El abogado Ricardo Preda, representante legal de ueno bank, explicó cuál es la situación de la deuda de la concertación Frente Guasu, por valor de G. 2.021.219.253 correspondientes al pagaré firmado el 22 de febrero de 2022. Esta deuda se había generado cuando la entidad bancaria era Financiera ueno S.A.E.C.A.
“Efectivamente hay una deuda de la concertación Frente Guasu y la codeudoría de tres personas físicas con ueno bank y en su momento, cuando aún tenía la denominación de Financiera ueno se había promovido una acción ejecutiva en junio del año 2023″, explicó Preda en entrevista a la 1020 AM.
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Refirió que “en esa acción ejecutiva, los demandados, las personas físicas son Carlos Filizzola, Aida Robles y Óscar Rojas”, sin embargo, estas tres personas se presentaron a plantear una “excepción de falsedad” y negaron que las firmas consignadas en un pagaré en febrero del 2022 les pertenezcan.
“Entonces, en función a eso yo recibí la instrucción del banco de formular una denuncia penal para que esto se esclarezca y se determine que efectivamente esas firmas son falsas o no. Si son falsas, buscaremos a los responsables de haber creado ese documento”, mencionó.
En contrapartida, el abogado resaltó que “la certificación de firma por una escribana pública no son documentos simplemente, sí certificación de firma, si eventualmente estas firmas no les corresponden a estas personas, también hay la intervención de una escribana pública”.
Esta denuncia está en el Ministerio Público para aclarar el caso de la negación de las firmas. “Lo cierto y lo concreto es que la deuda no ha sido negada por nadie, simplemente es la firma en el documento que, entiendo yo, se niega. Nosotros queremos que esto se esclarezca en función a la gravedad de sucesos de todo esto”, sentenció Preda.
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PLRA proyecta cancelar millonaria deuda heredada de Efraín Alegre en el 2028
Desde el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), se proyecta cancelar la millonaria deuda generada por la administración de Efraín Alegre en el 2028, año en que se prevé la realización de las elecciones generales. Se detalla que una gran parte del débito se debe a demandas impulsadas por dirigentes y financistas para el cobro de bonos que fueron emitidos para las campañas presidenciales del 2018.
“Desde el 2021 prácticamente no se ha hecho ningún tipo de préstamos, solo se concretó en abril del 2023 para las elecciones presidenciales. La situación financiera no está bien, pero yo como economista y profesional contable hice un cálculo actuarial y con lo que recibiremos del Tribunal Superior de Justicia Electoral, en 3 años saldremos de esto, siempre y cuando ya no contraigamos deudas”, refirió a la 780 AM la vicepresidenta segunda del PLRA, Alba Talavera.
Según las afirmaciones de Hugo Fleitas, presidente de la agrupación, Alegre dejó una deuda equivalente a G. 40 mil millones. Agregó que en su gestión el monto total bajó a G. 25 mil millones.
De acuerdo a los antecedentes, el PLRA había emitido antes de las elecciones presidenciales del 2018 cientos de estos documentos con valores distintos así como varias series, que iban desde la A, equivalente a G. 5 millones, hasta la F, valuada en G. 100 millones.
“Es importante que se sepa que los propios correligionarios demandaron al Partido Liberal por bonos, y las grandes deudas que se tienen se debe a los honorarios de los abogados. Esto es algo inaudito”, lamentó Talavera.
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Imputación refleja factor político en fracaso del metrobús, afirman
El abogado Ricardo Preda indicó que la imputación del exministro abdista Arnoldo Wiens se fundamenta en elementos sólidos de la investigación fiscal que colocan en evidencia que el proyecto Metrobús fue paralizado por un revanchismo político y no técnico. El extitular de Obras Públicas desoyó la conclusión de su propio equipo interventor, suspendió las obras y ordenó demoler todo lo construido, valuado en de G. 6.900 millones, con el 40 % de avance.
“Los fiscales toman la decisión en la medida de que creen que tienen las evidencias suficientes para sostener sus requerimientos. En este caso son requerimientos muy sólidos, tanto para la imputación como el sobreseimiento definitivo, se nota que los fiscales realmente trabajaron en el caso”, dijo ayer el representante legal del extitular del MOPC, Ramón Jiménez Gaona, al canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media. Las afirmaciones de Preda surgen ante el discurso de victimización esgrimido por Wiens, quien mencionó en sus redes sociales que la imputación fiscal en su contra obedece solo a una persecución política. “Es un discurso vacío. Bajo esa fórmula entonces ningún fiscal va a querer imputar a alguien que es candidato para un cargo porque dirán que ya es una persecución política”, comentó.
Wiens, buscando el ropaje ciudadano, refirió que la Justicia se encuentra al servicio del poder, ya que supuestamente el oficialismo colorado pretende “ganar en tribunales lo que no pueden en las urnas”, olvidando que en las internas coloradas de 2018 terminó siendo derrotado ampliamente por el actual presidente de la República, Santiago Peña, del movimiento Honor Colorado.
Al discurso de Wiens se sumaron las afirmaciones del expresidente de la República Mario Abdo Benítez, quien también, mediante sus redes sociales oficiales, ejerció una defensa férrea a favor del expastor calificándolo como un “hombre honesto y trabajador” y que la Justicia paraguaya se está convirtiendo en un “aparato de persecución”.
“Realmente este tema es inédito, por el hecho de que un gobierno, por cuestiones estrictamente políticas, haya decidido destruir algo que se construyó. Espero que este sea un mensaje de que un país serio no se construye de esa manera, se dejó sin transporte a más de 300.000 personas”, lamentó Preda.
El abogado acotó que “la gente de la empresa Mota Engil se avivó al ver que había un grupo al que no le interesaba el país, sino que le interesaba más el revanchismo político. Dijeron ‘esta es la nuestra’ y cobraron el dinero. Y solo dañaron al Estado paraguayo, lo hicieron solo por una cuestión política”
El libreto de Wiens: se siente un perseguido político
El extitular del MOPC omite referirse a los fundamentos de la imputación fiscal; busca llevar la discusión al plano político.
Siguiendo el libreto de su mentor, Mario Abdo Benítez, y sus compañeros de la causa, los también procesados Arnaldo Giuzzio o Carlos Arregui, el exministro de Obras Públicas Arnoldo Wiens se declaró un “perseguido político”.
Sin embargo, no hizo una sola mención a los argumentos que esgrime el Ministerio Público para imputarlo por lesión de confianza y daños a obras construidas. Agentes de la Unidad Anticorrupción encontraron que hubo daño patrimonial en la demolición de la obra del metrobús, en abril de 2020, ordenada por el MOPC. Está demolición supone un grave daño patrimonial al Estado que ronda los G. 15 mil millones.
En un nuevo capítulo del caso metrobús, los abogados del exministro Arnoldo Wiens presentaron ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia una acción de inconstitucionalidad ante la imputación de su defendido.
El equipo legal de Wiens sostiene que existen irregularidades jurídicas en la forma en que se ha desarrollado la imputación, por lo que solicitan que la Corte examine la constitucionalidad del procedimiento seguido.
El acta de imputación fiscal refiere que Wiens, al asumir el cargo de ministro de Obras Públicas en agosto del año 2018, tenía la obligación de resguardar el patrimonio estatal y garantizar la continuidad de las obras del metrobús, adjudicadas a la firma portuguesa Mota Engil. Señala también que antes de la administración de Wiens, el proyecto del metrobús registraba un avance físico del 40 %.
Desde el Ministerio Público se sostiene que el proyecto era viable y que no existían inconvenientes técnicos ni económicos para su paralización.
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Capaco y MEF analizaron mecanismos como el régimen factoring para saldar deuda
Directivos de la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco) participaron de una reunión convocada por el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, para avanzar en el tratamiento de la deuda que el Estado mantiene con el sector.
“Durante la reunión, el MEF presentó su propuesta de abonar parte de la deuda mediante los mecanismos previstos en la Ley N° 6542/2020, que establece el régimen de factoring con garantía soberana como herramienta financiera”, explicaron desde Capaco.
El régimen de factoring es un mecanismo financiero mediante el cual una empresa cede sus facturas o créditos por cobrar a una entidad financiera (banco o financiera) para obtener el dinero de forma inmediata, en lugar de esperar a que el deudor pague en el plazo establecido.
El encuentro contó con la presencia de la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, y del senador Natalicio Chase, presidente de la Comisión de Obras Públicas, Comunicaciones y Servicios Públicos de la Cámara de Senadores, para tratar dicha deuda.
“El encuentro se da en un momento crítico para la actividad constructora, cuando la deuda certificada del Estado asciende a unos USD 250 millones, a los que se suman USD 120 millones en intereses contractuales acumulados, totalizando aproximadamente USD 370 millones”, según datos del sector.
Desde Capaco se reiteró la necesidad de contar con soluciones concretas y previsibles que permitan regularizar los compromisos pendientes, evitar la paralización de obras y preservar el capital humano del sector, el cual es esencial para el desarrollo de infraestructura en el país.
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“La Cámara reafirma su disposición al diálogo institucional y a la búsqueda de alternativas que garanticen el cumplimiento efectivo de las obligaciones del Estado paraguayo”, puntualizó el gremio.
El pasado 4 de febrero, se había señalado que los desembolsos previstos no se están cumpliendo, lo que se encuentra generando un impacto directo en la ejecución de obras, especialmente en las pequeñas y medianas empresas del sector.
De acuerdo a los datos de Capaco, más de 80 empresas enfrentan serias dificultades para sostener sus operaciones, y algunas ya comenzaron a paralizar trabajos en curso. “Sin una reprogramación urgente y un plan de pagos previsible, el sistema de obras públicas se vuelve insostenible”, agregaron.
Sumado a esto, explicaron que el presupuesto previsto para este 2026 resulta insuficiente para cubrir las obras en ejecución, y menos aún para absorber la deuda acumulada, por ende, la continuidad de las obras, el empleo y la inversión dependerán de que el Estado honre sus compromisos en tiempo y forma.
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MEF se reúne con farmacéuticas para ordenar pagos y reducir deuda
El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández, junto a los viceministros de Economía, Felipe González y de Administración, Óscar Lovera, mantuvo una reunión con representantes del sector farmacéutico para explicar la situación de las contrataciones públicas, la disponibilidad presupuestaria y las medidas de gestión que se están impulsando para dar mayor previsibilidad al sistema de pagos del Estado.
El encuentro tuvo como objetivo principal ordenar el proceso de compras y pagos del Ministerio de Salud, que actualmente mantiene una deuda acumulada con proveedores de medicamentos de USD 814 millones.
Durante la reunión, el MEF expuso los lineamientos que se están aplicando para reducir la burocracia, establecer reglas claras y, al mismo tiempo, cuidar las finanzas públicas.
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Según los datos presentados, el Ministerio de Salud realiza compras mensuales de medicamentos por alrededor de USD 50 millones, pero los pagos efectivos se ubican entre USD 20 y 25 millones. Esta diferencia genera un remanente que se arrastra al mes siguiente, provocando un crecimiento acumulativo de la deuda y afectando la cadena de suministro.
Desde el MEF explicaron que se trabaja en un esquema de gestión que permita alinear las compras con la capacidad real de pago, de manera a evitar nuevos atrasos y reducir progresivamente el pasivo existente. La intención es establecer un marco más previsible para los proveedores y garantizar la continuidad del abastecimiento de medicamentos en el sistema público.
Los representantes de las farmacéuticas valoraron la apertura del Ministerio de Economía y destacaron la predisposición de las autoridades para escuchar al sector y buscar soluciones conjuntas. Señalaron que la previsibilidad en los pagos es clave para sostener la provisión regular de fármacos y evitar quiebres de stock.
La reunión marca un primer paso en un proceso de diálogo entre el Estado y el sector privado, en un contexto donde la deuda acumulada y los atrasos en los pagos se convirtieron en uno de los principales desafíos para la sostenibilidad del sistema de compras públicas en salud.
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