La Cámara de Diputados le dijo no a la intención del Senado de trasladar al Ministerio de Desarrollo Social la administración de Hambre Cero en Concepción y Alto Paraná.

• HOY.COM.PY

En la sesión extraordi­naria del día martes, la Cámara de Dipu­tados trató el proyecto ori­ginado en la Cámara de Sena­dores que propone modificar la ley que crea el Fondo Nacio­nal de Alimentación Escolar Hambre Cero en las Escue­las, a fin de sacar la adminis­tración del programa a las gobernaciones de Concep­ción y Alto Paraná.

Durante el debate, una mayoría se mostró en contra de la iniciativa, ya que implicaría un retroceso pretender cen­tralizar en una sola institu­ción una responsabilidad tan grande, en lugar de apostar a la descentralización.

En el mismo sentido, la dipu­tada Rocío Vallejo opinó que si existen cuestionamientos hacia una gobernadora, esto no implica modificar todo el programa. En la misma línea se pronunció el diputado Car­los María López.

Otros como Raúl Benítez y Johana Ortega sentaron pos­tura en contra del programa, alegando que fue mal conce­bido y que no hay posibilidad de controlar los recursos.

Finalmente, el proyecto fue rechazado a las 13:16 de ayer y devuelto a la cámara de origen, por lo que, por ahora, no prospera la intención de modificar el programa.

Cuando el proyecto fue aprobado en el Senado, para el caso de Concepción, el senador Silvio Ovelar uti­lizó el argumento de la fastuosa fiesta de 15 años de la hija de la gobernadora Liz Meza, aunque no mencionó una denuncia concreta. En tanto, respecto a Alto Paraná, la legisladora pro­ponente Lizarella Valiente señaló que recibió llama­das telefónicas de muchos padres quejándose del pro­grama, pero tampoco citó nada específico.

Después de estas idas y vuel­tas de acusaciones, la Contra­loría General de la República inició una auditoría a las 17 gobernaciones. La evaluación continúa en curso.

Durante la sesión extraordinaria, la Cámara de Diputados rechazó y devolvió al Senado el proyecto de ley “Que modifica el artículo 9° de la Ley N° 7264/24, Que crea el Fondo Nacional de Alimentación Escolar para la universalización equitativa de la alimentación escolar (Hambre Cero en nuestras escuelas y sistema educativo), y sus modificatorias”.

El proyecto original, que contaba con media sanción de la Cámara Alta, pretendía que el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), además de Asunción, Central y Presidente Hayes, asuma también la administración de la alimentación escolar en los departamentos de Concepción y Alto Paraná, hasta ahora gestionada por sus respectivas gobernaciones.

Sin embargo, la Cámara de Diputados rechazó esa pretensión e introdujo las modificaciones necesarias para que ambas gobernaciones continúen al frente de la administración del programa en sus departamentos.

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Al respecto, el diputado Miguel Del Puerto, líder de bancada de Honor Colorado, ratificó su postura a favor de la descentralización. “Hambre Cero es uno de los ejes del gobierno de Santiago Peña, y aprobar lo que proviene del Senado sería un retroceso”, sostuvo.

En tanto, el diputado colorado Roberto González también acompañó el rechazo al proyecto y abogó por una descentralización plena. Además, hizo un llamado a la reflexión para que los departamentos de Central y Presidente Hayes puedan, en el futuro, asumir igualmente la administración de los recursos del programa, actualmente a cargo del MDS.

Por su parte, el diputado Adrián Vaesken cuestionó la constitucionalidad del programa Hambre Cero, al considerar que centraliza fondos del Estado y decide discrecionalmente a quiénes beneficiar.

A su turno, el diputado colorado Hugo Meza calificó la decisión del Senado como una represalia política contra la administración del presidente Santiago Peña. “Acá vemos una vendetta política y no vamos a formar parte de ello. Es la postura de la Cámara de Diputados rechazar, rotundamente, este proyecto porque consideramos a Hambre Cero como un programa emblemático que va a ser recordado por mucho tiempo; es patrimonio de los niños y jóvenes de nuestro país”, afirmó.

Asimismo, señaló que, si existieran irregularidades en el manejo de fondos por parte de la Gobernación de Concepción, lo que corresponde es una investigación formal. “Sin embargo, en este caso ni siquiera hay una denuncia formal”, acotó.

En este sentido es importante recordar que la Cámara de Senadores había aprobado retirar la administración de los fondos de Hambre Cero a la Gobernación de Concepción, encabezada por Liz Meza, en medio de la polémica suscitada por la ostentosa fiesta de quince años celebrada por su hija en una de las zonas más empobrecidas del país.

Luego del análisis que realizó el plenario, el documento fue puesto a consideración y fue aprobado conforme al dictamen de la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros que sugirió algunas modificaciones.

El artículo 6° establece que la gestión de las políticas, programas y proyectos de alimentación escolar en Asunción y en los departamentos de Central y Presidente Hayes estará a cargo del Ministerio de Desarrollo Social.

En tanto, la administración del programa en Concepción, Alto Paraná y los demás departamentos del país recaerá en cada una de sus respectivas gobernaciones, restituyendo así la autonomía de gestión a las dos gobernaciones en cuestión.

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La reducción de la pobreza en Paraguay durante el 2025 está explicada principalmente por el aumento de los ingresos laborales y no por las transferencias sociales, según explicó a La Nación/Nación Media, el asesor de Asuntos Económicos de la Presidencia de la República, Juan José Galeano.

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el trabajo sigue siendo la principal fuente de ingresos de los hogares. En promedio, los ingresos laborales representan cerca del 85 % del total, mientras que incluso en los sectores más vulnerables mantienen un peso significativo: alrededor del 75 % en zonas urbanas y 60 % en áreas rurales.

En ese contexto, Galeano señaló que los programas sociales cumplen un rol importante, pero complementario. “Las ayudas no sustituyen al trabajo, forman parte de un sistema de protección social que acompaña los ingresos de las familias”, precisó.

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Programas como Tekoporã, Hambre Cero y la pensión para adultos mayores aportan un soporte clave para los hogares más vulnerables, pero no son el factor principal detrás de la mejora en los indicadores.

La evidencia respalda esta afirmación. Según estimaciones del INE, dos de cada tres personas que salieron de la pobreza en 2025 lo hicieron gracias a la mejora en sus ingresos laborales. Esto confirma que la reducción sostenida de la pobreza está directamente vinculada al crecimiento económico y a la generación de empleo.

Esto significa que más personas accedieron a trabajos o lograron mejorar sus ingresos, lo que les permitió superar el umbral de pobreza. Las transferencias, en cambio, ayudan a sostener ese proceso, especialmente en los casos de mayor vulnerabilidad.

Galeano remarcó que las transferencias sociales son necesarias y efectivas, pero alcanzan su mayor impacto cuando se combinan con más oportunidades laborales. Sin crecimiento económico y sin empleo, su efecto es limitado en el tiempo

De cara al futuro, el desafío pasa por sostener esta dinámica. Esto implica promover un crecimiento que genere empleo de calidad, mejorar la productividad y ampliar las oportunidades para los sectores más rezagados.

Al mismo tiempo, el Estado debe seguir fortaleciendo la red de protección social, asegurando que los programas lleguen a quienes realmente lo necesitan.

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El empleo continúa siendo el principal motor para mejorar las condiciones de vida en Paraguay, incluso en un contexto donde los programas sociales han demostrado ser herramientas relevantes para contener la pobreza.

Así lo explicó Iván Ojeda, titular del Instituto Nacional de Estadística (INE), en conversación con Universo 970 AM/Nación Media, al analizar los últimos datos de pobreza monetaria en el país.

Actualmente, la pobreza afecta al 16 % de la población, lo que equivale a unas 985.000 personas. En términos interanuales, alrededor de 213.000 paraguayos lograron salir de esta condición. Sin embargo, detrás de esta mejora hay una explicación clara: el ingreso laboral.

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“De las 213.000 personas que salen de la pobreza, prácticamente 140.000 lo hacen gracias a la mejora en sus ingresos laborales”, señaló Ojeda, remarcando que el trabajo sigue siendo el principal sostén económico de los hogares, y que el ingreso laboral representa la mayor parte del ingreso total, muy por encima de otras fuentes.

Si bien las transferencias públicas, como Tekoporã, Hambre Cero y la pensión para adultos mayores, tienen un impacto significativo, su rol es más bien complementario. Estas representan alrededor del 22 % de los ingresos de los hogares, mientras que las transferencias privadas, como remesas, aportan cerca del 5 %.

En ese sentido, el titular del INE fue claro al marcar un límite conceptual: “Las transferencias son medidas necesarias para que la gente esté menos peor, pero no implican una salida estructural de la pobreza”. Es decir, permiten aliviar la situación inmediata, pero no transforman de fondo las condiciones de vida.

De hecho, sin estos programas, el nivel de pobreza no estaría en el 16 %, sino que podría acercarse al 20 %. Aun así, Ojeda advirtió que muchos de los que “salen” de la pobreza lo hacen por márgenes muy pequeños de ingreso, lo que no necesariamente se traduce en una mejora sustancial en su calidad de vida.

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