El Ministerio de Defensa Nacional, en representación del Estado paraguayo, presentó las disculpas públicas por la muerte del soldado Feliciano Vera. El caso data de 1990, cuando el soldado, de 15 años, falleció durante el servicio militar obligatorio. Este caso fue elevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Acabamos de pedir nuestras disculpas públicas en nombre del Estado paraguayo a los familiares del entonces soldado Feliciano Vera, quien falleció en el cumplimiento del servicio militar obligatorio”, expresó el ministro de Defensa Nacional, Óscar González.
Te puede interesar: Congreso remitió este martes al Ejecutivo el proyecto de control a las oenegés
Detalló que el pedido de disculpas se da en el marco de una sentencia de la CIDH y aseguró que es lo que corresponde. “Es un acto de Justicia que lo hacemos, cumpliendo la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero convencidos de que es lo correcto”, aseveró.
Por otra parte, afirmó que desde el Ministerio de Defensa el trabajo es intenso para evitar los casos de abuso de autoridad y de tortura de soldados en sus filas. “Estamos nosotros haciendo un gran esfuerzo desde acá, desde el Ministerio de Defensa Nacional, para que cualquier tipo de abuso de autoridad sea desechado, sea castigado en caso de que ocurra, pero trabajamos también en la prevención para que no ocurra”, apuntó.
Finalmente, reafirmó el compromiso para que si se dan estos casos, se actúe con todo el peso de la ley. “En caso de que alguien no entienda eso, entonces tomamos las medidas más drásticas que la ley y la reglamentación nos permita”, puntualizó.
Leé también: Peña verificó situación del Parque Sanitario del Ministerio de Salud Pública
Dejanos tu comentario
Paraguay hará reconocimiento público de responsabilidad del caso Santiago Leguizamón
La Vicepresidencia de la República reafirma su compromiso con los derechos humanos y el cumplimiento de sentencias internacionales.
En ese marco extiende una invitación al Acto Público de Reconocimiento de Responsabilidad Internacional en memoria del periodista Santiago Leguizamón Zaván y otros vs. el Estado paraguayo.
Al respecto, la directora general de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, María Teresa Peralta, informó en comunicación con La Nación/Nación Media, que este acto se llevará a cabo el próximo lunes 27 de julio a las 8:30 en el salón “Serafina Dávalos” de la Corte Suprema de Justicia, encabezado por el titular del Poder Judicial, el ministro Alberto Martínez Simón, quien representará al Estado paraguayo durante la ceremonia oficial.
El acto será transmitido en vivo por todos los medios de comunicación oficial, de tal modo a dar cumplimiento con la sentencia para que llegue la comunicación a toda la ciudadanía en general.
La directora Peralta destacó el compromiso institucional en el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado paraguayo, en el marco del acto de reconocimiento público a los familiares del periodista Santiago Leguizamón Zaván, conforme a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Remarcó que este tipo de acciones representan un paso importante en el fortalecimiento del Estado de derecho y en la consolidación de una cultura de respeto a los derechos humanos.
“Detrás de cada sentencia hay personas y familias que durante años esperaron una respuesta del Estado. Este acto de reconocimiento es una muestra de respeto hacia la memoria de Santiago Leguizamón Zaván y de compromiso con sus seres queridos”, expresó.
Cumplimiento de compromisos
Recordó que el 26 de abril de 1991, Santiago Leguizamón fue asesinado durante un atentado donde en la ciudad de Pedro Juan Caballero. En noviembre de 2022 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió su sentencia, en la que uno de los puntos establecía que el Estado paraguayo debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.
“Una vez más el Estado paraguayo va cumpliendo sus compromisos, porque ya cumplimos con la publicación de la sentencia que lo hicimos el año pasado; también se cumplió con el pago de la indemnización a los familiares, así como la construcción del monolito uno en Asunción y otro en la plaza ubicada en Pedro Juan Caballero, que fueron declarados como sitios de memoria, de acuerdo con lo establecido en nuestra normativa”, precisó.
Resaltó el rol que cumple la Comisión Interinstitucional para el Cumplimiento de Sentencias Internacionales (CICSI), impulsada por la Vicepresidencia de la República, para garantizar que las decisiones de los organismos internacionales se traduzcan en acciones concretas.
“El vicepresidente Pedro Alliana ha dado instrucciones permanentes para que la CICSI impulse el cumplimiento efectivo de las obligaciones internacionales del Paraguay, porque cree que una democracia se fortalece cuando reconoce sus deudas y trabaja para repararlas”, afirmó.
La directora Peralta agregó que el cumplimiento de las sentencias internacionales no solo responde a un deber jurídico del Estado, sino que también constituye una oportunidad para fortalecer las instituciones, honrar la memoria de las víctimas y generar garantías de no repetición.
El acto forma parte de las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Santiago Leguizamón Zaván vs. Paraguay, reafirmando el compromiso del Estado con la verdad, la memoria, la justicia y la protección de los derechos humanos.
“La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró en relación al caso Santiago de Leguizamón que el Estado paraguayo violó el derecho a la vida, la libertad de pensamiento y de expresión, así como la de su esposa e hijos.
También determinó que se violó el derecho a las garantías judiciales, y la protección judicial y a la integridad personal. Hecho que ocurrió, recordemos en 1991. En base a esa sentencia recaída contra el Estado paraguayo, se está dando cumplimiento los puntos de la sentencia", concluyó.
Siga informado con: Peña encabezó acto de conmemoración por el Día del Ejército Paraguayo
Dejanos tu comentario
Pindó solicita profundizar investigación sobre posible nexo entre atentado y grupos armados
La empresa Agroganadera Pindó S.A. emitió un comunicado en el cual realiza un exhorto a las correspondientes autoridades del Estado para investigar si el ataque ocurrido en el puesto policial en Canindeyú guarda relación con estructuras criminales que invadieron su propiedad, hecho que vienen denunciando desde hace más de 10 años.
En su pronunciamiento señalan que el ataque armado contra el Puesto Policial N.° 4 de la colonia Naranjito, del distrito Ybyrarobaná, que dejó dos policías y un civil fallecidos, evidencia el fortalecimiento de organizaciones criminales en el departamento de Canindeyú. Ante esto, solicitaron al Estado paraguayo investigar si existe alguna vinculación entre ese atentado y las estructuras delictivas denunciadas en la causa judicial impulsada por la firma.
Recordaron que la empresa agroganadera desde hace más de diez años viene denunciando ocupaciones ilegales en el establecimiento conocido como Estancia Pindó, así como la presencia de grupos armados, cultivos ilícitos, amenazas contra trabajadores, destrucción de infraestructura rural, deforestación y otras actividades atribuidas al crimen organizado.
“La utilización de la violencia como mecanismo para consolidar el control territorial constituye un elemento de especial preocupación, pues evidencia una forma de actuación destinada no solamente a ocupar ilegalmente un inmueble privado, sino también a impedir mediante la intimidación el ejercicio de los derechos de sus legítimos propietarios y de las personas que trabajan en el establecimiento. ¿Estamos frente a las mismas estructuras criminales? Esa es la pregunta que hoy el Estado paraguayo tiene la obligación de responder", menciona parte del documento.
Consolidación de grupos armados
Asimismo, recuerdan que en todos estos años se denunció la consolidación de organizaciones armadas, asentamientos ilegales, cultivos de marihuana, laboratorios clandestinos, amenazas contra trabajadores, destrucción de infraestructura rural y control territorial dentro de inmuebles privados en Canindeyú.
“Hoy, un puesto policial fue atacado con un nivel de organización y violencia que demuestra la capacidad operativa de grupos criminales que desafían abiertamente al Estado. No corresponde anticipar conclusiones, pero sí exigir que el Ministerio Público, la Policía Nacional, la Senad, el Ministerio del Interior y las Fuerzas de Tarea Conjunta investiguen con profundidad si existe relación entre estos hechos y las organizaciones que desde hace años operan en la zona. Cuando el modus operandi, el territorio y los patrones de actuación coinciden, investigar esa posible conexión deja de ser una opción: es una obligación del Estado”, remarca el pronunciamiento.
No obstante, aclaran que este análisis no pretende afirmar que los responsables del ataque al puesto policial sean necesariamente las mismas personas investigadas en la causa Pindó. Teniendo en cuenta que esa determinación corresponde exclusivamente al Ministerio Público y a los órganos jurisdiccionales.
“Sin embargo, resulta jurídicamente legítimo advertir que ambos escenarios presentan características que justifican una investigación exhaustiva sobre eventuales vínculos, considerando la presencia de organizaciones criminales, el uso de armamento, la ocupación prolongada de territorios y las actividades ilícitas detectadas en la misma región”, acota el comunicado.
Siga informado con: Peña encabezó acto de conmemoración por el Día del Ejército Paraguayo
Dejanos tu comentario
Itaipú transfirió USD 239 millones al Estado en el primer semestre
La Itaipú Binacional cerró el primer semestre de 2026 con transferencias por USD 239 millones al Estado paraguayo, recursos que fueron destinados al financiamiento de las finanzas públicas, el fortalecimiento del sistema eléctrico nacional y el desarrollo de programas ejecutados por gobiernos locales.
De acuerdo con los datos divulgados por la entidad, los desembolsos corresponden a los conceptos establecidos en el Anexo C del Tratado de Itaipú, que incluyen royalties, compensación por cesión de energía y pagos a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).
Del total transferido entre enero y junio, USD 131 millones correspondieron a royalties, mientras que USD 66 millones fueron generados por la cesión de energía paraguaya. A su vez, la ANDE recibió USD 42 millones en concepto de resarcimiento por las cargas de administración y utilidades del capital.
Leé también: Los trabajos de mejora de la ruta PY01 arrancarán en agosto, anuncia ministra de Obras
Solo durante junio, los pagos por royalties alcanzaron USD 22 millones, mientras que la compensación por cesión de energía sumó otros USD 10 millones. En el mismo periodo, la ANDE percibió alrededor de USD 1,7 millones por resarcimiento.
Los recursos provenientes de la hidroeléctrica continúan representando una fuente relevante de ingresos para el sector público. Parte de los fondos generados por royalties son canalizados al Presupuesto General de la Nación (PGN), contribuyendo al financiamiento de programas, inversiones y obligaciones del Estado.
Asimismo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) administra la distribución de estos recursos hacia las gobernaciones y municipalidades, que utilizan dichos fondos para la ejecución de obras de infraestructura, servicios básicos y proyectos de desarrollo local.
Por otra parte, la compensación por cesión de energía también beneficia a los gobiernos subnacionales y al Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae), mecanismo que financia programas vinculados a la alimentación de estudiantes en instituciones educativas públicas.
Te puede interesar: MEF libera más de G. 201.800 millones para proveedores del Estado
Dejanos tu comentario
Estado paraguayo recuperó el control de las cárceles
Como un componente central de la reforma, el Gobierno impulsa la readecuación funcional de la infraestructura a nivel nacional.
El presidente de la República, Santiago Peña, abordó la consolidación del sistema penitenciario en su tercer informe de gestión, presentado el miércoles pasado ante el Congreso Nacional. A través de una gestión coordinada entre el Ministerio de Justicia, el Consejo de Defensa Nacional (Codena), las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, el Estado paraguayo recuperó el control absoluto de las cárceles que, por décadas, funcionaron como oficinas de mando de las organizaciones criminales.
El mandatario inició este eje rindiendo un emotivo homenaje al suboficial Martín Mendoza, agente de la Policía Nacional caído en servicio durante el histórico operativo Veneratio; enfatizando que su sacrificio no fue en vano; hoy es el cimiento de un nuevo modelo penal fundamentado en el orden y la disciplina, diseñado para devolverle la paz a la ciudadanía.
Como un componente central de la reforma, el Gobierno impulsa la readecuación funcional de la infraestructura a nivel nacional.
En este marco, el Ejecutivo destacó el inicio del Programa de Adecuación y Mejoramiento de la Infraestructura Edilicia en abril de 2026, con intervenciones simultáneas en los 19 centros del país. En el Centro Educativo de Itauguá (CEI) se ejecutó la separación física obligatoria entre jóvenes procesados y sancionados, garantizando un modelo educativo restaurativo.
El presidente Santiago Peña destacó la formación táctica de 375 nuevos agentes penitenciarios en el Comando de Artillería y enalteció la labor de Rosa Ruiz, agente del COMPLE, como el ejemplo vivo del Nuevo Modelo de Gestión: una servidora pública con la disciplina y vocación necesarias para transformar el sistema penitenciario paraguayo de manera irreversible.
En octubre de 2025, el Gobierno concretó la habilitación de la Unidad de Tratamiento y Rehabilitación de Adicciones (UTRA) en el Centro Educativo de Itauguá. Esta unidad, primera en su tipo, cuenta con protocolo aprobado por el Ministerio de Salud Pública (MSPyBS) y capacidad para 33 adolescentes.
Actualmente, 13 jóvenes reciben tratamiento especializado y otros 13 ya han completado exitosamente su proceso de rehabilitación. Para asegurar la sostenibilidad de este proyecto, la Senabico aprobó una ampliación de financiamiento de G. 5.175.632.000.