El director de Procesos Electorales del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Carlos María Ljubetic, advirtió que la nueva interrupción en la licitación para la provisión de las máquinas de votación, podría comprometer seriamente los preparativos para futuras elecciones. “Si no tenemos las máquinas este año, la cuestión se nos complica enormemente”, expresó, señalando la urgencia de una resolución para destrabar el proceso licitatorio.

El TSJE prevé iniciar la capacitación del personal en diciembre, aunque manifestaron que podría postergarse incluso hasta enero o febrero, sin embargo, Ljubetic explicó que de acuerdo a lo previsto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se garantiza el financiamiento del proceso por cuatro años y establece que el primer desembolso solo se hará tras la entrega efectiva de las máquinas.

“Si no recibimos las máquinas, entonces no va a haber pago, y tenemos que renegociar con el MEF, todo un proceso que nos costó meses cerrar”, enfatizó en una entrevista a Unicanal. La actual situación se ve obstaculizada por una medida cautelar otorgada por el Tribunal de Cuentas, a pedido de una empresa, que impide avanzar a la etapa técnica del proceso de evaluación.

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Esta firma cuestionó la exigencia de una experiencia mínima de 10 años en fabricación y manejo de máquinas de votación, pese a que en su propia web reconoce tener solo cinco años de trayectoria y que además, tampoco cumpliría con otras exigencias contempladas en el pliego de bases y condiciones.

“Si no reúne los demás requisitos, ¿por qué protesta por uno?”, cuestionó el director de Procesos Electorales del TSJE, al tiempo de remarcar que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) ya había rechazado el reclamo.

Además de la experiencia, el TSJE exige a los oferentes haber participado en procesos electorales anteriores, contar con un nivel mínimo de facturación y demostrar solvencia económica, requisitos clave considerando que deberán proveer 28.000 máquinas y cobrar en cuatro etapas durante los próximos cuatro años.

“El inicio de todo el proceso de ciberseguridad depende de que tengamos y conozcamos las máquinas. No podemos desarrollar el software ni definir los dispositivos de seguridad para almacenamiento de baterías si no tenemos ya las máquinas”, remarcó, detallando que para avanzar en esta etapa, primero se necesita contar con los dispositivos.

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“No se puede hablar de un caos administrativo en la municipalidad de Asunción y de eso el interventor se dará cuenta”, dijo el asesor jurídico de la comuna, Benito Torres. Sus afirmaciones surgen ante la pretensión de concejales de la oposición en declarar la institución en quiebra en el marco de un proceso de intervención a la gestión del intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez.

“No existe un caos administrativo; en ningún momento se habló de algún tipo de daño patrimonial o faltante”, expresó al programa “Fuego Cruzado” del canal GEN/Nación Media. De esta forma, Torres señaló que el informe de la Contraloría no reporta faltantes de fondos ni irregularidades presupuestarias, sino que plantea una diferencia de interpretación legal sobre el uso de la cuenta única municipal.

“Obviamente, nosotros entendemos que no existía causal para la intervención, pero una vez ya resuelta, ya que estamos en un estado social de derecho, lo tenemos que asumir. Lo que hay que entender es que la municipalidad puede pasar por un estado transitorio de iliquidez, pero eso no quiere decir que no tenga los recursos para cubrir todos los compromisos que tiene. La municipalidad de Asunción cuenta con suficientes activos”, expresó.

No obstante, agregó que la municipalidad posee como principal conflicto una alta tasa de morosidad que se potenció desde el anuncio del pedido de intervención por parte de la Contraloría. Asimismo, refirió que ya se encuentra totalmente regularizado el pago de salarios a los funcionarios.

“El anuncio del pedido de intervención tuvo un impacto negativo en la institución en materia de recaudación. No es la única causa, pero es un elemento o cuestión exógena que socavó nuestras recaudaciones, impactando negativamente”, comentó.

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El informe de la CGR señala que las supuestas irregularidades presupuestarias en la gestión de Rodríguez se dieron entre los años 2021 y 2024. El ente contralor citó la emisión del bono G8 por G. 360.000 millones realizada en el 2022 para obras de desagüe pluvial; además de los bonos G9 por G. 195.000 millones en el 2023, que fueron emitidos para pagar deudas de emisiones en anteriores administraciones.

De acuerdo a los datos que fueron proveídos por la municipalidad, a mediados de agosto del 2024, el bono G8 fue asignado a proyectos de desagüe pluvial en las cuencas de Santo Domingo, General Santos y Abasto. En ese entonces detallaron que algunos proyectos estaban en fases de planificación y verificación, mientras que las obras en San Pablo y Abasto ya alcanzaron durante ese periodo un 30 % de ejecución.

Mientras que el bono G9 se utilizó para rescatar bonos anteriores, específicamente los emitidos durante la administración de Mario Ferreiro (G3, G4, G5 y G6) con el objetivo de aliviar la carga financiera de la municipalidad. La ejecución de este bono se realizó al 100 %. En la anterior gestión indicaron que esto permitió mejorar la liquidez de la municipalidad y reestructurar su deuda, asegurando la continuidad de los proyectos.

“La instrucción que tenemos los funcionarios es estar a disposición de la intervención, a los efectos de facilitar cualquier consulta o documentación que requiera el interventor, para que pueda realizar la auditoría y todo el proceso de manera normal y regular”, indicó Torres, quien estuvo acompañado por el jefe del Departamento de Acciones Judiciales de la Municipalidad de Asunción, el abogado Juan José Armoa.

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El edil Ernesto Guerín aguarda que las finanzas de la municipalidad de Ciudad del Este, a cargo del intendente opositor Miguel Prieto, puedan ser saneadas con la llegada de un interventor. El dirigente del Partido Colorado denunció la falta de pago a funcionarios, concejales, firmas proveedoras y la paralización de obras viales.

“En la administración de Prieto se usó mucho la caja chica. Hay muchos funcionarios que piden el pago de sus salarios; muchas familias dependen de esto. Nosotros tampoco estamos percibiendo nuestros sueldos. La gente está cada día más inquieta. Ojalá el interventor venga a poner las cosas en orden”, dijo.

En una entrevista con el programa “Fuego Cruzado”, emitido por el canal GEN/Nación Media, el concejal mencionó que “la municipalidad tiene atrasos en obras y, además, entiendo que ya no se abonan cuotas a empresas que proveyeron al municipio, como en el caso de los buses eléctricos, entre otras denuncias”.

Asimismo, Guerín advirtió que Prieto y su entorno político apelarán a la violencia con la finalidad de obstaculizar el proceso de indagación de su gestión. Según los reportes de la Contraloría, en la administración del líder del movimiento Yo Creo se observan estados financieros con graves inconsistencias, saldos irregulares, clasificaciones erróneas, variaciones injustificadas, incumplimiento de disposiciones legales y consecuente omisión de transferencias de recursos a otros organismos y entidades del Estado.

“Prieto y su equipo están desesperados. Ya están llamando a que la gente pueda salir a manifestarse y también ya están propiciando el tema del escrache. Ya quieren ir a las casas de los denunciantes o de algunos referentes colorados para escracharle. Ellos están incitando a la violencia. Al intendente Prieto se le nota totalmente desesperado, está amenazando y desafiando“, refirió Guerín.

A la vez, según la Contraloría, en la gestión del intendente opositor existen inconsistencias y falta de justificación en la asignación y gestión de las transferencias; incumplimiento de los procesos para las contrataciones, empleando transferencias para la ejecución de obras; incumplimiento de los procesos legales establecidos para las transferencias a ONG; e irregularidades en las transferencias a comisiones vecinales y a organizaciones sin fines de lucro.

Diferencias en la construcción de obras por falta de ejecución de ítems o por haber sido ejecutadas en cantidades diferentes con recursos del Fonacide, regalías y compensaciones; pago efectuado a proveedores sin que estos hayan presentado la documentación exigida y sin que se cumplan las exigencias legales, entre otras irregularidades.

“Los pobladores quieren saber cómo está la administración actual. Todos se preguntan si el intendente Miguel Prieto realmente es corrupto o honesto. Los concejales colorados vamos a acompañar al interventor, le vamos a dar todo nuestro respaldo, porque el intendente ya dijo que iban a embarrar la cancha, que iban a amenazarle, que iban a increparle“, refirió.

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El concejal siguió sosteniendo que “Prieto y su equipo indicaron que en la municipalidad no iba a entrar ningún cartista, ningún colorado. Nosotros le vamos a dar ese respaldo, incluso le acercaremos más denuncias de esta administración con documentos”.

Por otra parte, Guerín intuye que Prieto terminará renunciando al cargo de intendente para evitar su destitución en caso de comprobarse irregularidades en su gestión. “Particularmente, creo que va a terminar renunciando y se tendrá que elegir un nuevo intendente dentro de la Junta Municipal hasta terminar el mandato. Yo no creo que Prieto sea tan burro y haga tanto show. Él no necesita irse a una elección porque tiene mayoría en la junta y puede elegir dentro de los concejales de su equipo”, comentó.

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El gobierno del presidente de la República, Santiago Peña, ya concretó la distribución de 202.702 mobiliarios escolares nuevos adquiridos por la Itaipú, representando una cifra del 62 %. En total, se prevé la entrega de 330.000 muebles en instituciones educativas de todo el país.

La dotación de mobiliario escolar se realiza a escuelas con mayores necesidades. Hasta el pasado 13 de junio del 2025, en la zona de Alto Paraná se entregaron 3.183 mobiliarios; en Caaguazú, 2.641 muebles; en Caazapá, 2.492 mobiliarios; en Ñeembucú, 2.317 muebles; y en Itapúa, 1.969 mobiliarios.

Mientras que en San Pedro se entregaron 8.354 mobiliarios; en Central, 145.213 muebles; en Asunción, 29.208 mobiliarios; y en Paraguarí, 7.325 mobiliarios, según la nómina publicada este domingo por la hidroeléctrica.

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El operativo de distribución inició el pasado mes de marzo. En total, ya fueron beneficiadas 719 instituciones. Los mobiliarios escolares nuevos están diseñados para garantizar comodidad y durabilidad, con un riguroso control de calidad y una garantía de tres años. Además, el proceso de distribución se realiza de manera transparente y organizada, asegurando que cada escuela reciba la cantidad adecuada según su matrícula.

El plan de entrega cuenta con el apoyo de los gobiernos municipales, departamentales, el Ministerio de Educación y Ciencias, Itaipú y las Fuerzas Armadas. Estos últimos colaboran en la remoción de mobiliario antiguo, facilitando la llegada de los nuevos mobiliarios escolares y promoviendo el reciclaje de los en desuso.

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