Las inversiones realizadas bajo la Ley 60/90 totalizaron al cierre de julio USD 338 millones, representando un incremento interanual del 73 %, frente al mismo periodo del 2024. El 75 % de los capitales proyectados se concentran en el sector secundario.

El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) reportó que, al cierre del séptimo mes de este año, se observó un aumento del 73 % en las inversiones realizadas bajo la Ley 60/90, que establece incentivos fiscales destinados a promover y aumentar las inversiones de capital, tanto nacionales como extranjeras.

Solo en el mes de julio se aprobaron 19 nuevos proyectos, representando una inversión total de USD 72 millones, lo que demuestra una dinámica inversora sostenida para el MIC.

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Según el informe, en términos acumulados, en los primeros siete meses del año, se aprobaron un total de 101 nuevos proyectos, lo que representa un incremento del 31 % en comparación con los 77 proyectos que recibieron la aprobación en el mismo período del año 2024.

En cuanto a la distribución sectorial de las inversiones, el sector secundario, que abarca la industria manufacturera, concentra el 75 % del total, lo que según el MIC evidencia la importancia del desarrollo industrial en la estrategia de crecimiento económico del país.

En segundo lugar se ubicaron las inversiones para el sector terciario, que engloba los servicios, con un 12 %, y el sector primario con un 13 %.

La cartera estatal destacó que las inversiones de origen nacional lideraron en el flujo de capitales, alcanzando los USD 248 millones, lo que representa un notable aumento del 144 % con respecto al período anterior.

Por su parte, las inversiones extranjeras totalizaron USD 91 millones, lo que, según el MIC, refleja el interés de los inversores internacionales en las oportunidades que ofrece Paraguay.

Por otra parte, el 76 % de las inversiones proyectadas hasta julio se concentra en sectores estratégicos como el forestal, la elaboración de bebidas, y los servicios, que manifiestan una diversificación de la actividad económica y una apuesta por sectores con alto potencial de crecimiento y valor agregado.

En cuanto a la ubicación de estas inversiones, el 87 % de las inversiones acumuladas hasta julio del 2025 se concentra en los departamentos de Alto Paraná, Central, capital, Cordillera y Paraguarí.

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El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) realizó 1.725 fiscalizaciones de julio 2024 a julio 2025, que permitió la protección efectiva de los derechos de más de 88.000 trabajadores en distintos sectores económicos.

Las acciones se distribuyeron en varios tipos de intervención. Se desarrollaron un total de 343 fiscalizaciones con órdenes de inspección, enfocadas en verificar condiciones laborales, cumplimiento salarial y normas de seguridad ocupacional.

Se concretaron 267 inspecciones en el marco de la Comisión Interinstitucional de Transporte, para combatir la informalidad en el sector y mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores. Asimismo, se impulsaron 18 actuaciones conjuntas con el Instituto de Previsión Social (IPS), orientadas a detectar y regularizar a trabajadores no registrados en el seguro social.

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A nivel nacional se desplegaron 691 verificaciones en instituciones educativas dentro del programa Hambre Cero, que promovieron la formalización de más de 21.000 trabajadores del sector.

Igualmente, se implementaron 406 controles en el marco de la campaña “Feriado Paga Doble”, destinados a garantizar el pago correcto de salarios en días feriados, especialmente en comercio y servicios. Estas intervenciones se concentraron en áreas estratégicas como comercio, gastronomía, construcción, transporte y educación.

Desde el Ministerio de Trabajo explican que en muchos casos, las fiscalizaciones derivaron en la formalización inmediata de trabajadores, la corrección de incumplimientos y la adopción de medidas preventivas para fortalecer la seguridad y salud en el trabajo.

El plan incluyó además el fortalecimiento institucional de la cartera, a través de la capacitación continua de los equipos técnicos, modernización de procedimientos administrativos e incorporación de herramientas digitales, para garantizar mayor trazabilidad y transparencia.

También se impulsó un enfoque territorial, llegando a zonas de alta informalidad y trabajando de manera coordinada con gobiernos locales, gremios empresariales y organizaciones sindicales, informó el Ministerio de Trabajo.

Luego de la decisión de la Cámara de Diputados de destituir del cargo de intendente a Miguel Prieto, el concejal colorado Richard Alfonso señaló que espera que ahora el Ministerio Público haga su trabajo de investigar los supuestos hechos de malversaciones y corrupción que pesan sobre el destituido jefe comunal.

En conversación con La Nación/Nación Media, sostuvo que esta decisión que tomó en la fecha la Cámara de Diputados se veía venir, desde el momento en que la Contraloría General de la República detectó una serie de irregularidades en el manejo de los recursos del municipio, los cuales fueron corroborados igualmente por el interventor Ramón Ramírez.

“Nosotros esperamos que el Ministerio Público haga su trabajo porque no pueden quedar en la nada estos casos, si es que hay hechos de corrupción, o hechos irregulares de malversación de los recursos del municipio. Automáticamente, la Fiscalía debería actuar ya de oficio”, expresó.

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El concejal Alfonso indicó que el siguiente paso inmediato es aguardar la notificación de la destitución del intendente Prieto a la Junta Municipal, para que la misma convoque a una sesión extraordinaria para la elección del nuevo intendente interino, mientras se lleva a cabo el proceso de elección del nuevo intendente municipal en el plazo de 90 días, para que concluya el mandato vigente.

Señaló además que Miguel Prieto no puede hablar de persecución política, ya que las denuncias en su contra comenzaron incluso mucho antes de que él anunciara su intención de postulación a la Presidencia 2028.

“Caen de maduro todas las tergiversaciones y manipulaciones de Miguel Prieto y su equipo, que trataron de instalar que esto es una persecución política porque él es candidato a la Presidencia 2028. Cuando se hicieron las primeras denuncias, mucho antes de que Prieto diera a conocer sus intenciones, ni los concejales, ni la Contraloría Ciudadana, ni ciudadanos, teníamos la bola de cristal para saber que Prieto lanzaría su candidatura”, comentó.

El concejal Alfonso aclaró que desconoce cuál es la situación de la carpeta fiscal contra Prieto, ya que de las casi 50 denuncias que se habían formulado en su contra, incluso antes del inicio de la intervención, a la fecha solo existen dos imputaciones fiscales contra el exintendente esteño y su equipo político y colaboradores de la municipalidad.

Señaló que esta situación demuestra que existe un serio problema en el Ministerio Público. “Ya sea, porque no se han presentado correctamente las documentaciones, o no actúan como deben de actuar los fiscales, o es que no quieren, o hay algo ahí que no sabemos qué será del por qué no están actuando como tienen que ser”, cuestionó.

Insistió en que solo existen dos imputaciones a la fecha contra Miguel Prieto, y que justamente en estas dos imputaciones Prieto se ha pasado chicaneando y recurriendo a cuanto artilugio y artimañas jurídicas pudiera para entorpecer el proceso investigativo.

Finalmente, el concejal celebró la decisión de la Cámara de Diputados, destacando que está dejando un buen precedente para cualquier otro intendente municipal y para todos los que manejan fondos públicos tienen que hacer bien su trabajo, tienen que administrar bien el dinero público para evitar que ocurra este tipo de situación como la que se dio hoy con la destitución del intendente esteño, Miguel Prieto.

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El concejal Ernesto Guerín requirió la intervención del Ministerio Público en la Municipalidad de Ciudad del Este ante la escalada de actos violentos perpetrados por adherentes del intendente suspendido Miguel Prieto. El edil colorado alegó que la situación obstaculiza el normal funcionamiento de la comuna.

“Existe una guerra campal y no sabemos qué nos espera hoy. Los séquitos de Prieto rodean y asfixian a la municipalidad, hacen destrozos contra bienes públicos y hasta ahora eso no tiene una consecuencia jurídica, entonces uno puede venir a destrozar todo y no ir preso“, dijo Guerín, este martes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Señaló que Prieto mantiene movilizados a sus adherentes con la finalidad de generar caos en el marco del tratamiento de su destitución, que será analizado este martes por la Cámara de Diputados mediante una sesión extraordinaria. El informe final de la fiscalización emitido por el interventor de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, expone graves irregularidades en la gestión del opositor y la tendencia apunta a que sería apartado del cargo.

“Esto es triste, hay mucha gente que quiere hacer sus gestiones, pero no puede debido a que la municipalidad está con los brazos caídos. Hay convocatoria a manifestaciones en la zona de la rotonda, no sabemos qué es lo que planean la gente de Miguel Prieto y hacia dónde nos vamos porque la municipalidad no está trabajando”, refirió.

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“Este grave hecho, que se suma a otros actos como el robo de equipos informáticos, el acceso de funcionarios directivos en horas de la noche y el ataque a vehículos asignados a la intervención, comprueba el sistemático esquema de maniobras arteras, violencia e intento de amedrentamiento sufrido por el equipo interventor durante todo el proceso”, refiere el comunicado lanzado días atrás por el interventor tras el atraco a su despacho y la instalación de micrófonos para espiarlo.

Todas las irregularidades señaladas por la Contraloría General de la República (CGR) en la auditoría fueron corroboradas por la intervención: el mal uso del combustible, las inversiones en gastos de capital que fueron a parar a gastos corrientes por más de 29.000 millones, la existencia de cajas paralelas, funcionarios municipales que efectivizaron cheques entregados a comisiones vecinales, entre ellos, uno de G. 600 millones.

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