El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, aclaró que el informe final de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) no es vinculante para una investigación penal, sin embargo, podría ser presentado ante el Ministerio Público para iniciar un proceso de investigación, como se realizó en otras comisiones de investigación instalados en el Congreso.
“Tengo entendido que no es vinculante, pero se acordarán, tengo que comparar, en el periodo anterior directamente la comisión bicameral lo puso a consideración y, si mal no recuerdo, la comisión derivó a la Fiscalía todos los hechos que investigó. Estoy hablando de comisiones anteriores, ni siquiera se pudo a consideración del pleno”, explicó Núñez en nota a la 1020 AM.
Explicó que el informe final se derivará al pleno de las cámaras del Congreso, y posteriormente se resolverá su remisión a las instituciones que correspondan a fin de que se sigan con las investigaciones, sí en este proceso son encontrados hechos irregulares por parte de la CBI.
“Es una cuestión que tenemos que ver, pero se puede derivar a las instituciones que correspondan para que continúen la investigación, pero no son vinculantes. De por sí hay una ley donde un funcionario público está obligado si está en conocimiento de un hecho punible debe denunciarlo ante la fiscalía”, agregó el titular del Parlamento.
La CBI tiene el plazo de 60 días para presentar su informe o pedir la prórroga, refirió el senador Núñez. “Es una figura constitucional, la comisión bicameral tiene 60 días que son prorrogables, la anteriores que yo estuve se prorrogó, 60 días es lo mínimo, habrán pasado 30 (días). Después ya entramos en receso también”, indicó al medio radial.
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Comisión que investigará posibles abusos de telefonías designó a sus autoridades
Este jueves, en el Senado se concretó la instalación de la comisión especial que investigará los supuestos abusos a los derechos de los consumidores en los servicios proveídos por las firmas de telefonía celular e internet y los servicios de transferencias de dinero en efectivo realizadas por las mismas.
La presidencia del bloque recae sobre el senador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Dionisio Amarilla; la vicepresidencia será ocupada por la legisladora colorada Lilian Samaniego, y el cargo de relator está ocupado por Patrick Kemper.
La creación del bloque surge ante las innumerables denuncias de usuarios por los abusos tarifarios que implementan las empresas, casi siempre sin previa comunicación. La comisión también se encuentra conformada por Juan Carlos “Nano” Galaverna, Natalicio Chase, Lizarella Valiente, Erico Galeano, Norma Aquino, José Oviedo y Esperanza Martínez.
“Aparentemente será una tarea titánica la que hemos decidido emprender. Vamos a servir como canal para que la gente pueda acercar sus reclamos. Trabajaremos con objetividad y transparencia para hacerle entender a telefónicas o prestadoras y clientes que en un ambiente de amistad es más fácil encontrar solución”, dijo.
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El bloque se reunirá los días jueves a las 9:00 de manera física y virtual. En la ocasión también se planteó la instalación de oficinas regionales permanentes en gobernaciones y municipios con la finalidad de que la ciudadanía recurra para efectuar sus denuncias.
“La gente nos hizo saber que para conectarse a una telefónica con un mero mensaje y la copia de la cédula ya se accede a una línea y que después para desconectarse es todo un calvario. También hay dudas sobre la duración de los saldos, paquetes. Las últimas denuncias guardan relación sobre que se han cambiado inclusive de manera discrecional las fechas de pago”, afirmó tras exponer otras denuncias planteadas por los ciudadanos.
Asimismo manifestó que “pensamos hacer audiencias públicas, ir al interior del país para establecer oficinas en municipios y gobernaciones, tener una plataforma para que la gente de manera documentada y con ciertos protocolos haga esas denuncias. Yo informé que un equipo técnico bastante amplio, conformado por profesionales, asistirá a esta comisión”.
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Congreso amplía presupuesto para logística, refacciones y puesta en valor de sitios históricos
El pasado 28 de julio el Poder Ejecutivo vía Decreto N.º 4309, oficializó la ampliación presupuestaria para el Congreso Nacional por un monto total de G. 4.280 millones. Estos fondos serán destinados a compra de equipos de transporte para logística, refacción y restauración de edificios considerados históricos, así como la construcción de un monumento homenaje a los “Héroes del Chaco”, en el marco de la conmemoración de los 90 años de la Paz del Chaco.
Al respecto, el ingeniero Sebastián Romero, coordinador de Mantenimiento del Congreso Nacional, explicó que dichos fondos serán destinados a obras de infraestructuras así como la recuperación de sitios históricos del Paraguay, a cargo de la Comisión Nacional de Puesta en Valor Histórico, la cual actualmente está siendo presidido por el senador Colyn Soroka.
Mencionó que el monto incluye varias obras de infraestructura dentro del Congreso, así como de los edificios que dependen del Legislativo, tales como el Centro Cultural El Cabildo, la Biblioteca y Centro de Documentación.
“El Cabildo está en una fase de refacciones, y al tratarse de un edificio antiguo, y con valor de patrimonio histórico del Paraguay, ahora está abocado a recuperar todo lo que es su infraestructura, hacer obras de mantenimientos y refacciones”, precisó.
Mencionó que el proyecto incluye la refacción de las Casas del Bicentenario. En el marco del Bicentenario del Paraguay, se había recuperado cierto número de casas con valor histórico; donde ahora el Centro Cultural El Cabildo está abocado en la elaboración de un plan o protocolo de intervención de esos sitios para llevar a cabo un mantenimiento integral.
Monumento histórico
La Comisión Nacional de Puesta en Valor Histórico está trabajando en un proyecto de construcción de un monumento que se está pensando construir en la zona del nuevo puente Paz del Chaco. Además, se busca trabajar en diferentes sitios históricos del Chaco, según explicó el ingeniero Romero.
Se están haciendo las evaluaciones de tinte histórico a fin de darle el realce que merecen esos sitios y recuperar su valor histórico.
El presidente del Congreso, Basilio Núñez señaló que la propuestas viene de la Comisión Nacional de Puesta en Valor Histórico, que en su momento estuvo presidido por el exsenador Arnoldo Wiens, quien llevó igualmente varios otras obras de construcción.
“Estamos cumpliendo 90 años de la Paz del Chaco, entonces estamos recibiendo la propuesta de esta comisión nacional que está presidido por el colega Colyn Soroka; y el ministerio de Economía y Finanza le ha dado esa posibilidad de llevar adelante esa obra”, precisó.
Otras refacciones
El encargado de mantenimiento del Congreso, informó que continúa los trabajos de reparación de las cabinas de ascensores de la sede legislativa. Esta semana se prevee su habilitación 100 %, aunque por ahora, se habilita de forma parcial, ya que se están llevando a cabo las pruebas de funcionamiento.
Dentro la ampliación presupuestaria a demás de contemplar varias obras de infraestructura, también contempla la adquisición de equipamientos, así como transporte para el área de logística del Congreso.
“Es una ampliación para obras de mejora para todo lo que compete al Congreso Nacional. No es solo monumento. Aquí estamos en fase de dar una mejora integral al edificio, incluso mejorar la zona de trabajo de los periodistas, así como su sala de prensa”, acotó.
LOS DATOS
En el anexo oficial del Decreto N.º 4309/2025 se detalla la distribución de los fondos de la siguiente forma:
Monto Total: G. 4.280 millones.
- G. 650 millones para equipos de transporte.
- G. 1.880 millones para refacción y fiscalización del nuevo bloque del Centro Cultural de la República “El Cabildo”.
- G. 1.750 millones para “otras inversiones”, rubro en el que se estima se incluye la obra del obelisco.
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Reforma del transporte público será analizada por el Senado el 3 de setiembre
La Cámara de Senadores analizará el 3 de setiembre el proyecto impulsado por el Ejecutivo que plantea la reforma del transporte público metropolitano. La petición fue realizada a la plenaria por el presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez.
“La presentación de este proyecto de ley es un hecho transcendental a menos de dos años de gobierno del presidente de la Republica, Santiago Peña. Se pide un sistema de transporte público digno, que se reduzca los tiempos de espera por parte de los pasajeros, que los viajeros tengan certeza que los colectivos vendrán en sus respetivos horarios, que se genere un menor gasto y que haya más controles”, manifestó.
El parlamentario sostuvo: “Creo en la voluntad política del Congreso Nacional y del Senado, la ciudadanía ya no puede esperar un día más. Propongo que hagamos audiencias públicas, que escuchemos a los empresarios, a la sociedad civil organizada".
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La plenaria también aprobó que el tratamiento en código de la iniciativa comience el 27 de agosto. El tratamiento de código implica que las modificaciones deberán plantearse por escrito antes de su tratamiento en plenaria. El artículo 6 del reglamento interno de la Cámara Alta refiere que para su implementación se necesita de la aprobación de la mayoría.
El proyecto deberá ser distribuido inmediatamente de ser recibido en el Senado y los parlamentarios podrán presentar enmiendas por escrito dentro del plazo que el presidente del Senado determine en cada caso. Las comisiones a las que sean remitidas el proyecto tomarán cuenta de las enmiendas en sus fundamentos y acompañarán las mismas con sus dictámenes.
En el estudio en particular por el plenario del Senado se votarán sin discusión los artículos no objetados y solo podrán ser discutidos los artículos para lo que se haya observado el procedimiento indicado precedentemente y aquellos aconsejados por la comisión dictaminante.
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Congreso remite informe de la CBI Antilavado al BCP y a la Contraloría
La Cámara de Senadores remitió este martes el informe proveniente de la Comisión Bicameral de Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos, a la Contraloría General de la República y al Banco Central del Paraguay (BCP), para que puedan indagar respecto a los varios indicios de lavado de dinero detectados por el cuerpo bicameral del Congreso.
No obstante, desde la Cámara Alta señalan que aún falta remitir estos documentos que están desarrollados en varios tomos, al Ministerio de Economía y Finanzas; al Ministerio de Defensa Nacional y a la Procuraduría General de la República.
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Durante su proceso de investigación la CBI se basó en cuatro ejes principales, que son los vínculos sobre lavado de dinero, que a su vez estuvieron ligados eventualmente con el financiamiento político mediante los recursos recibidos por organizaciones sin fines de lucro. Igualmente se indagó el lavado de activos provenientes del tráfico de armas.
También contiene información relevante respecto al lavado de activos provenientes de actividades ilícitas, blanqueadas e ingresadas al sistema financiero vía bancos y empresa.
Este frondoso informe elaborado por miembros de la CBI que conforman legisladores de ambas cámaras, contiene además conclusiones y recomendaciones para varias instituciones del Estado.
A los documentos escritos se les adjuntó pendrives con audios, videos, notas varias, documentos, entre otros, que guardan relación a los casos investigados por la Comisión.
Ayer lunes, estos mismos documentos ya tuvieron entrada en el Ministerio Público y se aguarda que la Fiscalía general designe a los agentes fiscales que indagarán sobre el caso. Igualmente, se había enviado copias de los documentos a la Cancillería Nacional, para que a su vez remita vía diplomática al Departamento de Estado y de Justicia de los Estados Unidos.
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