Por Lourdes Torres - Periodista - lourdes.torres@nacionmedia.com

Este miércoles se cumplen 45 años de un hecho que conmocionó a la sociedad paraguaya y tuvo repercusiones internacionales: el asesinato con un bazucazo del último dictador de Nicaragua, Anastasio Somoza Debayle. El atentado ocurrió en pleno corazón de Asunción el 17 de septiembre de 1980.

Este hecho dio una dura sacudida a la entonces dictadura stronista y tuvo repercusión internacional al demostrar que ni siquiera el exilio en un régimen autoritario ofrecía protección absoluta.

Recordar este hecho no es solo repasar una página violenta de la historia regional, también ayuda a comprender cómo nuestro país fue escenario de un episodio que marcó las tensiones políticas de toda América Latina en plena Guerra Fría.

Para comprender este hecho, La Nación/Nación Media conversó con el historiador Fabián Chamorro, quien señaló que a más de cuatro décadas, la memoria de aquel acontecimiento sigue siendo necesaria para reflexionar sobre la violencia, el poder y las huellas que dejaron las dictaduras en la región.

“Como todo evento que, como en el caso nuestro, ocurrido acá en Paraguay, es importante que lo tengamos como memoria y también como una lección de cómo podrían terminar ciertos dictadores”, reflexionó.

Chamorro señaló que Anastasio Somoza Debayle formó parte de una dinastía en Nicaragua, ya que su padre fue también dictador en su país y lo habían asesinado. Su familia ejercía el poder en ese país desde 1937. Al padre Anastasio Somoza García, conocido como “Tacho”, lo mataron en 1956, estando éste en el poder.

“Le sucede el hijo mayor, Luis Somoza Debayle en la presidencia hasta que fallece por causas naturales en 1967, también ejerciendo el poder. Ahí le sucede Anastasio Somoza. Fue presidente 13 años, hasta 1979, cuando la famosa Revolución Sandinista logró derrocarlo en julio de ese año”, precisó.

Señaló que tras su derrocamiento buscó instalarse en los Estados Unidos, ya que además de que realizó sus estudios en ese país, logró tener la formación militar en la Academia Militar norteamericana. Respecto a cómo vino a parar a Paraguay, indicó que existen dos versiones: una, que el gobierno norteamericano le obligó a ir a Paraguay, y la otra es que era conocido o amigo de Alfredo Stroessner.

“Somoza no solo fue parte de una élite y contaba con poder económico. Pensó que podía instalarse en EE. UU., pero los norteamericanos le bajaron el pulgar. No hay documentación que demuestre que EE. UU. le impone a Paraguay para recibirlo. La otra opción es que los dos dictadores se conocían y por una cuestión económica, aceptaron que Somoza se instale en Paraguay. El tipo había malversado durante su gobierno, estamos hablando de cientos de millones de dólares para aquella época” comentó.

Chamorro señaló que, de acuerdo a los historiadores hondureños, Somoza Debayle fue “un tipo loco”, que cometió crímenes atroces, violaciones de derechos humanos e incluso cometió asesinatos con sus propias manos.

Pese a ese antecedente, indicó que se instaló en Paraguay, lo hizo con grandes lujos, se compró propiedades, tenía una vida bastante pública, eso también facilitó el trabajo de sus asesinos.

El historiador señaló que la organización de su asesinato fue ejecutada por el grupo de izquierda de la región, que tenía fuertes vínculos con el Frente Sandinista, que justamente lo había derrocado del poder nicaragüense. Este grupo comando se instaló en Paraguay y estuvo encabezado por Enrique Gorriarán Merlo, dirigente argentino del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

“El plan se llamó Operación Reptil y fue realmente una operación muy bien hecha. Hicieron un trabajo de inteligencia durante meses. Alquilaron casa, montaron un negocio sobre la Avenida España, donde podían verlo pasar todos los días marcando su rutina y cuándo ya tuvieron graficada llevaron adelante su plan de emboscada sobre la calle España y América”, precisó.

El atentado se produjo poco después de las 9:00. Los guerrilleros prepararon dos lanzacohetes, lo que acá conocemos como bazooka. Con esa arma lograron parar el vehículo que estaba transitando. Uno logró ser gatillado, el segundo no. Con ese disparo prácticamente ya se dio muerte a los tres ocupantes del vehículo. Cuando paró el auto de Somoza bajaron de otro vehículo más guerrilleros que atacaron con fusiles", comentó.

Junto a Anastasio Somoza fallecieron también en el automóvil Mercedes-Benz blindado, José Francisco Guerrero, exministro de Hacienda de Nicaragua y cercano colaborador de Somoza y el coronel Joaquín López, jefe de escolta y hombre de confianza del exdictador.

En cuanto al número de miembros de esta operación, el historiador señaló que no hay datos precisos sobre la cantidad, ya que algunos libros hablan de 5, otros de 7 miembros e incluso señalan hasta 15 revolucionarios, de los cuales, solo uno de los que ejecutaron a Somoza fue capturado en Asunción. Se trata de Hugo Irurzún o “Capitán Santiago”, quien fue muerto supuestamente en un intento de fuga, pero fue torturado. Mientras que Gorriarán Merlo logró escapar y permanecer prófugo durante varios años.

Respecto a la motivación del plan de ejecución, Chamorro señaló que Gorriarán Merlo, el que ejecutó el asesinato, escribió un libro en el cual señala que ellos tomaron la decisión de matarle a Somoza, como una forma de ajusticiamiento por los crímenes que le había cometido contra el pueblo de Nicaragua.

“En el fondo fue por una cuestión ideológica, no por una material, No es que lo mataron por una cuestión específica de la guerrilla, sino por una cuestión filosófica, doctrinaria de los líderes de la revolución.

El historiador explicó que este grupo de guerrilleros logró movilizarse con total tranquilidad en Asunción, pese a la dictadura stronista, porque ninguno de ellos fue objetivo de investigación. Recordó que el gobierno dictatorial ya tenía entonces sus objetivos a quienes consideraban subversivos, y esta información también procedía de los EE. UU., sobre quiénes debían ser vigilados o puestos bajo arresto.

“Esta gente vino como un argentino más. No existía todavía esa inteligencia norteamericana, que era la que le nutría a todos. Evidentemente, EE. UU. no filtró adecuadamente la información y estos tipos se instalaron tranquilamente en Paraguay, porque no estaban en la mira”, explicó.

Como detalle, el historiador Fabián Chamorro agregó que tras este suceso, Pastor Coronel encabezó un periodo terrible, pues comenzaron a buscar casa por casa. Después eso ya se volvió extensiva a cualquiera que fuera opositor al gobierno. Indicó que este suceso fue aprovechado para golpear a sus enemigos. También comenzaron las riquezas en los colectivos.

“Hubo todo tipo de abusos después de la muerte de Somoza. Es más, fue uno de los motivos que mató la noche asuncena, que justamente a finales de los 70 comenzaba a tener nuevamente vida. El asesinato de Somoza hizo que muera nuevamente la actividad nocturna en la capital, debido a las medidas restrictivas, persecución a los civiles, militares subiéndose a los colectivos, policías parando automóviles, eso hizo que mate lo que quedaba de noche asuncena”, concluyó.

Casi una década después de firmar la paz, la cúpula de la extinta guerrilla FARC fue sentenciada por primera vez este martes a trabajos sociales y otras penas alternativas a la cárcel por más de 21.000 secuestros en Colombia.

Siete exjefes rebeldes, entre ellos su último comandante conocido como Timochenko, recibieron la máxima pena estipulada en el acuerdo de paz de 2016.

En adelante tendrán restricciones a la movilidad y deberán hacer actividades para dignificar a las víctimas como colaborar en la búsqueda de desaparecidos y participar en procesos de desminado en los territorios en los que operaron.

Las penas alternativas a la prisión fueron pactadas en el histórico acuerdo firmado en 2016 entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la otrora guerrilla más poderosa del continente, y el entonces gobierno del Nobel de la Paz Juan Manuel Santos.

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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) encontró responsables a los excomandantantes del llamado Secretariado del secuestro de 21.396 personas antes de dejar las armas para convertirse en partido político.

Las investigaciones “mostraron que el secuestro se volvió una práctica sistemática, porque quedó claro que los crímenes no solo violaron la ley, dejaron heridas abiertas que persisten en las familias, en los territorios, en la vida cotidiana del país”, dijo un magistrado ante la prensa en Bogotá en ausencia de los excomandantes rebeldes, que habían aceptado su responsabilidad en estos hechos en 2022.

Los excomandantes aseguraron en un comunicado estar dispuestos a “cumplir” con “el propósito de reparar a la sociedad colombiana”. “El secuestro es una carga moral que pesará sobre nuestros hombros por muchos años”, dijeron.

El tribunal tardó más de siete años en dictar su primera sentencia, en medio de críticas de los detractores del acuerdo de paz por su supuesta laxitud con los rebeldes, que también están imputados por otros crímenes de lesa humanidad como reclutamiento de menores.

Durante su prolongada lucha, las FARC tomaron como rehenes a militares, policías, empresarios y dirigentes políticos como la franco-colombiana Ingrid Betancourt. Imágenes de los secuestrados famélicos y encadenados en celdas de alambre en la selva le dieron la vuelta al mundo.

• Fuente: AFP

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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia admitió ayer lunes su competencia para investigar la eventual responsabilidad de Rodrigo Granda Escobar, exintegrante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), en el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, registrado el 21 de septiembre de 2004.

Tras revisar un recurso de apelación en contra de una decisión emitida en abril de 2024, la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad admitió la competencia frente a los hechos que se presentaron en territorio paraguayo. En diciembre pasado, Granda fue beneficiado con la amnistía por el delito de rebelión en cinco procesos relacionados con su pertenencia al extinto grupo armado, entre ellos, la “toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las FARC”.

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A través de una nota diplomática, el Ministerio Público paraguayo había reiterado la solicitud al Ministerio de Justicia colombiano para que coopere y cumpla con el tratado internacional de extradición para que Granda sea enjuiciado por el secuestro de Cecilia Cubas, que culminó con el hallazgo de su cadáver en 2005. El exguerrillero habría colaborado con la planificación y ejecución del delito en coordinación con el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

La providencia también instruyó una serie de comunicaciones y notificaciones oficiales, pues ordenó a la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y del Derecho informar a las autoridades del Paraguay sobre el avance de la causa. En ejecución de lo dispuesto por el tribunal de paz, la decisión será notificada “al señor Rodrigo Granda Escobar, a su apoderado judicial y al delegado del Ministerio Público ante la Jurisdicción Especial para la Paz”.

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Estados Unidos retiró ayer lunes la certificación de aliado en la lucha contra las drogas a Colombia, el mayor productor mundial de cocaína, lo que confirma el estancamiento diplomático entre ambos gobiernos. La certificación es una evaluación que desde 1986 hace cada año Washington sobre los esfuerzos antinarcóticos de una veintena de países productores y distribuidores a cambio de recursos. En el caso de Colombia, representa una ayuda de unos 380 millones de dólares anuales.

“Los Estados Unidos nos descertifica después de decenas de muertos, de policías, de soldados de gente del común, tratando de impedir que les llegue la cocaína“, dijo el presidente Gustavo Petro en Bogotá. Colombia se une a Afganistán, Bolivia, Birmania y Venezuela, países que, según el comunicado oficial, han “fallado de manera demostrable durante los últimos 12 meses tanto en cumplir con sus obligaciones bajo los acuerdos internacionales de lucha contra el narcotráfico como en tomar las medidas requeridas” según la legislación estadounidense.

Es la primera vez desde 1996 que Washington descertifica a Colombia en su lucha antinarcóticos. Los otros países llevan años siendo señalados por los gobiernos tanto demócratas como republicanos. “El cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado niveles récord bajo la presidencia de Gustavo Petro, y sus intentos fallidos de buscar acuerdos con grupos narcoterroristas solo han exacerbado la crisis” considera la determinación presidencial firmada por el presidente Donald Trump.

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“El incumplimiento de Colombia de sus obligaciones de control de drogas durante el último año recae únicamente en su liderazgo político”, añade. En el texto, Trump asegura que considerará cambiar la designación si el gobierno de izquierda de Petro toma medidas “más agresivas”.

“Colombia ha sido un gran socio a lo largo de la historia. Lamentablemente, ahora tienen un presidente que, además de ser errático, no ha sido un buen aliado a la hora de enfrentarse a los carteles de la droga”, añadió el secretario de Estado, Marco Rubio, crítico acérrimo de los líderes izquierdistas de América Latina, durante una visita a Israel. “Creo que tenemos aliados dispuestos, si dependiera del ejército, de la policía. Llevamos décadas trabajando”, dijo Rubio a los periodistas, al expresar su esperanza de que Colombia pueda volver a ser acreditada en el futuro.

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La descertificación de Washington es un desaire para el gobierno Petro en plena lucha contra carteles como el Clan del Golfo y guerrillas dedicadas al tráfico como el ELN, y las disidencias de las FARC, que se apartaron del acuerdo de paz de 2016. Bogotá considera que sigue haciendo lo suficiente. En lo que va del año 2025 Colombia ha decomisado 700 toneladas de cocaína y ha destruido la cifra récord de 4.570 laboratorios clandestinos, según datos del ministerio de Defensa.

La descertificación no implica la cancelación de toda la ayuda, sino que Trump tiene ante sí todo un abanico de medidas. Parte importante de la cooperación militar es por ejemplo la entrega y mantenimiento de helicópteros como los Blackhawks, valiosos para la lucha antinarcóticos.

“Se acaba la dependencia de las fuerzas militares colombianas de Estados Unidos (...). Al Ejército de Colombia le va mejor si compra sus propias armas”, declaró Petro. Fuentes oficiales destacan igualmente que Colombia ya había sufrido un importante recorte con el fin de los fondos de la agencia de ayuda Usaid, decidida por Trump al principio de su mandato.

Colombia fue descertificada una primera vez en 1996. En ese año gobernaba Ernesto Samper, que enfrentó un escándalo por la presunta financiación de su campaña por parte del Cártel de Cali, que nunca fue comprobada. Entre 2000 y 2018 Estados Unidos entregó a Colombia más de 10.000 millones de dólares, según el Congreso estadounidense, para fines militares, sociales y de erradicación de narcocultivos. Washington es el principal socio comercial y militar de Bogotá.

Desde que llegó al poder en 2022, Petro promueve un cambio de enfoque en la guerra contra las drogas por considerarla un fracaso y suspendió la erradicación forzada de hoja de coca, principal componente de la cocaína. Año tras año el país rompe su propio récord de área sembrada con esa planta y de producción del polvo blanco.

En su territorio hay unas 253.000 hectáreas de narcocultivos y se elaboran por lo menos 2.600 toneladas anuales de cocaína, de acuerdo con el último balance de 2023 de la ONU. Las relaciones diplomáticas entre Trump y Petro son malas, especialmente debido a las críticas del mandatario colombiano a su política de deportación de migrantes.

Fuente: AFP.