Este lunes se informó en conferencia de prensa la disposición del gobierno de la República Argentina de retirar el estatus de refugiados a personas con órdenes de captura, entre las cuales se encuentran seis personas pertenecientes al Clan Villalba, quienes habrían dado soporte al autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), no obstante, esta medida del vecino país aún no es definitiva.
“La Comisión Nacional para Refugiados (Conare) tiene un reglamento interno y dice que las personas a quienes se les levanta el estatus de refugiados tienen 30 días de tiempo para apelar y ahora se está en ese periodo todavía”, detalló el comisario Nimio Cardozo, jefe del Departamento de Antisecuestros de la Policía Nacional.
En conversación con “Cuenta Final”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media, el comisario explicó que todavía no está completamente cerrado este capítulo, no obstante, el pedido de orden de captura con fines de extradición de Paraguay hacia la madre, tres hermanos y dos sobrinas de Carmen Villalba, ya está desde hace tiempo en poder de un juez argentino.
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“La suspensión de la orden de captura se dio a raíz de que ellos tenían el estatus de refugiados, pero una vez que se levanta eso, se le notifica a la Interpol y al juez de la causa y vuelve el trámite normal como debe ser en todo pedido de extradición”, manifestó Cardozo sobre estas personas que son acusadas de apoyo al terrorismo.
De acuerdo a lo señalado por el jefe de la Departamento de Antisecuestros, la justicia paraguaya cuenta con elementos que demuestran que estas personas, tanto en Argentina como Paraguay dieron respaldo al EPP. El Ministerio Público ya tiene conocimiento de todas estas actuaciones y sostienen que existen las condiciones para solicitar la orden de captura.
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Emiten orden de captura contra Evo por disturbios
La Fiscalía de Santa Cruz emitió una orden de aprehensión contra Evo Morales por los 53 días de bloqueos en Bolivia.
- La Paz, Bolivia. AFP.
La Fiscalía de Bolivia ordenó ayer miércoles la detención del expresidente socialista Evo Morales, al que investiga por supuestamente liderar las recientes protestas contra el gobierno que paralizaron el país por más de 50 días, informó la institución. Entre mayo y junio, Bolivia registró movilizaciones callejeras y bloqueos de carreteras contra el gobierno del presidente centroderechista, Rodrigo Paz. Campesinos, obreros y otros sectores pedían su renuncia por no dar una salida a la peor crisis económica en el país en cuatro décadas.
Durante las protestas, Paz recibió el espaldarazo de Estados Unidos y sus socios del Escudo de las Américas, integrado entre otros por Argentina, Chile y El Salvador, que denunciaron a inicios de junio “esfuerzos para derrocar” al mandatario boliviano. El gobierno denunció entonces un intento de alterar el “orden democrático” por parte de “narcoterroristas”, y acusó a Morales de estar detrás de las medidas de presión.
“El día de hoy (...) se ha librado una orden de aprehensión” contra Morales, en el marco de una pesquisa por los cortes de rutas, informó este miércoles a la prensa Roger Mariaca, fiscal general del Estado. La Paz y El Alto fueron las ciudades más afectadas por las protestas, lo que provocó un agudo desabastecimiento.
Los precios de los alimentos se dispararon, las medicinas escasearon en los hospitales y en las gasolineras se formaron filas que llegaron a durar días. La investigación fiscal contra Morales parte de una denuncia hecha a inicios de julio por el Comité Cívico Pro Santa Cruz por los presuntos delitos de “terrorismo” y “alzamiento armado”.
Este comité es una agrupación de empresarios y líderes civiles. A la denuncia después se sumó el Ministerio de Gobierno. Las protestas se dispersaron a mediados de junio, luego de que el presidente Paz alcanzara un acuerdo con la Central Obrera Boliviana, el sindicato obrero más grande del país. El gobierno también decretó un estado de excepción para desactivar con ayuda de militares los bloqueos que persistían.
Prófugo
“No nos van a intimidar”, dijo Morales, de 66 años, quien también denunció una “persecución” en su cuenta de X. “Buscan responsabilizarnos de las movilizaciones sociales para ocultar el verdadero drama que vive Bolivia: una profunda crisis económica y social”, agregó. Rodrigo Paz asumió la presidencia en noviembre y puso fin a un ciclo de 20 años de gobiernos socialistas, liderados por Morales y Luis Arce (2020-2025).
Durante las jornadas de protestas, Morales señaló en una entrevista con la AFP que el país andino vivía una “rebelión” contra un gobierno “sometido” a Estados Unidos. El centroderechista Paz busca dar un giro liberal a la política económica boliviana, que entonces muchos manifestantes rechazaron. También se acercó a Estados Unidos, con el que Morales rompió relaciones en 2008.
El nuevo acercamiento de Washington despierta las alarmas de los partidarios de Morales, que temen que preste su apoyo para detenerlo. Esta es la segunda orden de captura vigente contra Morales, que está prófugo desde octubre de 2024.
La policía ya lo buscaba por una acusación de presunta trata de una menor, con la que Morales habría tenido una hija cuando era presidente, un caso que él rechaza y denuncia como persecución. El expresidente, de 66 años, se encuentra en la zona cocalera del Chapare, protegido por campesinos que montan guardias permanentes para evitar una incursión policial.
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Supuesto video del EPP revela vigilancia de la subcomisaría de Ybyrarobaná atacada en 2025
Un video difundido este lunes muestra la presunta vigilancia que montaron supuestos miembros el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) a la Subcomisaría 10.ª de la colonia Ybyrarobaná, en el departamento de Canindeyú, aparentemente poco antes del ataque armado registrado el 3 de mayo del 2025.
“Lo que hizo el EPP en ese momento fue una vigilancia sobre la comisaría, se encontraron varios elementos que después, dentro del proceso analítico pudimos determinar que eran ellos”, confirmó el comisario Nimio Cardozo, jefe del Departamento de Antisecuestro de la Policía Nacional, en conversación con la 1020 AM, sobre el audiovisual encontrado en el dispositivo digital dejado en el lugar del ataque.
“Se ve en las imágenes que desde una distancia importante, ellos tenían vigilada la comisaría, ven el movimiento de la patrullera, ven la comisaría, ven la bandera que estaba allí”, agregó acerca del clip en que aparecen dos mujeres camufladas, que utilizan la mira telescópica de un arma y un telescopio, desde una zona elevada del monte, entre las copas de los árboles.
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El comisario Cardozo, explicó que “esos videos están analizados, fueron analizados los metadatos y eso se informó en el Ministerio Público, creemos que esas imágenes son del 3 de mayo del 2025, que podemos confirmar que fue la comisaria de Ybyrarovana’i”.
Detalló además que se puede observar en ese video a “personas de sexo femenino que son las que estaban realizando la vigilancia con elementos ópticos especiales”, e indicó que se trata de una “marca registrada”, por lo que se llegó a la conclusión que “el EPP nunca hace nada al azar, ninguna de las acciones que el EPP realiza lo realiza al azar. No era una cuestión improvisada, todo tiene una planificación y eso es lo que le diferencia al EPP de cualquier otro grupo criminal”.
Durante este ataque, la subcomisaría recibió aproximadamente 35 impactos de proyectil, además, fueron encontrados panfletos alusivos al grupo criminal. La pericia de una vainilla determinó que una de las armas se volvió a utilizar en el ataque del pasado 21 de julio contra el Puesto Policial n.º 4 de la colonia Naranjito, también en el distrito de Ybyrarobaná, que resultó en el crimen de dos policías y un civil. Los investigadores hallaron allí una cámara que contenía varias imágenes, entre ellas el video asociado al ataque del 2025.
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Senador plantea convocar a los ministros del Interior y de Defensa, tras el atentado en Naranjito
El senador Derlis Maidana plantea que los ministros Enrique Riera del Interior y Oscar González de Defensa Nacional, sean convocados ante la Comisión de Asuntos Constitucionales en el marco de una sesión reservada, tras el ataque a la comisaría de la colonia Arroyito, en Canindeyú, donde fallecieron dos policías y un civil.
A criterio del parlamentario, el Congreso debe contar con información precisa sobre lo ocurrido y además, analizar de qué manera se puede cooperar desde este poder del Estado con la seguridad interna del país.
“Ambos flagelos tanto lo del EPP como el avance del crimen organizado evidentemente nos preocupa a todos. Yo creo que amerita una convocatoria a ambos ministros y darle un mayor tiempo para las investigaciones de rigor”, señaló a los medios de prensa.
Según manifestó, se tienen que escuchar todas las hipótesis sostenidas por los investigadores. “Así como la Policía dice que no tiene dudas por las ametralladoras utilizadas y las vainillas encontradas, otra gente sostiene que el EPP cuando hace un ataque siempre se manifiesta. Y los ataques para ellos son una forma hasta de publicitar sus actuaciones”, expresó.
Calificó de “graves” tanto el avance del EPP como del crimen organizado, por lo que insistió en la necesidad de que se tome intervención desde el Parlamento.
“Es un mensaje y una problemática que enfrentan todos los gobiernos de Sudamérica y que nosotros tenemos que seguir trabajando. Y creo que esa reunión con ambos ministros para que vengan a una sesión reservada puede brindarnos más luces y también en qué nosotros podemos seguir colaborando con la Policía Nacional y con el Ministerio de Defensa”, remarcó.
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Pesquisas identifican diez armas y señalan asociación criminal en Naranjito, dice Riera
El ministro del Interior, Enrique Riera, explicó los datos objetivos que refuerzan la hipótesis de que el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) se habría asociado con bandas de narcotraficantes que operan en Canindeyú, en el ataque contra el puesto policial n.° 4 de Naranjito, en el distrito de Ybyrarobaná, que dejó tres fallecidos, el 21 de julio; y refirió que se identificaron vainillas de diez armas, lo que reduciría la cifra de atacantes tras estimarse entre 20 o 30 sujetos, como en un principio mencionaron testigos.
“A medida que pasan las horas tenemos más datos objetivos y no teorías de lo que sucedió. Fueron ajusticiados cruelmente (dos policías y un funcionario civil), sin el derecho a la defensa, con un ataque cobarde en superioridad numérica y de fuego. Sin mediar palabras entraron directamente a matar y quemar la instalaciones de las comisarías”, dijo Riera, este viernes, en los estudios del canal Gen y Universo 970 AM/Nación Media.
El alto funcionario de Estado acotó: “Con firmeza podemos sostener que el Ejército del Pueblo Paraguayo estuvo metido. No descartamos la posibilidad de que se sumen otras fuerzas que puedan ser reclutadas y eso es un tema que vamos a ir definiendo”.
Las afirmaciones de Riera surgen teniendo en cuenta que en el sitio también fue identificado el casquillo de un arma que fue utilizada por narcotraficantes en un enfrentamiento con los agentes policiales en el 2020. “Esto es una primicia en términos reales, de los casquillos en el lugar, no hay más de 10 armas, es decir de 30 supuestos atacantes, estamos bajando a 10, esto no es un tema menor”, refirió.
“La hipótesis que manejamos es el EPP y alguien más. Ya hubo reacciones de grupos delictivos de la zona porque ya habíamos dado una serie de golpes quirúrgicos muy importantes“, mencionó Riera. El violento episodio dejó como resultado el fallecimiento de dos efectivos policiales, el suboficial mayor Atilio Martínez Barrios y el suboficial inspector Herminio Ojeda González, así como del funcionario civil Josemar Escobar Piris. Un tercer agente resultó herido y se encuentra fuera de peligro.
Asfixia del “arco libre”
El ministro puntualizó que el ataque de Naranjito sería una respuesta ante las acciones del Estado que vienen asfixiando el “arco libre” que había en la zona para el narcotráfico, y detalló la captura del líder indígena Derlis Fermín López en febrero de 2026 en la localidad de San Miguel, distrito de Corpus Christi, que presuntamente formaba parte de una red de apoyo logístico del crimen organizado.
Riera también hizo alusión a la captura de Jorge Mercado Méndez, también en febrero del 2026, quien es un dirigente campesino conocido por liderar el asentamiento Primero de Marzo, detrás de las protestas y conflictos de tierras en la zona de la estancia Pindó.
Además citó al dirigente campesino Rubén Villalba, ampliamente identificado por su participación en la masacre de Curuguaty, registrada en junio de 2012, y que, a lo largo de los años estuvo involucrado en múltiples procesos legales relacionados con la ocupación de tierras, invasión de inmuebles ajenos y tenencia de armas.
“Hace una semana identificamos a siete campesinos armados que disparaban contra las cosechadoras. También hace poco dimos un golpe grande, un trabajo coordinado con la Prefectura Naval donde se incautaron 9 toneladas de marihuana que iba a pasar a Brasil por el lago Itaipú, que mucho tiempo fue un arco libre”, comentó en su visita a Nación Media.