El presidente de la República, Santiago Peña, emitió un decreto para ordenar los gastos del Estado y priorizar hacia ciertos sectores, específicamente salud, educación, seguridad y programas sociales. Se trata de una medida para fortalecer la sostenibilidad financiera del Estado.

Se trata del Decreto n.° 6120, “por el cual se establecen medidas adicionales de optimización, priorización y gestión eficiente del gasto público en el marco del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2026”. El texto fue impulsado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y se enmarca en los principios de eficiencia, responsabilidad y transparencia establecidos en la Ley de Administración Financiera del Estado y en la Ley de Responsabilidad Fiscal, teniendo en cuenta el actual contexto económico y la necesidad de garantizar una gestión prudente de las finanzas públicas.

El decreto establece criterios orientados a evitar la expansión de gastos no prioritarios y la generación de obligaciones sin respaldo financiero efectivo. Entre las principales disposiciones se destaca la priorización del gasto en salud, educación, seguridad y programas sociales, garantizando la continuidad de los servicios esenciales para la población; como también la utilización prioritaria de Recursos Institucionales (Fuente 30) antes de recurrir a Recursos del Tesoro (Fuente 10), buscando una gestión más sostenible y eficiente de las finanzas públicas.

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Además, el documento contempla la presentación de planes institucionales de regularización de obligaciones pendientes con proveedores y contratistas, a fin de ordenar y transparentar los compromisos financieros del Estado (deudas); y establece restricciones y medidas de racionalización sobre gastos operativos, adquisiciones de bienes no esenciales, equipamientos de oficina, catering y nuevas inversiones no prioritarias.

También se establecen determinadas migraciones de cuotas del Plan Financiero requieran autorización previa del MEF, reforzando así los mecanismos de control y seguimiento de la ejecución presupuestaria.

Las arcas del Estado fueron golpeadas por la caída del dólar en los primeros meses del año y actualmente se está trabajando intensamente en honrar las deudas con sectores importantes, como son el de las farmacéuticas y las firmas de construcción vial.

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“El deseo final es llegar a una audiencia de juicio oral y público”, manifestó la fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Silvia González, tras urgir a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) destrabar el caso judicial donde exministro del Interior (2008-2011) y actual senador del Partido Democrático Progresista (PDP), Rafael Filizzola, es investigado por la sobrefacturación de G. 1.200 millones en la construcción de las denominadas “comisarías de oro”.

“Queremos que un tribunal de sentencia valore todos los elementos de prueba. El Ministerio Público ha comunicado a la sala penal de la Corte la situación en la que se encuentra la causa y estamos solicitando a la Sala Penal que arbitre las medidas para que se proceda a la integración de la cámara a fin de que se pueda estudiar el recurso de apelación que hemos planteado", indicó González en el programa “La Caja Negra” de Unicanal.

El proceso judicial se viene alargando hace más de 10 años debido a la mina de chicanas que interpuso Filizzola. El 15 de octubre de 2010, el dirigente opositor, en su carácter de ministro del Interior, durante el gobierno de Fernando Lugo, aprobó el llamado a la licitación para la construcción de baños sociales y 24 celdas en las comisarías del área metropolitana, sin que exista una necesidad, un pedido de los responsables de las áreas afectadas y un estudio técnico previo que avale la construcción de las mismas.

“Esta es una causa ya iniciada en el 2013 y la acusación fue presentada en diciembre del 2014. Desde la etapa intermedia estamos todavía trabados sin poder avanzar o concluir definitivamente esa causa, el tiempo transcurrido es muy importante", puntualizó la agente.

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Igualmente, aprobó el pliego de bases y condiciones y dispone que el pago sea efectuado en su totalidad con fondos del Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2010, a sabiendas de que las obras no serían recepcionadas para el último día hábil del periodo fiscal 2010.

“Ya se debe definir esta causa, principalmente por el tiempo transcurrido, la sociedad también está interesada ya que el Estado paraguayo ha abonado montos importantes y es por eso que debemos brindarles una respuesta", manifestó González.

La fiscal siguió argumentando que “el Ministerio Público se opuso a la prescripción, como representantes de la sociedad instamos a que esto tenga un cierre, lo ideal es que se haga un análisis correspondiente para poder transparentar toda la gestión realizada dentro de la causa”.

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• Por Juan Marcelo Pereira
• juan.pereira@nacionmedia.com

"Hace rato que la oposición tiene como hoja de ruta volver a las listas cerradas, sin las máquinas de votación serían impracticable las listas abiertas", dijo el diputado Alejandro Aguilera, en torno a la campaña de desprestigio que impulsa el mencionado sector conjuntamente con la disidencia colorada contra el sistema electoral rumbo a las internas del 7 de junio, para las elecciones municipales del 4 de octubre.

“Nosotros creemos plenamente en el sistema electoral paraguayo y en la fiabilidad de las máquinas de votación, que ya fueron auditadas en su momento, según los plazos del calendario electoral, con participación de técnicos, partidos políticos y observadores", sostuvo al diario La Nación/Nación Media.

Aguilera acotó: “Desde el movimiento Honor Colorado no tenemos ningún problema con la transparencia ni con los controles. Lo que no podemos permitir es que se pretenda instalar un relato de fraude sin una sola prueba, porque eso debilita la confianza ciudadana en la democracia“.

Desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), encabezada por Jorge Bogarín, emitieron un comunicado indicando que la auditoría de las máquinas de votación fue realizada del 2 al 27 de febrero pasado, con la presencia de los representantes técnicos de las diferentes organizaciones políticas cuyos movimientos internos pujarán el próximo 7 de junio.

No obstante, el órgano electoral accedió nuevamente a ejecutar una verificación técnica con la finalidad de disipar cualquier duda sobre la fiabilidad de las máquinas de votación. El proceso inicia con la Asociación Nacional Republicana (ANR), el 25 y 26 de mayo, y continúa con el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), el 27 y 28 de mayo.

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La verificación técnica contará con la presencia de especialistas en hardware y software pertenecientes al consorcio Comitia – MSA, que resultó adjudicado para el arrendamiento de las 18.000 máquinas de votación por un valor de USD 35 millones.

“Da la impresión de que algunos ya están abriendo paraguas ante una catastrófica derrota electoral y buscan sembrar dudas antes de que la gente vote. Nosotros defendemos elecciones libres, transparentes y en la fecha que corresponde. Bajo ningún motivo se puede hablar de suspender elecciones por especulaciones políticas“, puntualizó.

Por otra parte, Aguilera lanzó un mensaje a la ciudadanía argumentando que “el sistema electoral paraguayo es ejemplo a nivel internacional. La incapacidad de la disidencia y la oposición de conseguir respaldo popular no tiene por qué embarrar unas elecciones democráticas“.

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El presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), José Carlos Martin, mantuvo una reunión con el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Óscar Lovera, para abordar temas vinculados con el sector productivo, el presupuesto institucional y el avance de proyectos estratégicos, según informó el MEF.

De acuerdo con la cartera económica, el ministro recibió en su despacho al titular de Senacsa para dialogar sobre asuntos relacionados con la planificación de la institución y su articulación con las políticas económicas del Gobierno.

En ese contexto, Martin explicó que durante el encuentro se dio seguimiento al proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para el cual se solicitó una ampliación de plazo hasta febrero de 2027, con el objetivo de concluir las acciones previstas dentro del cronograma establecido.

Al término de la reunión, el titular de Senacsa señaló que también se analizaron aspectos vinculados con el comportamiento de las exportaciones durante el primer cuatrimestre del año, incluyendo el impacto del tipo de cambio y factores externos, como el conflicto en Oriente Medio, que incidieron en los envíos.

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Asimismo, las autoridades abordaron el avance del presupuesto 2026 y la planificación institucional con miras al 2027, buscando alinear las prioridades de Senacsa con las políticas económicas impulsadas por el Ejecutivo.

Finalmente, Martin destacó el desempeño del sector cárnico, subrayando la apertura de nuevos mercados y el crecimiento sostenido de las exportaciones de carne bovina, porcina y avícola, impulsadas por nuevas habilitaciones e inversiones en el sector.

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