El viceministro de Minas y Energías, Mauricio Bejarano, habló sobre la cuestión energética, mirando el futuro y las necesidades que afloran para no tener problemas en cuando a suministro. En ese sentido, afirmó que se proyecta que la inversión privada sostenga el desarrollo del sector, pero para eso se necesitan al menos dos instituciones nuevas, sobre todo un ente regulador.

El alto funcionario brindó sus conceptos durante el foro “Energía eléctrica para asegurar la continuidad del desarrollo en Paraguay”, organizado por el Instituto de Desarrollo del Pensamiento Patria Soñada (IDPPS), el Centro Paraguayo de Ingenieros y el Instituto de Profesionales Paraguayos del Sector Eléctrico (IPPSE).

Bejarano habló, entre otras cosas, de la importancia que representa la conformación de dos nuevas instituciones para la política energética local, la primera, el Ministerio de Energía y la segunda, el ente regulador que dará el marco de operaciones en el que se espera sea un dinámico mercado de generación, distribución y alimentación.

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Seguidamente, el viceministro precisó que para el desarrollo local se requiere de inversiones multimillonarias, que necesariamente deben provenir del sector privado. “La mejor normativa que podemos hacer, de generación de energía eléctrica, si uno no tiene un árbitro, cómo pretendemos nosotros de que pueda llegar a venir la inversión, lo primero que dice el inversor es ‘yo quiero invertir en su país en energía y generación de energía’”, comenzó diciendo.

Posteriormente, indicó que las condiciones deben estar expuestas de antemano, de manera a facilitar el desembarco de capitales. “Todos ya vimos la necesidad, en diferentes escenarios, la que fuera que sea, necesita inversiones multimillonarias y eso pretendemos que venga del sector privado, pero te dicen ‘necesito una garantía soberana por las condiciones en las cuales está el estado financiando la Ande’, si la Ande va a ser la que me va a comprar la energía, ese es el último gran debate que está hoy sobre la mesa”, manifestó y amplió que la ley vigente establece un fondo fiduciario para brindar seguridad.

Con lo mencionado anteriormente y una vez en marcha el mercado de energía eléctrica, es imperioso contar con un ente que dirima, por ejemplo, los casos de casos de incumplimiento contractuales, tanto para la venta a la Ande, como en las operaciones entre particulares.

“Los cambios de paradigma empezaron, sacamos algunas buenas normativas que pueden generar cosas distintas a la que hemos hecho, pero para que esto sea real, efectivo y certero, necesitamos darle apoyo a otras dos instituciones”, concluyó.

En el evento del que fue parte el viceministro se dieron varios paneles, en los cuales se debatió sobre el panorama energético local, las opciones que tiene el país en términos de crecimiento económico utilizando la potencia disponible, las fuentes alternativas, entre otras cosas.

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• Por Lourdes Torres, lourdes.torres@nacionmedia.com.

Paraguay inició formalmente el camino hacia el posible uso de tecnología nuclear civil. La firma de un Memorando de Entendimiento (MOU) sobre Cooperación Estratégica Civil Nuclear con Estados Unidos marca el punto de partida para diversificar la matriz energética nacional y anticiparse a la crisis de demanda eléctrica que los expertos proyectan a partir de 2030.

Desde la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear (ARRN), su titular, el doctor Jorge Molina, aclaró durante una entrevista para La Nación/Nación Media, que este es el primer tramo de un riguroso proceso que abarca la creación protocolos de seguridad, de diversas regulaciones nucleares y la ratificación de un tratado vinculante por parte de los congresos de ambos países.

El ministro Molina dijo que la meta es que el Paraguay pueda acceder a reactores modulares para ampliar su capacidad de generación eléctrica con energía nuclear y diversificar la matriz energética de cara a los desafíos de la demanda eléctrica que se proyectan a partir del 2030.

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“Solamente para la energía eléctrica; o sea, cada reactor produce energía eléctrica y también energía térmica que puede utilizarse en fábrica para lo que necesite, desalinización, producción de hidrógeno verde, cualquier proceso que necesite calor”, comentó.

Mencionó que, aunque Paraguay cuenta actualmente con un excedente de energía proveniente de las hidroeléctricas Itaipú y Yacyretá; las proyecciones oficiales advierten que este margen entrará en crisis hacia el final de la década.

“Con el ritmo de crecimiento actual, la escasez energética podría presentarse incluso antes del 2030. Debemos prever esta contingencia diversificando nuestras fuentes de generación con energía solar, gas y tecnología nuclear. Necesitaremos de todas las alternativas disponibles”, afirmó Molina, agregando que desde el gobierno de Santiago Peña se están comenzando a evaluar alternativas para evitar llegar a esa crisis energética.

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Para concretar la compra y operación de reactores de origen norteamericano, Paraguay deberá cumplir primero las condiciones del denominado Acuerdo 123, un convenio bilateral altamente exigente que regula la transferencia de tecnología sensible. Este acuerdo incluye un marco legal enfocado en la no proliferación de armamento nuclear, así como en implementación de medidas de seguridad y salvaguardias.

El titular de la ARRN explicó que el uso de reactores nucleares que se plantea usar en Paraguay es solo y exclusivamente para uso civil, es decir, para generar energía eléctrica. Puntualizó que el estudio previo al Acuerdo 123 se llevará a cabo con una comisión de especialistas norteamericanos que vendrá al país para llevar adelante el estudio que una vez acabado elaborarán un dictamen que será remitido al Poder Legislativo.

“Ese Acuerdo 123 es un acuerdo vinculante, entonces tiene que pasar por ambas cámaras del Congreso, que deben dar su visto bueno, y ahí recién se puede firmar el acuerdo bilateral. Después de eso, nosotros podemos comprar cualquier tipo de reactor nuclear”, precisó.

El actual memorando no vinculante —suscrito entre el canciller Rubén Ramírez y el secretario de Estado, Marco Rubio— refleja dos años de trabajo conjunto entre La Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear y la iniciativa FIRST (Infraestructura Fundamental para el Uso Responsable de la Tecnología de Reactores Modulares Pequeños, por sus siglas en inglés), un programa del Departamento de Estado de Estados Unidos que promueve el despliegue seguro de Reactores Modulares Pequeños (SMR).

En América Latina, países como Argentina, Brasil y México operan centrales nucleares tradicionales caracterizadas por sus monumentales torres de enfriamiento. La nueva tendencia global —en la que Paraguay, El Salvador y Perú han mostrado interés inicial— apunta a unidades más pequeñas, flexibles y seguras.

Los reactores nucleares se clasifican en tres categorías:

• Los microreactores que tiene una capacidad de generación de energía que va de 0 a 30 MW.
• Los reactores modulares pequeños (SMR) con capacidad de generación de 30 a 300 MW.
• Los reactores convencionales (tecnología antigua) que producen desde 600 hasta 1.000 MW aproximadamente.

A modo de comparación, el doctor Molina explicó que una sola turbina de Itaipú produce 700 megavatios (MW). Con dos de los SMR todavía no alcanza a una turbina de las 20 que cuenta el Paraguay en la hidroeléctrica binacional.

Molina indicó que, en paralelo al estudio de factibilidad, la ARRN trabaja en un proyecto de ley para dotar al organismo regulador de las atribuciones necesarias para fiscalizar esta tecnología emergente.

Indicó que el plan requerirá la creación de un manual de procedimiento nacional para la importación y transporte del material radioactivo, un diseño de resguardo físico para los residuos radiactivos en búnkeres especializados y la definición del protocolo de seguridad gubernamental entre las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional.

“La soberanía energética paraguaya pronto dejará de depender de cuánta agua mueva Itaipú para depender de nuestra capacidad de administrar la tecnología más avanzada y celosamente vigilada del planeta. Este es apenas el preámbulo”, remarcó Molina.

En una próxima parte de esta entrevista, el doctor Molina revela los plazos reales para encender el primer microreactor en suelo guaraní. Además, destacó la apertura de las instituciones del Estado para abrir las opciones de la matriz energética.

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• Por: Sofía Céspedes
• sofia.cespedes@nacionmedia.com

La expansión de la inteligencia artificial (IA), la computación en la nube y los servicios digitales está cambiando la forma en que los países compiten por atraer inversiones. Detrás de cada aplicación de IA, plataforma de streaming o servicio financiero digital existe un data center o centro de datos, enormes infraestructuras que almacenan y procesan información las 24 horas del día.

En los últimos meses, en Paraguay el rubro comenzó a tomar más protagonismo gracias a uno de sus principales activos, la disponibilidad de energía renovable. Sin embargo, especialistas coinciden en que la electricidad, aunque indispensable, representa apenas una parte de una ecuación mucho más amplia.

En conversación con La Nación/Nación Media, Bruno Vaccotti, director de la Cámara Paraguaya de Fintech y accionista de Penguin Group, dijo que la discusión sobre los centros de datos no debe limitarse al consumo eléctrico, sino al impacto económico que pueden generar.

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Explicó que estas instalaciones forman parte de las denominadas industrias electrointensivas, que utilizan grandes cantidades de energía, pero cuya principal característica es la generación de empleo altamente calificado. A diferencia de otras industrias manufactureras, los centros de datos no requieren miles de trabajadores, aunque sí demandan perfiles técnicos especializados, con salarios muy por encima del promedio.

Vaccotti sostuvo a LN que Paraguay atraviesa un momento particular. Mientras el consumo eléctrico interno crece alrededor de un 12 % anual, el país deberá realizar importantes inversiones en infraestructura energética durante los próximos años para evitar un déficit de generación.

En ese contexto, consideró que atraer industrias electrointensivas forma parte de la solución y no del problema. Según explicó, actualmente la energía excedente cedida al Brasil genera ingresos considerablemente menores que la electricidad consumida por industrias instaladas en Paraguay.

Mientras la compensación por cesión ronda los USD 18 por megavatio, las empresas electrointensivas pagan entre USD 48 y USD 52 por la misma cantidad de energía.

Ese mayor ingreso fortalece financieramente a la Administración Nacional de Electricidad (Ande) y permite financiar nuevas obras para el Sistema Interconectado Nacional. Incluso, afirmó que cerca del 60 % de los ingresos actuales de la estatal eléctrica provienen de industrias electrointensivas, principalmente la minería de bitcoin.

Otro de los puntos que destacó es el esquema de créditos energéticos que actualmente analiza el Gobierno junto con el sector privado. La propuesta busca que las empresas que demanden grandes bloques de energía también inviertan en nueva capacidad de generación, por ejemplo mediante plantas fotovoltaicas, permitiendo que el crecimiento industrial contribuya al fortalecimiento del sistema eléctrico nacional.

La magnitud económica de estos proyectos también resulta significativa. Como referencia, Vaccotti recordó que Penguin construyó en Hernandarias, en 2021, un centro de datos de 100 megavatios con una inversión estimada entre USD 120 millones y USD 140 millones, considerado el primero de esa capacidad en América Latina.

Aunque actualmente está orientado al procesamiento para minería de bitcoin, explicó que comparte buena parte de la infraestructura utilizada por los centros destinados al procesamiento de IA.

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Si bien Paraguay reúne condiciones naturales difíciles de igualar, los especialistas coinciden en que atraer inversiones de gran escala exige mucho más que energía disponible.

Vaccotti consideró que uno de los principales desafíos es generar confianza para inversiones que suelen proyectarse a diez o más años. Para ello, sostiene que el país necesita fortalecer la seguridad jurídica, garantizar reglas estables y evitar modificaciones contractuales imprevistas que puedan afectar la previsibilidad de los proyectos.

A ello, sumó un aspecto cada vez más determinante: la ciberseguridad. El director del gremio advirtió que Paraguay todavía debe fortalecer significativamente la protección de datos y la seguridad informática, especialmente, considerando los ataques que afectaron a distintas instituciones públicas.

En su opinión, la protección de la infraestructura digital debería convertirse en una política estratégica del Estado para brindar mayor confianza a los inversionistas internacionales.

Vaccotti también puso en contexto de los argumentos más repetidos sobre los data centers, el elevado consumo de agua. Explicó que muchas instalaciones modernas ya utilizan tecnologías de refrigeración por inmersión en aceite dieléctrico, reduciendo considerablemente esa necesidad. Incluso, señaló que, según estudios realizados para el sector, este tipo de infraestructura ni siquiera figura entre las actividades industriales con mayor consumo hídrico del país.

Mientras el sector privado analiza oportunidades de inversión, el Gobierno impulsa su propio proyecto de infraestructura tecnológica.

El asesor técnico del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Horacio Caniza Vierci, afirmó a LN que Paraguay reúne varias condiciones favorables para desarrollar esta industria. Una matriz energética limpia y estable, disponibilidad de agua para sistemas de refrigeración y experiencia técnica acumulada en grandes organizaciones como bancos y empresas de telecomunicaciones.

Reconoció que el país todavía necesita formar una mayor cantidad de profesionales especializados, aunque sostiene que esa oferta surgirá conforme aumente la demanda del mercado.

“Antes de que exista la demanda es muy difícil que exista la oferta”, resumió al explicar por qué considera que la llegada de nuevos proyectos impulsará también la capacitación del talento local.

Para Caniza, un data center puede entenderse como una gran computadora compartida. Mientras un usuario utiliza una computadora personal para sus tareas diarias, un centro de datos concentra una enorme capacidad de procesamiento que puede ser utilizada simultáneamente por miles de personas y empresas.

Esa lógica, explicó, permite optimizar el uso de los recursos informáticos, reducir tiempos de procesamiento y ofrecer servicios digitales desde un mismo punto hacia distintos usuarios e incluso otros países.

Señaló que la ubicación de un data center responde a criterios técnicos específicos. Además de requerir una conexión cercana a una fuente de energía para evitar elevados costos de infraestructura, estas instalaciones necesitan disponibilidad de agua para los sistemas de refrigeración y suficiente espacio para futuras ampliaciones.

A ello se suma que, por el ruido que generan los equipos de procesamiento y enfriamiento, normalmente se instalan fuera de los centros urbanos.

En paralelo, el Mitic avanza con la construcción del Data Center del Estado, que estará ubicado en Chaco’i. El contrato con la empresa adjudicada ya fue firmado y la obra deberá ejecutarse en un plazo aproximado de dos años.

El objetivo del proyecto no es ofrecer servicios al sector privado, sino centralizar la infraestructura tecnológica del Estado paraguayo. Allí se alojarán plataformas utilizadas diariamente por las instituciones públicas y servicios dirigidos a la ciudadanía, como Portal Paraguay, la identidad electrónica y la nube gubernamental, buscando mejorar la seguridad, disponibilidad y eficiencia de los sistemas digitales públicos.

La apuesta, sin embargo, trasciende la construcción de un edificio. Tanto desde el sector público como desde el privado coinciden en que el verdadero desafío consiste en aprovechar la ventaja energética del país para desarrollar una nueva industria basada en servicios digitales de alto valor agregado.

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El presidente de la República, Santiago Peña, designó a Miguel Báez Reyes como nuevo presidente de la Administración Nacional de Electricidad (Ande). Al respecto, la Unión Industrial Paraguaya (UIP) emitió un comunicado respaldando la decisión del gobierno, pidiendo que se fortalezca la política energética del Estado.

El gremio afirma que la energía es el alma y el sistema nervioso del desarrollo de un país; por eso, es el factor que sostiene la producción, impulsa la inversión y hace posible el crecimiento económico.

“Por ello, fortalecer una política energética de Estado, basada en la planificación, la sostenibilidad y la capacidad de ejecución, constituye una prioridad estratégica para el Paraguay”, afirman.

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Dicen que en ese marco, la nueva conducción de la Ande asume la responsabilidad de liderar una de las instituciones más estratégicas del país, y que la magnitud de los desafíos exige fortalecer las capacidades técnicas, consolidar equipos de trabajo, garantizar la continuidad de los proyectos estratégicos, impulsar las reformas necesarias y profundizar la articulación entre el Estado, el sector productivo y los organismos especializados.

“El liderazgo del Poder Ejecutivo será fundamental para establecer el rumbo, ordenar las prioridades y generar las condiciones políticas necesarias para avanzar. La reforma energética no puede limitarse a una institución ni quedar condicionada por intereses sectoriales. Debe convertirse en una política de Estado, construida con responsabilidad, transparencia y visión de largo plazo”, expresan.

En ese sentido, resaltan las advertencias técnicas que existen y que indican que el país dispone de un margen de acción cada vez más reducido y que, sin nuevas inversiones y decisiones oportunas, Paraguay podría enfrentar una situación crítica hacia el final de esta década.

“La Ande será necesariamente protagonista de este proceso, pero también será una de las instituciones que deberá transformarse. Tendrá la responsabilidad de contribuir a la construcción de acuerdos y participar con apertura en la negociación de aquellos aspectos donde las visiones o los intereses sean diferentes”, señalan.

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