El líder de bancada del movimiento Honor Colorado en el Senado, Natalicio Chase informó este jueves que la Cámara Alta analizará el próximo 13 de noviembre el proyecto de ley “De la Función Pública y la carrera del Servicio Civil”. La propuesta de reforma impulsada por el Poder Ejecutivo fue presentada por al Congreso Nacional el pasado 16 de setiembre, tras un diálogo abierto con diversos sectores de la sociedad.
“Tendremos un informe final de la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo para el 30 de octubre y, a partir de ahí, vamos a tomar una decisión. Si están dadas las condiciones la fecha fijada para el tratamiento en código es el 13 de noviembre”, comentó Chase. La iniciativa incluye puntos relacionados al nepotismo, la estabilidad laboral, mecanismo de ingreso a la Función Pública, entre otros.
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Mientras que la otra propuesta del Gobierno que plantea la creación de un Registro Unificado Nacional (RUN) será evaluada por la plenaria el 29 de octubre. El proyecto de ley plantea la fusión de la Dirección General de los Registros Públicos, el Servicio Nacional de Catastro y el Departamento de Agrimensura y Geodesia. La iniciativa fue presentada al Poder Legislativo el pasado 26 de agosto.
Por otra parte, Chase refirió que la bancada del Honor Colorado estará acompañando el veto parcial del Ejecutivo al proyecto de ley sobre fomento a los combustibles. “Tenemos una posición consensuada, aceptar el veto. Yo no creo que las sanciones definirán el cumplimiento, es el mercado que definirá si se usa o no cierta cantidad de alcohol en la mezcla. El proyecto de ley es muy ambicioso y yo no creo que los cañicultores trabajando a full cumplan con los requisitos”, manifestó a los medios de comunicación.
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Renuncian los sobrinos de la senadora Noelia Cabrera, apuntados por supuesto planillerismo
Los dos sobrinos de la senadora liberal, Noelia Cabrera presentaron renuncia a los cargos que estaban ocupando, tras ser apuntados como presuntos planilleros. Ambos estaban recibiendo salario del Poder Legislativo y supuestamente no cumplían funciones en la institución, sino en un estudio jurídico privado.
Se trata de Iris Rebeca Giménez Cabrera e Iván Ramiro Giménez Cabrera, ambos funcionarios oficializaron esta tarde la presentación de su renuncia, esto, luego de que el presidente del Congreso, Basilio Núñez, confirmara que se abriría un sumario contra los dos. Los sobrinos de la legisladora liberal percibían juntos ascendían a más de G. 20 millones.
De acuerdo a publicaciones periodísticas, Iris e Iván fueron contratados en agosto del 2023 para prestar servicios en el Poder Legislativo, específicamente en la Comisión de Derechos de personas con Discapacidad de la Cámara Alta.
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No obstante, según trascendidos, ambos no se presentaban a sus puestos de trabajo y en su lugar acudían al estudio jurídico del abogado Milciades Centurión, aparentemente, pareja de la legisladora. El salario que percibía Iván era de G. 13.500.000, mientras que Iris percibía G. 8.000.000, por lo que desde su contratación hasta la fecha, le habrían costado al Estado unos G. 494.500.000, sin contar aguinaldo u otras remuneraciones que pudieran haber percibido.
Cabe mencionar que la renuncia, aceptada por el titular del Congreso, no anula el desarrollo del sumario, por lo que no se descarta que pudiera derivarse en una causa para la Fiscalía si es que se hallase indicios de comisión de hechos punibles, derivados de este sumario, que se estima durará un máximo de 30 días. “No vamos a tolerar ningún hecho de planillerismo, provenga de donde provenga“, fueron las palabras de Núñez.
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Reforma del transporte público: reducir tiempo y eliminar reguladas, principales objetivos
El proyecto de ley “que establece la rectoría sobre el transporte terrestre y modifica y amplía disposiciones de la Ley 1590/2000, relativas al transporte público metropolitano de pasajeros”, cuenta con 122 artículos. Fue presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional y la Cámara de Senadores estableció el 3 de setiembre para su tratamiento en el pleno legislativo. El documento ya ingresó a la Cámara Alta y fue derivado a las comisiones asesoras.
“Actualiza el marco institucional del sector de transporte, organiza la elaboración de políticas y planificación e instaura, para la prestación del servicio de transporte público metropolitano de pasajeros, nuevos principios rectores y un marco regulador con orientación a la calidad y bienestar de personas usuarias, promoviendo un servicio eficiente, seguro, accesible, sostenible e integrado para el desarrollo económico del país”, establece el primer artículo.
El órgano rector del Sistema Nacional de Transporte y el encargado de elaborar, proponer y ejecutar las políticas y disposiciones del Poder Ejecutivo, referentes a las infraestructuras y servicios básicos para la integración y desarrollo económico, será el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
El Viceministerio de Transporte, en función desconcentrada, estará a cargo de la regulación del servicio de transporte público metropolitano de pasajeros. Se incluye a la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran), y los municipios del área metropolitana.
Este proyecto de ley, impulsado por el Poder Ejecutivo, busca innovar el sistema del tansporte público, otorgando al usuario una movilidad 24/7; reducir el tiempo de espera; un menor gasto para el usuario; con viajes asegurados, seguridad y calidad. Como un servicio imprescindible, se apunta a la garantía de un servicio continuo y regular, erradicando las habituales reguladas.
Datos claves
- Reformas
La propuesta establece el diseño de un nuevo modelo operativo; la incorporación progresiva de buses eléctricos (1.000 unidades) y a diésel de bajas emisiones; mejoras significativas en la infraestructura vial como la renovación de la avenida Mariscal López, la duplicación del tramo Mariano Roque Alonso–Aeropuerto y obras en la ex Ruta 1 que contempla la implementación de carriles exclusivos y paradas renovadas.
- Innovaciones
Se establece separar la provisión de flota de la operación del servicio, estableciendo contratos diferenciados para evitar la dependencia de los operadores actuales en la adquisición de buses; por lo que el Estado contratará la flota y definirá que esos buses son bienes afectos al sistema.
Se pretende la incorporación de tecnología y mejorar la planificación urbana para transformar la experiencia del usuario.
También una integración tarifaria, monitoreo en tiempo real y que cada persona pueda saber desde su celular cuándo llega su bus.
Se incluirá incentivos para que más mujeres se sumen como conductoras.
- Concesiones (artículo 31)
1) Deberán otorgarse por medio de un contrato y previa licitación pública.
2) Serán por plazo determinado, contado a partir de la fecha de celebración del respectivo contrato.
3) Podrán ser gratuitas, onerosas o subvencionadas de conformidad con las políticas tarifarias aprobadas por el Poder Ejecutivo.
4) Serán otorgadas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, por intermedio del Viceministerio de Transporte, quien actúa en calidad de Concedente en representación del Estado.
5) Se suscribirán, para el caso del componente de operación, con sociedades de objeto específico, en carácter de concesionarios.
6) Se extinguirán por vencimiento del plazo contractual, por terminación anticipada atribuida a cualquiera de las partes, rescate, quiebra, concurso de acreedores, disolución y liquidación del concesionario, y por los demás hechos o circunstancias previstos en el contrato de concesión.
- Provisión de flotas
La flota para la prestación del servicio de transporte público metropolitano de pasajeros no podrá contar con buses de más de 15 años de antigüedad, computados a partir del año modelo de cada unidad. En caso de que una unidad supere este límite durante el periodo de prestación del servicio, deberá ser retirada y reemplazada por otra. El Viceministerio de Transporte podrá determinar la antigüedad promedio de la flota en los niveles que permitan una mayor estandarización del servicio en su conjunto. (Artículo 49).
El contrato de concesión para la prestación de los servicios de provisión de flota tendrá una duración máxima de 15 años. (Artículo 50).
- Tarifas
1) Asequibilidad: considerará la capacidad de pago promedio de las personas usuarias.
2) Equilibrio y Sostenibilidad: reflejará el monto necesario para remunerar los costos de operación que se le imputen en el diseño tarifario, para garantizar la eficiencia y sostenibilidad financiera.
3) Integración: incluirá los costos de los diversos servicios y modos de transporte público con el objeto de facilitar el logro de una sola tarifa al usuario o pasaje integrado incluyendo eventuales trasbordos.
4) Beneficios tarifarios: contemplará beneficios para grupos poblacionales específicos establecidos en leyes especiales tales como: estudiantes secundarios, personas adultas mayores y personas con discapacidad, entre otras.
5) Uso frecuente: considerará incentivos de uso del servicio de transporte público de pasajeros tanto para personas usuarias, con descuentos o exoneraciones a partir de montos determinados de gasto mensual en viajes, como para empresas, con la utilización de bonos o vales de transporte al personal, entre otros. (Artículo 64).
Fuente: MOPC
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Comisión que investigará posibles abusos de telefonías designó a sus autoridades
Este jueves, en el Senado se concretó la instalación de la comisión especial que investigará los supuestos abusos a los derechos de los consumidores en los servicios proveídos por las firmas de telefonía celular e internet y los servicios de transferencias de dinero en efectivo realizadas por las mismas.
La presidencia del bloque recae sobre el senador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Dionisio Amarilla; la vicepresidencia será ocupada por la legisladora colorada Lilian Samaniego, y el cargo de relator está ocupado por Patrick Kemper.
La creación del bloque surge ante las innumerables denuncias de usuarios por los abusos tarifarios que implementan las empresas, casi siempre sin previa comunicación. La comisión también se encuentra conformada por Juan Carlos “Nano” Galaverna, Natalicio Chase, Lizarella Valiente, Erico Galeano, Norma Aquino, José Oviedo y Esperanza Martínez.
“Aparentemente será una tarea titánica la que hemos decidido emprender. Vamos a servir como canal para que la gente pueda acercar sus reclamos. Trabajaremos con objetividad y transparencia para hacerle entender a telefónicas o prestadoras y clientes que en un ambiente de amistad es más fácil encontrar solución”, dijo Amarilla.
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Denuncias en el interior
El bloque se reunirá los días jueves a las 9:00, de manera física y virtual. En la ocasión, también se planteó la instalación de oficinas regionales permanentes en gobernaciones y municipios con la finalidad de que la ciudadanía recurra para efectuar sus denuncias.
“La gente nos hizo saber que para conectarse a una telefónica con un mero mensaje y la copia de la cédula ya se accede a una línea y que después para desconectarse es todo un calvario. También hay dudas sobre la duración de los saldos, paquetes. Las últimas denuncias guardan relación sobre que se han cambiado inclusive de manera discrecional las fechas de pago”, afirmó el legislador.
El titular de la comisión manifestó: “Pensamos hacer audiencias públicas, ir al interior del país para establecer oficinas en municipios y gobernaciones, tener una plataforma para que la gente de manera documentada y con ciertos protocolos haga esas denuncias. Yo informé que un equipo técnico bastante amplio, conformado por profesionales, asistirá a esta comisión”.
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Diputado Gamarra apoya plan del Ejecutivo para transformar el transporte público
El diputado Rodrigo Gamarra expresó su respaldo al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo para la modernización del transporte público, señalando que se trata de una iniciativa largamente esperada por la ciudadanía. En la etapa de oradores, Gamarra valoró que la propuesta forma parte de un paquete más amplio de diez leyes orientadas a la modernización del Estado, el fortalecimiento institucional y la recuperación económica del país.
Durante su intervención, el legislador destacó que el sistema de transporte público “atraviesa su momento más crítico desde todo punto de vista”, con un nivel de insatisfacción generalizado. “Hoy nadie está conforme: el usuario no está conforme, el Estado no está conforme, los empresarios no están conformes con lo que tenemos”, afirmó.
Gamarra explicó que el proyecto del Ejecutivo no es improvisado, sino que es el resultado de un trabajo técnico que involucra a asesores, al Viceministerio de Transporte y a diversas instituciones, con el objetivo de generar un servicio más eficiente, más seguro y que represente un menor costo para los ciudadanos. “Se está pensando en un sistema que beneficie al usuario sin aumentar el pasaje”, recalcó.
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Una de las principales innovaciones contempladas en la iniciativa es la incorporación de buses 100 % eléctricos. El Estado será propietario de los vehículos, que serán entregados en concesión a las empresas prestadoras del servicio, bajo condiciones previamente pactadas a través de una licitación pública.
Entre ellas, el pago de un canon al Estado por la utilización de las unidades. “Esto no significa subsidiar a los transportistas, sino facilitar un modelo más transparente y beneficioso para el pasajero”, precisó el diputado.
Ante las críticas surgidas desde algunos sectores políticos, Gamarra advirtió sobre intentos de distorsionar el alcance del proyecto por intereses partidarios. “Cuando aparecen propuestas innovadoras como esta, siempre surgen los detractores y los oportunistas políticos. Por eso es importante aclarar las cosas”, subrayó.
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