El mandatario Santiago Peña se reunió este miércoles con Mónica Ager Jacobsen, coordinadora adjunta de Seguridad Nacional, Control y Designación de Terroristas para la Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado de los Estados Unidos. El encuentro consideró acciones para combatir el crimen organizado transnacional en la región.

“En la ocasión abordamos temas relativos al crimen organizado trasnacional en la región y coincidimos en la necesidad de un trabajo coordinado para contrarrestar el accionar de esos grupos criminales”, afirmó el jefe de Estado en sus redes sociales oficiales. “Señalamos que las operaciones de estos grupos trascienden fronteras por lo que es primordial un trabajo conjunto de los países porque las acciones aisladas son insuficientes”.

Del encuentro participaron también el encargado de Negocios de la embajada de los Estados Unidos, Robert Alter; el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano y el ministro del Interior, Enrique Riera.

Jacobsen se encuentra de visita en el país con el fin de participar de la sexta reunión del “Foro Contra el Terrorismo Transnacional” (CTTF, por sus siglas en inglés), que se realizará los días 16 y 17 de setiembre en Asunción. En la ocasión se hará una evaluación de la amenaza del crimen transnacional en la región, se analizará la financiación de las actividades terroristas en el hemisferio, así como el uso de las nuevas tecnologías.

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Jacobsen también mantuvo ayer martes un encuentro con el fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón Fernández, con quien diálogo sobre la necesidad de impulsar acuerdos de cooperación internacional orientados a la transferencia tecnológica y el combate al crimen organizado y al terrorismo.

La alta funcionaria del país norteamericano también se reunió con el fiscal adjunto de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, y la fiscal adjunta de la Unidad Especializada de Lucha Contra el Terrorismo, Matilde Moreno. El encuentro contó con la presencia de Robert Alter; el asesor senior del Departamento de Estado, Mark Flemming, y la oficial política de la representación diplomática, Kate Applegate.

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El exministro de Industria venezolano y aliado del expresidente Nicolás Maduro, Alex Saab, se declaró el martes culpable de lavado de dinero tras un acuerdo con la Fiscalía estadounidense, informó un tribunal de Miami. Extraditado en mayo de este año, Saab se había declarado inicialmente “no culpable” ante el juez el pasado 24 de julio, pero ahora modificó a “culpable” a cambio de cooperar para reducir su condena, según un auto judicial.

“El acusado acepta declararse culpable del único cargo de la acusación, que imputa al acusado el delito de Conspiración para Blanquear Instrumentos Monetarios”, explica el auto de la corte del Distrito Sur de Florida. El acuerdo establece un monto de confiscación de 195 millones de dólares, valor que la Fiscalía vincula a una presunta trama de corrupción y desvío de dinero durante años del programa de ayuda alimentaria CLAP en Venezuela.

Saab podría ser condenado a unos 20 años de cárcel por ese cargo de lavado de dinero, pero tanto el monto de confiscación como la condena firme dependen del grado de colaboración con las autoridades. Su caso está estrechamente ligado al del expresidente Maduro y su esposa Cilia Flores, que se litiga ante una corte en Nueva York, tras su captura en Caracas el 3 de enero por fuerzas armadas estadounidenses.

Nacido en Colombia, este exempresario fue una figura muy activa de la política venezolana durante los últimos años de la presidencia de Hugo Chávez (1999-2013). Fue supuestamente gracias a sus actividades de testaferro de Maduro y lavador de dinero que recibió la ciudadanía venezolana y un pasaporte diplomático.

“El acusado acuerda que cooperará plenamente con esta Oficina”, explica el documento firmado por Saab y los fiscales encargados de su caso. “Además, el acusado acepta que no protegerá a ninguna persona o entidad mediante información falsa u omisión, y que no implicará falsamente a ninguna persona o entidad”, añadió el texto.

Tras ser objeto por primera vez de sanciones estadounidenses en 2019, Saab fue arrestado en Cabo Verde en 2020 y extraditado a Estados Unidos al año siguiente.

Fue liberado luego en 2023 por el gobierno de Joe Biden como parte de un canje de prisioneros negociado con Venezuela.

Maduro nombró a Saab ministro de Industria tras su regreso a Caracas, en 2024.

Poco después de que fuerzas estadounidenses capturaran en enero pasado a Maduro en Caracas, la presidenta interina Delcy Rodríguez destituyó a Saab de todos sus cargos, y fue extraditado el 16 de mayo.

Tras el terremoto político que supuso la salida del país de Maduro y el nombramiento de Rodríguez, Washington y Caracas han emprendido una singular colaboración económica y política que ha generado sorpresa dentro y fuera de Venezuela.

Delcy Rodríguez, que era también una estrecha colaboradora de Maduro, salió el 1 de abril de la lista de responsables políticos extranjeros sancionados por el gobierno estadounidense, y ha sido elogiada repetidamente por el presidente Donald Trump.

Venezuela ha accedido a cambiar profundamente el marco legislativo de la explotación de hidrocarburos para abrir el mercado a las multinacionales extranjeras.

Esa apertura culminó en un acuerdo por el que Washington controlará parte de la producción de crudo, a través de una empresa concesionaria, North American Blue Partners.

Fuente: AFP.

Los principales empresarios de la inteligencia artificial afirman que quieren reducir el ritmo vertiginoso del desarrollo de esta tecnología, pero la competencia, la reticencia del gobierno estadounidense y factores geopolíticos se interponen en el camino.

El sábado, el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, defendió una desaceleración coordinada del desarrollo de la IA para comprender mejor los riesgos que suponen las capacidades avanzadas de esta tecnología.

Recibió apoyo público del CEO de OpenAI, Sam Altman, del director de xAI, Elon Musk, del presidente de Google DeepMind, Demis Hassabis y del director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella.

En los últimos meses, OpenAI y Anthropic han reportado varios incidentes en los que sistemas de IA en fase experimental se escaparon de forma autónoma de sus entornos restringidos para acceder a internet y atacar sitios web y plataformas.

En algunos casos, estos sistemas de IA demostraron capacidad para coordinarse, establecer jerarquías entre ellos, hacer trampa y borrar las huellas de sus acciones.

El pasado martes, el investigador Jacob Coxon -quien renunció a su puesto en Anthropic y anteriormente trabajó en OpenAI- acusó públicamente a ambas empresas de mantener estándares de seguridad laxos y de estar “jugando con nuestras vidas”.

La competencia entre los principales actores del sector es tan feroz, y con inversiones multimillonarias en juego, que ninguno está dispuesto a arriesgarse a levantar el pie del acelerador en solitario.

Amodei ha manifestado su disposición a coordinarse con sus rivales, sin incluir a China.

Consultados por la AFP sobre posibles conversaciones en este sentido, Anthropic, OpenAI y Google no respondieron de inmediato.

Por ahora, la única medida concreta a la que se comprometieron tanto Anthropic como OpenAI es permitir que observadores independientes verifiquen el trabajo interno de las empresas en materia de seguridad.

Aunque buena parte del sector celebró el mensaje de Amodei, otros cuestionaron sus motivos.

Para Brian Roemmele, empresario y figura del sector de IA, se trata de un discurso comercial, divulgado semanas antes de la probable salida de Anthropic a la bolsa.

“Somos la empresa responsable; somos la cura; compren la prima de seguridad”, publicó en X.

Varias figuras del capital de riesgo en el sector tecnológico también acusaron a Anthropic de una “captura regulatoria”: buscar que las autoridades públicas consoliden, mediante regulación, una jerarquía con la startup en la cúspide.

“Dejen de fingir que la motivación para frenar es puramente altruista”, dijo David Sacks, exasesor de IA del presidente Donald Trump, que sigue siendo influyente en la Casa Blanca.

“Se enfrentan a una enorme exposición por responsabilidad relacionada con los productos si estos permiten un ciberataque verdaderamente dañino”, señaló.

El domingo, Trump desestimó las advertencias de los líderes de la IA calificándolas de “fuerzas negativas”.

Varios republicanos han mostrado reticencia a regular activamente la tecnología, por temor a que pueda frenar la innovación y dar ventaja a China en la carrera de la IA. Uno de ellos es el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

El domingo, Amodei reiteró que cree necesario una supervisión gubernamental de la IA.

Al igual que Altman y Hassabis, considera que las normas establecidas por la propia industria serían insuficientes.

Amodei propone limitar la coordinación a los países democráticos, excluyendo así a China. Sin embargo, la carrera por la IA y los avances de China en este ámbito crean “el dilema más difícil” en cuanto a si se debe o no pisar el freno, señaló el domingo en CBS.

Estados Unidos planea abordar la seguridad de la IA al margen de la visita del líder chino, Xi Jinping, a Washington, a finales de septiembre.

Pero China desconfía de cualquier intento estadounidense de imponer su propio marco regulatorio, según varios medios.

La diferencia es particularmente acentuada en cuanto a los llamados modelos “abiertos” de libre acceso promovidos por China, frente a los modelos “cerrados” de las grandes empresas estadounidenses.

Los modelos abiertos son por definición más difíciles de controlar, ya que pueden ser modificados por los usuarios y potencialmente usados con fines maliciosos.

Para permitir que las grandes empresas no chinas puedan levantar el pie del acelerador, Amodei pide controles de exportación más estrictos sobre los chips estadounidenses más avanzados hacia China y mejores salvaguardias contra la apropiación indebida de tecnologías de IA occidentales por parte de laboratorios chinos.

Fuente: AFP.

El jefe de la máxima instancia de seguridad de Irán rechazó este martes cualquier diálogo con Estados Unidos para poner fin a la guerra hasta que no se cumplan sus condiciones, después de que Donald Trump se mostrara “abierto” a negociar. “No se dejen distraer por las señales contradictorias del presidente estadounidense, que alterna entre ‘no hay negociaciones’ y ‘estamos dispuestos a dialogar’ con Irán”, escribió en la red social X el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Mohsen Rezaei.

“No habrá ninguna negociación mientras no se cumplan las condiciones de Irán. ¡Punto final!”, añadió Rezaei en un mensaje en inglés que parece una respuesta directa a las declaraciones del presidente de Trump el lunes. El presidente estadounidense había afirmado de nuevo que estaba “abierto” a dialogar con Teherán.

Teherán exige a Washington que ponga fin definitivo a la guerra y a cualquier agresión contra Irán y sus aliados en la región, incluyendo al grupo Hezbolá en Líbano. El régimen iraní reclama además el levantamiento del bloqueo impuesto a sus puertos, una indemnización íntegra por los daños causados por la guerra, el levantamiento de las sanciones que afectan a su economía y el desbloqueo sin condiciones de sus activos congelados en el extranjero.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos reconoció una “escasez” de municiones vinculada a la guerra con Irán, según un reporte publicado el lunes. El gobierno del presidente Donald Trump se había negado en gran medida a confirmar los reportes de prensa en este sentido en los últimos meses.

“Los gastos en municiones durante la operación Furia Épica provocaron una escasez en los inventarios estratégicos y revelaron cuellos de botella en las industrias responsables de la reposición de las municiones”, señala un informe del inspector general del Pentágono sobre la operación estadounidense contra Irán.

Cuando informes de prensa señalaron en junio que Estados Unidos estaba racionando el uso de sus misiles, en particular los de tipo interceptor, el gobierno lo desmintió.

El propio presidente Donald Trump afirmó que el país disponía “de cantidades enormes de municiones”.

No obstante, el reporte destaca las medidas adoptadas por el Departamento para acelerar la producción.

A principios de septiembre, Trump escribió que Estados Unidos contaba con “cantidades prácticamente ilimitadas de municiones”.

Según la prensa, esta falta de municiones llevó a que Trump no renovara los ataques a gran escala contra Teherán durante el verano.

Pese al uso masivo de interceptores, “los ataques iraníes dañaron y destruyeron cientos de edificios e instalaciones en bases estadounidenses en Kuwait, Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Irak, Omán y Jordania”, señala el informe del Pentágono.

El documento, que abarca los meses de abril a junio de 2026, enumera los daños en la flota de aparatos: cuatro F-15 destruidos, un F-35 dañado, siete aviones cisterna KC-135 dañados o destruidos, y “hasta 30” drones de ataque MQ-9 Reaper destruidos, entre otros.

El documento calcula en “más de 50.000” el número de militares estadounidenses implicados en la guerra en el Golfo, desencadenada el 28 de febrero por ataques israelí-estadounidenses contra Irán.

Las represalias de Irán y de sus aliados dañaron edificios diplomáticos en cuatro países (Irak, Kuwait, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos), precisa el informe.

Fuente: AFP.