El titular del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, comunicó este jueves la apertura de un sumario administrativo para Iris Rebeca Giménez Cabrera e Iván Ramiro Giménez Cabrera, acusados por planillerismo. Ambos son sobrinos de la senadora liberal Noelia Cabrera Petters.

“Desde que asumí, digo y sostengo que no vamos a tolerar ningún hecho de planillerismo, provenga de donde provenga, pero también damos a los funcionarios la posibilidad de la defensa que se encuentra consagrada en nuestra Constitución Nacional“, comentó Núñez.

Iván Ramiro e Iris Rebeca Giménez Cabrera fueron contratados en agosto del 2023 para prestar servicios en el Poder Legislativo, específicamente en la Comisión de Derechos de Personas con Discapacidad del Senado. Según las publicaciones periodísticas, ambos no se presentaban en sus puestos de trabajo y acudían regularmente durante el horario laboral, de abril a julio de este año, al estudio jurídico del abogado Milciades Centurión; supuesta pareja de la parlamentaria.

Lea también: Comisión que investigará posibles abusos de telefonías designó a sus autoridades

Iván Ramiro percibe un salario de G. 13.500.000 mientras que su hermana Iris Rebeca recibe un sueldo de G. 8.00.000. “Vamos a recabar todos los datos, se pedirá el informe del trabajo periodístico que será la función del juez sumariante para determinar quiénes son los culpables, si ambos estaban en alguna comisión, si estaban a cargo de algún senador o si estaban sobre un régimen especial”, dijo el parlamentario.

Núñez detalló que el sumario tendrá una duración aproximada de 30 días y se verá la suspensión del cobro de salario para ambos. “Con manos firmes se instruye un sumario y que tenga una celeridad para que la ciudadanía sepa que sucede con los recursos públicos“, sentenció.

Te puede interesar: Diputado Núñez abogó por la paz y protección de la mujer en cumbre parlamentaria en Suiza

Un grupo de víctimas del caso de estafa masiva a través de la conocida “mafia de los pagarés” llegó este lunes hasta la sede del Poder Judicial para reclamar el cese de embargos irregulares y exigir justicia.

Los afectados se quejaron del poco avance de las investigaciones y denunciaron que los descuentos siguen ejecutándose “a mansalva” en detrimento de las familias.

Te puede interesar: Dinavisa busca cortar cadena de comercialización de medicamentos hurtados

Carmen Rodríguez, docente de Villarrica, una de las víctimas, tildó de corruptos a jueces y ujieres, de quienes dijo que están “entregados totalmente a la mafia”.

“Están todos implicados, juzgados y jueces, ujieres corruptos. Hay juzgados que están totalmente entregados a la mafia”, denunció en diálogo con la 1000 AM.

La educadora afirmó que sigue siendo víctima del esquema delincuencial. “Se me sigue descontando a mansalva en detrimento total contra mi familia, dejándome prácticamente en un estado sin posibilidades de defendernos”, sostuvo.

Aseguró que nunca recibió ninguna notificación judicial, por lo que quedó en indefensión ante la justicia. “Y en mi caso yo ya he pagado todo. Y le vamos a decir a los jueces de esta Corte que no puede ser que por 9 millones, debas toda la vida 150 millones. Y de ahí no se mueve. Ellos ya cobraron todo y por qué no cobran lo justo”, lamentó.

Insistió en la necesidad que las casas comerciales involucradas en el esquema de estafas sean investigadas. “Ellos ya cobraron su capital y nos tienen en esta situación. Por qué no nos muestran la realidad, son pagarés abultados, aparte de los pagarés que desaparecen”, subrayó.

Rodríguez dijo que incluso los expedientes están desaparecidos, por lo que deben deambular de un lugar a otro para dar seguimiento a sus procesos.

Leé también: Padre de paraguayo detenido en EE. UU. no tiene información sobre su paradero

“En Paraguay, el uso descontrolado de pagarés —sin trazabilidad, sin control y muchas veces sin respaldo real— ha generado un circuito tóxico de endeudamiento, judicialización y abuso, afectando tanto a personas como a empresas, especialmente en los sectores más vulnerables de la economía”, afirmó el diputado José Rodríguez durante una entrevista en el programa Tribuna de Paraguay TV.

Rodríguez presentó los principales lineamientos del proyecto de ley que propone la creación del Registro Nacional de Pagarés y otros Títulos de Crédito (RNPyTC), una iniciativa que busca transformar el sistema de control de documentos crediticios en el país.

El legislador explicó que el objetivo central del proyecto es combatir la llamada “mafia de los pagarés”, una práctica que ha generado múltiples denuncias por fraudes, cobros duplicados y abusos por parte de usureros. “Queremos dar garantías a los ciudadanos y proteger especialmente a los más humildes, que muchas veces son víctimas de estos esquemas”, subrayó.

El parlamentario destacó que hoy existe una oportunidad histórica para construir un nuevo marco jurídico que combine seguridad financiera, protección judicial y tecnología, a través de un texto legal único y consensuado que unifica tres iniciativas clave: Poder Judicial, ejecución justa y controlada; Poder Ejecutivo y MIC, digitalización y trazabilidad; Poder Legislativo, creación del Registro Nacional de Pagarés.

La Corte Suprema de Justicia impulsa un proyecto que ya cuenta con media sanción legislativa. Este regula el proceso ejecutivo sobre pagarés, estableciendo criterios más estrictos para su ejecución judicial. El objetivo es evitar ejecuciones automáticas de títulos vencidos, sin respaldo o manipulados, garantizando el debido proceso y la buena fe contractual.

Desde el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) se implementa la Ley N.º 6822/2021, que reconoce la validez legal de los títulos de crédito en formato electrónico, incluyendo pagarés y letras de cambio. Esta normativa permite su digitalización con firma electrónica avanzada y trazabilidad, creando las condiciones técnicas y jurídicas para dejar atrás el papel y avanzar hacia un sistema moderno, confiable y transparente. Además, convierte al MIC en autoridad técnica y reguladora de los prestadores de servicios de confianza digital.

Te puede interesar: Alertan sobre falsos mensajes de supuestos operativos domiciliarios

Desde el Congreso Nacional, se impulsa la creación del Registro Nacional de Pagarés, una plataforma pública, digital y auditable donde se inscriban todos los pagarés emitidos en el país. Basado en la Ley 6822/21, este registro permitirá conocer si un pagaré ya fue ejecutado, venció, fue pagado o está en disputa, previniendo duplicidades, estafas y abusos judiciales. También facilitará a los jueces una evaluación rápida de la legitimidad del documento y protegerá a los firmantes.

“Por primera vez en mucho tiempo, los tres poderes del Estado y el Ministerio de Industria y Comercio estamos construyendo un solo texto de ley, trabajado en conjunto desde lo técnico, lo judicial, lo legislativo y lo económico”, destacó Rodríguez. “Este proyecto no se trata solo de pagarés: se trata de confianza. Confianza en el sistema. Confianza en el crédito. Confianza en las reglas”, agregó.

El diputado advirtió que quienes se benefician del sistema actual y de los vacíos legales probablemente se opondrán. “Pero nosotros trabajamos por la gente, por los emprendedores, por los comerciantes, por quienes piden un crédito con buena fe y terminan atrapados en un infierno judicial”, remarcó.

Finalmente, Rodríguez hizo un llamado a los sectores productivos, cooperativas, banca, justicia y ciudadanía a respaldar esta iniciativa: “Esta ley consensuada será el punto de partida para un Paraguay más formal, más justo y más moderno. Cuando el Estado trabaja unido, los beneficios llegan a todos”.

Leé también: Un finde con el clima perfecto: mañanas frescas y tardes calurosas

El paro anunciado por parte del Centro de Empresarios de Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam) para el próximo 21 de julio por un lapso de 72 horas, fue cuestionado por parte de la senadora de Cruzada Nacional, Yolanda Paredes, quien criticó al gremio por prestar un mal servicio y por “chantajear” al Estado.

“Ellos permanentemente están haciendo chantajes al Estado y eso no es justo, el dinero que reciben como subsidio es fruto del aporte de los contribuyentes, aquella persona que vive en Yasy Cañy (departamento de Canindeyú), está colaborando con estos empresarios y resulta ser que ahora ellos están haciendo un chantaje para que se les pague el subsidio”, aseveró.

En conversación con varios medios de prensa, la legisladora indicó que los paros y las reguladas son artimañas utilizadas desde hace muchos años por los transportistas, por lo que urge tener conocimiento sobre qué establecen sus contratos y cómo se distribuyen los recursos proveídos por el Estado.

Lea también: Che Roga Porá cumple 1 año con resultados tangibles y en su segunda etapa ya cuenta con 1897 créditos preaprobados

“Si el subsidio ha aumentado estos últimos tres años, cómo se explica que ellos aún así no estén contentos, cómo vienen a decir hoy que trabajan a pérdida, cómo es este asunto de que puedan trabajar a pérdida desde hace tantos años”, sostuvo. Esto, a raíz de las declaraciones de César Ruiz Díaz, presidente de Cetrapam, quien afirmó que exigen el ajuste de la tarifa del pasaje ante la nula ganancia que tiene el sector.

Paredes señaló que el servicio que prestan los transportistas es muy malo, dado que ni siquiera garantizan una frecuencia adecuada de los buses, que lleva a la ciudadanía a esperar las unidades por incluso más de una hora y además, los obliga a viajar en las estriberas, práctica que hace mucho fue erradicada por la mayoría de los países.

“Acá el único que sufre es el ciudadano que sale de madrugada para trabajar y se encuentra buses en mal estado, no se justifica en absoluto el dinero que a través del Presupuesto General de la Nación se le da a estos empresarios, estamos hablando de USD 40 millones este año y alrededor de ese promedio en los últimos cinco años, es una barbaridad de plata en comparación con el servicio que otorgan a la ciudadanía, no se justifica en absoluto (el paro)”, recalcó.

Le puede interesar: Contralor dice estar preocupado por modificación del proyecto de ley que puentea controles