El equipo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) acudió este martes a la Cámara de Senadores para analizar en una audiencia pública el proyecto de ley que prevé la reforma del transporte público.

En su intervención, el ministro Carlos Fernández Valdovinos habló de un cambio de enfoque en el financiamiento del sistema, con el objetivo de dar previsibilidad a las inversiones y acelerar la modernización del servicio, a través de un fideicomiso de administración que concentre y gestione los recursos del sector, para garantizar un flujo constante para sostener la operativa y las mejoras.

“Es un esquema que da certeza al sector privado y permite proyectar a largo plazo”, aseguró Fernández Valdovinos y remarcó que la meta es contar con un transporte público más eficiente, seguro y cómodo para los usuarios.

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Valdovinos explicó que el fondo se nutrirá de tres fuentes: el billetaje electrónico, las multas aplicadas a las empresas y el actual subsidio al transporte, que ronda los USD 50 millones anuales y cubre el 47 % del costo de la tarifa.

Dijo que en lugar de destinar ese dinero exclusivamente a compensar el precio del pasaje, el MEF plantea canalizarlo hacia un plan de renovación de flota e infraestructura. “Podemos usar los USD 50 millones anuales del subsidio para inversiones estratégicas, como renovar la flota de ómnibus, y así transformar y modernizar el transporte público para beneficio de la ciudadanía”, precisó.

Con este esquema, el Gobierno apunta a cambiar la cara del servicio, dejando atrás unidades obsoletas y mejorando la experiencia diaria de miles de pasajeros.

Entre los aspectos más innovadores del proyecto, se propone separar la provisión de flota de la operación del servicio, estableciendo contratos diferenciados para evitar la dependencia de los operadores actuales en la adquisición de buses.

Como medidas inmediatas, se realizará una ampliación del servicio nocturno Búho, la incorporación de 30 buses eléctricos en un plan piloto y el uso de plataformas digitales como Google Maps para brindar información a los usuarios.

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El Gobierno se encuen­tra evaluando una serie de medidas a corto plazo con el fin de garantizar precios justos en la canasta familiar, afirmó el ministro de Industria y Comercio (MIC), Javier Giménez. “La promesa de campaña del presidente de la República, Santiago Peña, fue pensar en el bolsillo de la gente”, indicó.

“Hay medidas que el Gobierno puede tomar en el corto plazo, que estamos analizando y esperamos que tengan una incidencia directa en aquello que busca el presidente de la República y el Ejecutivo que es mejo­rar el poder adquisitivo de la gente. Son medidas que el Gobierno va ir tomando una tras otras”, dijo este viernes en una entrevista con el pro­grama “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El alto funcionario de Estado acotó: “Nosotros creemos que habrá una reacción muy positiva del sector privado en cuanto a que lograrán entender de lo que tratamos de hacer, que también es pro­teger al sistema de libre mer­cado, ya que cuando ocurren situaciones como estás apa­recen intenciones populistas de salir con leyes de interven­ción de precios, que es lo que queremos evitar y que son impulsados por la presión de la ciudadanía”.

Giménez detalló que entre las medidas a corto plazo para disminuir los costos de la canasta básica figuran la liberación de importacio­nes de carne cuando el costo local sea excesivo, y la faci­litación del ingreso de pro­ductos frutihortícolas como tomate, cebolla y zanahoria en casos de subas que afecten a las familias.

A la vez el Gobierno pon­drá énfasis en los trabajos de la Comisión Nacional de Competencia (Conacom), que verificará que las con­diciones de competencia en la cadena de retail (comer­cio minorista) se respeten y no hayan prácticas dis­torsivas; y en la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco), que cuidará que no haya publicidad engañosa ni remarcaje de precios.

“Se observará si hay una posición dominante, un aprovechamiento de esa posición para fijar precios acordes a lo que sería justo o coherente”, manifestó el titular de la DNIT.

Teniendo en cuenta la ten­dencia a la baja del dólar, la Dirección Nacional de Ingre­sos Tributarios (DNIT) reali­zará un plan de fiscalización a los diferentes sectores sobre los productos de la canasta básica familiar, de tal manera de dar insumo a la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) para que sean evaluados los precios y se aplique la norma o la ley esta­blece dentro de sus compe­tencias. “Vamos a hacer una trazabilidad de la estructura de los precios, el valor agre­gado. Básicamente desde el momento de la salida o la importación de los productos, la producción y toda esa trazabilidad hasta que llegue a las góndolas de los super­mercados”, explicó el titular de la DNIT, Óscar Orué, en entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Señaló que la institución tiene la posibilidad de adver­tir u observar todo ello, ya que se cuenta con los datos de las declaraciones juradas y los movimientos de las empre­sas de todos los sectores. “Se observará si hay una posi­ción dominante, un aprove­chamiento de esa posición para fijar precios acordes a lo que sería justo o coherente”, manifestó.

Según explicó, los precios en el mercado deberían haberse reducido teniendo en cuenta que a todos les afecta la baja de la moneda norteameri­cana, porque por ejemplo, los importadores están pagando menos, lo cual debería tras­ladarse a la estructura de costos.

“A nosotros nos afecta de manera negativa en el ámbito de la recaudación aduanera porque cuando hay una baja del tipo de cambio eso directamente les bene­ficia a los importadores”, expresó Orué.

La ministra de Sedeco, Sara Irún, señaló que la institución se enfocará en analizar la cadena de precios de productos sensibles.

La Secretaría de Defensa al Consumidor y el Usuario (Sedeco) acompañará la ini­ciativa de la Presidencia de la República de realizar contro­les sobre la cadena de precios a fin de transparentarla. Afirman que la competencia de la insti­tución se limitará a la educación del consumidor, la fiscalización y difusión de información.

La ministra de Sedeco, Sara Irún, señaló que la institu­ción se enfocará en analizar la cadena de precios de produc­tos sensibles como la carne, a fin de brindar información a la ciudadanía acerca del proce­dimiento de establecimiento de precios.

De esta manera, desde la ins­titución se socializarán los resultados de los controles de trazabilidad que efectuará la Dirección Nacional de Ingre­sos Tributarios (DNIT), en el marco del derecho constitucio­nal de acceso a la información.

“Si es que hay una distorsión de precios o un acuerdo res­trictivo a la competencia, no le corresponde a Sedeco, le corresponde a la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom), pero atendemos las consultas y reclamos de los consumidores a la hora de adquirir productos o un servicio, fiscalizamos loca­les, proveemos información para empoderar a la ciudada­nía”, dijo a la 1080 AM.

De acuerdo con la ministra, la directiva del presidente San­tiago Peña fue que la Conacom colabore brindando informa­ción a los consumidores. En ese sentido, reconoció que la facultad de la institución se limita a solicitar informa­ción y socializarla, además de prevenir contra la publicidad engañosa.

La Cámara de Senadores rechazó el proyecto de ley que prohíbe el ingreso de celulares en las cárceles y el documento vuelve a la Cámara de Diputados, donde se pondrá a consideración la ratificación o aceptación del rechazo del Senado. El proyectista, el diputado José Rodríguez, indicó que sorprende el resultado de la Cámara Alta y que insistirá con su propuesta.

“Me dijeron que rechazaron. Eso va a volver a la Cámara de Diputados, y voy a pedirle a mi bancada y a otros colegas para poder ratificar la versión de la Cámara de Diputados. Se aprobó sin muchos problemas (en Diputados), era un trabajo que veníamos realizando con el exviceministro de Política Criminal, Víctor Benítez. Él me avisó ayer (por el jueves), y me dijo que hay que ver los argumentos de los senadores, el por qué rechazaron”, dijo Rodríguez en conversación con la 650 AM, este viernes.

“Fue un trabajo en conjunto, tuvimos pareceres favorables, entonces me extraña (el rechazo). Esta mañana voy a ir al Senado a leer los argumentos de los senadores. Voy a leer bien los argumentos y voy a luchar para que la versión de Diputados se vuelva a ratificar. Voy a hablar con los ministros de Justicia, del Interior y el presidente de la República, para ver que opinan y sacar la mejor versión”, apuntó.

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Explicó que el objetivo de esta normativa es que los funcionarios u otras personas que introduzcan celulares, tengan una sanción. “Hoy en día, ni siquiera sumario administrativo se les hace a los funcionarios y guardiacárceles que introducen los celulares, y desde la cárcel llaman, extorsionan y muchas cosas más”, aclaró.

Agregó que en la ley se plantea esa sanción con pena privativa de libertad a los colaboradores de justicia que ingresen los aparatos celulares sin autorización. “Por supuesto que nosotros respetamos la libre comunicación y el derecho a la defensa, pero lo que nosotros planteamos era lo que no estaban autorizados, los que ingresan (celulares) sin permiso”, señaló.

Concluyó que los procesados y condenados cuentan con los derechos establecidos para su comunicación en casos especiales, pero esto tiene que ser autorizado. “Claro que los procesados y condenados pueden hablar con sus abogados, pero sin autorización era algo ilegal, porque, desde adentro, muchos les escriben a la gente, les piden plata, miles de delitos se cometen con los celulares que no están autorizados dentro de las penitenciarías”, puntualizó.

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Teniendo en cuenta la tendencia a la baja del dólar, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) realizará un plan de fiscalización a los diferentes sectores sobre los productos de la canasta básica familiar, de tal manera a dar insumo a la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) para que sean evaluados los precios y se aplique la norma o la ley establece dentro de sus competencias.

“Vamos a hacer una trazabilidad de la estructura de los precios, el valor agregado. Básicamente desde el momento de la salida o la importación de los productos, la producción y toda esa trazabilidad hasta que llegue a las góndolas de los supermercados”, explicó el titular de la DNIT, Óscar Orué, en entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Señaló que la institución tiene la posibilidad de advertir u observar todo ello, ya que se cuenta con los datos de las declaraciones juradas y los movimientos de las empresas de todos los sectores. “Se observará si hay una posición dominante, un aprovechamiento de esa posición para fijar precios acordes a lo que sería justo o coherente”, manifestó.

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Según explicó, los precios en el mercado deberían haberse reducido teniendo en cuenta que a todos les afecta la baja de la moneda norteamericana, porque por ejemplo, los importadores están pagando menos, lo cual debería trasladarse a la estructura de costos.

“A nosotros nos afecta de manera negativa en el ámbito de la recaudación aduanera porque cuando hay una baja del tipo de cambio eso directamente les beneficia a los importadores”, expresó Orué.

El impacto también ya se reflejó en el crecimiento de los ingresos de la DNIT que fue del 7 % al cierre de julio, mientras que se venía con un promedio de más del 10 %. Un impacto negativo, “seguimos creciendo, pero crecimos menos en este mes de julio”, agregó.

Ayer jueves el presidente de la República, Santiago Peña, convocó a autoridades de las carteras económicas a fin de que la ciudadanía acceda mejores precios de la canasta básica familiar, atendiendo la baja del dólar y pidió tomar las acciones que correspondan para trasladar la bonanza económica que atraviesa el país al consumidor final.

El Gobierno fortalecerá los trabajos con la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) y la Secretaría de Defensa al Consumidor (Sedeco). Por su parte, el Ministerio de Industria y Comercio trabajará con el sector privado en la búsqueda de un mercado competitivo que beneficie a todos los paraguayos.

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