El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, confirmó que, en coordinación con el ministro de Defensa, Óscar González, se dispondrán de herramientas para el derribo de drones ante el episodio registrado ayer miércoles en la penitenciaría de Minga Guazú (Alto Paraná), que derivó en una requisa por la vulneración que podría representar para la seguridad del recinto penitenciario.

“En horario de la tarde de ayer, entrando ya a la noche, recibí el reporte del director general de Establecimientos Penitenciarios donde mencionaba el reporte del avistamiento de un dron sobrevolando la penitenciaría de Minga Guazú en el sector donde están los módulos 7 y 8, que son de alta y máxima seguridad”, expuso Nicora, este jueves, en entrevista al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Ante esta situación, el ministro de Justicia solicitó la cooperación de las Fuerzas Armadas para la utilización de elementos especializados para el derribo de los artefactos que sobrevuelan el perímetro de las penitenciarias.

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“Tenemos dos trabajos, todo parte en base a la Ley de emergencia penitenciaria, que es una herramienta que nos sirve mucho para trabajar con las fuerzas de seguridad, las Fuerzas Armadas de la Nación tiene un equipamiento antidrón y tuve una conversación con el ministro Óscar González, ya solicité contar con ese equipamiento, ese complemento de las Fuerzas Armadas”, detalló el titular de la cartera.

Explicó que desde el Ministerio de Justicia no cuentan con estos elementos específicos y el personal capacitado para su uso por lo que solicitó la cooperación del Ministerio de Defensa y a partir de ahora se podrá contar con el antidrón.

“El sobrevuelo de un dron puede ser para recabar información, puede ser también para entregar elementos prohibidos, sustancias prohibidas, como también armas, entonces estamos hablando de una cuestión de seguridad muy importante dentro del sistema. Aquí lo que se entiende es que se puede estar recabando información de infraestructura, ubicaciones, los movimientos, qué tipo de personal está, qué cantidad, en qué horarios”, explicó Nicora.

El sobrevuelo del dron se registró en módulos donde se encuentran personas privadas de libertad (PPL) con perfiles de mediana y alta peligrosidad, en su mayoría integrantes de una organización criminal brasileña Primer Comando de la Capital (PCC).

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El Ministerio de Justicia comunicó este domingo el traslado de 109 mujeres privadas de libertad desde el Centro de Rehabilitación y Reinserción Laboral “Juana de Lara” de Ciudad del Este (Alto Paraná) hasta el Complejo Penitenciario para Mujeres de Emboscada (Comple), en Cordillera, en el marco del denominado Operativo Umbral 2.5.

“El Ministerio de Justicia informa que se encuentra en pleno desarrollo el Operativo Umbral 2.5, procedimiento estratégico de reorganización penitenciaria ejecutado en el marco del fortalecimiento y modernización del sistema penitenciario nacional”, expresa el anuncio publicado en redes sociales.

El informe agrega: “El operativo contempla el traslado planificado, seguro y ordenado de todas las mujeres privadas de libertad al Complejo Penitenciario para Mujeres de Emboscada (Comple). La operación es llevada adelante mediante un trabajo articulado con el Consejo de Defensa Nacional (Codena)”.

Este traslado marca el cierre del Centro de Rehabilitación y Reinserción Laboral “Juana de Lara” en el marco de la eliminación de las penitenciarías mixtas, siguiendo al proceso realizado en octubre de 2025, con el cierre definitivo de la cárcel del Buen Pastor, tras un siglo de funcionamiento en Asunción. En el país solo funcionarán dos penitenciarías de mujeres y serán el Comple y la prisión de Coronel Oviedo.

El procedimiento fue comunicado por la Comisaría Primera de Ciudad del Este, que informó sobre un amplio despliegue interinstitucional iniciado alrededor de las 2:00 y cuya salida se concretó a las 3:05. Las internas fueron trasladadas en cinco ómnibus de la empresa Guaireña SRL, bajo estricta custodia de unidades de Prevención y Seguridad, Táctico GEO, Grupo Lince y del Departamento de Unidad Motorizada. También acompañaron militares de la Primera División de Infantería “Campo Vía”.

Por otra parte, el Ministerio de Justicia impulsó una serie de actividades conmemorativas por el Día de la Madre en diversos establecimientos penitenciarios del país. En el Complejo de Mujeres Privadas de Libertad de Emboscada (Comple), las celebraciones se destacaron por el trabajo articulado con organizaciones civiles, como “Kuña Mimbi”, que ofreció música cristiana en vivo, entrega de regalos y tortas.

Además, se brindaron servicios de estética que incluyeron corte de cabello y bar de cejas para todas las internas. Asimismo, el grupo RTM (Mujeres de Esperanza) entregó obsequios en los módulos 3 y 4, mientras que la producción del programa “El Conejo” ofreció mini conciertos en los módulos 1, 5 y 6, brindando momentos de distracción y alegría.

En la última actividad del Centro de Rehabilitación y Reinserción Laboral de Mujeres “Juana María de Lara” hubo un almuerzo especial, presentaciones de danza y poesía, una feria de manualidades, un desfile de modas, la elección de “Miss Mamá” y el testimonio motivacional de una mujer ya reinsertada en la sociedad.

En el Centro Penitenciario “Serafina Dávalos”, se llevó a cabo un día festivo que incluyó un almuerzo especial y la entrega de obsequios, permitiendo que las internas compartan un momento emotivo con sus hijos. Esta actividad fue posible gracias a la gestión de la directora del centro, Irma Ortiz, en coordinación con el director de la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo, Jorge Torales. La jornada contó además con el valioso apoyo de la primera dama distrital, Shirley Santos, quien contribuyó con regalos para las madres, y la colaboración de las Hermanas Menonitas de Campo 9.

Asimismo, en la Penitenciaría Regional de Villarrica, las MPL festejaron su día en un ambiente festivo rodeado de premios y regalos, donde también se llevó a cabo un desfile de modas con la participación de las internas. Finalmente, en el Centro Nacional de Prevenidos, el Departamento de Cultura y Deporte organizó una serenata dedicada a las madres y esposas de las personas privadas de libertad (PPL) en su día de visita. El grupo musical Fénix, integrado por los propios internos, puso música a la jornada, utilizando el arte como puente de conexión familiar.

El Ministerio de Justicia trabaja en la elaboración de un proyecto de código de organización penitenciaria para establecer la carrera del servidor penitenciario. El anuncio fue hecho por el viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel, quien explicó que se apunta a ser cada vez más rigurosos en la selección de guardiacárceles.

Mencionó que ya se están implementando controles toxicológicos y polígrafos a los funcionarios penitenciarios. Asimismo se impulsa la fiscalización del patrimonio para verificar si su crecimiento económico es acorde a su salario.

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“Realmente es una batalla dura, pero creemos que de a poco estamos elevando el nivel. Y estamos en un proceso de elaboración de un anteproyecto de un código de organización penitenciaria donde vamos a establecer una carrera al servidor penitenciario”, señaló a Unicanal.

Recordó que el sistema ya se está implementando exitosamente en los países de la región, que establecieron carreras, mecanismos de promoción y evaluación de desempeño que les permitió mejorar la calidad de su personal penitenciario.

El viceministro también fue consultado sobre el caso de la empresaria Dalia López capturada tras varios años de búsqueda y ahora es beneficiada por la justicia con reclusión domiciliaria mediante el uso de la tobillera electrónica. Aclaró que en esta jurisdicción judicial el Ministerio de Justicia “no tiene ninguna intervención”.

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En un hecho de alta relevancia internacional para el Gobierno del presidente Santiago Peña, la delegación del país, encabezada por el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, presentó hoy el informe nacional ante el Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, durante durante la 52ª sesión del Grupo.

El ministro Nicora estuvo acompañado por la delegación conformada por el viceministro de Justicia, Rafael Caballero; el embajador Raúl Cano Ricciardi; representantes del Ministerio de Justicia; la directora general de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Belén Morra; el defensor público general, Javier Dejesús Esquivel; y la directora de Derechos Humanos del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, Leticia Ocampos.

Durante la sesión desarrollada en el Palais des Nations en Ginebra, el Estado paraguayo expuso los avances históricos y los desafíos pendientes en materia de protección y promoción de los derechos fundamentales.

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En ese marco, el ministro Nicora resaltó que la República del Paraguay se destaca por tener un alto nivel de cumplimiento de las recomendaciones anteriores, habiendo aceptado el 96 % de las sugeridas en 2021. “Este esfuerzo se ha canalizado a través del sistema SIMORE Plus, una herramienta clave para el monitoreo de políticas de derechos humanos que ha servido de modelo regional", indicó.

Señaló que el Paraguay resalta su rol activo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la reciente reacreditación con Estatus “A” de la Defensoría del Pueblo, lo que garantiza que la institución cumple con los estándares internacionales de independencia y eficacia.

Asimismo, destacó que uno de los pilares de la gestión ha sido la mejora de los indicadores socioeconómicos. “Entre 2022 y 2025, Paraguay logró una reducción histórica de la pobreza monetaria, bajando del 24,5 % al 16 %, mientras que la pobreza extrema alcanzó su punto más bajo registrado (2,4%)”, indicó.

Explicó que estos resultados se atribuyen a programas estratégicos como Hambre Cero, que universalizó el almuerzo escolar para más de un millón de niños, y el fortalecimiento de redes de protección como Tekoporã y la Pensión Universal para Adultos Mayores.

Reveló también que el acceso a la vivienda se dinamizó mediante el programa Che Róga Porã, facilitando créditos hipotecarios con un fuerte enfoque en la inclusión de mujeres y migrantes.

En el ámbito jurídico y de salud, el ministro señaló que el Estado ha implementado la Ley de Salud Mental 7018/22, que prioriza un enfoque humanitario y comunitario. En cuanto al empleo, la Estrategia de Formalización 2025-2028 busca reducir la informalidad laboral, apoyada por herramientas digitales como EmpleaPy.

Por otro lado, indicó que la lucha contra el abuso de drogas se ha abordado de manera integral con el Plan SUMAR, que articula la prevención y el tratamiento, especialmente para poblaciones vulnerables y adolescentes en conflicto con la ley.

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El ministro destacó un cambio de paradigma en el sistema penitenciario bajo un nuevo modelo de gestión centrado en la dignidad humana. “Un hito fundamental fue la ejecución de los operativos Umbral 1 y 2, que permitieron, por primera vez en la historia del país, la separación efectiva entre personas condenadas y procesadas, tanto en el sector masculino como en el femenino", resaltó.

Mencionó que esta reorganización busca eliminar el hacinamiento y facilitar los programas de reinserción social, incentivando la educación y el trabajo mediante nuevas normativas de redención de penas.

En su informe, el ministro detalló los avances específicos para diversos sectores sociales; como la autonomía económica y participación política de las mujeres, junto con el alcance territorial de Ciudad Mujer Móvil.

En cuanto a la niñez, destacó el programa Abrazo con el que combate el trabajo infantil, mientras que para las personas con discapacidad, la Ley 7371/25 marcó un hito al reemplazar el modelo de interdicción por uno de capacidad jurídica plena con apoyos.

Mencionaron los esfuerzos por garantizar la seguridad territorial de los pueblos indígenas, la implementación de leyes contra el racismo para afrodescendientes y el fortalecimiento de la lucha contra la trata de personas y el cambio climático.

Finalmente, señaló que el gobierno de Paraguay reconoce que aún persisten desafíos en la reducción de desigualdades, la formalización del empleo y la mejora de los servicios públicos. Por ello, el Estado mantiene su firme decisión de impulsar políticas basadas en evidencia, con enfoque de derechos humanos y coordinación internacional.

“Con esta presentación, Paraguay consolida su posición en el ámbito multilateral como un país comprometido en la implementación de las observaciones, comentarios y recomendaciones que surjan de este examen, los cuales serán una hoja de ruta fundamental para consolidar una institucionalidad inclusiva, transparente y centrada en la dignidad de todas las personas”, concluyó.

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