El contralor general de la República, Camilo Benítez, se refirió a la aprobación con modificaciones en el Senado del proyecto de ley “Que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción de la República del Paraguay”. Aclaró que el plan no dictará funciones sobre la Contraloría.
“La idea que tenemos es la instalación de un Consejo que unifique criterios, pero de ninguna manera dicho consejo le dirá al contralor qué controlar. Esto no tiene relación, solo se vincula a los estándares y criterios de integridad y transparencia”, explicó Benítez ante los medios en el Congreso.
Del mismo modo, se establecerán reglas más claras. Por ejemplo, que el acceso a la función pública sea igual en todas las instituciones del Estado, creando además un plan estratégico, en torno a la transparencia; para ello, se recurrirá también a controles ciudadanos.
“Se habló también sobre las organizaciones de la sociedad civil. Las mismas están intentando promover esta ley justamente porque le otorga más participación a la ciudadanía, para que puedan realizar denuncias contra los funcionarios”, señaló el contralor.
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Detalles del plan
Benítez recordó que la iniciativa ya había sido postergada y data de 12 a 13 años, desde que se creó la Secretaría Anticorrupción. El contralor detalló cómo la ley se intentó promover, pero nunca había podido consensuarse, para tratar de complementar los trabajos existentes.
“Especialmente en un enfoque de prevención y unificación de criterios en cuanto a integridad y transparencia. Un parlamentario había expresado que hay muchas entidades que controlan la corrupción y no se debería crear otra más, pero esa figura justamente ordena todo eso, no crea otra institución para controlar”, indicó.
La Contraloría aspira a tener estándares nacionales en materia de integridad y transparencia, y la obligación de atender todas las denuncias ciudadanas. El contralor, junto con dos de sus asesores jurídicos, acompañó constantemente el proyecto, atendiendo el nivel de preponderancia de la iniciativa.
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Diputados aprueban ley que amplía Hambre Cero que para incorporar transporte escolar
La Cámara de Diputados aprobó este martes, en sesión ordinaria, un proyecto de ley que modifica el artículo 13 de la ley n.º 7264/24, conocida como “Hambre Cero en las Escuelas”, con el objetivo de ampliar el uso de los fondos destinados al programa.
La iniciativa pretende utilizar los recursos provenientes de los royalties y compensaciones de Itaipú no solo para la provisión de desayuno, almuerzo y merienda escolar, sino también para la adquisición y el mantenimiento de unidades de transporte escolar en todos los departamentos del país.
La propuesta original fue presentada por el diputado Sebastián Remesowski y contemplaba de forma temporal y exclusiva a Itapúa por un período de dos años, no obstante, durante el debate en el pleno se resolvió ampliar el alcance a nivel nacional, ante la identificación de barreras relacionadas al acceso al transporte escolar en diversas comunidades.
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Durante su intervención, Remesowski destacó que la modificación responde a la necesidad de garantizar el acceso efectivo a la educación en zonas con limitaciones geográficas y de infraestructura. El parlamentario manifestó su conformidad con las modificaciones incorporadas al proyecto.
El texto recibió amplio respaldo y la diputada Cristina Villalba, presidenta de la Comisión de Presupuesto, explicó que el dictamen favorable de dicho órgano recomendó la aplicación nacional de la medida. En la misma línea, la diputada Rocío Abed expresó el acompañamiento de la bancada de Honor Colorado.
Por su parte, el diputado César Cerini, titular de la Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria, señaló que su comisión también se allanó a la versión dictaminada por la Comisión de Presupuesto, considerando la situación actual y la necesidad de extender los beneficios.
Con la aprobación en la Cámara de Diputados, la propuesta legislativa obtuvo media sanción y será remitida a la Cámara de Senadores para su estudio. De ser sancionada, la modificación complementará el alcance del programa “Hambre Cero en las Escuelas”, incorporando medidas destinadas a facilitar la asistencia regular de los estudiantes a sus instituciones educativas.
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Hambre Cero: CGR requiere al Congreso más presupuesto para garantizar fiscalizaciones
El contralor general de la República, Camilo Benítez, acudió este martes ante el Senado con la finalidad de profundizar sobre el informe emitido por su institución en torno a la ejecución del programa Hambre Cero en las escuelas. Durante la ocasión requirió al Congreso Nacional mayor presupuesto para garantizar los procesos de fiscalización.
“Que alguien te esté permanentemente vigilando hace que uno tenga la obligación mayor de comportarse de manera más decorosa. Nosotros estamos destinando mucho dinero en viáticos para hacer estos recorridos en el interior del país. Le ruego que nos siga apoyando desde el Congreso con la aprobación de recursos, la idea que tengo yo es que las fiscalizaciones se hagan todo el día del año escolar in situ de manera sorpresiva y aleatoria, solo que nuestro presupuesto ejecutado nos alcanza para unos meses más, después probablemente vamos a tener que solicitar una ampliación”, indicó.
El titular de la Contraloría fue convocado ante la Comisión de Cuentas y Control de la Cámara Alta, tras exponer la existencia de algunas irregularidades en un informe de monitoreo al programa Hambre Cero. El documento fue elaborado luego de realizar una fiscalización a un total de 350 escuelas.
“Este es el primer corte del año que realizamos, hemos encontrado aspectos tanto positivos y negativos. Entre los puntos positivos, vemos una mayor asistencia escolar, una satisfacción generalizada de la sociedad en cuanto a la política de distribución de la alimentación escolar, vemos mucho contento en toda la región especialmente en el interior del país”, dijo.
En cuanto a las observaciones negativas, Benítez detalló que el punto central sigue siendo la falta de infraestructuras. “Existe una enorme falta de infraestructura, la mayoría de las escuelas no tienen comedores, vemos falta de utensilios, platos y cubiertos, esto se tiene que corregir inmediatamente”, puntualizó.
Benítez agregó que otra deficiencia es el faltante de alimentos, esto debido a la desactualización del Registro Único del Estudiante (RUE). Igualmente requirió el correcto funcionamiento del Sistema Integrado de Alimentación Escolar.
“Si es que esto funciona nos ayudará mucho a nosotros porque obliga a los directores de todos los colegios a que carguen la información completa día a día sobre la cantidad de niños que consumieron los alimentos y la calidad del servicio, pero esto no está funcionando”, comentó.
Señaló también otro aspecto negativo se centra en la existencia de empresas que no proporcionan a tiempo sus insumos para la preparación del almuerzo escolar. “Esto amerita una sanción, no queremos que esto se normalice”, sentenció.
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Diputado resalta aprobación unánime para elevar sanciones a implicados en fugas de reclusos
La Cámara de Senadores deberá estudiar la propuesta de modificación del artículo 294 del Código Penal vigente, que tiene media sanción de la Cámara de Diputados. La aprobación por unanimidad en la Cámara Baja de esta normativa fue valorada por los diputados.
El proyecto tiene por finalidad agravar la sanción impuesta al funcionario público o personal que preste servicio en un establecimiento penitenciario, cuando participe en calidad de “autor” en un hecho que implique la liberación, fuga o evasión de un establecimiento de reclusión.
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El diputado Yamil Esgaib explicó a La Nación/Nación Media, que actualmente la ley vigente contempla sanciones que van de 6 meses a 5 años. Ahora, la propuesta aprobada por unanimidad por Diputados eleva de 5 a 15 años las penas en caso de complicidad de fuga. El proyecto legislativo pasa ahora al Senado para su consideración.
El diputado lamentó que, en los últimos casos de fuga de reos, hasta ahora no hubo un solo guardiacárcel castigado. “El proyecto que aprobamos pasa ahora al Senado, y espera que una vez que sea sancionado y promulgado la ley desaliente definitivamente la complicidad de los guardiacárceles con los reclusos”, expresó.
Explicó que este proyecto fue ampliamente analizado en la cámara incluso con expertos, ante la preocupación que surgió a raíz de los últimos hechos de fugas de recluso, donde se constató la fácil evasión de los presidiarios con la ayuda y complicidad de los empleados penitenciarios, que son los primeros encargados de la seguridad y se constató que las sanciones eran muy bajas.
El proyecto con media sanción, busca elevar esa sanción a 15 años de pena privativa de libertad y establece también un mínimo de 5 años. El texto propuesto dice en la parte pertinente “…se aplicará una pena privativa de libertad de cinco a quince años.”
Por una parte, señaló que no hay ningún inconveniente que la pena para la modalidad agravada sea elevada. “Esto se justificaría por elevado grado de reproche de los funcionarios o servidores penitenciarios que provoque, propicien o no eviten una fuga o, peor aún, que deliberadamente liberten a persona que deben cumplir una condena o una medida de privación de libertad. En ese sentido, está justificada la elevación de la pena”, acotó.
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“CGR aborda de manera integral la lucha contra la corrupción”
Designar a la Contraloría órgano rector es un movimiento estratégico del Estado paraguayo para consolidar la lucha contra la deshonestidad estatal, una decisión que otorga independencia a la Contraloría.
- Por Lourdes Torres Periodista
- lourdes.torres@nacionmedia.com
El contralor general de la República, Camilo Benítez, presentó al presidente de la República, Santiago Peña, un listado de acciones enmarcadas en la Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción (ENCC), que surgió durante la cumbre de poderes del 20 de agosto de 2023.
Para saber en qué consisten, La Nación/Nación Media conversó con el contralor Camilo Benítez, quien explicó que la ENCC busca reducir la corrupción abordando integralmente: aumentando la transparencia, disminuyendo la discrecionalidad y promoviendo la integridad, en línea con estándares internacionales. La Contraloría General de la República se constituyó en el órgano rector de la prevención de la corrupción.
-Tras la cumbre de poderes, ¿cómo surgió la idea de emitir una estrategia nacional en ese marco?
-La cumbre de poderes, impulsada por el presidente Santiago Peña, marca un hito en la lucha de nuestro país contra la corrupción sistémica. Reunió a las máximas autoridades del Ejecutivo, Legislativo, Judicial y órganos extrapoder como la Contraloría General de la República (CGR) y el Ministerio Público.
Este “ecosistema de control”, denominado así en otros países, busca alinear criterios para resultados eficaces, respetando la independencia constitucional. La Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción (ENCC) surgió en la primera reunión para establecer una hoja de ruta contra este problema endémico.
-¿Cuáles son los componentes de la ENCC y cómo se espera que contribuyan a reducir la corrupción?
-La ENCC se articula en cuatro ejes: transparencia, rendición de cuentas, control de recaudaciones y seguridad ciudadana, abarcando 16 subtemas y 44 iniciativas.
Incluye digitalización, inteligencia artificial, reformas educativas y participación ciudadana. Una iniciativa clave fue el impulso de la Ley n.º 7389/24, que estableció el Régimen Nacional de Integridad y asignó a la Contraloría el rol de órgano de prevención de la corrupción. La ENCC busca reducir la corrupción abordando integralmente: aumentando la transparencia, disminuyendo la discrecionalidad y promoviendo la integridad, en línea con estándares internacionales.
-¿Qué motivó para designar a la CGR órgano rector de la prevención de corrupción, considerando que existía la Secretaría Nacional Anticorrupción?
-Otorgarle ese rol a la CGR representa un movimiento estratégico del Estado paraguayo para consolidar la lucha contra este flagelo; esta decisión incluyó la independencia de la Contraloría. El mecanismo de designación del contralor general por el Congreso Nacional, sumado a la exigencia de un juicio político para su remoción, le confieren distanciamiento del poder administrador, cuyos integrantes son los principales sujetos de control. Este elemento permite garantizar la objetividad e imparcialidad en las labores.
También la autonomía funcional y administrativa; su competencia a nivel nacional y, finalmente, la sólida experiencia de la CGR en el control de recursos públicos.
En contraste, la dependencia jerárquica de la Senac al Poder Ejecutivo limitaba su competencia, pero aún más delicado es que generaba interrogantes sobre su capacidad para detectar hechos de corrupción de manera imparcial. En otros países e incluso en el nuestro, se ha sostenido que este tipo de organismos, al no contar con la independencia necesaria, pueden ser instrumentos de persecución política, desviando su propósito original y erosionando la confianza pública.
-¿Cómo fue recibida la ENCC y las disposiciones de la Ley n.º 7389/24 a nivel internacional?
-La aprobación de la ENCC, la Ley n.º 7389/24 y la designación de la CGR han generado interés internacional por su alineación con compromisos anticorrupción, posicionando a Paraguay como líder regional. Estos avances despertaron el interés de países y organismos especializados y propició propuestas de proyectos de cooperación.
-¿Cómo espera la CGR que las medidas anticorrupción sean aplicadas?
-Para que las medidas anticorrupción se apliquen, en la Contraloría vamos a seguir emitiendo las pautas de cómo deben ser implementadas. No estamos solos, la ley nos habilita a contar con aliados en cada ente público, que son las Unidades de Transparencia y Anticorrupción (UTA), brazos ejecutores en cada institución y cuyo trabajo será objeto de supervisión. Además, la nueva ley creó el Consejo Nacional Anticorrupción, el CNA, un espacio de coordinación interinstitucional para el diálogo y cooperación en la lucha contra la corrupción.
-Este Consejo, ¿cómo se encuentra conformado y cuáles son sus funciones?
-Está conformado por el presidente de la República, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, los presidentes de las cámaras del Congreso Nacional, el fiscal general del Estado y el contralor general de la República.
La elaboración, aprobación, implementación y seguimiento de una nueva Estrategia Nacional Anticorrupción es una de sus funciones. Me reuní con el presidente Santiago Peña para presentarle un listado de medidas o acciones a fin de iniciar el diálogo para su aplicación.
Por ejemplo, la necesidad de actualizar las normas de financiamiento político. Este proceso debería ser liderado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, promoviendo la participación de todos los interesados, para asegurar un debate amplio y enriquecedor que fortalezca el proceso electoral del país.
Otras acciones como el fortalecimiento de las sanciones administrativas ante el incumplimiento de reglamentos internos y normas éticas. La prohibición de actividades político-partidarias en instituciones públicas y en horario laboral. La transparencia de las agendas de altas autoridades, la protección integral de denunciantes para prevenir represalias.
-¿Qué herramientas utiliza la CGR para avanzar en la implementación de la Ley del Régimen Nacional d e Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción?
-Pocos días después de la promulgación de la ley, la CGR emitió una resolución que reestructuró su organización y, en el mismo mes, se expidió la reglamentación de la ley.
Se presentó en el mes de febrero un Plan Estratégico para la Implementación del nuevo régimen. En la misma oportunidad, se puso en línea el nuevo Portal Nacional de Denuncias Ciudadanas; plataforma que garantiza la protección de datos del denunciante como mecanismo de salvaguarda contra represalias.
-¿Cómo la ciudadanía conocerá sobre los avances que se van dando en materia de prevención de la corrupción?
-Trabajamos en varias cosas: el desarrollo de plataformas digitales para que la gente pueda ver cómo vamos con cada medida; la puesta en marcha de un Centro de Participación Ciudadana con herramientas que permitirán informar avances y resultados. Y, desde el CNA, estamos trabajando en actualizar los reportes sobre la ENCC para que todos puedan ver el progreso. Esta tarea de luchar contra la corrupción es de todos, por lo que reconocemos la importancia del involucramiento de la ciudadanía.