Los informes de la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU) concernientes al operativo A Ultranza Py revelan datos que expone una suerte de complicidad que compromete seriamente al gobierno de Mario Abdo Benítez en torno a cómo operaba la estructura criminal liderada por Sebastián Marset. Las autoridades tenían los reportes precisos, la ruta, las pistas, los centros de acopio, hasta una alerta de bloques de criminales conformados por empresarios asociados al uruguayo preso hoy en Estados Unidos para envío de cocaína. Pero Arnaldo Giuzzio, entonces titular de la Senad, antes que reforzar los controles cerró las bases de la Dirección de Investigación Aérea Fluvial y Terrestre (DIAFT), la entidad que reportó estos datos.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

El mismo informe de inteligencia de la Uni­dad de Investigación Sensitiva (SIU) que inició en noviembre del 2019, hace refe­rencia a los datos que se habían recabado con el operativo de ARAI II, iniciado en mayo del 2018 y que en ese momento ya había alertado al esquema cri­minal liderado por Sebastián Marset, dedicado al tráfico internacional de drogas que ingresaban a nuestro territo­rio vía aérea desde Bolivia y eran enviadas en contenedo­res desde los puertos.

Es por eso que, las primeras páginas del reporte de SIU de A Ultranza Py menciona que ya tenían identificadas a cada una de las personas involucradas en la estructura de Marset, incluso la alianza con otras organiza­ciones delictivas, las rutas, las pistas, las estancias, los centros de acopios y hasta los bloques que operaban en los puertos desde donde salían las cargas contaminadas.

Araí II ya había interceptado comunicaciones, ejecutado vigilancias de inteligencia, seguimientos, identificación de las pistas y ahí proviene la base de datos que fueron ampliados para la gran opera­ción A Ultranza Py. Este hilo no es solamente una cronolo­gía de los hechos considerando la frustración como la injeren­cia que sufrieron las investiga­ciones en una abierta coope­ración del gobierno de Mario Abdo Benítez, principalmente a través de su ex ministro de la Secretaría Nacional Antidro­gas (Senad), Arnaldo Giuzzio.

Claramente el informe SIU de A Ultranza Py especifica su hipó­tesis con los datos preliminares de ARAI II. Y aquí aparece el elemento clave de cómo obró el gobierno de Abdo en favor de la estructura criminal de Mar­set y sus aliados. ARAI II es un trabajo de inteligencia que pro­viene de la Dirección de Investi­gación Área Fluvial y Terrestre (DIAFT) que, Giuzzio cerró en mayo del 2020, precisamente después de que esta unidad reportara el circuito del ilícito de la organización Marset.

El informe de SIU A Ultranza Py, claramente hace la obser­vación proveniente de ARA II a cargo de la DIAFT en la que se identifica a la organización de Marset, la de sus aliados, las ubi­caciones de las pistas, los depó­sitos y la logística en el Chaco, la ruta que sigue el tránsito de la mercancía para ser acopiada en grandes centros de distribución en el departamento Central y un dato clave en la exportación de cocaína desde Paraguay.

Textualmente, en la página 17 de las 503 del informe SIU en el marco del operativo ARAI II elaborado por la DIAFT señala, “la etapa de exportación de la droga, en la que estaría inter­viniendo otro bloque crimi­nal conformado por grupos de empresarios dedicados al comercio internacional, quie­nes haciendo uso de su logís­tica empresarial y asociados al esquema criminal de Sebas­tián Marset Cabrera, organizan envíos de mercaderías ilícitas de exportación por medio de contenedores, entre las cuales se trafican grandes cargamen­tos de clorhidrato de cocaína empleando distintos métodos de ocultamiento. Estas exporta­ciones de sustancias ilícitas par­ten desde puertos ubicados en la República del Paraguay y tran­sitan a través de las rutas fluvia­les y marítimas internacionales, desde Sudamérica hasta otros continentes del hemisferio”.

DIAFT alertó de la alianza de grupos empresariales con Mar­set y Giuzzio cerró esta unidad de inteligencia, retiró de los puertos a los agentes de inves­tigación. Giuzzio no solamente desmanteló las bases de inteli­gencia de la Senad en los puer­tos privados sino, a juzgar por las toneladas de cocaína que salieron de Paraguay hacia Europa entre el 2020 y el 2022, puede deducirse que cooperó con el narco exportación de la estructura Marset y que toda­vía es un capítulo pendiente de las investigaciones concer­nientes a la logística delictiva desarrollada en nuestro país durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.

“Nosotros vamos a cumplir con lo que establece la ley a rajatablas, sin discriminaciones ni distinciones. Si se cambia la ley (7322/24) y se mejoran las cosas, bienvenido sea”, dijo el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, este jueves, al desmentir publicaciones periodísticas en donde se afirma que la ejecución del programa de adultos mayores se encuentra supuestamente en riesgo a raíz de la “economía de guerra”.

“Existe una ley vigente que fija la inclusión automática por criterio de la edad de mayor a menor, conforme a la disponibilidad presupuesta. El compromiso del gobierno es seguir fortaleciendo el programa y llegar hasta los adultos mayores más desprotegidos“, afirmó el secretario de Estado al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, tras su reunión de ayer con el presidente Santiago Peña para exponer avances y siguientes etapas del subsidio para adultos mayores, actualmente en la franja de 69 años.

El precandidato a la intendencia de Asunción, Camilo Pérez, visitó este jueves al presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y líder del movimiento Honor Colorado, Horacio Cartes, en su residencia, previo al lanzamiento oficial de su precandidatura que será hoy, a las 19:30, en el Club Coronel Pablo Rojas del barrio Republicano.

Del encuentro también participó Raúl Latorre, presidente de la Cámara de Diputados y jefe de campaña de Camilo Pérez. El precandidato ratificó que el termómetro real de la campaña está en el contacto directo con la ciudadanía. “La verdadera encuesta está en la calle. Ahí sentimos el acompañamiento de la gente todos los días, y eso nos da mucha fuerza para seguir adelante”, expresó tras el encuentro con el líder partidario.

El Banco Atlas realizó la devolución de un millonario monto al Instituto de Previsión Social (IPS) en concepto de intereses no acreditados en el marco de un contrato de fideicomiso que data del año 2017. Son más de G. 800 millones devueltos a la previsional, que significan el reconocimiento de irregularidades por parte de la entidad bancaria de la familia Zuccolillo con el manejo de los fondos fiduciarios.

El contrato de fideicomiso fue celebrado para administrar G. 828.000 millones de los fondos jubilatorios. Se trata de un contrato en el que una institución entrega dinero a un banco para que lo administre y lo utilice con un objetivo específico.

Con el objetivo de coordinar acciones conjuntas orientadas al fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, la planificación industrial y la formalización del sector reciclador, el ministro Marco Riquelme y el viceministro Gustavo Giménez mantuvieron una reunión con el intendente de Asunción, Luis Bello.

Tras la reunión, el viceministro Giménez señaló que uno de los principales temas abordados fue la implementación de la nueva ley de mipymes, que contempla beneficios como el costo cero para la patente comercial de los nuevos emprendimientos.

La cuarta y última fase de venta de entradas para el Mundial de 2026 se abrirá el 1 de abril, anunció ayer miércoles la FIFA sin precisar el número de localidades que estarán disponibles. Esta fase de venta “de última hora” se abrirá a las 15:00 GMT en la página oficial FIFA.com/tickets, precisó el organismo rector del fútbol mundial en un comunicado.

Las entradas se venderán “según el principio de primero en llegar, primero en ser atendido” y hasta el final de la competición, el 19 de julio, añadió. Se irán “poniendo entradas a la venta de forma progresiva, incluso, en ocasiones, para partidos que se disputen el mismo día”, precisó la FIFA.

El exministro abdista, Arnoldo Wiens, puso todas sus fichas en Dani Centurión y calificó de satélite cartista a Arnaldo Samaniego. Sin embargo, su candidato decidió subir al “tractor amarillo”. ¿Podrán arrollar al auto de carrera?

“No creo en la posibilidad de que el oficialismo y mucho menos satélites del oficialismo (Arnaldo) tengan sanas intenciones, nosotros somos la alternativa, la disidencia está con Dani Centurión”, declaró Arnoldo Wiens recientemente en una entrevista.

El líder de la bancada de Honor Colorado en la Cámara de Senadores, Natalicio Chase, anunció este jueves que presentará el pedido de pérdida de investidura del senador Javier Vera, conocido como Chaqueñito.

El retraso en los pagos del Estado a empresas vialeras y farmacéuticas está generando efectos en la cadena de pagos y en la actividad económica, al tiempo que plantea desafíos para la sostenibilidad fiscal en un escenario de menores ingresos, según señaló el analista financiero Stan Canova en conversación con La Nación/Nación Media.

De acuerdo con el especialista, cualquier incumplimiento en pagos previamente programados provoca un efecto dominó sobre los acreedores del Estado, quienes a su vez deben cumplir con compromisos financieros propios. “Las empresas también tienen acreedores y obligaciones. Si no reciben los ingresos previstos, se ven obligadas a reprogramar pagos, incorporando incluso intereses moratorios como costos”, explicó.

En este contexto, indicó que la interrupción en los flujos de pago afecta no solo a los proveedores directos, sino a toda la cadena económica, reduciendo la previsibilidad y generando presiones adicionales sobre la liquidez del sector privado.

Respecto a la sostenibilidad fiscal, Canova sostuvo que el Presupuesto General de la Nación (PGN) fue aprobado en un contexto con fuerte componente político, lo que derivó en ampliaciones que hoy enfrentan restricciones financieras. “La realidad obliga a entrar en una economía de priorización. Seguir acumulando compromisos sin respaldo en un contexto de menor recaudación puede afectar la credibilidad fiscal”, afirmó.

Asimismo, consideró que el ajuste no debería centrarse en una suba de impuestos, teniendo en cuenta que los ingresos fiscales han mostrado incrementos en los últimos años mediante mejoras en la gestión tributaria.

En cuanto al comportamiento del tipo de cambio, el analista señaló que la reciente debilidad del dólar incidió en la recaudación en guaraníes, particularmente en el componente aduanero. No obstante, aclaró que también genera un efecto compensatorio al reducir el costo de las obligaciones del Estado en moneda extranjera.

“Las principales fuentes de ingresos siguen siendo el IVA y el IRE, por lo que el impacto debe analizarse de forma integral”, puntualizó.

Sobre el mecanismo de factoraje impulsado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Canova explicó que se trata de una herramienta que permite a los proveedores acceder a liquidez mediante la cesión de facturas a entidades financieras.

Lea más: Gremio alerta sobre medida de la UE que pondría en riesgo envíos de biodiésel de soja

Sin embargo, advirtió que este esquema implica costos adicionales. “El factoring facilita el cobro, pero el costo financiero no desaparece. El Estado termina asumiendo tanto los intereses por mora como el descuento aplicado en la operación”, indicó.

En esa línea, señaló que este mecanismo podría incrementar el costo total de las obras o servicios en el mediano plazo, a pesar de aliviar la liquidez en el corto plazo.

“El enfoque debe estar en eliminar gastos no prioritarios y alinear los compromisos con los ingresos proyectados”, sostuvo, al tiempo de subrayar que el principal desafío radica en mejorar la asignación del gasto más que en la generación de nuevos ingresos.

Finalmente, remarcó que el escenario actual no compromete el funcionamiento básico del Estado, pero sí exige una mayor disciplina fiscal de cara a los próximos ejercicios presupuestarios.

Puede interesarle: Lácteos repuntan en exportaciones, pero enfrentan demoras por conflicto en Medio Oriente

El diputado opositor Rubén Rubín anunció que presentará al vicepresidente de la República, Pedro Alliana, un proyecto de ley denominado “Plan de Rescate Nacional” el cual plantea un ahorro estimado de USD 700 millones durante el primer año de vigencia.

La iniciativa consiste en impulsar una serie de recortes al gasto público que considera no esenciales. “Acá solo se necesita voluntad política.

Desde que le convertimos a Carlos Fernández Valdovinos en ministro de Economía, una sola firma puede hacer estas modificaciones y no hará falta tantas vueltas", dijo a los medios de comunicación.

El parlamentario apunta a la eliminación del seguro médico privado para funcionarios, la supresión de bonificaciones extraordinarias y una reducción del 90 % en gastos vinculados a servicios de catering, viáticos y pasajes, entre otros rubros con el fin de aliviar las finanzas públicas ante la acumulación de deudas.

Rubin también plantea impulsar reformas en gastos de la Policía Nacional. “Él dijo que el Presupuesto General de la Nación será menor para el año que viene e indicó al gabinete que no se guíen por el plan de gastos, con una sola firma puede decir también que se corte con las bonificaciones, con el carnaval de viáticos entre otros”, afirmó.

Lea también: Peña encabezó la inauguración moderno colegio de policías en Paraguarí

Rubin acotó: “Voy a entregar este proyecto al vicepresidente Pedro Alliana quien actúa de nexo para contener este quilombo a los presidentes de las cámaras del Congreso Nacional, Basilio Núñez y Raúl Latorre y por supuesto al Ministerio de Economía y a la Comisión de Presupuesto del Legislativo”.

Detalló que el próximo martes, Fernández Valdovinos acudirá a la Cámara de Diputados con la finalidad de exponer las medidas que plantea para sanear las finanzas públicas y en ese encuentro dará a conocer su “Plan de Rescate Nacional”.

Te puede interesar: Fiscal general pide reciprocidad internacional en caso de Marset