El senador Ramón Retamozo, de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública, cuestionó a los postulantes que aspiran a ocupar los cargos de defensor del Pueblo y defensor adjunto, por dedicar mayor tiempo de sus exposiciones a la presentación de su currículum y prácticamente sin propuesta o programa de trabajo.

El legislador señaló que durante las audiencias públicas tuvo que hacer un llamado a la atención, porque cada postulante a los que le ha tocado escuchar hasta ahora, se ha dedicado a presentar su preparación académica, y experiencia.

Pero, señaló que casi nadie habla sobre lo que tiene previsto hacer para mejorar la institución, o de su plan de gestión, y lo más grave es que casi nadie maneja el presupuesto que tiene la Defensoría del Pueblo.

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“Me parece que si uno pretende llegar al cargo, uno tiene que tener ya la radiografía de esa institución. Tiene que tener ya todas las falencias punteadas y qué van a hacer para que mejore esa institución. Necesitamos un defensor o una defensora del Pueblo que lidere todos los procedimientos que se realizan a nivel país, ya sea en lo judicial, en lo social, en todos los sentidos”, remarcó.

El senador Retamozo indicó que a su criterio el defensor del Pueblo debe estar involucrado en todos los aspectos. Señaló que son cargos sumamente importantes para la sociedad, ya que tienen que cuidar al pueblo, afirmando que el cargo se podría comparar como el cargo de un fiscal general del Estado.

“Debe tener monitoreados todos los procedimientos en donde hay falencias, donde hay abandono, donde se está cometiendo injusticias, abusos por nuestra gente y ahí tiene que estar el defensor o la defensora del Pueblo”, remarcó.

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El senador colorado Patrick Kemper salió al paso de las críticas de la oposición, que califica de “farsa” la conformación de las ternas para los cargos principales de la Contraloría General de la República (CGR) tras la inclusión del actual contralor Camilo Benítez, quien busca su reelección.

Kemper afirmó que, bajo la gestión de Benítez, el órgano extrapoder tuvo un crecimiento significativo en los controles y resultados en cuanto a la fiscalización y controlar del uso de los recursos económicos, financieros y patrimoniales del Estado.

El parlamentario manifestó que muchas de las denuncias por hechos de corrupción que actualmente salen a la luz, particularmente en entidades como el Instituto de Previsión Social (IPS), los municipios de Asunción y de Ciudad del Este, son producto de los trabajos realizados por la dirección actual de la Contraloría.

“Esas denuncias son parte del informe de la Contraloría. Gran parte de todas las denuncias que hoy están saliendo de IPS y de otras instituciones son producto del trabajo de los auditores de la Contraloría General de la República. Los datos matan el relato”, manifestó ante la intención de la oposición de desestimando el reiterado discurso opositor, que señala un supuesto intento de copamiento por parte del oficialismo colorado.

El legislador recordó que hasta abril de 2019 las declaraciones juradas eran de carácter reservado, mientras que actualmente más de 1.600.000 declaraciones juradas están disponibles de manera pública, gratuita y de fácil acceso. Según Kemper, esta apertura permitió generar antecedentes para investigaciones por posibles casos de enriquecimiento ilícito.

A la vez destacó el aumento de los informes de análisis patrimonial. “Hasta el 2019 se habían generado 256 informes de análisis patrimonial de gestiones anteriores”, indicó. En contraste, afirmó que entre 2019 y 2026 se realizaron 1.217 informes, lo que representa un incremento del 375 %.

En cuanto a los sumarios por incumplimiento de la obligación de presentar declaraciones juradas, señaló que antes de 2019 no existían procesos de este tipo, mientras que actualmente hay 1.073 sumariados, con multas por G. 8.856 millones, de las cuales aproximadamente el 26% ya fue cobrado.

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Kemper también resaltó el alcance de las auditorías sobre autoridades. “Hoy se hicieron auditorías sobre presidentes, expresidentes, ministros de Corte, exministros de Corte, ministros del Poder Ejecutivo”, manifestó. A esto sumó más de 69 sumariados por conflictos de intereses y 325 informes remitidos al Ministerio Público.

Uno de los datos que consideró más relevantes fue el impacto económico de las investigaciones de la Contraloría. “Hasta el 2019, el resultado del impacto económico de los trabajos investigativos de la Contraloría representaban 35 millones de dólares. Del 2019 al 2026, como bien estaba mostrando el presidente, casi, casi es 1.000 millones de dólares”, puntualizó.

El senador también destacó la digitalización de las rendiciones de cuentas, que actualmente se realizan de manera online, y la incorporación de tecnología para el control del gasto público. A la vez resaltó la implementación de mecanismos de transparencia e integridad. Según indicó, actualmente existen 224 unidades de transparencia y anticorrupción operativas en los tres poderes del Estado.

Por otra parte, defendió el desempeño internacional de la institución y recordó que Paraguay ocupó por primera vez la presidencia de la OLACEFS durante el periodo 2023-2025, tras una elección por unanimidad en México. “No es justo cuando se habla de que esta gestión es ineficiente. Fortalecer una institución como esta es apostar realmente a tener un Estado más eficiente y, sobre todo, que la aplicación de los fondos públicos, producto de los contribuyentes, de todos los paraguayos, sean aplicados de forma eficiente para beneficio de todos ellos”, indicó.

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El líder de la bancada del movimiento Honor Colorado en el Senado, Natalicio Chase, considera factible un plan gradual para cumplir con el reclamo de reajuste salarial que exige el gremio de médicos a través de una huelga iniciada el lunes pasado, mientras sigue el diálogo desde el Gobierno para atender la adquisición de mayores insumos y medicamentos, el pago por los feriados así como el nombramiento de los profesionales contratados.

“Yo estoy totalmente de acuerdo con los médicos quienes exigen una mejor remuneración para su servicios, pero también hay una realidad económica en nuestro país que se debe atender. Buscamos articular un consenso sobre un posible plan de ajustes a lo largo del tiempo”, refirió Chase a los medios de comunicación. “El impacto presupuestario es inmenso, yo creo que los médicos son conscientes de la realidad, se puede llegar a tener consensos sobre un plan de parcialización”.

Las afirmaciones de Chase surgen específicamente sobre el pedido de un aumento directo de G. 3.000.000 por vínculo, solicitando pasar de los G. 5.000.000 actuales a un total de G. 8.000.000 por cada contrato de 12 horas semanales. Los gremios argumentan que, desde 2012, su poder adquisitivo cayó de 2,8 a 1,7 salarios mínimos.

“Queremos ser un puente de entendimiento entre el grupo médico y el Gobierno, y nosotros como representantes del pueblo lo haremos, tenemos que articular soluciones que se puedan dar, tratar de entender las limitaciones que tiene el Estado y cuales son los ajustes que se pueden hacer”, dijo en el marco de la reunión entre senadores que integran la mesa directiva, la ministra de Salud Pública, María Teresa Barán, y el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera.

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Chase no descarta que el ajuste salarial para los profesionales de blanco sea tenido en cuenta en el próximo tratamiento del Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2027. “Claro que es posible, pero el análisis debe hacerse sabiendo donde vamos a recortar. El presupuesto no es infinito, entonces debemos ver cuál es el pronóstico para el año que viene y ver si ese ajuste se hace una sola vez o parcialmente en varios años”, comentó.

Añadió que el levantamiento de la huelga nacional dependerá exclusivamente de la apertura al diálogo entre el Ejecutivo y los médicos. “Nosotros somos el puente para que el entendimiento se lleve adelante, nos preocupa una huelga indefinida ya que la atención médica es uno de los puntos principales en cualquier sociedad y ahora está debilitada con la inasistencia de los médicos, debe solucionarse lo antes posible.

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El presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Senadores, Silvio “Beto” Ovelar, consideró inviable la propuesta de suba salarial de los médicos ante la falta de recursos económicos. Agregó que el Estado sigue manteniendo grandes deudas que imposibilitan incluso subsanar otros reclamos provenientes del sector, como una mayor demanda de insumos y medicamentos.

“Debemos ser conscientes de que hoy no tenemos los recursos, es más tenemos prioridades que todavía no se han cubierto relacionadas al área de la salud, como por ejemplo la compra de medicamentos. Hay un famoso refrán que dice muchas buenas ideas mueren en la cabeza de alguien sin recursos”, indicó a los medios de comunicación.

El parlamentario acotó: “El Congreso Nacional siempre ha tenido una mirada muy respetuosa hacia los médicos, ellos anteriormente tenían 24 horas semanales por vínculo para sus labores y se les redujo a 12 horas, es decir, hubo una reducción del 50 %. Nuestro problema hoy es cómo vamos a recaudar más de USD 150 millones”.

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El punto conflicto se centra en la exigencia de un aumento directo de G. 3 millones por vínculo, solicitando pasar de los G .5.000.000 actuales a G. un total de 8.000.000 por cada contrato de 12 horas semanales. Los gremios argumentan que desde 2012 su poder adquisitivo cayó de 2,8 a 1,7 salarios mínimos.

“Yo no estoy diciendo que es incorrecta la demanda de los médicos, todos sabemos de su importancia, pero no se puede dar lo que no se tiene. Hoy el mundo, no solo Paraguay está endeudado, estamos en una situación complicada”, puntualizó.

Ovelar acotó: “En el presupuesto 2027 tendremos que hacer recortes, vamos a tener que apretar los cinturones, primero para pagar las deudas ya pendientes. Debemos cifras importantes en medicamentos, también tenemos deudas con las empresas viales”.

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