El diputado colorado Alejandro Agüilera presentó un proyecto de resolución “Que pide informes a la Municipalidad de Ciudad del Este sobre el cobro de cánones a la publicidad luego de la rescisión del convenio MOPC - Fast Print”.

El documento se fundamenta en hechos de público conocimiento relacionados con la instalación de carteles publicitarios con mensajes ofensivos hacia la soberanía nacional en dicha localidad, situación que generó una amplia repercusión y preocupación en diversos sectores de la sociedad.

El proyectista señaló en su argumentación que la inquietud se ve agravada por una situación institucional vinculada a un aparente cobro indebido de cánones por publicidad por parte del municipio esteño.

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Según los antecedentes expuestos, dichos cobros se habrían efectuado con posterioridad a la rescisión del convenio que existía entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la empresa Fast Print.

En su exposición de motivos, el parlamentario resalta las declaraciones públicas del representante legal de la firma publicitaria, quien afirmó de manera categórica que la Municipalidad de Ciudad del Este le otorgó los permisos correspondientes para el cobro del canon.

La normativa plantea que la administración municipal responda de manera puntual si ha cobrado cánones por publicidad a la empresa Fast Print o a cualquier anunciante luego de la rescisión del convenio con el MOPC, debiendo especificar los períodos y los montos involucrados en caso afirmativo.

Solicita que la institución explique las razones legales o administrativas por las cuales consideró procedente el cobro de dichos cánones de forma posterior a la rescisión de la alianza, considerando que la autorización original para instalar la publicidad provenía de la cartera de Obras Públicas y no de la propia municipalidad.

Finalmente, el proyecto exige la remisión de copias de las ordenanzas, resoluciones, contratos o permisos en los cuales la comuna sustentó la recaudación en la zona afectada tras la culminación del acuerdo.

Este pedido de informes será remitido a las comisiones para los dictámenes de rigor y, posteriormente, será tema de análisis en el plenario de la Cámara de Diputados. Como en todos los casos, de ser emitido el requerimiento, el plazo para las respuestas será de 15 días.

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Docentes, científicos y académicos de la Facultad de Ingeniería impulsan una propuesta para frenar la caída sostenida de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) en los rankings internacionales; además de fortalecer la producción científica, evitar la fragmentación institucional y optimizar las cargas horarias. Con ese objetivo, conformaron el Movimiento Independiente de Docentes (MID) que promueve cambios estructurales profundos.

En un contexto global marcado por el avance acelerado de la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías y la competencia internacional por el conocimiento; los integrantes del MID sostienen que la Facultad de Ingeniería de la UNA continúa arrastrando problemas estructurales postergados desde hace años y debe iniciar lo antes posible la reforma de sus estatutos.

Entre los principales desafíos, estos profesionales, encabezados por Diego Stalder ingeniero electrónico, doctor en Computación Aplicada por el Instituto de Pesquisas Espaciais INPE (Brasil), e investigador de la FIUNA, identificaron la necesidad de integrar de manera efectiva la docencia, la investigación y la innovación; equilibrar las cargas horarias académicas; y aumentar la cantidad de docentes integrales mediante la agrupación de cátedras y el acceso al escalafón por méritos académicos y científicos.

“Si bien es cierto que la Facultad de Ingeniería ha duplicado la cantidad de graduados entre el 2019 y 2025, este año se llegó a 265 egresados; no obstante, el informe de la Aneaes indica que sólo el 19,05 % de los estudiantes logra graduarse en un plazo razonable, con casos de permanencia que alcanzan hasta 11 años, priorizando la inserción al mercado laboral, y retrasando la presentación y defensa de tesis. Resulta especialmente preocupante que las autoridades no hayan podido identificar las causas de esta situación ni presentar planes de mejoras”, expresó Stalder.

A esta situación se suma la reciente Resolución n.° 142/2026 de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), que determinó la no acreditación de la carrera de Ingeniería Civil bajo el Sistema ARCU-SUR, el mecanismo oficial de acreditación universitaria del Mercosur y Estados asociados (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay) que certifica la calidad académica de los programas universitarios.

Sobre este punto, José Colbes, ingeniero electrónico, doctor en Ciencias de la Computación por el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE, México), docente e investigador de la UNA, señaló que: “La institución cuenta con estructuras y reglamentos, pero estos no se traducen en prácticas efectivas. La autoevaluación funciona muchas veces como un proceso burocrático previo a las acreditaciones y no como una verdadera herramienta de gestión académica”, sentenció.

En cuanto al Plan Académico 2023, mencionaron que no fue suficientemente socializado con docentes y estudiantes para lograr su implementación efectiva, una falta que los pares evaluadores resaltaron. Además, con el cambio vertiginoso de la tecnología se requieren mecanismos sistemáticos y permanentes de actualización curricular.

Otros temas que consideran urgentes son: la implementación transparente de futuros concursos de escalafonamiento, la consolidación de los ajustes curriculares, el impulso de políticas de innovación, la creación de nuevos programas de posgrado, la participación activa de la universidad en políticas públicas y el fortalecimiento de los proyectos de extensión y vinculación con la sociedad.

Finalmente, señalaron que el MID impulsa una propuesta basada en la pluralidad, la transparencia, la excelencia académica, la innovación, la democracia, la inclusión, la participación y la responsabilidad social, valores que consideran fundamentales para fortalecer el futuro institucional y académico de la facultad. Más info: @mid.fiuna2025 en Instagram.

Por iniciativa del diputado colorado, Carlos Godoy, se busca obtener información de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) sobre la asistencia ofrecida a las comunidades indígenas en el territorio nacional. El pedido a la SEN requiere un informe pormenorizado sobre programas, planes y acciones en el marco de la ley y cantidad de comunidades asistidas, discriminadas por departamento y pueblo indígena.

Se busca obtener datos también sobre los recursos presupuestarios asignados y ejecutados. En tanto al Indi, se solicita detalles sobre las acciones institucionales desarrolladas desde la promulgación de la ley de emergencia, el alcance de la asistencia brindada a las comunidades, la ejecución de recursos financieros y la eventual conformación del equipo de trabajo intergubernamental.

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Es por ello, que el parlamentario del Movimiento Honor Colorado, fundamenta su planteamiento en la implementación de la Ley Nº 6319/2019, que declara en situación de emergencia a las comunidades indígenas pertenecientes a los 19 pueblos asentados en distintos departamentos del territorio nacional.

Según el proyectista, la intención es contar con una evaluación de los resultados, conocer las limitaciones, así como las acciones previstas para fortalecer la protección y el acompañamiento a las comunidades indígenas en situación de emergencia.

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La Cámara de Diputados será sede de una audiencia pública este jueves 4 de junio para debatir sobre políticas de prevención de adicciones y salud mental.

Se busca generar un espacio de debate interinstitucional sobre las políticas públicas orientadas a la prevención de adicciones y el cuidado de la salud mental en el país.

La proyectista, Graciela Aguilera, fundamentó la necesidad de abordar un flagelo que afecta de manera integral a la sociedad, impactando no solo en la salud de la población, sino también en el desarrollo económico, el tejido social y manifestándose de forma visible a través de diferentes tipos de violencia.

Se plantea además la revisión exhaustiva de las normativas vigentes, incluyendo leyes, decretos, resoluciones, planes y estrategias de acción implementadas actualmente por el gobierno nacional para hacer frente a esta problemática.

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Para garantizar un análisis multidisciplinario, fueron invitadas autoridades de diversas instituciones del Estado: ministerios, secretarías del Poder Ejecutivo, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Policía Nacional.

Fueron convocados también representantes del Consejo de Gobernadores, integrantes de las distintas comisiones asesoras de la Cámara de Diputados y destacados profesionales referentes del ámbito de la salud mental y la prevención de adicciones.

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