La Cámara de Senadores convocó a una reunión de trabajo este viernes con representantes de varias instituciones vinculadas a la seguridad vial, para analizar el proyecto de ley que plantea elevar penas por homicidio culposo y exposición al peligro del tránsito terrestre. Se trata del proyecto de Ley “Que modifica los artículos 107 y 217 de la Ley Nº 1160/97, Código Penal”.

La propuesta plantea elevar las penas para los casos especialmente graves de homicidio culposo y fortalecer las sanciones aplicables a quienes expongan a peligro el tránsito terrestre, particularmente cuando conduzcan bajo los efectos del alcohol u otras sustancias.

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Durante la reunión, el senador Eduardo Nakayama explicó que la iniciativa surge ante los graves hechos de tránsito registrados en el país y, particularmente, a raíz del accidente ocurrido en la ruta Luque-San Bernardino, que causó la muerte de cuatro integrantes de una misma familia, entre ellos dos niños.

El parlamentario señaló que existe preocupación ciudadana respecto de la respuesta penal prevista actualmente para determinados hechos de tránsito con consecuencias fatales. En ese sentido, sostuvo que se busca establecer una política criminal acorde con la gravedad de estos hechos y que, al mismo tiempo, produzca un efecto disuasorio.

El proyecto plantea elevar hasta 10 años de privación de libertad la pena aplicable a los casos especialmente graves de homicidio culposo, considerando factores como las circunstancias del hecho, el número de víctimas y el grado de imprudencia del responsable.

Asimismo, propone establecer una pena privativa de libertad de hasta cinco años para quienes expongan a peligro el tránsito terrestre, además de una inhabilitación para conducir por un periodo mínimo de 18 meses y la posibilidad de revocar definitivamente la licencia en casos de reincidencia.

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El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, celebró la aprobación en general del proyecto de ley que tiene como finalidad endurecer los castigos contra la corrupción pública y privada en el Paraguay, fijando las penas carcelarias máximas de hasta 15 a 25 años para ciertos delitos. Sin embargo, queda aún pendiente en la Cámara Baja su tratamiento en particular, es decir, artículo por artículo.

“Tenemos que combatir la corrupción y la impunidad, todos juntos, con todas nuestras fuerzas. La justicia tardía tampoco es justicia. Nosotros, la clase política tenemos que realizar gestos y señales claras de nuestra voluntad para combatir de manera frontal la corrupción y la impunidad”, dijo Latorre en un materia audiovisual compartido en sus redes sociales.

El legislador manifestó que “este proyecto podrá no ser la solución definitiva, pero es sin lugar a dudas una señal, una posición que anticipa lo que serán nuestros esfuerzos para combatir con todas nuestras fuerzas a la corrupción y la impunidad en el Paraguay”.

La iniciativa se centra en la modificación de los artículos 192, 239, 298, 300, 301, 305 y 312 de la Ley 1.160/1997, del Código Penal, y su modificatoria, Ley 3.440/2008; y los artículos 3.°, 4.°, 7.° y 8.° de la Ley 2523/04, que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito en la función pública y el tráfico de influencias.

El proyecto plantea elevar las penas para delitos como lesión de confianza, asociación criminal, quebrantamiento del depósito, cohecho pasivo y agravado, prevaricato, exacción, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y administración en provecho propio.

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La propuesta estipula que la lesión de confianza podrá ser castigada con hasta 15 años de prisión cuando el responsable sea funcionario público y el hecho haya sido cometido en ejercicio de sus funciones. En casos de asociación criminal que afecten el patrimonio del Estado y cuenten con participación de funcionarios, la pena también podrá llegar a 15 años.

Con relación al hecho punible de cohecho pasivo se fija una pena de hasta 8 años, mientras que, en su modalidad agravada, 15 años, cuando intervengan jueces o árbitros y se vulneren deberes. El prevaricato podría ser sancionado con hasta 15 años en casos especialmente graves y la exacción con hasta 10 años.

El proyecto también establece penas de hasta 10 años para el enriquecimiento ilícito y el tráfico de influencias, mientras que para quienes incurran en administración en provecho propio, mediante actos o contratos administrativos que otorguen beneficios indebidos para sí o sus familiares, hasta 15 años de prisión.

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El gobierno de Santiago Peña apunta a beneficiar a 280.000 niños a través del programa “Semillas del Futuro”, que ayer miércoles inauguró su séptimo Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi), en la ciudad de Concepción. Esta ambiciosa iniciativa social aglutina por primera vez los servicios de diversas instituciones estatales para el desarrollo integral de niños y sus familias desde la gestación y la infancia.

“Este es el séptimo a nivel país, previendo uno por cada departamento. Estamos en proceso de inauguración de los primeros veinte y ya empezaron a construir los siguientes treinta, que son los primeros cincuenta que están en marcha”, relató Walter Gutiérrez, ministro de la Niñez y la Adolescencia (Minna) al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM. “Y ayer en el departamento de Concepción, una fiesta total. Sinceramente, muy lindo lo que vimos. La recepción también de la ciudadanía, de los padres, de las madres, de la familia, de los niños, muy positiva”.

El alto funcionario describió en que consiste este programa: “Esta es una política pública que estamos llevando adelante con el presidente Santiago Peña, con la primera dama Leticia Ocampos, que venimos diciendo siempre va a romper esquemas porque viene a atender a un segmento muy, pero muy importante de la población, que es la primera infancia. Realmente, este programa, que es de 360 grados, que nuclea acciones desde la concepción hasta los 8 años de vida, viene a cambiar el paradigma de una atención fragmentada, de una atención donde cada institución atiende al niño en el marco de su competencia”.

“Y, sin embargo, ahora nosotros estamos reuniéndonos todos y entre todas las instituciones estamos coordinando cómo es mejor atender a los niños en esa primera infancia, pero con un énfasis muy prioritario en lo que son los 1.000 primeros días de vida. Es decir, desde la concepción hasta cumplidos los 4 años, que es el momento donde después va a la escuela, pero donde queremos que vaya con toda la artillería ya”, aseveró.

Gutiérrez señaló el programa tiene su aspecto tangible a través de la infraestructura que se viene edificando, a lo que suman la modalidad itinerante y los bibliobuses. “El centro brinda servicios de cuidado, en primer lugar, de estimulación, que es algo que muchas veces está siendo olvidado, pero que es tan importante en ese momento de la vida, y protección, obviamente. Y solamente en esas tres áreas serían alrededor de ciento cincuenta por año, Después egresan 45 e ingresan otros 45 por año. Pero el centro no es solamente el lugar donde los niños van y se quedan ahí diariamente mientras los padres trabajan. O muchas veces no es necesario que los padres trabajen, sino que van y dejan a los niños para trabajar este proceso de estimulación”, puntualizo.

Luego, siguiendo exponiendo: “Nosotros también vamos a estar atendiendo a otros 150 niños en la modalidad itinerante, se llama. Es decir, con funcionarios que van a ir a las casas más alejadas y trabajar todo lo que estamos trabajando en los centros, que van a estar trabajando en las casas de estas familias que no pueden llegar a los Caipi. Y el tercer punto de contacto de los Caipi es a través de los bibliobuses, estas bibliotecas buses que están equipados también con juegos de estimulación, que en un mes han llegado ya a más de 3.000 niños, en menos de un mes, a más de tres mil niños en los diecisiete departamentos”, detalló.

Respecto al alcance del proyecto estatal, comentó: “Y, por otra parte, cuando hablamos de números de impacto, de llegada, también que los Caipi tienen oficina del Registro Civil adentro, que tienen consultorios y también que tienen un área de psicopedagogía. Entonces, no necesariamente los ciento cincuenta que van en forma permanente al servicio de cuidado, atención, estrictamente es para ellos estos servicios. Ahí puede ir un niño de seis años que no se va todos los días al Caipi, pero va a realizar su jornada de consulta, por ejemplo. Entonces, nosotros estimamos que, en estos tres años, una vez que habilitemos los cien, en estos próximos dos, tres años, nosotros estaremos atendiendo a través del programa a 280.000 niños en primera infancia”.

En relación a que “Semillas del futuro” abarca desde el año 0 de los niños, dijo: “Desde la concepción consiste en que este centro va a servir también como núcleo para todas las instituciones para que puedan realizar un plan local o municipal de atención a los niños de primera infancia. Y ese plan arranca identificando, a través de estos recursos humanos que tenemos en los Caipi y todo el equipo que integra también las otras instituciones que trabajan en el área, la identificación de las mujeres embarazadas que existen en el municipio”.

“Una vez que se le identifica, se le pone en el registro, se le deriva con el sistema de salud para que puedan controlar de que accedan efectivamente a sus evaluaciones prenatales, a los 4 controles prenatales que se recomienda que tengan las mujeres gestantes. Después que esa misma mujer que recibió los 4 controles prenatales pueda acceder a un parto seguro en una institución pública. Después que, al nacer el niño dentro del primer mes, pueda acceder a la identidad, que es el acceso a la identidad oportuna”, refirió.

Sobre esto último, amplió: “Eso está dentro del radar también con la identidad, un derecho que muchas veces no lo tenemos como prioritario, pero es la puerta de entrada para muchos otros derechos. Entonces, vimos también el alto índice, según el censo del 2002, de subregistro en materia de identidad. Dijimos que iba a ser uno de los pilares también de este programa Semillas del Futuro y que posteriormente pueda continuar ya después el niño con su esquema regular vacunatorio, que pueda ir al Caipi si tiene algún otro requerimiento, alguna necesidad, que pueda estar recibiendo también otros servicios del Estado”.

“Si la familia está en condición de vulnerabilidad, vincularle con programas como Tekopora. Entonces, es un servicio de atención del Estado 360 grados. Miramos al niño, pero no desde una dimensión, desde todas sus dimensiones, y miramos a la familia también desde todas sus dimensiones. Por eso, incluso, es importante también recordar que cada Caipi cuenta con una sala de usos múltiples, un salón de un tamaño importante, donde se está trabajando capacitaciones con la familia, se está trabajando cursos de SNPP, formación de mano medios, se está trabajando educación financiera, donde se está trabajando charlas de prevención contra la violencia, pautas de cuidado adecuadas hacia los niños”, puntualizó Gutiérrez.

Aludiendo a casos de violencia juvenil, indicó: “Estos casos terribles que vamos viendo ahora se empiezan a trabajar desde ese minuto 0, que es lo que nosotros estamos, estamos haciendo ahora y dándole un perfil también muy comunitario a nuestra intervención a través de los Caipi. Sin olvidar que los niños, este es el programa previo a Hambre Cero, por ejemplo, si en la casa, cuando realizan una visita nuestros educadores itinerantes de esos niños que no están yendo al Caipi, porque tal vez no necesitan, porque estaban bajo el cuidado de una abuela, por decirte, y no necesitan el servicio del Caipi, o necesitan un servicio de alimentación y todavía no van a la escuela, nuestros profesionales le pueden vincular, por ejemplo, con el programa PANI, en caso de que tenga algún riesgo de desnutrición. Y dentro del Caipi reciben 4 servicios de alimentación de calidad: desayuno, media mañana, almuerzo y merienda”.

Ante la consulta de si estos Caipi están preparados para asistir a niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA), respondió: “Están 100 % pensado en ellos. Está adaptado tanto en materia de infraestructura física para lo que guarda relación con niños con discapacidad en general, discapacidad motora, por ejemplo. Pero también tiene una fuerte inspiración en lo que hace al abordaje, a la detección temprana y al abordaje de niños con algún tipo de neurodivergencia, TEA y otras. Por eso es que nosotros tenemos dentro de nuestro plantel central aquí terapeutas ocupacionales. Esto es algo totalmente novedoso en la función pública. Y solamente tenemos 70 a nivel país, y ahora se están abriendo otras carreras en algunas universidades. Pero nosotros hoy, dentro del programa Semillas del Futuro, tenemos algunos profesionales de terapia ocupacional, tenemos fonoaudiólogos y en cada uno de los Caipi tenemos psicopedagogos y psicólogos”.

“El objetivo es detectar en forma temprana, en forma oportuna, abordar lo que se pueda también dentro del Caipi y en algunos casos donde tenemos el sistema DIT, que es Desarrollo Infantil Temprano de Salud, principalmente en los municipios más grandes, también hacer la derivación para que la atención a esa población sea oportuna. Con esto podemos mencionar que estamos pensando realmente en forma inclusiva, estamos pensando en toda la población de niños y niñas de 0 a 8 años, con principal énfasis en los mil primeros días de vida, pero desde todas las perspectivas”, concluyó.

La alerta Mafe, en colaboración con Meta, demostró efectividad del 100 % en menos de un mes. “Desde que se activó el 13 de julio tuvimos 100 % de localización”, indicó ese miércoles Walter Gutiérrez, ministro del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA), en el programa Dos en la Ciudad de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Para activar el protocolo, no es necesario esperar 24 o 48 horas para hacer la denuncia, como se sugería anteriormente. “Si se considera que la persona no llegó a hora, ya se puede denunciar”, explicó el titular de la Niñez y Adolescencia.

Una vez radicada la denuncia correspondiente de persona desaparecida, la Policía Nacional, que fue capacitada en este proceso, contacta con la agencia Meta y la agencia activa la alerta, llegando a todas las redes sociales.

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Sugirió dar aviso lo antes posible sobre la desaparición de niños o adolescentes porque “las primeras horas son clave para localizar a una persona”, indicó. Y la ciudadanía tiene que compartir para reforzar la búsqueda.

Puso énfasis en que Paraguay es uno de los 38 países del mundo que cuenta con este sistema y que es más que un protocolo. “Es una línea de política de acción interinstitucional preventivo pero también de acción entre las instituciones”, expresó.

Mencionó que durante seis meses trabajaron para hacer visible la alerta Mafe. “Y encontramos un aliado muy interesante que es la Organización Meta, la organización internacional que nuclea a las principales redes sociales”, remarcó.

Recordó que la Ley Mafe crea, en primer lugar, una Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, integrada por el MINNA, entre otros.

“Somos nueve instituciones y crea un registro, porque había un desorden en el tema y crea un sistema de alerta, la alerta Mafe”, puntualizó.

Mafe es un sistema oficial de Paraguay que envía avisos urgentes a los teléfonos celulares para buscar a niños, niñas y adolescentes desaparecidos.

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