a las instituciones encargadas de garantizar el cumplimiento de las leyes. Su muerte instala una contradicción dolorosa: una futura abogada que recurrió al sistema judicial en busca de protección terminó siendo víctima de la violencia que había denunciado.
Una ley que protege en el papel, ¿pero también en la práctica?
Paraguay cuenta desde 2016 con la Ley 5777, de Protección Integral a las Mujeres contra Toda Forma de Violencia, que establece medidas preventivas y mecanismos de protección para las víctimas.
Entre esas disposiciones se encuentran las órdenes de alejamiento, las prohibiciones de amenazas, persecución y acoso, así como responsabilidades para las instituciones involucradas.
No obstante, casos como el de Deysi Paola plantean interrogantes sobre el seguimiento efectivo de esas medidas y la capacidad del Estado para intervenir antes de que las amenazas se conviertan en hechos irreparables.
La existencia de una resolución judicial no garantiza, por sí sola, la seguridad de una persona. Su efectividad depende también de la evaluación del riesgo, el seguimiento policial, la actuación fiscal y la coordinación entre las distintas instituciones.
En este caso, será fundamental esclarecer qué actuaciones se realizaron después de las denuncias y si existieron omisiones o demoras que pudieron haber comprometido la protección de la víctima.
La muerte de Deysi Paola vuelve a colocar sobre la mesa la necesidad de evaluar tanto la legislación vigente como los procedimientos para su aplicación.
Entre las propuestas que merecen un debate legislativo se encuentran el seguimiento obligatorio de las órdenes de restricción, la evaluación inmediata del nivel de riesgo de las víctimas, el fortalecimiento del monitoreo electrónico de agresores y la intervención urgente cuando se detectan incumplimientos.
Otro aspecto fundamental es establecer controles efectivos sobre la actuación de las instituciones responsables de atender denuncias, garantizar la coordinación entre juzgados, Fiscalía y Policía, y determinar responsabilidades cuando se comprueben negligencias.
El desafío no pasa únicamente por aumentar las penas o aprobar nuevas disposiciones, sino por conseguir que los mecanismos de protección funcionen antes de que ocurra una tragedia.
Una tragedia que exige respuestas
Hasta septiembre de este año, el Ministerio Público había registrado 19 víctimas de feminicidio y 28 tentativas en Paraguay. Detrás de esas cifras hay mujeres, familias y proyectos de vida interrumpidos por la violencia.
Deysi Paola Giménez representa hoy mucho más que un nuevo caso en las estadísticas. Su historia obliga a examinar qué sucede después de que una mujer denuncia, solicita protección y espera una respuesta efectiva de la Justicia.
La investigación deberá determinar las responsabilidades penales del crimen, pero también corresponde esclarecer cómo actuaron las instituciones que conocieron sus denuncias.
Porque el verdadero alcance de una ley de protección no se mide solamente por las medidas que permite dictar, sino por su capacidad para evitar que una mujer amenazada termine asesinada.
Deysi recurrió a la Justicia para proteger su vida. Ahora, el Estado debe explicar qué hizo para protegerla.
La Justicia española confirmó seis meses de prisión, una multa y una indemnización que supera los 30 millones de euros por un caso de fraude fiscal. Foto: Captura de vídeo
Justicia española ratifica prisión y una millonaria condena contra el hermano de Julio Iglesias
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El Supremo español confirmó una millonaria condena contraCarlos Luis Iglesias, hermano del cantante Julio Iglesias, por un caso de fraude fiscal que se remonta a 2001. La información fue recogida este jueves 8 de octubre por la agencia RT, a partir de una sentencia del Tribunal Supremo de España.
El máximo tribunal español ratificó la pena de seis meses de prisión, además de una multa y una indemnización de 30 millones de euros, monto que supera los 33,6 millones de dólares, por el delito cometido mediante la sociedad Rolimpa Trading Corporation.
La Sala de lo Penal rechazó el recurso presentado contra la resolución dictada en noviembre de 2023 por la Audiencia Provincial de Madrid y confirmó que Iglesias incurrió en un incumplimiento tributario relacionado con el impuesto de sociedades correspondiente al ejercicio 2001.
El caso está vinculado con la venta de tres terrenos ubicados en Vicálvaro, operación que generó ingresos superiores a 46 millones de euros, equivalentes a más de 51,5 millones de dólares. Sin embargo, las ganancias obtenidas no fueron declaradas ante la Hacienda Pública española.
Según los antecedentes del proceso, aunque la empresa involucrada desarrollaba actividades y mantenía sus activos en España, se habría utilizado una estructura empresarial internacional para dificultar la identificación del verdadero responsable de las operaciones y evitar el pago de los impuestos correspondientes.
La investigación judicial determinó que esa estructura incluía sociedades radicadas en Panamá, cuentas en el extranjero y empresas interpuestas, mecanismos utilizados para ocultar la operación y reducir las obligaciones fiscales.