El embajador de la República de China (Taiwán), José Chih-Cheng Han, se despidió hoy de Paraguay por término de misión.

En su último día en la oficina, el diplomático fue agasajado por sus colegas quienes le obsequiaron una estola de ñandutí, tejida en la ciudad de Itauguá, departamento Central.

Con este detalle de despedida, manifestaron que simboliza su “graduación” de Paraguay, donde desarrolló casi seis años de gestión caracterizada por el fortalecimiento de la cooperación en educación, salud e inversión. El alto funcionario del gobierno taiwanés fue condecorado por el gobierno paraguayo por su labor.

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El canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano, impuso la condecoración, destacando que la distinción constituye el reconocimiento a una misión diplomática cumplida con éxito y al valioso aporte del embajador al fortalecimiento de los vínculos bilaterales.

A lo largo cinco años y 8 meses de misión en el país, el embajador Han desempeñó su labor con excelencia, consolidándose como un articulador de iniciativas transformadoras, un puente eficaz entre las instituciones de ambos Estados y un promotor constante del fortalecimiento de la cooperación estratégica bilateral.

Han se despidió con un profundo lazo afectivo con Paraguay, mencionando su “paraguayización”. La culminación de su mandato forma parte de una rotación habitual en la carrera diplomática de Taiwán.

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El Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), busca que los compatriotas que viven en el exterior puedan tener acceso a la vivienda propia y, al mismo tiempo, canalizar remesas hacia el desarrollo inmobiliario del país.

Para ello, el titular del MUVH, Juan Carlos Baruja, viajará el próximo 6 de marzo a España para presentar el programa habitacional Che Róga Porã No Residente, dirigido a paraguayos que trabajan en ese país.

La agenda contempla encuentros con la comunidad paraguaya en Madrid, Málaga y Barcelona, donde se expondrán las condiciones del plan y se buscará medir el interés real de los migrantes en invertir en una vivienda en Paraguay. El objetivo es ofrecer un mecanismo seguro que permita transformar el ahorro generado en el exterior en un patrimonio en el país.

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Según explicó el ministro a la 780 AM, muchos paraguayos migran con la intención de enviar dinero para construir o comprar una casa, pero en varios casos ese objetivo no se concreta debido a problemas de gestión o falta de garantías. Con este programa, el Gobierno busca ofrecer un sistema formal que dé previsibilidad al proceso de adquisición.

El esquema contempla créditos con una tasa anual del 6,5 % y plazos de hasta 30 años, con la posibilidad de pagar las cuotas desde el extranjero. De esta manera, los beneficiarios podrán avanzar en la compra o construcción de su vivienda mientras continúan trabajando fuera del país.

Las autoridades estiman que en España residen entre 100.000 y 150.000 paraguayos, una comunidad que representa un importante flujo de remesas hacia Paraguay. De ese universo, el MUVH calcula que entre 5 % y 10 % podría tener capacidad real de acceder al programa, lo que representaría entre 7.000 y 15.000 viviendas potenciales a desarrollarse de forma progresiva.

La iniciativa se organiza en coordinación con la Embajada de Paraguay en España, encabezada por el embajador Justo Apodaca. Además de autoridades del MUVH, participarán desarrolladoras inmobiliarias y representantes del Banco Nacional de Fomento (BNF), quienes brindarán información sobre financiamiento y proyectos disponibles.

Desde el Gobierno sostienen que esta primera gira también servirá para conocer de cerca la realidad laboral de los migrantes paraguayos en España y ajustar la oferta habitacional a su capacidad de inversión.

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La Audiencia de Valladolid celebra, desde este próximo martes 2 de marzo, el juicio contra los cinco presuntos integrantes de una red de trata de seres humanos que fue desarticulada en noviembre de 2022 por traer a la capital mujeres desde Paraguay con el fin de someterlas a explotación sexual, actividad que ejercían en condiciones de verdadera esclavitud y bajo un control férreo de los acusados. Los encausados se enfrentan a un conjunto de penas que suman más de 112 años de cárcel.

El juicio por la ‘Operación Tentaciones’ en la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia de Valladolid se extenderá al jueves y viernes, y al mismo la Fiscalía vallisoletana se presenta con un escrito en el que, en distinto grado, imputa al clan paraguayo encausado un total de catorce delitos, según la información del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León recogida por Europa Press.

De ellos, cinco son por trata de seres humanos con la finalidad de la explotación sexual de la víctima, en concurso medial con otros tantos de prostitución coactiva, uno de ellos en grado de tentativa; tres delitos de aprovechamiento de la prostitución ajena, un delito de tráfico de drogas en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, un delito continuado contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, un delito de blanqueo de capitales, un delito de grupo criminal y un delito de grupo criminal.

La mayor de las penas solicitadas recae en la presunta jefa del entramado, L.C.P, alias ‘Lorena’ o ‘Nicole’, quien se expone a un total de 52 años de cárcel, multa de 9.300 euros, libertad vigilada por espacio de diez años una vez cumplida la sentencia y la inhabilitación especial por espacio de veinte años para cualquier profesión, oficio o actividad, sea o no retribuido, que suponga contacto regular y directo con menores de edad, mientras que su prima, M.A.P.G, podría ser condenada a 25 años, con idénticas medidas que la anterior, y multa de 15.600 euros. Para los otros tres acusados, M.G.G, H.J.A.A. y J.R.A, la acusación pública interesa condenas de 18, nueve años y ocho meses y ocho años de cárcel, respectivamente.

Además, en concepto de responsabilidad civil, se solicita que los cinco, de forma conjunta y solidaria, indemnicen a cada una de sus víctimas con 80.000 euros por daños morales. A mayores, la supuesta jefa de la organización tendría también que abonar 50.000 euros a las víctimas de cuya prostitución se ha aprovechado.

Por auto de fecha 24 de noviembre de 2022, se autorizó la entrada y registro en varios domicilios de la organización que al menos desde la segunda mitad del año 2021 y hasta finales de noviembre del año 2022 se habría estado dedicando a la captación de mujeres jóvenes con graves problemas económicos y familiares, procedentes de zonas deprimidas de Paraguay, al objeto de financiar y facilitar su llegada, a territorio español, donde eran explotadas en una vivienda en la Avenida de Burgos.

A la cabeza de dicho entramado, tomando todas las decisiones principales, se encuentra la acusada L.C.P, natural de Paraguay, alias ‘Lorena y Nicole’, residente legalmente en España con un permiso de larga duración y principal beneficiaria de toda la actividad delictiva.

El proceso comenzaba por la captación, traslado y acogimiento de las chicas hasta la vivienda mencionada para su explotación sexual. Ya en el piso de la Avenida de Burgos, las ‘turistas’ eran informadas de la deuda contraída que iban a tener que satisfacer trabajando en la prostitución, para lo cual, en primer lugar y como trámite previo, la acusada contrataba los servicios de un fotógrafo profesional que tomaba unas fotografías sugerentes de las mujeres, siempre sonriendo y mirando a la cámara, vestidas con lencería o incluso semidesnudas, al objeto de poder publicitar en las páginas especializadas de contactos sexuales.

La propia acusada asignaba a cada víctima su ‘nick’ o nombre que iba a utilizar en los intercambios sexuales, comenzando de inmediato a prestar los mismos, cuyas citas concertaba ‘Lorena’, fijando el importe, la duración y contenido del servicio sexual contratado.

Las víctimas tenían que estar disponibles las 24 horas del día, arregladas y maquilladas en espera de los clientes y solo podían abandonar el domicilio durante dos horas al día, de una en una, previa solicitud, que no siempre se concedía, debiendo de regresar inmediatamente al mismo si fuera requerida para ello por la presencia de algún cliente.

Normalmente, existía un chat compartido por la acusada y las víctimas, ‘Nicole Relax’, a través del cual se las comunicaba la presencia de un cliente o bien a través de comunicación de WhatsApp directa. Además de los servicios prestados en la vivienda, que era lo habitual, también se ofrecía la posibilidad de salidas a domicilios de clientes y hoteles, con diferentes tarifas y abono del importe del taxi que utilizaría la víctima, que, hasta el pago de la totalidad de la deuda contraída, sólo percibían una pequeña cantidad para poder vivir.

La vivienda utilizada como prostíbulo contaba con tres cámaras de vídeo vigilancia y audio al objeto de poder controlar todo lo que allí sucedía y en especial los clientes que accedían, el tiempo que estaban con las víctimas y si éstas hablaban con los clientes de cosas particulares más allá del servicio contratado.

Dicho inmueble estaba distribuido en nueve habitaciones y tres cuartos de baño, de tal manera que la persona que hacía de encargada tenía una habitación para ella sola a modo de oficina, mientras que el resto de víctimas vivía hacinado en una o dos habitaciones, en literas, ocupando entre cuatro o cinco personas una habitación. El resto de estancias disponibles eran para la prestación de los servicios sexuales.

En la vivienda mencionada, además de prestarse servicios sexuales, como oferta adicional, con unos códigos previamente establecidos en el sector (fiesta, fiesteras, fiesta blanca), para aquellos clientes que lo solicitaran se distribuía droga, concretamente cocaína y en alguna ocasión pastillas de viagra, si bien las víctimas, que no podían negarse a prestar este servicio, no participaban del beneficio generado, que recogía únicamente a la acusada.

En la adquisición y traslado de la droga a la vivienda de la Avenida de Burgos colaboraba el también acusado J.R.A, pareja sentimental de la jefa. La situación narrada se mantuvo prácticamente intacta hasta febrero del año 2022, momento en el que la acusada, obsesionada con su propia seguridad personal, empezó a tomar medidas de protección más eficaces para evitar ser responsabilizada, llegado el caso, de la actividad narrada.

A partir de ese momento, sería su prima y también acusada M.A.P.G, natural de Paraguay y en situación irregular en territorio español, quien asumiría diversas funciones de gestión y control de la actividad para que la anterior pasara a un discreto segundo plano.

En las tareas de captación de mujeres participarían también, siempre según la acusación pública, los otros dos acusados, una mujer con iniciales M.G.G, y el varón H.J.A, quien trabajaba en una empresa de paquetería en Valladolid entregando y recogiendo paquetes principalmente para ciudadanos de Paraguay.

Fuente: Europa Press.

Agentes de la Policía Municipal de Madrid han detenido a dos personas de nacionalidad paraguaya por exponer y vender medicamentos en una carnicería del distrito de Puente de Vallecas, han informado a Europa Press fuentes policiales. La intervención policial tuvo lugar el pasado 20 de febrero tras recibir la Policía una llamada alertando de la posible venta de medicamentos en un puesto de un establecimiento. A su llegada, los agentes observaron a tres personas vendiendo productos alimentarios.

Una de ellas manifestó ser la mujer del titular del negocio y reconoció que comercializaba medicamentos junto a su marido. Poco después se personó el hombre, encargado de la carnicería, y los agentes realizaron una inspección exhaustiva del local. Durante la intervención hallaron numerosos medicamentos, la mayoría destinados a aliviar el dolor, tanto en cajas como en blísteres. Según manifestaron los responsables, los obtenían durante viajes al extranjero y posteriormente los vendían en el establecimiento.

Los agentes comprobaron que los productos habían sido introducidos ilegalmente en España y que se comercializaban fuera del circuito farmacéutico autorizado. Ante estos hechos, se comisionó al departamento de Salud de la Junta Municipal del distrito de Puente de Vallecas, procediéndose a la incautación de un total de 3.872 medicamentos.

Finalmente, se detuvo a la mujer y al hombre como presuntos responsables de delitos contra la salud pública y contra los derechos de los trabajadores, ya que en el establecimiento había dos personas sin documentación legal en el país y sin contrato laboral.

Fuente: Europa Press.