El diputado Alejandro Aguilera, presidente de la Comisión Especial que analiza el pedido de intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, salió al paso de las críticas sobre una supuesta celeridad en el tratamiento del caso, en contraposición con la demora en la conformación de la comisión para evaluar la situación en Asunción.

“Esta comisión tiene una duración reglamentaria de apenas 15 días desde su conformación, por lo que no hay mucho tiempo que perder”, sostuvo Aguilera, quien anunció que para este miércoles fueron convocados el contralor general de la República, a las 9:00, y el intendente Miguel Prieto, a las 11:00, para presentar los argumentos a favor y en defensa del pedido de intervención.

En contacto con “Tarde de perros”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media, el legislador cuestionó versiones mediáticas que sugieren una supuesta presión o favoritismo político en el avance del caso esteño.

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“Leía en un medio que hemos puesto pausa a las intervenciones y que yo acompañé una gira de Horacio Cartes, pero no convocaba a la comisión. En otro diario dijeron que vamos a toda máquina. ¿En qué momento hay que convocar entonces para que les guste?”, refirió.

Aguilera también explicó que la diferencia con la comisión especial encargada de analizar la intervención en Asunción obedece a cuestiones logísticas y reglamentarias. “En el caso de Asunción, el diputado que figura en el primer lugar del listado está fuera del país. El diputado Rodrigo Gamarra es vicepresidente del Parlasur y recién mañana regresa de una misión oficial en México. Esta semana podrá convocar a la mesa directiva de su comisión”, aclaró.

La comisión especial que estudia el caso de Ciudad del Este está integrada por nueve miembros: cinco colorados y cuatro de la oposición, entre ellos Carlos María López (PLRA), Pastor Vera Bejarano (PLRA) y Walter García (Yo Creo), este último del mismo movimiento político que el intendente Prieto, cuya administración es cuestionada por la Contraloría.

El diputado recalcó que, una vez escuchados los argumentos del contralor y del jefe comunal, la comisión emitirá un dictamen que será elevado a la Cámara de Diputados, conforme al procedimiento establecido.

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El diputado Alejandro Aguilera, integrante de la Comisión Especial que analizará el pedido de intervención a la Municipalidad de Ciudad del Este, afirmó que el dictamen que se emitirá será con base a las documentaciones y descargos presentados, tanto por la comuna como por la Contraloría, descartando posibles subjetividades alineadas a la afinidad política.

“Nosotros no tenemos esa doble vara que tiene la oposición que critica la corrupción, pero cuando se le critica a ellos, salen con el discurso de persecución política. Acá es sencillo, el intendente o gobernador debe rendir cuentas y tiene que defenderse cuando hay una acusación formal”, sentenció.

En sus declaraciones, Aguilera también dejó en claro que los pedidos de intervención, tanto a la Municipalidad de Asunción como la de Ciudad del Este, no son promovidas por el movimiento Honor Colorado, sino son un pedido de la Contraloría General de la República, que denunció indicios de hechos punibles en ambos municipios.

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“Es un pedido de la Contraloría General de la República, y el Ministerio del Interior vendría ser un pasamanos nomás que comunica a la Cámara de Diputados ese pedido. Por ejemplo, la semana pasada, a pedido de miembros de Honor Colorado, se solicitó la integración de la comisión especial para la intervención del municipio de Ñemby, que está en manos de un intendente colorado y miembro del movimiento”, expuso.

Asimismo, señaló ante la 1020 AM que no puede adelantar cuál será su posicionamiento respecto a la intervención o no del municipio, puesto que primero se reunirán tanto con autoridades de la municipalidad como con las de la Contraloría, analizarán las documentaciones y descargos y a partir de ahí, tanto él como sus colegas, asumirán una postura.

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• HOY.COM.PY

Los resultados del viaje presidencial a Japón, además de acuerdos estratégicos, también se resumen en cifras monetarias. Según el Ministerio de Industria y Comercio, Paraguay consiguió al menos 500 millones de dólares.

Posicionar a Paraguay a nivel mundial y levantar la bandera de estabilidad y confianza, en medio de un ambiente de incertidumbre en el escenario mundial, son objetivos que lleva la delegación paraguaya en todos los viajes.

Luego de 10 años de espera, Japón y Paraguay firmaron un acuerdo de inversión que reconoce a nuestro país como socio estratégico para las inversiones japonesas, dentro de un contexto no solamente de comercio, sino de ubicación geográfica como la puerta de entrada al Mercosur.

“De este viaje trajimos mínimo 500 millones de dólares, de los cuales, 250 millones son del fondo forestal Sarte, que incrementa la capacidad que tiene Paraguay en este rubro importante, eso fue anunciado por el propio dueño, quién sabe cuántas decisiones de inversión van a venir de ese anuncio”, explicó Jiménez.

Por otro lado, un crédito de 240 millones de dólares de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (Jica) para la financiación del Corredor Suroeste, que conectará los departamentos de Misiones y Ñeembucú.

Además, la habilitación del ingreso sin visa para los compatriotas que visiten Japón por periodos cortos, y la firma del acuerdo de consultas políticas que llevará la cooperación a un nivel aún más profundo.

Para Paraguay, el impacto económico directo incluye la atracción de capital japonés, principalmente en sectores estratégicos como infraestructura, agroindustria, energía y tecnología, según el MIC.

Uno de los aspectos destacados es el impulso a la agenda comercial paraguaya con Japón, orientada a diversificar mercados y acelerar el acceso de productos como la carne paraguaya al mercado japonés.

También se contempla la integración de Japón en el desarrollo del Corredor Bioceánico, conectando al Paraguay con el Pacífico a través del Puerto Franco en Chile, en una estrategia regional de conectividad logística.

Además, el MIC refiere que la designación de Paraguay como socio estratégico en áreas como la seguridad alimentaria de Japón abre además oportunidades de cooperación en innovación agrícola y sostenibilidad productiva.

Por Lourdes Torres - Periodista - lourdes.torres@nacionmedia.com

El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) desarrolló en la fecha un Seminario Internacional en el que se abordaron los desafíos del crecimiento económico y el desarrollo rural a partir de la titulación masiva de tierras. Durante el evento, los disertantes ofrecieron una mirada crítica sobre las reformas estructurales, el acceso al capital y la equidad en el mundo rural.

El evento estuvo encabezado por su titular, Francisco Ruiz Díaz, y la disertación del experto ecuatoriano en Economía Agrícola, Carlos Ludeña, quien resaltó durante una entrevista con La Nación/Nación Media, el esfuerzo que está llevando adelante el Gobierno de Paraguay, por reducir ese déficit del acceso a la tierra que lleva atrasado varios años.

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Indicó que de acuerdo al registro que maneja en el Indert, serían unos 130.000 inmuebles cuya titulación faltan por regularizar, por lo que el Gobierno encabezado por Santiago Peña, ha fijado como meta llegar a las 50.000 titulaciones al término de su mandato.

Explicó que todo este trabajo que ha encarado desde el gobierno, y de acuerdo a las experiencias que se tiene en otros países, la titulación de la tierra es solo un medio para generar otros impactos importantes en varios aspectos económicos, como ser la productividad agrícola, el impacto en cuanto al acceso a créditos, así como la reducción de conflictos por la tenencia de la tierra y sobre todo la seguridad alimentaria y el bienestar de las familias.

“Se han realizado cambios importantes en el Indert, justamente para poder lograr esa titulación masiva. Obviamente hay un antes y un después, de lo que ha sido la aplicación del método de Barrido Predial Masivo (BPM) durante este proceso”, destacó.

Mencionó que antes del uso del método BPM se realizaba un promedio de 900 titulaciones por año, pero en la presente gestión del Indert se ha logrado a saltar a más de 9.000 titulaciones en el último año, lo que hará que se logre la meta de 50.000 títulos entregados al término del mandato del gobierno de Santiago Peña.

“Este proceso tiene importantes cambios a nivel institucional, no solo visto desde el aspecto legal, sino que está en coordinación con las demás agencias del Estado como Catastro, y otras instituciones. Además, se puede resaltar el cambio de liderazgo dentro de la institución que ha facilitado la gestión y puso al servicio de la gente el Indert. Lo que ha demostrado que cuando se quiere se pueden hacer esos cambios importantes”, resaltó.

Remarcó que este proceso que ha iniciado hace más de 18 meses, es muy importante, porque existe una deuda histórica de titulaciones en el Paraguay.

Señaló que de acuerdo a los registros del Indert, solo el 5 % de la Reforma agraria ha sido tituladas en más de 80 años. Por lo que resaltó que a la fecha aún existen aproximadamente 130.000 inmuebles que necesitan ser formalizados en el país.

Añadió, que si es que se seguía con el mismo ritmo de titulación que por décadas se tuvo en el Indert, se hubiera requerido unos 140 años, para lograr la titulación de esos 130 mil inmuebles que están de manera informal.

“Lo que se busca ahora con este proceso es formalizar todos esos inmuebles que ahora están de manera informal, lo que a su vez traerá seguridad jurídica y seguridad de inversión a sus propietarios. Además de todos los impactos ya señalado anteriormente, sobre productividad, reducción de conflictos, y otros; traerá un gran beneficio que se podrá obtener a corto y mediano plazo una vez que se logre la formalización de los títulos”, explicó.

Remarcó que ahora, que el Indert cambió su forma de trabajo aplicando el método BPM, es que se puede asegurar llegar a la meta establecida por el gobierno de Santiago Peña, de cerrar su gobierno entregando 50.000 títulos de propiedad, lo que permitiría elevar el porcentaje de titulación a cerca del 40 % al final del periodo presidencial.

“De acuerdo al tamaño del productor, en otros países se ha visto un aumento en la productividad entre el 40 y el 80 por ciento de su producción. En este caso, lo que se espera con la titulación de esos 50.000 inmuebles durante este gobierno, es que se logre un incremento en la productividad, sobre todo de esa agricultura familiar campesina”, explicó.

Además, el beneficio del acceso al crédito, así como se han observado en otros países, al contar con el título de propiedad el productor ha tenido mayores accesos a créditos, y no solo el acceso a créditos formales, sino que también se observa un mayor monto de los préstamos, a tazas de intereses más baja, dejando de lado aquellos préstamos informales de altos costos que rayan la usura.

Resaltó que al contar con el título de propiedad se brinda una mayor seguridad jurídica, permite la inversión en el inmueble, así como un aumento significativo en materia de conservación del medio ambiente.

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