El senador Natalicio Chase, líder de la bancada de Honor Colorado, detalló que conversaron con el presidente de la República, Santiago Peña, sobre el sistema de transporte público y que se comprometió a enviar al Congreso el proyecto de reforma la próxima semana.

“Según los informes que tenemos, (el proyecto se remitirá) la próxima semana, fue un compromiso del presidente de la República. Dijo que estaba terminado después de muchos estudios del proyecto y él seguramente va a anunciar eso. Nosotros conversamos con él y ese fue uno de los puntos de conversación, la preocupación del sistema del transporte público y la preocupación del subsidio”, señaló el senador, este miércoles, en conversación con los medios.

De este proyecto de ley también dependerá el subsidio a los transportistas, que ahora reclaman al Gobierno el pago del mismo. El senador Chase se refirió al proyecto de ley impulsado por la oposición para eliminar el subsidio a empresarios del área metropolitana, y sostuvo que es una propuesta que no puede avanzar por tratarse meramente de una solución parcial.

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“Nosotros creemos que un proyecto de ese tipo es totalmente parcial, no analiza todas las aristas de lo que significa eliminar el subsidio. Eliminar el subsidio por eliminar va a generar un desfasaje económico con el sistema de transporte y eso se va transportar finalmente al pasajero, que es justamente el sector que queremos proteger, que no suba el pasaje por un factor exógeno”, manifestó.

Refirió que, tras una conversación con los proyectistas, acordaron aguardar el envío del proyecto por parte del Poder Ejecutivo, que también incluiría el tema del subsidio. “Creemos que es una medida parcial y logramos convencerles a los proyectistas en la reunión de la Comisión de Hacienda que esperen a que recibamos el proyecto del Poder Ejecutivo y hacer un análisis conjunto entre todos sobre ese proyecto. Ellos se allanaron al pedido”, puntualizó.

Finalmente, indicó que “de momento sigue el subsidio hasta tanto entre en funcionamiento la reforma del sistema integral del transporte público, que es la ley que va ser presentada en el Congreso”.

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La mesa directiva, integrada por los líderes y vicelíderes de bancadas de la Cámara de Senadores, encabezados por su titular, el senador colorado Basilio Núñez, recibió este lunes al presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), Eddie Jara, quien brindó detalles sobre el avance en el proceso de compra de combustible de una empresa qatarí.

Al término de la reunión, el presidente de Petropar explicó que el acuerdo firmado con la empresa qatarí establece un precio fijo por metro cúbico de USD 507, cifra que calificó como “imbatible” en comparación con los precios actuales del mercado.

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Explicó que este contrato forma parte de una estrategia de compra que busca obtener productos al menor precio posible y, con ello, beneficiar directamente a la ciudadanía.

“Ninguna otra compra ha podido igualar ese precio. El contrato fue firmado hace nueve meses y aún no se concretó la entrega por problemas logísticos y burocráticos. Incluso ya teníamos el nombre del buque que iba a cargar; pero en ese proceso de búsqueda de cómo hacer llegar el producto hasta acá, hay varios temas burocráticos que se están solucionando”, explicó Jara al Senado.

El titular de la petrolera estatal afirmó que el contrato no está en riesgo, aunque sí se han producido demoras atribuibles principalmente a trabas bancarias y logísticas en el país proveedor, además de la inexperiencia del proveedor en los procesos de entrega hacia Paraguay.

A pesar del incumplimiento en los plazos, el presidente de Petropar aseguró que el país no se encuentra en riesgo de desabastecimiento gracias a la diversificación de compras entre licitaciones y operaciones de oportunidad.

“Nunca hubo riesgo, ni lo habrá, porque manejamos estratégicamente nuestras políticas comerciales. El 30 % del combustible es proveído por Petropar, mientras que el 70 % restante corresponde al sector privado, que hoy ya está subiendo sus precios en promedio 700 guaraníes”, añadió Eddie Jara.

Consultado sobre la posibilidad de ejecutar la póliza en caso de no recibir el producto, el titular de la petrolera estatal respondió que están en comunicación diaria con el proveedor y que esperan una respuesta definitiva en el transcurso de esta semana.

“Estamos evaluando. No estamos entusiasmados en extender el contrato, pero por los precios actuales creemos que la ciudadanía merece que se analice. La empresa representa a un país serio, uno de los principales exportadores de gas del mundo. El retraso no compromete nuestra capacidad operativa ni la disponibilidad de combustible”, remarcó.

También aclaró que, en el mercado de combustibles, el origen del producto no siempre coincide con el país de origen de la empresa proveedora, debido a la dinámica internacional del comercio energético.

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La jueza penal de Liquidación y Sentencia de la Capital, Lourdes Peña Villalba, ordenó informar a la Cámara Alta respecto a dos querellas por difamación promovida contra la senadora del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Celeste Amarilla.

Las querellas fueron impulsadas por la diputada Cristina Villalba y el exdiputado Nazario Rojas. Ambas providencias ordenan: “Póngase a conocimiento de la Honorable Cámara de Senadores la presente querella autónoma en contra de Celeste Josefina Amarilla de Boccia, actual Senadora de la Nación, debiendo acompañarse las copias para traslado correspondientes”.

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La información fue compartida por el abogado de ambos dirigentes colorados, Óscar Tuma. Los oficios fueron remitidos al presidente del Congreso Nacional y del Senado, Basilio Núñez, para los fines de rigor institucional.

Amarilla, cuando ocupada el cargo de diputada, sin presentar pruebas ni denuncias formales había argumentado que ambos políticos poseen vínculos con el narcotráfico. Las querellas fueron presentadas de manera individual y acusan a la senadora de haber afectado su honor y reputación. Mediante este paso, si la causa judicial avanza podría derivar en el desafuero de la dirigente liberal.

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El ministro de la Niñez y la Adolescencia, Walter Gutiérrez, refirió que aguarda que en Diputados sea modificado el proyecto de ley que aumenta de 8 a 15 años la pena máxima para adolescentes que cometan delitos graves, que ayer miércoles obtuvo media sanción del Senado.

“Este es un tema bastante polémico, pero que tiene que ser tratado de forma muy detenida, con pinzas, por cuestiones que deben cumplir con el propósito de la legislación penal, en este caso la justicia juvenil restaurativa. Si la ciudadanía espera que esto solucione el problema, no lo hará“, indicó el secretario de Estado, este jueves, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El proyecto de ley surgió tras los crímenes que tuvieron por víctimas a un trabajador delivery en el barrio San Francisco de la ciudad de Asunción, Alfredo Duarte Flores, y de la joven María Fernanda Benítez, en la localidad de Coronel Oviedo (Caaguazú), en que están sindicados menores de edad como presuntos autores.

“Acá se necesita otro tipo de abordajes, seguir trabajando con más fuerza en la política pública y prevención, pero evidentemente existe una necesidad que se realice justicia ante casos tan extremos. Nosotros no estamos en contra de que se realice un ajuste, pero planteamos hacer un incremento más leve, detallar que se vea para cada caso en particular cuál fue el nivel de reprochabilidad, es decir qué capacidad tiene el joven para dimensionar la antijuridicidad de su conducta, no todos los casos son iguales”, comentó.

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Asimismo, Gutiérrez afirmó que “abrir la brecha y que para todos los casos sea el aumento duplicado o más de penas, no debería ser la regla, sino una cuestión excepcional”.

El artículo 207 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece que la pena para un adolescente ante un hecho calificado como crimen no es mayor a 8 años. Mientras que el Código Penal establece que un menor no puede ser imputado por un hecho punible hasta que no tenga 14 años de edad.

“Nuestro equipo había planteado que se pueda formar una mesa técnica que permita manejar con un poco más de tiempo y detenimiento este tipo de situaciones debido a que tenemos elementos internacionales suscritos hace años. En todos los países del mundo, el espíritu de la justicia penal adolescente no tiene una expectativa punitiva. Vamos a ver la participación que se le da al Ejecutivo en Diputados”, dijo.

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