El abogado Ricardo Preda, representante legal de ueno bank, explicó cuál es la situación de la deuda de la concertación Frente Guasu, por valor de G. 2.021.219.253 correspondientes al pagaré firmado el 22 de febrero de 2022. Esta deuda se había generado cuando la entidad bancaria era Financiera ueno S.A.E.C.A.
“Efectivamente hay una deuda de la concertación Frente Guasu y la codeudoría de tres personas físicas con ueno bank y en su momento, cuando aún tenía la denominación de Financiera ueno se había promovido una acción ejecutiva en junio del año 2023″, explicó Preda en entrevista a la 1020 AM.
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Refirió que “en esa acción ejecutiva, los demandados, las personas físicas son Carlos Filizzola, Aida Robles y Óscar Rojas”, sin embargo, estas tres personas se presentaron a plantear una “excepción de falsedad” y negaron que las firmas consignadas en un pagaré en febrero del 2022 les pertenezcan.
“Entonces, en función a eso yo recibí la instrucción del banco de formular una denuncia penal para que esto se esclarezca y se determine que efectivamente esas firmas son falsas o no. Si son falsas, buscaremos a los responsables de haber creado ese documento”, mencionó.
En contrapartida, el abogado resaltó que “la certificación de firma por una escribana pública no son documentos simplemente, sí certificación de firma, si eventualmente estas firmas no les corresponden a estas personas, también hay la intervención de una escribana pública”.
Esta denuncia está en el Ministerio Público para aclarar el caso de la negación de las firmas. “Lo cierto y lo concreto es que la deuda no ha sido negada por nadie, simplemente es la firma en el documento que, entiendo yo, se niega. Nosotros queremos que esto se esclarezca en función a la gravedad de sucesos de todo esto”, sentenció Preda.
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Caso Ueno: encuentran más autos de lujo en mansión de Miguel Vázquez
Según adelantaron los intervinientes, los bienes incautados serán entregados a la Senabico.
Una comitiva fiscal y policial desarrolló ayer lunes un procedimiento en la residencia de Miguel Vázquez, exvicepresidente segundo de Ueno Bank, en el barrio La Piedad de Asunción, a los efectos de incautar vehículos que fueron dejados en la propiedad y otros en la zona.
El comisario Diosnel Alarcón, jefe del Departamento Especializado en la Investigación del Cybercrimen, indicó a la 1020 AM que se trata de rodados que tenían familiares del exdirectivo de la entidad en quiebra y fueron dejados en la residencia. Anticipó que se realizarán más intervenciones en el marco de la causa.
Se trata de un vehículo Toyota Fortuner, con chapa AASM 472, otra Toyota Fortuner, con AATJ 420, también un Volvo EX30 (SUV), con chapa AAZM 787 y por último una Chevrolet S10, con chapa AARK 843. Además, encontraron otra camioneta que estaba escondida en otra propiedad frente mismo a la casa de Miguel Vázquez, ex-CEO de Ueno Bank.
Según adelantaron los intervinientes, los bienes incautados serán entregados a la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) para su administración.
La residencia se encuentra ubicada sobre la calle Coronel E. Facetti, esquina Totus, hasta donde llegaron los fiscales Ruth Benítez y Silvio Corbeta, con el acompañamiento de efectivos del Departamento contra el Cibercrimen de la Policía Nacional.
MUCHOS AUTOS
Los vehículos encontrados durante el operativo se suman a otros bienes alcanzados por las medidas de incautación, que posteriormente serán entregados a la Senabico para su administración, conforme a los procedimientos establecidos.
Durante el primer procedimiento, realizado el martes 3 de noviembre, fueron incautados otros nueve vehículos de alta gama, cuyo valor conjunto rondaría los USD 1,4 millones. Entre ellos, un Porsche 911 GT3, un Bentley Continental GT, dos Mercedes Benz Brabus, un BMW M2 y un Audi RS e-tron GT.
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Cuando el antisemitismo se disfraza de ciberseguridad
- POR JUAN CARLOS DOS SANTOS G.
- juancarlos.dossantos@nacionmedia.com
La crisis de Ueno Bank abrió una discusión que Paraguay necesitaba tener: cómo se protegen los datos biométricos en el sistema financiero y quién responde cuando algo falla.
Era un debate para auditores, reguladores y abogados. Pero en las redes empezó a circular otra cosa, un relato que sacó el foco del banco y de sus responsables y lo puso en un blanco externo: el origen israelí de los sistemas de validación que usa el sector.
Nos lo quisieron vender como una repentina preocupación por la privacidad de la gente. No lo es. Es el viejo prejuicio antisemita con ropa nueva, adaptado a la era de los algoritmos.
Y el argumento ni siquiera se molesta en disimular: el peligro ya no estaría en cómo se diseñó el servidor ni en quién administra la base de datos, sino en la nacionalidad de quienes escribieron el código. Lo repitieron ciertos medios y activistas políticos, varios de ellos hablando a cámara con el rostro tapado.
Técnicamente, cualquier base centralizada de datos biométricos (rostro, huella o iris) trae un riesgo serio: si se filtra, no hay manera de cambiar una huella como se cambia una contraseña. Eso es cierto y siempre lo fue. Sin embargo, en Paraguay nadie parecía preocupado.
Desde hace décadas, el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional guarda las huellas de prácticamente toda la población, y esos registros hace rato que fueron escaneados y pasados a sistemas digitales centralizados. Nadie montó una cruzada moral por eso. Nadie habló de vigilancia masiva. El escándalo apareció recién cuando el debate tocó a empresas de origen israelí.
Ahí está el doble estándar. Si la solución de reconocimiento facial viene de Estados Unidos, de Europa o de Asia, la discusión se queda donde debe: en la norma, en el contrato, en el costo. Si viene de Israel, un país con una industria de ciberseguridad y defensa de primer nivel, aparecen de golpe los fantasmas de siempre: el “control global”, el espionaje oculto, la conspiración financiera. Un contrato de software pasa a ser una amenaza a la soberanía nacional.
Cuando un banco entra en problemas, o cuando la política se desgasta, buscar un culpable afuera sale barato. Sirve para repartir la atención y dejar a los responsables locales en segundo plano.
Atar a la tecnología privada a teorías sin sustento técnico no solo envenena la conversación sobre cómo modernizar el sistema financiero. También normaliza un discurso que señala a las personas por su origen nacional y cultural, algo que ya sabemos adónde conduce cuando nadie lo frena a tiempo. Estos relatos fueron amplificados por portales vinculados a Rusia y a Irán, con un intento bastante torpe de enganchar el caso con las guerras que Israel libra en su región.
Entre las mentiras que circularon: que la empresa de seguridad biométrica contratada por Ueno Bank formaba parte de un acuerdo nacido con el traslado de la embajada paraguaya a Jerusalén, y que esa misma empresa sería responsable de la muerte de un millón de personas en Gaza. Ni la relación ni la cifra tienen sustento alguno.
La seguridad informática se audita con protocolos de cifrado, estándares internacionales y leyes claras, no con consignas. Decir que el riesgo de un sistema biométrico depende de la bandera de sus ingenieros no protege la privacidad de nadie. Lo único que confirma es que el antisemitismo siempre encuentra un ropaje nuevo, esta vez tecnológico, para justificar la misma sospecha y la misma exclusión de siempre.
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Piden que Estado cubra 100 % de ahorros afectados por crisis
Propuesta contempla la subrogación de derechos, mediante la cual el Estado pasaría a ocupar la posición de los depositantes.
El abogado Óscar Tuma planteó la creación de una ley especial que permita al Estado indemnizar el 100 % de los ahorros de todos los afectados por la resolución de Ueno Bank, tanto del sector público como privado, sin limitar la cobertura al tope establecido actualmente por el Fondo de Garantía de Depósitos.
Durante una entrevista en el programa Arriba hoy, sostuvo que la iniciativa busca que los ahorristas recuperen la totalidad de su dinero y que sea el Estado el que asuma las gestiones judiciales para recuperar los activos y reponer los recursos utilizados.
Tuma explicó que la propuesta contempla la subrogación de derechos, mediante la cual el Estado pasaría a ocupar la posición de los depositantes para impulsar los procesos de recuperación de fondos.
De esta manera, la Procuraduría General de la República podría encabezar las acciones judiciales, mientras que los montos recuperados volverían al Fondo de Garantía.
El abogado consideró que no es justo que las personas afectadas deban afrontar largos procesos judiciales, asumir gastos legales y esperar entre tres y cinco años para intentar recuperar sus ahorros, especialmente cuando, a su criterio, existieron fallas en los controles del Banco Central del Paraguay (BCP).
POSIBILIDAD DE EMITIR BONOS
Asimismo, señaló que la legislación vigente ya contempla la posibilidad de emitir bonos cuando los recursos del Fondo de Garantía no sean suficientes para cubrir las obligaciones. No obstante, manifestó que confía en que los fondos disponibles podrían permitir alcanzar la cobertura total.
Finalmente, indicó que ya trabaja en un borrador de la propuesta junto con técnicos y que también conversó con personas cercanas al presidente de la República y algunos senadores, quienes estarían analizando alternativas en la misma línea.
Pago de hasta 75 salarios mínimos podría demorar 15 días
Dependerá de la decisión que adopte el directorio del BCP sobre el mecanismo de resolución de Ueno Bank.
El pago de la diferencia correspondiente a la cobertura de hasta 75 salarios mínimos para los depositantes de Ueno Bank dependerá de la decisión que adopte el directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) sobre el mecanismo de resolución de la entidad. Así lo explicó a Universo 970 / Nación Media, José Maciel, director del Fondo de Garantía de Depósitos, quien señaló que primero se debe definir si se concretará la transferencia de activos y pasivos a otra institución financiera o si se continuará con el esquema de pago a través del fondo.
Indicó que, si no se logra concretar la transferencia de la cartera a otra entidad, el Fondo de Garantía de Depósitos continuará con el desembolso de la diferencia entre los 40 salarios mínimos ya abonados como anticipo y el límite de 75 salarios mínimos establecido por la cobertura. “Vamos a continuar nosotros con el pago de la diferencia entre los 40 y los 75 salarios mínimos, con los recursos del Fondo de Garantía de Depósitos”, afirmó.
En cuanto a los plazos, Maciel explicó que al cumplirse los primeros 15 días desde el inicio del proceso de resolución, el directorio del BCP tiene la facultad de extender el período por otros 15 días para completar las evaluaciones. Durante ese tiempo, los interventores continúan trabajando en la revisión y los ajustes del balance de la entidad financiera, por lo que todavía no existe una fecha precisa para iniciar el siguiente desembolso.
La transferencia de los activos y pasivos de Ueno Bank a otra entidad financiera permitiría que todos los depositantes recuperen la totalidad de sus ahorros, incluso aquellos cuyos fondos superan el límite de cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), establecido en 75 salarios mínimos.
Esta alternativa dependerá de que se concrete la operación con otra entidad financiera. De no avanzar ese mecanismo, el FGD continuará con el procedimiento de pago de la cobertura correspondiente, conforme a los límites establecidos.
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Caso Ueno Bank: incautan siete caballos del Grupo Vázquez, cotizados en unos USD 100.000
El Ministerio Público, en el marco de varios procedimientos que viene realizando por el caso del vaciamiento de Ueno Bank, incautó siete caballos situados en el Club Hípico Paraguayo. Los ejemplares quedarán a cargo de dicha institución por disposición fiscal.
Según los datos preliminares, dos de los animales figuran a nombre de Miguel Vázquez y otros cinco a nombre de Adriana Vázquez. Entre los ejemplares incautados se encuentran dos caballos destinados a competencias de salto ecuestre.
El valor estimado del conjunto de los siete animales ronda los USD 100.000, cifra aproximada que todavía debe distinguirse de una tasación oficial. El procedimiento forma parte de las diligencias fiscales para identificar y asegurar bienes vinculados al grupo investigado por el caso Ueno Bank.
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Otros allanamientos
Igualmente, los agentes fiscales Ruth Karina Benítez y Silvio Corbeta incautaron nueve vehículos de alta gama, además de una vivienda y otros inmuebles vinculados a la causa penal contra los directivos de Ueno Bank. Las autoridades enfatizan la importancia de la colaboración ciudadana e instan a la población a aportar información útil para el éxito de las investigaciones.
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