La ley del agente penitenciario había sido sancionada la semana pasada, pero para el Ejecutivo no cumple con las normas legales ni administrativas necesarias. Foto: Gentileza
El presidente Santiago Peña objetó totalmente el proyecto de ley N° 7.318 “del agente penitenciario”, siendo devuelto al Congreso. La propuesta legislativa había sido sancionada la semana pasada, pero para el Ejecutivo no cumple con las normas legales ni administrativas necesarias.
“Presenta importantes e insalvables cuestionamientos en cuanto a la idoneidad de los medios propuestos para el logro de los objetivos, los costos asociados, así como la viabilidad y efectividad de la implementación y su alineación con los más modernos estándares internacionales en la materia”, se expresa en parte del decreto.
Desde el Ejecutivo, remarcaron también que diversos aspectos normativos del proyecto supondrían un incremento en el egreso público, sin que su viabilidad, necesidad, razonabilidad u optimización hayan sido debidamente analizadas o ponderadas por los entes públicos competentes.
“Se han dictado normas como la ley N° 7278/2024, que regula la Organización Administrativa del Estado, la cual prevé que antes de dictarse una ley que cree, modifique o regule nuevas estructuras administrativas, se cuente con un parecer técnico sobre su necesidad por parte del Ministerio de Economía”, se expresó, lo cual no se aplicó con el referido proyecto.
Parte del decreto por el cual se objeta el proyecto de ley referido. Foto: Captura de pantalla
El plan legislativo
De acuerdo al Ejecutivo, el impacto presupuestario del plan legislativo sería de G. 112.850.000.000, solamente en el primer año. Esto abarcaría la incorporación sin concurso de 1.135 personas como funcionarios permanentes y 227 de los trabajadores tendrían cargo de directores.
“La iniciativa, aunque bien intencionada, presenta riesgos en cuanto a su viabilidad práctica y financiera, comprometiéndose así no solo la efectividad de las soluciones, sino también la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo”, se subrayó desde Presidencia.
El proyecto de ley vetado busca definir la carrera del agente penitenciario, las políticas de ascenso y, sobre todo, los años de servicio que deberán prestar los nuevos incorporados, pretendiendo humanizar la carrera, en respeto a la institucionalidad. Desde el Ejecutivo se coincidió en su relevancia, pero atendiendo las consideraciones planteadas.
Diputados tratará 16 puntos en el orden del día, entre ellos la creación del seguro de desempleo
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La Cámara de Diputados, en su sesión ordinaria de mañana martes, tratará 16 puntos incluidos en el orden del día. En el primer punto, figura el proyecto de ley que crea el seguro de desempleo, presentado por los diputados Jazmín Narváez y Carlos Núñez, que será financiado por el incremento del aporte obrero patronal bajo la argumentación de ofrecer un “salvavidas” a despedidos permitiendo seguir cobrando sus salarios por el periodo de 6 meses.
Esta iniciativa tiene el objetivo de aumentar el 2 % el aporte conjunto al Instituto de Previsión Social (IPS), que actualmente es del 22,5 %, mientras que la propuesta legislativa ascendería al 27,5 %, con una distribución equitativa del 1 % a cargo del trabajador y el otro 1 % a cargo del empleador.
La legislación actual establece que el aporte a la previsional del 22,5 % del salario mínimo vigente, de los cuales el 9 % corresponde al empleado y el 16,5 % al empleador. Este proyecto, aumenta al 27,5 %, por lo que quedaría de la siguiente manera: 10 % del empleado y 17,5 % por parte del empleador.
Esta iniciativa causó controversias, principalmente desde los sectores sindicalistas que mostraron su postura contraria a que esta propuesta sea llevada adelante o aprobada en la instancia legislativa.
Así también, desde el IPS, el propio presidente de la institución, Jorge Britez, ya expresó que no está de acuerdo con este aumento, afirmando que no es factible.
Por otra parte, también se prevé el tratamiento del proyecto de ley que aprueba la decisión Marcosur/CM/DEC relativo al mecanismo para el ejercicio temporario; como así también el proyecto de ley que enmienda al protocolo de Montevideo sobre el comercio de servicios del Mercosur.
El diputado Rodrigo Blanco explicó que contar con la Ley Mafe permitirá abordar la problemática social con herramientas adecuadas. Foto: Pánfilo Leguizamón
Proyecto de Ley Mafe permitirá visualizar la real problemática de personas desaparecidas
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La Cámara de Diputados se dio entrada a un proyecto de ley que busca crear un Registro Nacional de Personas Desaparecidas (Renad) que, a su vez, establecerá el Sistema de Alerta Mafe, en memoria de la adolescente María Fernanda Benítez. Este mecanismo se activará ante los casos de desapariciones, similar a la alerta AMBER, que se aplica en otros países.
En el programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media estuvieron como invitados el diputado Rodrigo Blanco, uno de los proyectistas, y Rubén Riquelme, director de auditoría de gestión fiscal del Ministerio Público.
La propuesta surgió con el objetivo de socializar y visualizar esta problemática, teniendo en cuenta que solo en el 2024 se reportaron más de mil desapariciones de personas, de los cuales un importante número han vuelto a sus hogares, pero no se maneja con exactitud el número real de personas que no han sido encontradas.
El diputado Blanco recordó que esta situación ya había sido ampliamente discutida a inicios de este periodo legislativo, cuando en el 2023 se había planteado un proyecto de ley similar, que buscaba un marco legal para la búsqueda y localización de personas.
Refirió que tomaron contacto con la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidos del Paraguay; lo que muestra la magnitud del problema, ya que incluso ya existen organizaciones que ayudan a las familias que pasan por esta situación; y que incluso hablan de cifras mucho mayores a las que se manejan.
“De acuerdo a los reportes que nos brindaron, existirían entre 2.000 a 2.500 personas desaparecidas al año. De este número se menciona que el 50 % se tiene reporte sobre el retorno o aparición, y los motivos pueden variar por conflictos familiares, económicos. Ahora qué pasa con ese otro 50 %, hay una alta probabilidad de desaparición forzosa”, explicó el legislador.
El Dr. Rubén Riquelme señaló que contar con la normativa facilitará la búsqueda automática sin necesidad que se solicite una intervención judicial o fiscal. Foto: Pánfilo Leguizamón.
Protocolos de alertas inmediatas
El diputado Blanco señaló que ahora lo que se busca con la nueva propuesta es abordar un marco legal que plantee establecer protocolos que ya son utilizados en otros países con éxito. Explicó que, por ejemplo, que, al reportarse una persona desaparecida, los ciudadanos reciben en el celular las alertas sobre la búsqueda de la persona, con su fotografía y las características que ayudarán a su identificación.
“Se hace un trabajo coordinado con los organismos de seguridad, la sociedad, los medios de comunicación, sector público y privado de forma masiva y sobre todo en las primeras 24 horas para poder tener mínimas chances de poder dar con el paradero de la persona buscada”, describió.
Mencionó que las estadísticas señalan que, en el caso de desaparición forzosas hoy en el Paraguay, el 70 % corresponde a niñas y adolescentes de entre 11 a 17 años. Blanco cuestionó qué está pasando en el Paraguay con estos casos de niñas desaparecidas y que en muchos casos tienen que ver con el crimen organizado, la trata de personas y el comercio ilícito de órganos.
“El proyecto habla de una respuesta rápida como acción para que las familias sepan dónde tienen que ir a denunciar, ante qué autoridad, cuál será el protocolo a seguir. Porque hoy las familias están a la deriva, y dentro de su desesperación van de institución en institución pidiendo auxilio y un mínimo de hoja de ruta sobre qué es lo que tienen que hacer”, especificó.
Propuesta saludable y conveniente
A su turno, el director de auditoría de gestión fiscal, Rubén Riquelme, comentó que, si la denuncia de desaparición de persona tiene algún matiz o sospecha de hecho punible, ahí la Fiscalía tiene la facultad de urgir la ordenar la búsqueda y localización. Si bien, la orden de búsqueda surge, en cualquier caso, a través del sistema de difusión que tiene la Policía Nacional.
“El proyecto de ley considero saludable su propuesta, al momento que delega la intervención, sobre todo en las primeras horas que se presente la denuncia, se activa de forma inmediata la difusión. Además, se crea un registro que facilita el seguimiento”, destacó.
Resaltó la importancia de que, aparte de hacer la difusión en todos los estamentos de la Policía Nacional, pase de manera automática y sin necesidad de una intervención judicial o fiscal a los medios de comunicación.
Asignación presupuestaria
Además de los componentes de creación del registro de personas desaparecidas, y la activación del Sistema de Alerta Mafe, la propuesta incluye el aspecto financiero para dotar de las asignaciones presupuestarias necesarias para la Dirección de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional, que según el diputado Blanco, está muy debilitada por la cantidad de casos que existen.
“Si bien el trabajo es conjunto con el Ministerio Público, esta dirección debe contar con las herramientas que le permitan identificar qué es lo que pasa con cada caso, cuáles son los vínculos con el narcotráfico, microtráfico, trata de personas, tráfico de órganos. Se tiene que saber qué está ocurriendo en el Paraguay profundo, en la sociedad para que se puedan adoptar las medidas necesarias de prevención y de combate a estos hechos”, acotó.
Desde el Ministerio Público, el doctor Riquelme explicó que muchas veces a la fiscalía le toca acompañar el trabajo de búsqueda de la Policía Nacional, cuando se presenta como denuncia de desaparición. Ahora bien, si existe indicio de algún hecho punible, es ahí cuando se inclina a la persecución del presunto delito.
“La tarea es encontrar a esa persona, y justamente ese es el abordaje especial que hay que entender sobre lo que hay que comenzar a investigar. Cuando se mira la estadística, son niñas y adolescentes de 11 a 17 años el 70 % de los casos, es una señal de que algo está pasando en la sociedad y es lo que ocurre a nivel mundial, según nos explicaban. Por ello, es sumamente necesaria esta ley, para el protocolo, pero sobre todo para abordar como Estado esta problemática”, remarcó Blanco.
Finalmente, el doctor Riquelme insistió que las primeras horas son esenciales, y se debe evitar el centralismo. “Considero que crear una dirección o un departamento en la fiscalía solamente, no coadyuva en estos casos de desaparición. Debe ser en toda la República, usando los medios de comunicación y las plataformas para que de una forma casi automática al ingreso de la denuncia se active el sistema de alerta”, enfatizó.
Gobierno ya logró la distribución del 62 % de los muebles escolares adquiridos por Itaipú
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El gobierno del presidente de la República, Santiago Peña, ya concretó la distribución de 202.702 mobiliarios escolares nuevos adquiridos por la Itaipú, representando una cifra del 62 %. En total, se prevé la entrega de 330.000 muebles en instituciones educativas de todo el país.
La dotación de mobiliario escolar se realiza a escuelas con mayores necesidades. Hasta el pasado 13 de junio del 2025, en la zona de Alto Paraná se entregaron 3.183 mobiliarios; en Caaguazú, 2.641 muebles; en Caazapá, 2.492 mobiliarios; en Ñeembucú, 2.317 muebles; y en Itapúa, 1.969 mobiliarios.
Mientras que en San Pedro se entregaron 8.354 mobiliarios; en Central, 145.213 muebles; en Asunción, 29.208 mobiliarios; y en Paraguarí, 7.325 mobiliarios, según la nómina publicada este domingo por la hidroeléctrica.
El operativo de distribución inició el pasado mes de marzo. En total, ya fueron beneficiadas 719 instituciones. Los mobiliarios escolares nuevos están diseñados para garantizar comodidad y durabilidad, con un riguroso control de calidad y una garantía de tres años. Además, el proceso de distribución se realiza de manera transparente y organizada, asegurando que cada escuela reciba la cantidad adecuada según su matrícula.
El plan de entrega cuenta con el apoyo de los gobiernos municipales, departamentales, el Ministerio de Educación y Ciencias, Itaipú y las Fuerzas Armadas. Estos últimos colaboran en la remoción de mobiliario antiguo, facilitando la llegada de los nuevos mobiliarios escolares y promoviendo el reciclaje de los en desuso.
Datos proveídos por la entidad binacional Itaipú. Foto: Gentileza
Presidente Peña avizora inversiones tras reunión con el gobernador de Paraná
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El presidente de la República, Santiago Peña, anunció que fue invitado por el gobernador del estado brasileño de Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, a fin de afianzar las relaciones bilaterales y reunirse con productores y empresarios locales. El mandatario anunció que habrá nuevas inversiones en los próximos meses.
Durante su jornada de Gobierno en el departamento de Misiones, el presidente Peña comunicó el interés del gobernador de Paraná, Brasil, de recibirlo y explorar oportunidades comerciales para ambos países. En ese sentido, el mandatario afirmó que buscará captar el interés de inversores brasileños en hacer trabajar su capital en Paraguay.
“Está el interés de seguir desarrollando nuestra región, precisamente Alto Paraná y el estado de Paraná. Hay mucho interés de parte de productores brasileños que están viniendo al Paraguay y creo que van a haber muchas inversiones nuevas en los próximos meses. Nos invitó el gobernador para tener una reunión con productores e inversores del estado de Paraná”, dijo Peña.
El mandatario mencionó que la conversación con el gobernador brasileño giró en torno a infraestructura, inversiones, integración productiva, nuevas oportunidades para el comercio y empleo.
Mencionó que el puente entre Presidente Franco y Foz de Yguazú será también visitado en el lado brasileño para conocer los avances en las obras que llevan adelante para su pleno funcionamiento.
Inversiones industriales en Alto Paraná
Recientemente, la firma Aceros del Oriente anunció la instalación de una fábrica de varillas en la ciudad de Yguazú, departamento de Alto Paraná, con una inversión de más de USD 30 millones y una capacidad de producción de 17.000 toneladas mensuales.
Además, Alto Paraná es considerado como el epicentro de la maquila en nuestro país, ya que concentra el 47 % de las empresas del sector.