El Ministerio de Defensa Nacional, en representación del Estado paraguayo, presentó las disculpas públicas por la muerte del soldado Feliciano Vera. El caso data de 1990, cuando el soldado, de 15 años, falleció durante el servicio militar obligatorio. Este caso fue elevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Acabamos de pedir nuestras disculpas públicas en nombre del Estado paraguayo a los familiares del entonces soldado Feliciano Vera, quien falleció en el cumplimiento del servicio militar obligatorio”, expresó el ministro de Defensa Nacional, Óscar González.
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Detalló que el pedido de disculpas se da en el marco de una sentencia de la CIDH y aseguró que es lo que corresponde. “Es un acto de Justicia que lo hacemos, cumpliendo la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero convencidos de que es lo correcto”, aseveró.
Por otra parte, afirmó que desde el Ministerio de Defensa el trabajo es intenso para evitar los casos de abuso de autoridad y de tortura de soldados en sus filas. “Estamos nosotros haciendo un gran esfuerzo desde acá, desde el Ministerio de Defensa Nacional, para que cualquier tipo de abuso de autoridad sea desechado, sea castigado en caso de que ocurra, pero trabajamos también en la prevención para que no ocurra”, apuntó.
Finalmente, reafirmó el compromiso para que si se dan estos casos, se actúe con todo el peso de la ley. “En caso de que alguien no entienda eso, entonces tomamos las medidas más drásticas que la ley y la reglamentación nos permita”, puntualizó.
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A 6 años del secuestro de Óscar Denis, sus hijas exigen un giro en la estrategia de búsqueda
“Hoy es una fecha que marcó, marca y marcará todavía y espero que no sea por mucho tiempo en nuestras vidas”, comentó Beatriz Denis, hija del dirigente político del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y exvicepresidente de la República, Óscar Denis, quien desde el 9 de setiembre de 2020, hace 6 años, permanece secuestrado en manos del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
“Dónde está Óscar Denis. Ya pasaron 6 años y tenemos 6 preguntas. A qué venimos hoy, cómo hace 6 años no venimos solamente a comentar o conmemorar una fecha, venimos a señalar una deuda, pasaron 6 años desde que secuestraron a nuestro papá y el Estado paraguayo todavía no puede decirnos dónde está, qué ocurrió con él ni cuál fue su destino. Cómo llegamos a 6 años sin respuestas”, dijo Beatriz Denis en una conferencia de prensa, en compañía de sus hermanas Silvana y Lorena.
Señaló que “pasaron autoridades, ministros y gobiernos, escuchamos hipótesis, versiones y promesas, nuestra familia esperó, colaboró y confío, sin embargo seguimos en el mismo lugar, 6 años sin resultados no pueden considerarse normales, ya que constituyen una deuda con nuestra familia y con todo el país. Qué debe responder hoy el Estado, debe informar con claridad qué se investigó y qué quedó pendiente, qué se hizo con cada testimonio e información recibida, qué líneas siguen abiertas y cuáles fueron abandonadas y qué está haciendo hoy para encontrar a Óscar Denis”.
Agregó que “no queremos otros informes llenos de generalidades, queremos responsables, acciones, plazos y resultados. Buscar no puede significar esperar que alguna información aparezca, sino ir atrás de ella, revisar qué no funcionó, volver sobre cada testimonio y abrir caminos nuevos. Si una estrategia no produjo respuestas durante 6 años, el deber del Estado es cambiarla”.
Denis mencionó también que “en los últimos tiempos conocimos públicamente la existencia de importantes recursos destinados a la comunicación del Estado, y eso inevitablemente nos lleva a pensar: por qué durante estos 6 años no existió una campaña nacional, seria, permanente y sostenida destinada a obtener información sobre los paraguayos secuestrados y también sobre los secuestradores. Si hay recursos, estructura y capacidad comunicacional para otros objetivos porque no se toma la misma decisión para encontrar a los secuestrados. No cuestionamos la necesidad de que el Estado comunique, cuestionamos sus prioridades”.
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A la vez, argumentó que “porque las prioridades de un gobierno también se demuestran en aquello para lo cual decide utilizar sus recursos. Y después de 6 años tenemos el derecho a preguntar cuánto se destinó en buscar información sobre Óscar Denis, Edelio Morínigo, don Félix Urbieta; qué campañas se realizaron, durante cuánto tiempo y cuáles fueron sus resultados. Si el Estado tiene capacidad para llegar todos los días a miles de paraguayos a través de los medios y redes sociales, también debería utilizar esa capacidad para algo fundamental: buscar a sus ciudadanos secuestrados”.
Las hijas del político liberal también emitieron un mensaje a la ciudadanía en general expresando que “no se acostumbren. Que no permitan que el paso del tiempo convierta una obligación del Estado en un recuerdo. El 9 de septiembre no queremos memoria durante veinticuatro horas: queremos búsqueda los 365 días del año. Pedimos que pronuncien su nombre y que pregunten con nosotras, porque es la hora de preguntar y de exigir que el Estado cumpla con su deber. A cualquier persona que tenga información sobre nuestro papa, aunque crea que es insignificante que hable, ninguna información es demasiado pequeña cuando llevamos 6 años buscando una respuesta”.
Instalación de un memorial
Ayer martes, las hermanas realizaron la instalación de un memorial en el lugar donde se produjo el secuestro de Óscar Denis en la estancia Tranquerita, en Bella Vista Norte. Detallaron que el monumento no representa una despedida a su padre, sino la manera de mantener viva su memoria y su búsqueda.
El dirigente político fue secuestrado junto a su empleado, Adelio Mendoza, un joven indígena que fue liberado pocos días después del rapto. Denis se desempeñó como vicepresidente de la República entre 2012 y 2013 durante el gobierno del liberal Federico Franco. Tuvo una extensa carrera como senador y gobernador del departamento de Concepción.
Para su liberación, los criminales exigieron a las hermanas Denis la entrega de víveres por valor de USD 2 millones a diversas comunidades y al Estado la liberación de sus líderes encarcelados, como Carmen Villalba, condición que el Gobierno terminó rechazando.
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Paraguay hará reconocimiento público de responsabilidad del caso Santiago Leguizamón
La Vicepresidencia de la República reafirma su compromiso con los derechos humanos y el cumplimiento de sentencias internacionales.
En ese marco extiende una invitación al Acto Público de Reconocimiento de Responsabilidad Internacional en memoria del periodista Santiago Leguizamón Zaván y otros vs. el Estado paraguayo.
Al respecto, la directora general de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, María Teresa Peralta, informó en comunicación con La Nación/Nación Media, que este acto se llevará a cabo el próximo lunes 27 de julio a las 8:30 en el salón “Serafina Dávalos” de la Corte Suprema de Justicia, encabezado por el titular del Poder Judicial, el ministro Alberto Martínez Simón, quien representará al Estado paraguayo durante la ceremonia oficial.
El acto será transmitido en vivo por todos los medios de comunicación oficial, de tal modo a dar cumplimiento con la sentencia para que llegue la comunicación a toda la ciudadanía en general.
La directora Peralta destacó el compromiso institucional en el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado paraguayo, en el marco del acto de reconocimiento público a los familiares del periodista Santiago Leguizamón Zaván, conforme a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Remarcó que este tipo de acciones representan un paso importante en el fortalecimiento del Estado de derecho y en la consolidación de una cultura de respeto a los derechos humanos.
“Detrás de cada sentencia hay personas y familias que durante años esperaron una respuesta del Estado. Este acto de reconocimiento es una muestra de respeto hacia la memoria de Santiago Leguizamón Zaván y de compromiso con sus seres queridos”, expresó.
Cumplimiento de compromisos
Recordó que el 26 de abril de 1991, Santiago Leguizamón fue asesinado durante un atentado donde en la ciudad de Pedro Juan Caballero. En noviembre de 2022 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió su sentencia, en la que uno de los puntos establecía que el Estado paraguayo debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.
“Una vez más el Estado paraguayo va cumpliendo sus compromisos, porque ya cumplimos con la publicación de la sentencia que lo hicimos el año pasado; también se cumplió con el pago de la indemnización a los familiares, así como la construcción del monolito uno en Asunción y otro en la plaza ubicada en Pedro Juan Caballero, que fueron declarados como sitios de memoria, de acuerdo con lo establecido en nuestra normativa”, precisó.
Resaltó el rol que cumple la Comisión Interinstitucional para el Cumplimiento de Sentencias Internacionales (CICSI), impulsada por la Vicepresidencia de la República, para garantizar que las decisiones de los organismos internacionales se traduzcan en acciones concretas.
“El vicepresidente Pedro Alliana ha dado instrucciones permanentes para que la CICSI impulse el cumplimiento efectivo de las obligaciones internacionales del Paraguay, porque cree que una democracia se fortalece cuando reconoce sus deudas y trabaja para repararlas”, afirmó.
La directora Peralta agregó que el cumplimiento de las sentencias internacionales no solo responde a un deber jurídico del Estado, sino que también constituye una oportunidad para fortalecer las instituciones, honrar la memoria de las víctimas y generar garantías de no repetición.
El acto forma parte de las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Santiago Leguizamón Zaván vs. Paraguay, reafirmando el compromiso del Estado con la verdad, la memoria, la justicia y la protección de los derechos humanos.
“La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró en relación al caso Santiago de Leguizamón que el Estado paraguayo violó el derecho a la vida, la libertad de pensamiento y de expresión, así como la de su esposa e hijos.
También determinó que se violó el derecho a las garantías judiciales, y la protección judicial y a la integridad personal. Hecho que ocurrió, recordemos en 1991. En base a esa sentencia recaída contra el Estado paraguayo, se está dando cumplimiento los puntos de la sentencia", concluyó.
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Pindó solicita profundizar investigación sobre posible nexo entre atentado y grupos armados
La empresa Agroganadera Pindó S.A. emitió un comunicado en el cual realiza un exhorto a las correspondientes autoridades del Estado para investigar si el ataque ocurrido en el puesto policial en Canindeyú guarda relación con estructuras criminales que invadieron su propiedad, hecho que vienen denunciando desde hace más de 10 años.
En su pronunciamiento señalan que el ataque armado contra el Puesto Policial N.° 4 de la colonia Naranjito, del distrito Ybyrarobaná, que dejó dos policías y un civil fallecidos, evidencia el fortalecimiento de organizaciones criminales en el departamento de Canindeyú. Ante esto, solicitaron al Estado paraguayo investigar si existe alguna vinculación entre ese atentado y las estructuras delictivas denunciadas en la causa judicial impulsada por la firma.
Recordaron que la empresa agroganadera desde hace más de diez años viene denunciando ocupaciones ilegales en el establecimiento conocido como Estancia Pindó, así como la presencia de grupos armados, cultivos ilícitos, amenazas contra trabajadores, destrucción de infraestructura rural, deforestación y otras actividades atribuidas al crimen organizado.
“La utilización de la violencia como mecanismo para consolidar el control territorial constituye un elemento de especial preocupación, pues evidencia una forma de actuación destinada no solamente a ocupar ilegalmente un inmueble privado, sino también a impedir mediante la intimidación el ejercicio de los derechos de sus legítimos propietarios y de las personas que trabajan en el establecimiento. ¿Estamos frente a las mismas estructuras criminales? Esa es la pregunta que hoy el Estado paraguayo tiene la obligación de responder", menciona parte del documento.
Consolidación de grupos armados
Asimismo, recuerdan que en todos estos años se denunció la consolidación de organizaciones armadas, asentamientos ilegales, cultivos de marihuana, laboratorios clandestinos, amenazas contra trabajadores, destrucción de infraestructura rural y control territorial dentro de inmuebles privados en Canindeyú.
“Hoy, un puesto policial fue atacado con un nivel de organización y violencia que demuestra la capacidad operativa de grupos criminales que desafían abiertamente al Estado. No corresponde anticipar conclusiones, pero sí exigir que el Ministerio Público, la Policía Nacional, la Senad, el Ministerio del Interior y las Fuerzas de Tarea Conjunta investiguen con profundidad si existe relación entre estos hechos y las organizaciones que desde hace años operan en la zona. Cuando el modus operandi, el territorio y los patrones de actuación coinciden, investigar esa posible conexión deja de ser una opción: es una obligación del Estado”, remarca el pronunciamiento.
No obstante, aclaran que este análisis no pretende afirmar que los responsables del ataque al puesto policial sean necesariamente las mismas personas investigadas en la causa Pindó. Teniendo en cuenta que esa determinación corresponde exclusivamente al Ministerio Público y a los órganos jurisdiccionales.
“Sin embargo, resulta jurídicamente legítimo advertir que ambos escenarios presentan características que justifican una investigación exhaustiva sobre eventuales vínculos, considerando la presencia de organizaciones criminales, el uso de armamento, la ocupación prolongada de territorios y las actividades ilícitas detectadas en la misma región”, acota el comunicado.
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Itaipú transfirió USD 239 millones al Estado en el primer semestre
La Itaipú Binacional cerró el primer semestre de 2026 con transferencias por USD 239 millones al Estado paraguayo, recursos que fueron destinados al financiamiento de las finanzas públicas, el fortalecimiento del sistema eléctrico nacional y el desarrollo de programas ejecutados por gobiernos locales.
De acuerdo con los datos divulgados por la entidad, los desembolsos corresponden a los conceptos establecidos en el Anexo C del Tratado de Itaipú, que incluyen royalties, compensación por cesión de energía y pagos a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).
Del total transferido entre enero y junio, USD 131 millones correspondieron a royalties, mientras que USD 66 millones fueron generados por la cesión de energía paraguaya. A su vez, la ANDE recibió USD 42 millones en concepto de resarcimiento por las cargas de administración y utilidades del capital.
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Solo durante junio, los pagos por royalties alcanzaron USD 22 millones, mientras que la compensación por cesión de energía sumó otros USD 10 millones. En el mismo periodo, la ANDE percibió alrededor de USD 1,7 millones por resarcimiento.
Los recursos provenientes de la hidroeléctrica continúan representando una fuente relevante de ingresos para el sector público. Parte de los fondos generados por royalties son canalizados al Presupuesto General de la Nación (PGN), contribuyendo al financiamiento de programas, inversiones y obligaciones del Estado.
Asimismo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) administra la distribución de estos recursos hacia las gobernaciones y municipalidades, que utilizan dichos fondos para la ejecución de obras de infraestructura, servicios básicos y proyectos de desarrollo local.
Por otra parte, la compensación por cesión de energía también beneficia a los gobiernos subnacionales y al Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae), mecanismo que financia programas vinculados a la alimentación de estudiantes en instituciones educativas públicas.
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