Representantes del Ministerio de la Niñez y Adolescencia, con el respaldo de una comitiva fiscal, llegaron en la madrugada de este viernes a la zona de la Estación de Buses de Asunción para activar un operativo de rescate de menores que permanecían en un inquilinato.

En total, fueron rescatados del sitio 40 menores de edad, entre los que están niños y adolescentes pertenecientes a comunidades indígenas. La principal sospecha es que los mismos eran explotados sexual y laboralmente por terceros.

Este inquilinato ubicado sobre la avenida Fernando de la Mora ya habría sido intervenido en ocasiones anteriores por hechos similares. Los menores que se encontraban en el sitio estaban expuestos a condiciones de suma vulnerabilidad.

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“Habíamos hecho varias denuncias ya por este lugar que está clausurado formalmente por la municipalidad de Asunción; sin embargo, está operando. Muchos de los niños que están viendo de manera permanente por las calles estaban en este lugar hace tiempo; también hay denuncias de vecinos de que podrían existir casos de explotación sexual y otros”, indicó el ministro Walter Gutierrez en conversación con Telefuturo.

Los menores rescatados dormían en el lugar sobre colchones tendidos en el piso, sin mantas y completamente hacinados; muchos de los pequeños incluso estaban descalzos y con ropas poco abrigadas.

“Estamos en la zona de la terminal de buses donde pasan muchas personas y que estos niños permanezcan en este lugar en este estado de vulnerabilidad es un riesgo total. Estuvimos escuchando que las personas a que me reciben la suma de 20.000 guaraníes por adulto y 10.000 guaraníes por niño, pero las condiciones son infrahumanas”, remarcó el ministro de la Niñez y Adolescencia.

Se maneja que en el lugar también se encontraban niños que no estaban con sus familiares y que estarían siendo alquilados para los trabajos callejeros. Los menores, tras los procedimientos de rigor, serían derivados a los centros de protección mientras sigue el estudio de cada caso. El ministro Gutiérrez remarcó que, debido a que son menores y al estado en el que fueron encontrados, tratan de manejar la información con la mayor cautela posible.

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Tras el rechazo de la Cámara de Senadores al proyecto que pretendía crear un fondo especial para accidentados, la iniciativa pasó al archivo y su proyectista, el diputado Hugo Meza, indicó que evaluarán la presentación de una propuesta legislativa similar que pueda dar una solución a la gran demanda de medicamentos e insumos que se necesitan como consecuencia de los siniestros viales.

“Vamos a conversar con el presidente sobre algo alternativo, para presentar algo consensuado con el Poder Ejecutivo de modo que podamos trabajar en un proyecto que le pueda aliviar el bolsillo de la gente cuando necesite”, expresó el legislador colorado en conversación con varios medios de prensa.

Dicha iniciativa establecía cuatro fuentes de ingreso para crear el mencionado fondo y distribuirlos entre el Ministerio de Salud, la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben) y la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis), las que actualmente se ven incapacitadas de canalizar toda la demanda que generan los accidentes de tránsito.

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“El Hospital del Trauma tiene un presupuesto reventado, lo mismo ocurre con la Diben y Senadis. Yo sé que la solución definitiva es el seguro obligatorio, pero ese es un proceso que debemos trabajar con la ciudadanía porque es impopular, hasta tanto podamos llegar a eso, que debe ser fruto de un gran acuerdo nacional, tenemos que dar solución a la gente que hoy tiene problemas ante los miles de accidentes", explicó.

Meza afirmó que el rechazo hacia la iniciativa se dio debido a un malentendido por parte del Ministerio de Economía, que indicó que la propuesta legislativa representaba una erogación presupuestaria muy grande, lo cual no es cierto, según explicó el diputado, quien alegó que el proyecto contemplaba el redireccionamiento de impuestos de modo a crear los recursos del fondo.

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La Cámara de Diputados de Brasil aprobó ayer miércoles una ley que amplía las obligaciones de las plataformas digitales para proteger a los menores en redes sociales, en medio de un escándalo de presunta explotación sexual infantil por un conocido influenciador. El texto obliga a las empresas a hacer verificaciones de edad más estrictas y a vincular las cuentas de menores de 16 años a las de sus padres, entre otras disposiciones.

La regulación de las redes sociales es un asunto especialmente espinoso en Brasil. El presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva dijo esta semana que la “sociedad estará bajo constante amenaza sin la regulación de las Big Techs”. En tanto, la oposición de derecha acusa al gobierno y a la justicia de querer “censurar” las plataformas.

El texto fue aprobado por amplia mayoría en la Cámara baja semanas después de un escándalo de presunta explotación sexual infantil por parte de Hytalo Santos, un influenciador que divulgaba en Instagram contenidos con menores semidesnudos en danzas sensuales. En adelante, las redes “deben comunicar los contenidos de aparente explotación, abuso sexual” a las autoridades brasileñas.

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También deberán vincular las cuentas de niños y adolescentes a las de sus padres, quienes podrán controlar quiénes se comunican con sus hijos y cuánto tiempo los menores usan las plataformas. Las redes tendrán que “monitorear y restringir, dentro del límite de sus capacidades técnicas, la exhibición de contenidos que tengan como objetivo evidente atraer a los niños”, agrega el texto.

Atendiendo pedidos de expertos, el parlamento vetó la autodeclaración de edad como mecanismo de control para entrar a sitios web que ofrezcan contenido para adultos. También exige a las redes sociales “mejorar continuamente sus mecanismos de verificación de edad para identificar cuentas gestionadas por niños”.

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Las plataformas que incumplan estas disposiciones serán sancionadas con multas que pueden llegar a 50 millones de reales (unos 9 millones de dólares), suspensiones o, en casos de reincidencia, “prohibición”. La ley entrará en vigor un año después de que el presidente la sancione. Por ahora, debe volver al Senado para su definitiva aprobación.

Brasil, con 212 millones de habitantes ultraconectados, ha sido uno de los países más activos en la regulación de las redes sociales. El año pasado, la justicia suspendió durante 40 días la red social X por ignorar una serie de decisiones relacionadas con la lucha contra desinformación. En junio la corte suprema votó para que haya mayor responsabilidad de parte de las empresas tecnológicas sobre los contenidos publicados por los usuarios. Desde entonces las plataformas tienen el deber de retirar contenidos ilícitos por su propia iniciativa, sin necesidad de intervención judicial.

El lunes el gobierno le pidió a Meta- casa matriz de Instagram, Facebook y WhatsApp, entre otras- que elimine de sus plataformas a chatbots que aparentan ser niños, pero son capaces de hacer insinuaciones sexuales, luego de detectar una “proliferación” de estos robots.

La iniciativa para endurecer los controles fue aprobada en un momento de crisis diplomática y comercial con Estados Unidos, en la que la regulación de redes sociales también entró en conflicto. El presidente estadounidense, Donald Trump, acusa a Brasil de “ataques” a “las empresas estadounidenses de redes sociales”.

En una decisión similar a la que tomó contra X, a principios de 2025 el supremo ordenó suspender la plataforma de videos Rumble porque se negaba a bloquear la cuenta de un brasileño residente en Estados Unidos. Trump le impuso aranceles del 50% a la mayor economía latinoamericana, en parte, por estas sanciones y por el juicio contra su aliado, el expresidente Jair Bolsonaro, acusado de golpismo.

Fuente: AFP.

• HOY.COM.PY

Desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) explicaron la situación que se viene de ahora en más tras la destitución de Miguel Prieto como intendente de Ciudad del Este, previéndose una convocatoria a elecciones.

“Desde ahora ya estamos a la espera de la notificación de la destitución por parte de la Cámara de Diputados”, afirmó el director de Pro­cesos Electorales del TSJE, Carlos María Ljubetic, a la emisora Universo 970 AM.

Una vez se recepcione dicho documento, la Justicia Elec­toral tendrá un plazo de 10 días hábiles para formalizar la convocatoria a elecciones municipales en Ciudad del Este, a fin de elegir a un nuevo intendente.

Posteriormente, habrá otros 40 días para la celebración de las internas partidarias (que serían en los primeros días de octubre) y, luego, otros 40 días para que se lleven a cabo las municipales (previstas para noviembre).

Ljubetic considera que el ente electoral podría solicitar una ampliación presupuestaria para poder hacer frente a los comicios en Ciudad del Este y, eventualmente, también en Asunción, en caso de que Óscar “Nenecho” Rodríguez corra con la misma suerte que Miguel Prieto. “No es una elección pequeña”.

Para estas votaciones, nue­vamente se volverá al uso de papeletas, teniendo en cuenta que las máquinas de votación aún no se encuentran dispo­nibles al no haber culminado el proceso de licitación para su compra definitiva. Al ser consultado sobre la posibi­lidad de que Prieto vuelva a postularse a la intenden­cia, Ljubetic confirmó que sí puede hacerlo, aunque para ello deberá recurrir a otro partido político distinto a Yo Creo, que aún está en pro­ceso para dejar de ser solo un movimiento. “No está habili­tado para presentar candida­turas”, añadió.

“Qué muchas mentiras se dijeron en este pleno de cara a la ciudadanía. Es la crónica de unos hechos, de robos, de malversaciones, plenamente comprobados y docu­mentados. Escuché que acá se quiso categorizar los robos, con un afán extraordinario, se quiere decir cuál es un robo chico y cuál es un robo grande”, criticó el diputado Meza.

“Quieren instalar que el intendente de Ciudad del Este casi está comprendido en un robo bagatelario, inclusive se recurre a una frase poco feliz, porque tuvo 81.000 votos le habilita para robar, esa es una falacia muy grande y un mensaje dañino para nuestra democracia, donde el mayor cáncer que tenemos sigue siendo la corrupción y la impunidad”, sentenció.

“El lunes todo fue eso (audios captados y manipu­lados por espionaje), surgió sobre la marcha, evidentemente, un manotazo de ahogado de la mafia. Yo creo que hay que separar bien las cosas, porque hoy quieren centrar la atención en eso, que fue un hecho punible, donde fue víctima el interventor y su equipo, y evidentemente encabezado por el delincuente de Miguel Prieto. Esa es la mafia operando, con todo el esquema de la mafia”.

“Hay que separar la intervención, el trabajo que hizo, todo lo que se descubrió, creo que hay mucho más, incluso. Destapó la olla de todas las irregularidades, hechos punibles e incluso tal vez crímenes”, señaló Abed.

“La Fiscalía tiene que investigar todo lo que sea, toda la viola­ción, el espionaje, la mafia, el vandalismo, por separado, pero no hay que mezclar, acá hay que centrarse en la intervención ini­ciada y ahora terminada ahora con resultados concretos que ter­minaron en la consecuencia lógica”.