El senador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Líder Amarilla, apunta a conseguir el apoyo institucional de la centenaria agrupación de oposición, al ser salpicado a una organización criminal que traficaba cocaína con destino a Europa utilizando como vía el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.

A través de una entrevista con la 650 AM, el presidente de la agrupación, Hugo Fleitas, detalló que recibió una llamada telefónica de su correligionario, quien a la vez remitió un comunicado al Directorio del PLRA con la finalidad de concretar una reunión para emitir su descargo.

“Todo hecho que involucre o esté relacionado con algún parlamentario del partido lo tomamos con mucha seriedad. El lunes el senador Amarilla envió una nota al directorio, debido a que no pudo darse una reunión. También contactó conmigo por teléfono, pero no pudimos coincidir algunos miembros del directorio para reunirnos con él“, comentó.

Fleitas acotó: “Nosotros confiamos en que él no tiene ninguna relación importante con lo que se está investigando. No tenemos estrechamente un vínculo, solo una relación política, pero particularmente creo en sus palabras y no veo que él tenga un manejo con la gente vinculada o ligada al narcotráfico”.

El exgobernador de Cordillera mencionó: “Como presidente y afiliado, yo no tengo por qué defender o acusar, si la justicia está investigando, pues bien que lo siga haciendo. Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario”.

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La organización criminal fue desmantelada mediante el operativo denominado Scanner, que derivó en la acusación de exfuncionarios de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac). La causa fue iniciada el 11 de octubre del 2023, luego de la incautación de 10 kilogramos de cocaína en el aeropuerto.

Entre los acusados se encuentran Ramón Arrúa (exgerente de seguridad), Basilio Rodríguez (exsupervisor), Marta Coronel (exoperadora de escáner) y Luis Servián (exintegrante del equipo de seguridad) a los que se suma el abogado Carlos Duarte y Eliana Beatriz Cardozo Ramírez (quien con la droga pretendía abordar un vuelo a Madrid, España).

Registros del libro de visitas del Senado, obtenidos durante la investigación fiscal, revelaron que Servián llegó a visitar en 50 ocasiones a Amarilla en la sede del Congreso Nacional. En varias oportunidades, Servián estuvo acompañado por Duarte y también por dos agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jorge Daniel González Ayala y Francisco Fabián Godoy Montiel, que también están involucrados en esta causa por tráfico de drogas.

El fiscal de la causa, Andrés Arriolla, había detallado que en el transcurso de las investigaciones “surgieron menciones relativas a un legislador (haciendo referencia a Líder Amarilla)“. Señaló que ”dichas referencias provienen exclusivamente de elementos probatorios vinculados a dos de los acusados, quienes lo mencionan en reiteradas ocasiones, sin que ello implique atribución directa de responsabilidad penal".

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El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, salió al paso de las publicaciones periodísticas realizadas por el diario ABC Color, donde se alega que ocultó datos sobre cinco llamados a licitaciones por USD 3 millones, recursos provenientes de los USD 8 millones donados por la República de China (Taiwán) al Poder Legislativo.

“Ante publicaciones periodísticas que generan cuestionamientos sobre los procesos vinculados a la cooperación, el Congreso Nacional considera oportuno aclarar que los mismos se ajustan plenamente al marco jurídico vigente y a los mecanismos institucionales de control. Las afirmaciones relativas a supuesta opacidad, direccionamiento o irregularidades carecen de respaldo técnico y omiten considerar tanto el marco normativo aplicable como los mecanismos de control implementados“, afirma el comunicado emitido por Núñez.

Señala también que “El Congreso Nacional reitera su compromiso con la transparencia, la legalidad y la plena colaboración con las instituciones de control, manteniendo a disposición toda la información necesaria para su verificación”.

La publicación de ABC color refiere que durante las convocatorias, los procesos se realizaron eludiendo la Ley de Contrataciones Públicas, ocultando los contratos y negando solicitudes de acceso a la información.

El medio de comunicación alega que los contratos, destinados a modernizar la infraestructuras del Congreso Nacional, salieron a luz recién en febrero y que fueron tramitados “con una reglamentación oculta hasta la fecha”. A la vez expresa que estuvo marcado por plazos cortos y la cancelación de los llamados originales por falta de oferentes.

Ante dichas acusaciones, Núñez argumentó que “la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas ha determinado de manera expresa que los procedimientos vinculados a este proyecto se encuentran excluidos del ámbito de aplicación de la Ley 7021/2022, conforme a lo dispuesto en su artículo 3°, inciso k), en razón de tratarse de una cooperación internacional en la cual no existe erogación de fondos públicos ni administración financiera por parte del Congreso“.

Agrega que “en ese sentido, no corresponde sostener que se ha eludido la ley, cuando es el propio órgano rector en materia de contrataciones públicas el que ha establecido su inaplicabilidad en este caso concreto. No obstante dicha exclusión, el Congreso Nacional ha adoptado estándares reforzados de transparencia en la ejecución del proyecto, orientado a la modernización y mejoramiento de la infraestructura del Poder Legislativo, mediante recursos de cooperación internacional".

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La presidencia de Núñez detalla que, durante el proceso de licitación, se dictó un Reglamento Interno de Contrataciones que reproduce sustancialmente los principios, etapas y garantías procedimentales previstos en la Ley Nº 7021/2022, adecuándolos a la naturaleza del proyecto y su fuente de financiamiento.

Añade que los llamados fueron publicados en la plataforma de la DNCP, posibilitando la participación de oferentes, aun cuando no existía obligación legal de canalizarlos a través de dicho sistema.

Sostiene que se conformaron instancias técnicas especializadas, como la Unidad Ejecutora del Proyecto y el Comité de Evaluación, que garantizan la trazabilidad, el análisis técnico y el control en cada etapa del proceso.

“Cabe señalar, además que, en septiembre de 2025, la Presidencia del Congreso Nacional solicitó formalmente a la Contraloría General de la República la verificación de los procesos de contratación vinculados a este proyecto, en el marco de los principios de transparencia y probidad, poniendo a disposición toda la documentación correspondiente”, manifiesta la nota.

Menciona además que "este antecedente demuestra que no solo no existió ocultamiento alguno, sino que se promovió activamente el control institucional desde el inicio del proceso. Actualmente, los procesos se encuentran sometidos a la verificación del órgano constitucional competente, lo cual refuerza las garantías de control y fiscalización".

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Ante las frecuentes lluvias y la llegada inminente de la Semana Santa, el Ministerio de Salud advierte sobre el peligro que se vuelve latente debido a la propagación de las enfremedades por arbovirosis.

“El Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (Senepa) implementa el “Plan Operativo Semana Santa 2026” con el objetivo de fortalecer la prevención y el control de las arbovirosis durante uno de los periodos de mayor movilidad poblacional en el país", aconsejan las autoridades sanitarias.

Indicaron que durante la Semana Santa, miles de personas se trasladan hacia el interior, destinos turísticos y espacios religiosos, lo que incrementa el riesgo de dispersión del mosquito transmisor de arbovirosis como dengue, Zika y chikungunya.

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Agregaron que ante este escenario, el plan contempla la intensificación de intervenciones técnicas y operativas para reducir la densidad del vector aedes aegypti en puntos estratégicos del territorio nacional.

El Ministerio también destacó que el objetivo general de esta iniciativa es disminuir el riesgo de transmisión y propagación de estas enfermedades mediante acciones integrales de promoción, educación comunitaria y control vectorial.

“En ese marco, se desarrollarán actividades de sensibilización dirigidas a la ciudadanía, con énfasis en la destrucción de criaderos y la adopción de medidas preventivas antes, durante y después de las celebraciones religiosas”, explicaron.

Durante los trabajos previos reiteraron que el alcance del plan es nacional y su implementación está coordinada por el Programa Nacional de Control Vectorial del Dengue, con ejecución a cargo de las Zonas Operativas Regionales en articulación con autoridades locales.

Agregaron que las intervenciones se concentrarán en áreas prioritarias definidas por criterios epidemiológicos, entomológicos y de alta afluencia de personas.

También expresaron que entre los puntos estratégicos a intervenir se incluyen:

• terminales de ómnibus
• aeropuertos
• puestos migratorios
• aduanas
• pasos fronterizos
• iglesias
• sitios turísticos y recreativos, donde se registra una importante concentración de personas durante estas fechas.

“En cuanto al control físico, se realizan inspecciones para identificar y eliminar criaderos potenciales, así como la aplicación de larvicidas en recipientes que no puedan ser eliminados. Estas intervenciones se ejecutarán de manera previa a los días de mayor movimiento, como Jueves y Viernes Santo”, indicaron.

Finalmente, informaron que de forma complementaria, se desarrollarán acciones de control químico mediante la aplicación de insecticidas en ciclos operativos definidos según el nivel de riesgo de cada zona, con el fin de reducir la población de mosquitos adultos.

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El fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón, confirmó que el Ministerio Público abrió una carpeta fiscal contra Javier “Chaqueñito” Vera a raíz de la difusión de presuntos audios atribuidos al senador, que lo involucrarían en delitos como abuso sexual en menores.

“Desde la tarde del jueves tenemos una carpeta fiscal abierta tras un informe policial. Las dimensiones iniciales como la recopilación de información, grabaciones, entre otros, están en plena marcha“, afirmó a la 1000 AM. Rolón detalló que el caso recae sobre la agente fiscal Adriana Soledad González.

El caso tomó estado público cuando Vera presentó una denuncia ante la Policía Nacional alegando ser víctima de sextorsión mediante audios que le fueron atribuidos, donde se hace mención a la petición de “menores y vírgenes” para encuentros sexuales.

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El parlamentario, quien ayer había anunciado que presentará este viernes su renuncia al cargo, pero que luego desistió de su promesa; afirmó que los audios fueron generados supuestamente con inteligencia artificial con la finalidad de dañar su imagen y forzar su salida.

“La reacción de la Fiscalía ocurre cuando la improbación toma algún curso. A nosotros nos parece una situación sumamente grave la perspectiva de abuso de un menor, son circunstancia de lesa humanidad, es por eso que tomamos las cartas. El pronóstico jurídico del caso naturalmente surgirá con el cúmulo de informaciones. También hay una denuncia formulada por el propio senador", afirmó Rolón.

Chaqueñito refirió en su denuncia que el 19 de marzo, a las 19:43, recibió varios mensajes desde un número de teléfono que, según fuentes de consulta, pertenecería a una persona de nombre Rodolfo Acosta, en donde le advertía que había recibido en el celular diversos audios comprometedores y que los iba remitir a los medios de comunicación para su difusión.

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