El proyecto de ley que crea el Registro Unificado Nacional (RUN) consta de dos grandes matrices: desarrollar más seguridad jurídica y continuar con el sistema de modernización del Estado, puntualizó este viernes Roberto Moreno, ministro asesor jurídico de la Presidencia, a través de una entrevista de la Vocería del Gobierno, en que también fue abordado el ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alberto Martínez Simón.
“Se decidió que el Poder Judicial esté a cargo del Registro y se encargue de llevar los procesos. Además, se empezó a trabajar de manera conjunta entre el Poder Ejecutivo y Judicial, logrando lo que nunca antes se vio en un proyecto: que la iniciativa esté firmada por dos poderes del Estado”, señaló Moreno, recordando que uno de los problemas del registro es la existencia de tres ventanas burocráticas para el ciudadano: una en el Poder Judicial, a través del Registro Público; otra bajo el Ministerio de Obras Públicas, con la Dirección de Geodesia; y otra bajo el Ministerio de Economía, con la Dirección de Catastro.
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Tratamiento del proyecto
Por su parte, el ministro de la CSJ indicó que, en principio, dentro de lo que resta del mes de setiembre, el Senado estaría concluyendo la revisión de la normativa para avanzar el proceso legislativo. “La norma no será efectiva hasta un año después y durante ese tiempo realizaremos un trabajo muy grande para la unificación de la tramitación. Lo que propició este proyecto es el problema de los inmuebles, de modo tal a poder solucionarlo”, refirió Martínez Simón.
El Registro Unificado Nacional (RUN) permitirá conocer las cantidades de titulaciones superpuestas de terrenos. “El proyecto es muy claro en dejar en manos del Poder Judicial, como corresponde constitucionalmente, la resolución de estos conflictos. La propuesta tiene más de 200 artículos y ahora está a consideración del Poder Legislativo”, recalcó el magistrado.
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Proyecto de Ley Mafe permitirá visualizar la real problemática de personas desaparecidas
La Cámara de Diputados se dio entrada a un proyecto de ley que busca crear un Registro Nacional de Personas Desaparecidas (Renad) que, a su vez, establecerá el Sistema de Alerta Mafe, en memoria de la adolescente María Fernanda Benítez. Este mecanismo se activará ante los casos de desapariciones, similar a la alerta AMBER, que se aplica en otros países.
En el programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media estuvieron como invitados el diputado Rodrigo Blanco, uno de los proyectistas, y Rubén Riquelme, director de auditoría de gestión fiscal del Ministerio Público.
La propuesta surgió con el objetivo de socializar y visualizar esta problemática, teniendo en cuenta que solo en el 2024 se reportaron más de mil desapariciones de personas, de los cuales un importante número han vuelto a sus hogares, pero no se maneja con exactitud el número real de personas que no han sido encontradas.
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El diputado Blanco recordó que esta situación ya había sido ampliamente discutida a inicios de este periodo legislativo, cuando en el 2023 se había planteado un proyecto de ley similar, que buscaba un marco legal para la búsqueda y localización de personas.
Refirió que tomaron contacto con la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidos del Paraguay; lo que muestra la magnitud del problema, ya que incluso ya existen organizaciones que ayudan a las familias que pasan por esta situación; y que incluso hablan de cifras mucho mayores a las que se manejan.
“De acuerdo a los reportes que nos brindaron, existirían entre 2.000 a 2.500 personas desaparecidas al año. De este número se menciona que el 50 % se tiene reporte sobre el retorno o aparición, y los motivos pueden variar por conflictos familiares, económicos. Ahora qué pasa con ese otro 50 %, hay una alta probabilidad de desaparición forzosa”, explicó el legislador.
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Protocolos de alertas inmediatas
El diputado Blanco señaló que ahora lo que se busca con la nueva propuesta es abordar un marco legal que plantee establecer protocolos que ya son utilizados en otros países con éxito. Explicó que, por ejemplo, que, al reportarse una persona desaparecida, los ciudadanos reciben en el celular las alertas sobre la búsqueda de la persona, con su fotografía y las características que ayudarán a su identificación.
“Se hace un trabajo coordinado con los organismos de seguridad, la sociedad, los medios de comunicación, sector público y privado de forma masiva y sobre todo en las primeras 24 horas para poder tener mínimas chances de poder dar con el paradero de la persona buscada”, describió.
Mencionó que las estadísticas señalan que, en el caso de desaparición forzosas hoy en el Paraguay, el 70 % corresponde a niñas y adolescentes de entre 11 a 17 años. Blanco cuestionó qué está pasando en el Paraguay con estos casos de niñas desaparecidas y que en muchos casos tienen que ver con el crimen organizado, la trata de personas y el comercio ilícito de órganos.
“El proyecto habla de una respuesta rápida como acción para que las familias sepan dónde tienen que ir a denunciar, ante qué autoridad, cuál será el protocolo a seguir. Porque hoy las familias están a la deriva, y dentro de su desesperación van de institución en institución pidiendo auxilio y un mínimo de hoja de ruta sobre qué es lo que tienen que hacer”, especificó.
Propuesta saludable y conveniente
A su turno, el director de auditoría de gestión fiscal, Rubén Riquelme, comentó que, si la denuncia de desaparición de persona tiene algún matiz o sospecha de hecho punible, ahí la Fiscalía tiene la facultad de urgir la ordenar la búsqueda y localización. Si bien, la orden de búsqueda surge, en cualquier caso, a través del sistema de difusión que tiene la Policía Nacional.
“El proyecto de ley considero saludable su propuesta, al momento que delega la intervención, sobre todo en las primeras horas que se presente la denuncia, se activa de forma inmediata la difusión. Además, se crea un registro que facilita el seguimiento”, destacó.
Resaltó la importancia de que, aparte de hacer la difusión en todos los estamentos de la Policía Nacional, pase de manera automática y sin necesidad de una intervención judicial o fiscal a los medios de comunicación.
Asignación presupuestaria
Además de los componentes de creación del registro de personas desaparecidas, y la activación del Sistema de Alerta Mafe, la propuesta incluye el aspecto financiero para dotar de las asignaciones presupuestarias necesarias para la Dirección de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional, que según el diputado Blanco, está muy debilitada por la cantidad de casos que existen.
“Si bien el trabajo es conjunto con el Ministerio Público, esta dirección debe contar con las herramientas que le permitan identificar qué es lo que pasa con cada caso, cuáles son los vínculos con el narcotráfico, microtráfico, trata de personas, tráfico de órganos. Se tiene que saber qué está ocurriendo en el Paraguay profundo, en la sociedad para que se puedan adoptar las medidas necesarias de prevención y de combate a estos hechos”, acotó.
Desde el Ministerio Público, el doctor Riquelme explicó que muchas veces a la fiscalía le toca acompañar el trabajo de búsqueda de la Policía Nacional, cuando se presenta como denuncia de desaparición. Ahora bien, si existe indicio de algún hecho punible, es ahí cuando se inclina a la persecución del presunto delito.
“La tarea es encontrar a esa persona, y justamente ese es el abordaje especial que hay que entender sobre lo que hay que comenzar a investigar. Cuando se mira la estadística, son niñas y adolescentes de 11 a 17 años el 70 % de los casos, es una señal de que algo está pasando en la sociedad y es lo que ocurre a nivel mundial, según nos explicaban. Por ello, es sumamente necesaria esta ley, para el protocolo, pero sobre todo para abordar como Estado esta problemática”, remarcó Blanco.
Finalmente, el doctor Riquelme insistió que las primeras horas son esenciales, y se debe evitar el centralismo. “Considero que crear una dirección o un departamento en la fiscalía solamente, no coadyuva en estos casos de desaparición. Debe ser en toda la República, usando los medios de comunicación y las plataformas para que de una forma casi automática al ingreso de la denuncia se active el sistema de alerta”, enfatizó.
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Violación del deber de cuidado: el 59 % de las víctimas son hombres y más del 80 % son mayores
El Ministerio Público registró 1.040 causas por el hecho punible de violación del deber de cuidado de ancianos y personas con discapacidad entre el 2024 y mayo del 2025. Solo en el departamento Central y Asunción se concentra el 61 % de las causas ingresadas.
El año pasado, mediante un trabajo de muestreo que analizó denuncias ingresadas en la Fiscalía, permitió conocer el perfil de los más afectados y reveló en ese entonces que, un alto porcentaje de las víctimas de violación del deber de cuidado de ancianos son adultos mayores.
Según datos proveídos por la oficina de estadística de la Fiscalía, de enero a diciembre del 2024 cerraron con 737 causas ingresadas en diferentes puntos del país. En tanto que, hasta mayo de este año se registraron 303 causas, lo que significa que en un año y 5 meses se atendieron 1.040 denuncias, analizó el Observatorio del Ministerio Público.
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Departamentos
La mayor cantidad de denuncias ingresó en Central con 486 causas. Sigue Asunción con 150 causas, Alto Paraná recibió 58 causas, Itapúa reportó 48 causas, además de San Pedro y Caaguazú que recibieron 40 causas, respectivamente. Estos seis departamentos, concentran el 79 % del total de las denuncias recibidas en estos últimos 17 meses a nivel país.
Informe que duele y preocupa
El Ministerio Público, mediante el mencionado trabajo de muestreo, logró definir el perfil de las víctimas, tras el análisis de 82 causas del total de 558 causas ingresadas a nivel país de enero a noviembre del 2023. Si bien, el análisis de las causas corresponde a ese año, el perfil de las víctimas sigue siendo el mismo y las tendencias se mantienen.
El informe, se reveló que el 90 % de las víctimas fueron abandonadas en su vivienda y el 10 % fueron llevadas a un recinto público. En cuanto al sexo de los afectados, encontramos que el 59 % de las víctimas son hombres y el 41% son mujeres.
Asimismo el informe sobre las personas que están enfermas reporta que el 42 % de las víctimas de violación del deber del cuidado se encuentra enfermo gravemente. El 37 % tiene una enfermedad crónica y el 21% tiene una discapacidad total o parcial. El 57 % de las víctimas tiene imposibilidad de valerse por sí misma y el 43 % sufre de una enfermedad neurológica, revela el estudio revelado.
Tipos de abandono del adulto mayor: entre las diferentes formas se citan el abandono físico, abandono social, abandono económico, abandono por rechazo, abandono parcial y abandono total.
Lo que dice la ley
El análisis de las causas ingresadas en el Ministerio Público, están descriptas en el Art. 227 del código penal: “El que violara gravemente su deber legal de cuidado de personas ancianas o discapacitadas, será castigado con pena privativa de libertad de hasta tres años o con multa”.
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Hasta el 31 de mayo no aplicarán multas por revalidación de registros
Desde la Municipalidad de Asunción comunicaron que hasta el 31 de mayo no aplicarán multas por revalidación o renovación de licencias de conducir. Los contribuyentes tienen tiempo de acercarse a las oficinas de la comuna asuncena para ponerse al día con sus documentos.
Diego Galeano, coordinador de la Dirección de Tránsito, explicó que la revalidación anual tiene un costo de G. 23.900 y la renovación de licencias G. 232.500. Este costo ya incluye el pago por el curso de primeros auxilios, examen psicotécnico de vista y oído y el plastificado y estampillado del carnet.
“Instamos a la ciudadanía que pueda venir en la semana antes del vencimiento para que se les pueda atender con mayor facilitad. Para que el día del vencimiento no haya una gran cantidad de gente”, señaló a C9N.
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El funcionario municipal dijo que las oficinas funcionan de lunes a viernes de 7:00 a 16:00. Los días sábados se atiende de 7:30 a 11:30 en la sede central para la renovación y revalidación de registros.
“También tenemos los centros de cobranzas para la gente que pueda revalidar, lo que anteriormente sería perforar. También tienen que tener en cuenta que los mayores de 65 años anualmente deberían hacerse su examen psicotécnico de vista y oído”, indicó.
En cuanto a la habilitación vehicular, Galeano aclaró que la fecha de vencimiento es el 30 de julio. “No hay todavía modificaciones con respecto a los montos como Municipalidad de Asunción”, puntualizó.
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Ministro Martínez Simón se reunió con funcionarios para la implementación del RUN, en el 2026
En la sede judicial de Asunción, el ministro de la Corte Suprema de Justicia y representante ante la Comisión Interinstitucional encargada de implementar la Ley N° 7424/2025, Alberto Martínez Simón, presidió una reunión técnica con representantes de las Direcciones Generales del Servicio Nacional de Catastro (SNC) y de los Registros Públicos (DGRP), Liz Moreno y Lourdes González.
En la reunión evaluaron los avances y desafíos de cara a la implementación del Sistema Nacional Unificado Registral y Catastral y del Registro Unificado Nacional (RUN), cuya ejecución está prevista para el próximo año.
El ministro Martínez Simón, en representación de la Corte Suprema de Justicia, participa activamente en reuniones mensuales con la mesa de trabajo interinstitucional, con el objetivo de asegurar una implementación efectiva de la normativa.
La directora general de los Registros Públicos, Lourdes González, destacó la importancia del trabajo articulado entre instituciones: “Escuchamos las propuestas de las distintas direcciones del Poder Judicial —Administrativa, Capital Humano, Tecnología, entre otras— y es fundamental el trabajo conjunto con el MEF y el SNC”.
Actualmente, el proceso se encuentra en su segunda etapa, centrada en la aprobación del organigrama del RUN, que será tratado próximamente en sesión plenaria de la Corte Suprema de Justicia. Una vez aprobado, corresponderá a la Comisión de Presupuesto del Poder Judicial crear el subprograma correspondiente en el presupuesto institucional, incluyendo el anexo de personal ya integrado con funcionarios provenientes de la Dirección de Catastro.
En cuanto al componente tecnológico, González reconoció que implicará más tiempo, pero aseguró que para enero de 2026 estarán operativos tres productos clave: la mesa de entrada única catastral-registral, el certificado único catastral-registral y el código único asignado a cada inmueble. “La ley prevé una única denominación para los inmuebles, y el equipo técnico
La Ley N° 7424/2025 tiene como objetivo modernizar el sistema registral y catastral del país mediante la unificación de datos en una base digital única, promoviendo una gestión pública más eficiente, segura y transparente. El RUN integrará la información actualmente administrada por la Dirección General de los Registros Públicos (Poder Judicial), la Dirección de Catastro (Ministerio de Economía y Finanzas) y el Departamento de Mensura y Geodesia (Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones).