Durante la sesión extraordinaria, la Cámara de Diputados rechazó y devolvió al Senado el proyecto de ley “Que modifica el artículo 9° de la Ley N° 7264/24, Que crea el Fondo Nacional de Alimentación Escolar para la universalización equitativa de la alimentación escolar (Hambre Cero en nuestras escuelas y sistema educativo), y sus modificatorias”.

El proyecto original, que contaba con media sanción de la Cámara Alta, pretendía que el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), además de Asunción, Central y Presidente Hayes, asuma también la administración de la alimentación escolar en los departamentos de Concepción y Alto Paraná, hasta ahora gestionada por sus respectivas gobernaciones.

Sin embargo, la Cámara de Diputados rechazó esa pretensión e introdujo las modificaciones necesarias para que ambas gobernaciones continúen al frente de la administración del programa en sus departamentos.

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Al respecto, el diputado Miguel Del Puerto, líder de bancada de Honor Colorado, ratificó su postura a favor de la descentralización. “Hambre Cero es uno de los ejes del gobierno de Santiago Peña, y aprobar lo que proviene del Senado sería un retroceso”, sostuvo.

En tanto, el diputado colorado Roberto González también acompañó el rechazo al proyecto y abogó por una descentralización plena. Además, hizo un llamado a la reflexión para que los departamentos de Central y Presidente Hayes puedan, en el futuro, asumir igualmente la administración de los recursos del programa, actualmente a cargo del MDS.

Por su parte, el diputado Adrián Vaesken cuestionó la constitucionalidad del programa Hambre Cero, al considerar que centraliza fondos del Estado y decide discrecionalmente a quiénes beneficiar.

A su turno, el diputado colorado Hugo Meza calificó la decisión del Senado como una represalia política contra la administración del presidente Santiago Peña. “Acá vemos una vendetta política y no vamos a formar parte de ello. Es la postura de la Cámara de Diputados rechazar, rotundamente, este proyecto porque consideramos a Hambre Cero como un programa emblemático que va a ser recordado por mucho tiempo; es patrimonio de los niños y jóvenes de nuestro país”, afirmó.

Asimismo, señaló que, si existieran irregularidades en el manejo de fondos por parte de la Gobernación de Concepción, lo que corresponde es una investigación formal. “Sin embargo, en este caso ni siquiera hay una denuncia formal”, acotó.

En este sentido es importante recordar que la Cámara de Senadores había aprobado retirar la administración de los fondos de Hambre Cero a la Gobernación de Concepción, encabezada por Liz Meza, en medio de la polémica suscitada por la ostentosa fiesta de quince años celebrada por su hija en una de las zonas más empobrecidas del país.

Luego del análisis que realizó el plenario, el documento fue puesto a consideración y fue aprobado conforme al dictamen de la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros que sugirió algunas modificaciones.

El artículo 6° establece que la gestión de las políticas, programas y proyectos de alimentación escolar en Asunción y en los departamentos de Central y Presidente Hayes estará a cargo del Ministerio de Desarrollo Social.

En tanto, la administración del programa en Concepción, Alto Paraná y los demás departamentos del país recaerá en cada una de sus respectivas gobernaciones, restituyendo así la autonomía de gestión a las dos gobernaciones en cuestión.

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La Comisión de Obras, Servicios Públicos y Comunicaciones de la Cámara de Diputados dictaminó este lunes a favor del proyecto de ley que pretende adecuar la Ley Nº 5016/14 de Tránsito y Seguridad Vial a la realidad actual del transporte de pasajeros mediante vehículos livianos, particularmente, aquellos operados por conductores de taxis, remises y plataformas digitales.

El proyecto plantea precisar el alcance de las categorías de licencias profesionales y ajustar las edades mínimas para su obtención, estableciendo expresamente que el transporte de pasajeros en vehículos livianos pueda realizarse con licencia profesional categoría “B”.

Con ello, se busca otorgar seguridad jurídica, evitar interpretaciones extensivas de la normativa vigente y proteger la fuente de ingreso de trabajadores que utilizan estas plataformas como medio legítimo de sustento, fundamentaron los legisladores.

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Por otro lado, la comisión analizó, conjuntamente, con autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el proyecto de ley “Que establece el régimen especial de peajes en redes viales nacionales y departamentales de la República del Paraguay”, impulsado por el diputado Benjamín Cantero.

El proyectista precisó que los representantes del MOPC aclararon algunas dudas y se comprometieron a enviar sugerencias con respecto a esta iniciativa, que busca establecer un marco normativo específico que rija para el cobro de peajes en el país.

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La diputada Cristina Villalba presentó un proyecto de ley que busca destinar el 15 % de lo recaudado por el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) a financiar la investigación agraria del Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA).

Para ello la proyectista sugiere modificar la Ley N.º 3788/2010 del IPTA y el artículo 30 de la Ley N.° 2426/04, que crea el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)”.

“La propuesta apunta a actualizar una ley que ya tiene más de 15 años, permitiendo que el IPTA reciba recursos de instituciones públicas del ámbito pecuario. Esto permitirá impulsar investigaciones en áreas clave como sanidad animal, alimentación y mejoramiento genético”, comentó la diputada Villalba a La Nación/Nación Media.

Explicó que el objetivo es claro: generar más tecnología para el campo, mejorar la productividad y apoyar especialmente a pequeños y medianos productores, “fortaleciendo así la economía rural y la competitividad del Paraguay”.

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“El IPTA es clave para generar tecnología y conocimiento para el campo, pero su ley quedó desactualizada. No contempla recursos del sector pecuario, que es uno de los motores de nuestra economía”, aseveró.

La congresista colorada fundamentó que con esta propuesta se pretende corregir la normativa para fortalecer la investigación y llevar más soluciones a los productores, especialmente a los pequeños y medianos.

“Es una inversión en productividad, en desarrollo rural y en el futuro del país”, remarcó.

Según manifestó la parlamentaria, la idea es “aterrizar IPTA a las fincas de los pequeños productores con tecnología de producción”.

“Nosotros queremos que los pequeños productores apuesten a la tecnología. SENACSA hace un excelente trabajo, solo que ellos se enfocan en los extensos hatos. A no ser en la época de vacunación, donde llegan a los que tienen cinco cabezas con prevención”, subrayó.

“Queremos que la ciencia, la investigación llegue a los pequeños productores en diferentes áreas, ser una finca modelo. Que esa finca pueda tener tanto la parte agrícola como ganadera. Y que podamos con eso darle contención, sostenibilidad económica a las familias del campo”, finalizó.

1. Incorporación de una nueva fuente de financiamiento

- Se modifica la ley para agregar un inciso que habilite al IPTA a recibir recursos provenientes de instituciones públicas del sector pecuario.

Hoy:

• Solo recibe recursos del Tesoro (FF-10) y recursos propios (FF-30).

Con la modificación:

• Se suman transferencias de entidades del ámbito pecuario (ej.: instituciones públicas vinculadas a producción animal).

2. Ampliación del alcance financiero institucional

No es solo “más plata”, es un cambio estructural:

• Se diversifican las fuentes de financiamiento.

• Se reduce la dependencia exclusiva del presupuesto público tradicional.

• Se le da al IPTA mayor autonomía operativa real.

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El Gobierno proyecta la instalación de 50 Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi) Semillas para el Futuro en todo el país, uno para cada departamento y la capital. Un programa que quedará como un legado dentro de las políticas públicas del Estado para la atención a la primera infancia y las familias, con calidad y de primer nivel.

El ministro de la Niñez y Adolescencia, Walter Gutiérrez, explicó detalladamente cómo y cuándo empezarán a funcionar estos centros. Esta semana, ya fue inaugurado uno en la ciudad de Capiatá, el primero de los 50 centros que estarán concluidos para finales de este año.

“La primera infancia es la política pública más rentable donde un Gobierno o un país pueden invertir, porque si invertimos y trabajamos en la primera infancia en los primeros 1.000 días de vida, estamos cambiando la vida de ese niño y estamos cambiando la vida de lo que va ser ese ciudadano, y estamos cambiando la vida del país”, señaló el ministro en entrevista para La Nación/Nación Media.

La atención de la primera infancia es una política pública amplia, escalable y nunca antes vista para el país, y sobre todo, de primera calidad, que tendrá un impacto muy importante en la sociedad, atendiendo a que se interviene en la primera etapa más importante, complementando además el programa Hambre Cero en las escuelas, para proyectos a la niñez a un futuro sólido en la formación.

“Es un legado del presidente Santiago Peña y de la primera dama Leticia Ocampos que está tomando también la posta con nosotros en lo que es la construcción y liderazgo de este programa, no son solamente centros que se están construyendo, sino que hay un programa que fue aprobado por decreto que prevé todo esto, que prevé un nuevo modelo de gestión integral e intersectorial a la primera infancia”, destacó Gutiérrez.

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Los centros son espacios que forman parte de políticas públicas con un enfoque integral, intersectorial y multidimensional. No solo funcionan como lugares de cuidado mientras los padres trabajan, sino que también brindan un entorno donde los niños están protegidos, atendidos y estimulados a través de un modelo basado en estándares internacionales.

En cada centro se cuenta con consultorios psicopedagógicos, de psicología, terapia ocupacional, servicios de alimentación saludable con desayunos, media mañana, almuerzo, merienda, con una alimentación adecuada para el desarrollo físico y el desarrollo neurológico. Se contará con espacios de introducción a la lectoescritura lingüística, el desarrollo motor, motricidad fina, gruesa, todo esto como parte de una estimulación integral.

Así también se contará con otros servicios, como el Registro Civil de las Personas para el acceso a la identidad de los niños, consultorios médicos con profesionales de salud con controles periódicos para los niños con evaluación y derivaciones a instituciones en el caso que requieran de atención más compleja.

Estos espacios se centran no solo en la formación de la niñez, sino también en el de las familias. “El presidente y la primera dama nos piden un enfoque de familia, nuestro Gobierno tiene un enfoque de familia, y trabajar con ellas las pautas de cuidado y crianza adecuada de ellas con sus hijos donde vamos a estar enseñándoles también y trabajar en prevención en todo tipo de violencia”, remarcó.

También se dará a los padres las herramientas para mejorar las posibilidades de ingreso, a través del SNPP y Sinafocal, como así también, el fortalecimiento de las familias, con educación financiera, cursos de mandos medios, entre otros.

Se estima que los centros beneficiarán a unos 280.000 niños y demandarán una inversión de USD 100 millones, obtenidos a través de la renegociación de la tarifa de Itaipú. También ya está incorporado todo lo que tiene que ver con mantenimiento y sostenibilidad al presupuesto del Ministerio de la Niñez y Adolescencia (Minna).

Otro punto destacado, es el impacto socio económico para todas las comunidades beneficiadas. “Está dando mano de obra local a muchísima gente, en cada Caipi 100 personas de la comunidad, y dinamizando la economía de las comunidades, lo mismo cuando entren en funcionamiento. Estamos en proceso de contratación, ahora mismo los primeros 20 y se va priorizar profesionales de los comunidades o ciudades beneficiadas, y por concurso 100 %”, sentenció.

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