Pacientes con psoriasis denunciaron que el desabastecimiento de medicamentos en el Instituto de Previsión Social (IPS) continúa sin solución y afecta a alrededor de 1.500 asegurados, quienes no reciben cobertura adecuada en ninguna etapa de sus tratamientos. La situación genera preocupación debido a las consecuencias que la interrupción terapéutica puede provocar en la salud de los afectados.

El vocero de la Asociación de Pacientes con Psoriasis, Hugo Bellasai, sostuvo que a dos meses de la nueva administración del IPS no se han registrado avances concretos para resolver la falta de fármacos. Según indicó, los pacientes continúan enfrentando dificultades para acceder a los medicamentos necesarios para controlar la enfermedad, mencionó en contacto con la 1020 AM.

Asimismo, cuestionó la reciente entrega de un lote de 300 lapiceras para tratamiento, al considerar que la cantidad resulta insuficiente para cubrir la demanda existente. Explicó que cada paciente requiere aproximadamente cuatro unidades, por lo que la provisión distribuida no alcanza para garantizar la continuidad de los tratamientos.

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Bellasai también advirtió sobre la falta de una política sostenida de abastecimiento, situación que obliga a los pacientes a cambiar frecuentemente de medicamentos y marcas según la disponibilidad. Afirmó que esta discontinuidad ya ha generado complicaciones en varios casos, entre ellas el desarrollo de artritis psoriásica.

Los afectados alertan que la interrupción de los tratamientos no solo repercute en la salud física, sino también en el bienestar emocional, el desempeño laboral y el rendimiento académico de quienes padecen la enfermedad. Señalan que la incertidumbre permanente sobre la disponibilidad de medicamentos impacta directamente en su calidad de vida, comentó en comunicación con la 1020 AM.

Ante los argumentos oficiales relacionados con restricciones presupuestarias, los pacientes sostienen que la falta de respuestas concretas mantiene a cientos de asegurados en una situación de incertidumbre, mientras aguardan una solución que garantice el acceso regular y continuo a los tratamientos prescritos.

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El cuestionado contrato de fideicomiso firmado entre el Instituto de Previsión Social (IPS) y el banco Atlas (empresa perteneciente al Grupo Zuccolillo que conforman otras empresas en diversos ramos incluidos medios de comunicación) vuelve al centro del debate luego de que el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), doctor Isaías Fretes, confirmara que la deuda por los hospitales Hemato-Oncológico y Buongermini asciende a G. 126.000 millones, pese a que la previsional otorgó al banco Atlas SA G. 828.800 millones para terminar estos y otros dos hospitales.

El caso es investigado por parte del Ministerio Público, por presunto daño patrimonial con el citado contrato; teniendo en cuenta que el acuerdo, presentado originalmente como una herramienta para financiar infraestructura sanitaria, terminó generando fuertes cuestionamientos por el manejo de los fondos provenientes de los aportes de trabajadores y empleadores.

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Si bien el Banco Atlas realizó recientemente la devolución de un millonario monto a la previsional, en concepto de intereses no acreditados en el marco de un contrato de fideicomiso que data del año 2017. Son más de G. 800 millones devueltos a la previsional, que significan el reconocimiento de irregularidades por parte de la entidad bancaria de la familia Zuccolillo con el manejo de los fondos fiduciarios.

Este fideicomiso comprometió G. 828.800 millones del IPS para la construcción y terminación de establecimientos de salud. El objetivo principal del fideicomiso era mejorar la capacidad hospitalaria de la previsional mediante obras estratégicas como el Hospital Ingavi, la Policlínica, el Hospital Día/Buongermini y el Hospital Hemato-Oncológico.

A casi una década de la firma del contrato en el 2017, a la fecha, las obras no se concretaron e incluso permanecen obligaciones pendientes por aproximadamente G. 126.000 millones. De ese monto, unos G. 98.000 millones corresponden al Hospital Hemato-Oncológico y otros G. 28.000 millones al Hospital Buongermini, según manifestó el propio presidente del IPS, doctor Isaías Fretes, en una reciente entrevista.

Este caso es investigado por el fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económi­cos y Anticorrupción, Nés­tor Coronel, quien en su momento había señalado que están avanzando con la investigación sobre la eje­cución del contrato de fidei­comiso por valor de G. 828 mil millones entre el banco Atlas y el IPS, que debía ser utilizado para la cons­trucción de cuatro hospi­tales.

Confirmando que el contrato establecía que el banco Atlas actuara como fiduciario, administrando los recursos del IPS para ejecutar los pagos vinculados a las obras. La figura del fideicomiso buscaba, justamente, garantizar transparencia, control y una administración eficiente del dinero. Pero las auditorías y cuestionamientos posteriores apuntaron a presuntas irregularidades en la utilización de los fondos.

Uno de los puntos más controvertidos fue la incorporación del denominado “Punto 5: Otros centros de salud”, una modificación que, según informes mencionados públicamente, habría permitido desviar recursos hacia destinos distintos a los cuatro proyectos originalmente previstos. Las auditorías citadas en el caso señalan que una parte mayoritaria del dinero terminó vinculada a otros usos diferentes al objetivo inicial del fideicomiso.

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Además, el titular del Ministerio Público destacó la voluntad de regularizar la deuda con el IPS.

El titular del Minis­terio Público, Emi­liano Rolón, se refirió a las gestiones impulsadas para regularizar la situación contractual y financiera con el Instituto de Previsión Social (IPS). A la vez hizo mención de los avances en investigaciones de relevan­cia, específicamente sobre el anuncio realizado por el Ejecutivo sobre la detec­ción de aproximadamente 550 títulos universitarios y certificados de docentes presuntamente falsos o clo­nados.

En ese sentido, el titular del Ministerio Público mencionó que hasta el momento la Fis­calía no recibió oficialmente los antecedentes correspon­dientes.

Sin embargo, garantizó que, una vez remitida la documen­tación pertinente, se anali­zará la conformación de equipos fiscales especializa­dos para el análisis e inves­tigación del caso, siguiendo modelos de trabajo aplicados en otras causas de alta com­plejidad.

Con relación a la deuda con el IPS, comentó que la Fiscalía avanzó en las ges­tiones para regularizar la situación contractual y financiera con la previsio­nal, respecto al inmueble donde funcionan impor­tantes dependencias fis­cales en Asunción.

Detalló que la deuda se ori­ginó a raíz de diferencias contractuales manteni­das con administraciones anteriores del IPS, relacio­nadas con obligaciones adi­cionales que, según argu­mentó, no corresponderían al arrendatario.

No obstante, destacó la voluntad institucional de cumplir con los compro­misos pendientes y valoró la predisposición de las actuales autoridades pre­visionales para alcanzar un acuerdo que permita des­trabar el proceso de pago y formalizar un nuevo con­trato.

Abogó sobre la necesidad de fortalecer el presupuesto institucional para garanti­zar condiciones adecuadas de funcionamiento, consi­derando que aproximada­mente el 90 % de las sedes fiscales operan en inmue­bles arrendados, muchos de los cuales no reúnen las con­diciones requeridas para responder a las exigencias de la investigación penal moderna.

Destacó los avances de las obras del futuro edificio del Ministerio Público en Encar­nación, infraestructura que permitirá centralizar servi­cios en gran parte de la región sur y este del país.

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) informó que junto con el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) detecta­ron más de 550 títulos falsos y más de la mitad son de la carrera de Ciencias de la Educación. De comprobarse la falsedad ante la Justicia estos documentos serán anulados.

Según el ministro Luis Ramírez, tras una serie de investigaciones se pudo detectar un total de 550 títulos universitarios presunta­mente falsos, que fueron registrados por la institución. De este número 250 corresponden a la carrera de Ciencias de la Educa­ción.

“Nosotros recibimos esa carpeta fiscal, y se ha determinado que algunas personas fueron embaucadas y sorprendidas, otras, sin embargo, no pudieron explicar el origen y la dinámica de cómo accedieron a su título”, expresó Ramírez, en entrevista con “Cuenta final” de canal GEN y Universo 970/Nación Media.

El senador y el excandidato al Directorio del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Dionisio Amarilla, refiere que no existe mucha expectativa con las nuevas autoridades electas en las pasadas elecciones internas del 7 de junio. Los nuevos miembros del Directorio ya fueron proclamados por el Partido Liberal, encabezado ahora por Alcides Riveros.

“De las nuevas autoridades del partido mucho no se espera”, fueron las expresiones del senador en contacto con La Nación/Nación Media. Mientras tanto aseguró que, como senador y líder de uno de los movimientos internos, su objetivo es aportar para que el partido pueda establecer posturas políticas sobre temas nacionales.

“Nosotros pondremos de nuestra parte todo lo que esté a nuestro alcance para tratar de que a pesar de que somos minoría, producto de esos números que son muy llamativos que obtuvo Riveros, de que el PLRA instale en la discusión temas nacionales que deberían interesar a la oposición: canje de reelección por Balotaje, Itaipú como causa Nacional, contraloría para un afiliado del PLRA”, expresó.

Sobre el cambio de autoridades de la Contraloría General de la República (CGR), expresó que no cree que “ni se anime a plantear Riveros porque su gestión en Fernando de la Mora se caracterizó por el saqueo de las arcas municipales, saqueo que abrió una causa judicial”.

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Por otra parte, se refirió a la denuncia realizada por el senador Ever Villalba, sobre un supuesto fraude electoral, argumentando que se cargaron votos en las últimas internas. Amarilla acompaña el cuestionamiento de su colega. “Gravísima la denuncia de Villalba y las primeras pruebas acercadas y hechas públicas. Si en los cálculos de Ever Villalba fueron unos 100.000 votos los cargados por él”, refirió.

“Nuevo Liberalismo en los departamentos de Central 30.000, Itapuá 10.000, Caaguazú 10.000, Chaco donde Cristhian González, sabueso de Riveros viene como miembro del Directorio del Chaco y figura en el padrón liberal en Fernando de la Mora, Capital donde cargaron 10.000 votos siempre en la tesis de Villalba, 10.000 cargados en Cordillera, 3.000 en Canindeyú, 5.000 en Paraguarí”, mencionó.

La postura del senador Amarilla es que “este Directorio es el Directorio del ´Kargaton´ y mucho no se puede esperar del manicurista, del jardinero, del peluquero de Riveros, Estigarribia y de Pereira, los grandes artífices del fraude”.

Finalmente, el legislador afirmó que trabajará por las candidaturas de los electos en las internas para las generales municipales del 4 de octubre. “Pero volviendo al tema partidario ojalá pronto se les acabe la embriaguez del ´Kargaton´ y nos dividamos tareas para octubre”, apuntó.

Citó a los que fueron electos por su sector y hoy son candidatos oficiales del Partido Liberal: Paso Horqueta, Paso Barreto, Yby Yaú, Valenzuela, Altos, Itape, Natalicio Talavera, La Pastora, San Juan del Paraná y Coronel Bogado. También ya fueron inscriptos por otra lista por ser consensos pero son de la 100, lista de Amarilla, Mbuyapey, Minga Pora, Mbaracayú, y Presidente Franco.

“No son muchos, pero de muy buena gente que ganaron las internas sin cargar un solo voto. También tenemos amigos que clasificaron para concejales que también buscaremos se conviertan en concejales. Creo que brillarán por sus gestiones en sus municipios y es una de las maneras de fortalecer al PLRA”, sentenció.

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