Los equipos técnicos y equipos fiscales de Paraguay y Colombia realizarán una reunión virtual por la tarde de este sábado para definir la hoja de ruta y la programación de las negociaciones operativas vinculadas al Equipo Conjunto de Investigación (ECI) del crimen del exfiscal paraguayo Marcelo Daniel Pecci Albertini. La sesión será coordinada por el fiscal Manuel Doldán, de Asuntos Internacionales, y su homóloga colombiana, Adriana Mercado.
Esta reunión técnica surge como derivación de la reunión entre los Fiscales Generales de Paraguay y Colombia, desarrollada por medios virtuales el pasado martes 10 de setiembre, oportunidad en la que los titulares de ambas Fiscalías, definieron las prioridades investigativas e instruyeron a sus fiscales la decisión de avanzar en la creación del ECI.
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En la reunión previa, los técnicos y los fiscales de ambas instituciones intercambiaron informaciones y consultas sobre cada una de las cláusulas del instrumento de cooperación técnica del ECI, y acordaron los términos preliminares y las pautas de funcionamiento del Equipo Conjunto. Además, acordaron la metodología de trabajo, la agenda programática y otros detalles vinculantes para el cierre del acuerdo internacional.
La próxima reunión técnica operativa fue fijada para el viernes 20 de setiembre, en donde ya podrán definir las pautas finales para la firma bilateral del ECI. El fiscal antimafia Marcelo Pecci fue asesinado a los 45 años, a tiros por sicarios colombianos el en una playa privada de Barú (Colombia), el 10 de mayo de 2022, cuando se encontraba de vacaciones y de luna de miel.
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Irán a prisión quienes profanen tumbas o perturben el descanso de los difuntos
Las personas que atenten contra los restos de personas fallecidas o los espacios destinados a su descanso serán sancionadas con penas privativas de libertad de dos a cinco años, o multas, según recordó el Ministerio Público.
El Código Penal paraguayo, Ley n.º 1160/97 establece en su artículo 231 la figura penal de “Perturbación de la paz de los difuntos”, que contempla sanciones para los que cometen este tipo de hechos.
En estos días, en que se celebra la fiesta de Halloween, o la Noche de Brujas, generalmente hay personas que ni a los muertos les dejan en paz, profanando tumbas o atentando contra los espacios al descanso eterno.
La disposición legal busca garantizar el respeto a la memoria de las personas fallecidas, la integridad de sus restos y la tranquilidad de los espacios donde son depositados. Asimismo, resguarda los intereses legítimos de los familiares y de quienes tienen derecho a la custodia de los restos mortales, evitando intervenciones arbitrarias que vulneren sus derechos.
Entre las conductas contempladas por esta disposición se encuentran:
La sustracción de cadáveres: retirar o llevarse, sin autorización, el cuerpo de una persona fallecida.
La sustracción de partes del cuerpo: apoderarse de restos humanos o de partes de ellos.
La intervención no autorizada de sepulturas: abrir, alterar o intervenir tumbas y otros espacios funerarios al margen de los procedimientos legales.
Maltrato o destrucción de restos humanos: realizar acciones que vulneren la integridad de los restos de una persona fallecida.
Las sanciones previstas
El Ministerio Público recortó que las sanciones establecidas son:
La sustracción de cadáveres, partes del cuerpo o cenizas tiene hasta tres años de pena privativa de libertad o multa.
Actos ultrajantes contra un cadáver o una tumba contempla hasta dos años de pena privativa de libertad o multa.
Cuando existe intención de obtener un beneficio patrimonial la pena puede aumentar hasta cinco años de privación de libertad.
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¿Qué hacer ante la profanación de una tumba o la desaparición de restos humanos?
Ante la sospecha o constatación de un hecho de esta naturaleza, se recomienda:
Realizar la denuncia inmediata: acudir a la Policía Nacional o al Ministerio Público para poner el hecho en conocimiento de las autoridades competentes. La denuncia no requiere necesariamente la asistencia de un abogado.
Preservar el lugar: evitar manipular la sepultura, los restos humanos o los objetos que pudieran constituir evidencias.
Recopilar información: conservar fotografías, registros de visitas, datos de la administración del cementerio y cualquier antecedente que permita establecer cuándo ocurrió el hecho.
Solicitar la intervención de las autoridades: facilitar las diligencias de investigación y la preservación de posibles elementos probatorios.
Comunicar el hecho a la administración del cementerio: solicitar información sobre los controles de seguridad, registros de ingreso y eventuales sistemas de videovigilancia.
Las cifras
El Observatorio y la oficina de Estadísticas del Ministerio Público revelan que un total de 221 causas ingresaron en los últimos seis años (2021- 2026, hasta setiembre ) por el hecho punible de perturbación de la paz de los difuntos.
Los datos señalan que los domingos y lunes registran los mayores números de denuncias en el Ministerio Público.
Las denuncias ingresadas muestran que en horas de la mañana fueron reportadas la mayor cantidad de causas a nivel país. Este comportamiento se debe a que muchos de los casos se registran en horas de la noche, pero que los hechos son descubiertos por los familiares de difuntos en horas de la mañana, según los datos.
Los departamentos de mayor registro de causas son Asunción, Central, Cordillera, Caaguazú, y Alto Paraná.
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Presidente de Colombia militariza ciudad fronteriza con Venezuela por ola de violencia
El presidente de Colombia, el derechista Abelardo de la Espriella, ordenó este jueves la militarización temporal de la principal ciudad de la frontera con Venezuela debido a la ola de violencia y asesinatos a manos de grupos ilegales.
En los últimos días, Cúcuta fue escenario del asesinato de un aspirante a la alcaldía y de un atentado con explosivos que dejó cuatro policías heridos en la urbe donde operan guerrillas y otros grupos criminales, según el gobierno local.
Ordeno “la militarización inmediata de Cúcuta (...) Será temporal mientras estabilizamos el orden público”, dijo el presidente sobre la capital del Norte de Santander (noreste).
Agrega que la policía y el ejército se desplegarán en la ciudad, sin especificar el número de uniformados.
Esta es la segunda ciudad militarizada por De la Espriella desde que llegó al cargo el 7 de agosto. La primera fue la costera y turística Santa Marta, después de una ola de ataques a comercios y vehículos desatados por una banda narcotraficante en septiembre.
La región fronteriza con Venezuela es bastión de grupos guerrilleros como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de la extinta guerrilla de las FARC, enfrentados entre sí por las lucrativas rentas del narcotráfico y la minería ilegal.
En los últimos días también se registró una seguidilla de atentados y enfrentamientos entre los grupos armados en el Catatumbo, región plagada de narcocultivos a unos 70 km de Cúcuta.
Este jueves, un ataque con un dron explosivo atribuido al ELN dejó tres civiles heridos, según el gobierno local. Estos aparatos son cada vez más usados por los grupos ilegales y su zumbido genera terror entre la población, habitualmente atrapada en el fuego cruzado.
En medio de la peor crisis de violencia de la última década en Colombia, el mandatario derechista promueve una ofensiva a punta de bombardeos contra campamentos guerrilleros que ya dejan decenas de muertos, entre ellos al menos ocho menores.
- Fuente: AFP
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Operativos militares en Colombia, México y Ecuador intensifican la lucha contra el narcotráfico
Al menos seis muertos y un detenido deja un bombardeo contra el Clan del Golfo, considerado el principal grupo que trafica cocaína desde Colombia, anunció el presidente Abelardo de la Espriella el miércoles.
Este es el sexto ataque aéreo dispuesto por su gobierno —que asumió el poder en agosto— contra las organizaciones armadas que se financian del narcotráfico y la minería ilegal.
La operación tuvo lugar en Chocó, un departamento selvático del noroeste del país y ruta del tráfico de cocaína. Colombia es el mayor productor de esa droga que se consume en Estados Unidos y Europa, principalmente.
“Llevamos seis abatidos y un capturado”, dijo a la prensa el presidente colombiano.
De la Espriella advirtió que la cifra de muertos puede aumentar.
Su gobierno libra un combate frontal contra los grupos armados que operan en Colombia, con el apoyo de Estados Unidos.
Washington anunció el envío de 300 soldados estadounidenses a Colombia para realizar entrenamientos conjuntos contra el narcotráfico.
La reanudación de operaciones aéreas contra bases del narcotráfico y de la guerrilla ha generado controversia en Colombia.
El miércoles, el Tribunal Superior de Bogotá revocó un fallo que restringía los bombardeos y exigía “precaución reforzada” cuando existiera información de la presencia de menores reclutados, una práctica común entre los grupos armados.
Narco abatido en México
Fuerzas armadas mexicanas abatieron en Sinaloa a un supuesto miembro de un cártel del narcotráfico por el que Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares, informó el miércoles el secretario de Seguridad.
Se trata de Jesús González Peñuelas, alias “Chuy Peñuelas”, señalado como operador del Cártel de Guasave, una ciudad del norte del estado de Sinaloa, que es sacudido desde 2024 por la guerra intestina de la principal mafia de dicha entidad.
“El Gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares” por este hombre acusado de fabricar, distribuir e importar cocaína y heroína, dijo el secretario Omar García Harfuch en sus redes sociales.
González Peñuelas y otro presunto delincuente murieron tras enfrentarse con personal de la Marina armada mexicana que realizaba un operativo y fue agredido por los criminales.
Tras la refriega, los marinos aseguraron cuatro automóviles, tres armas largas, cargadores y municiones, detalló el secretario.
La caída de Peñuelas ocurre un día después de que García Harfuch anunció que esta semana la Marina, el Ejército y la Secretaría de Seguridad realizarán visitas coordinadas de supervisión en Sinaloa.
El objetivo es vigilar los despliegues y la operatividad de las fuerzas, dialogar con las policías locales e inspeccionar el terreno donde se construirá una nueva cárcel, informó el funcionario.
El Cártel de Sinaloa vive una guerra intestina entre las facciones de sus líderes históricos y exsocios Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada, ambos presos en Estados Unidos. Culiacán es el principal escenario de los ajustes de cuentas, que dejan más de 2.000 muertos desde 2024.
Base militar de Ecuador
Oculta entre árboles y tras alambres de púas, opera la base militar en Ecuador desde donde Estados Unidos guía su ofensiva antidrogas en el Pacífico con un despliegue inusual de recursos, según registros de vuelos, imágenes de satélite, testigos y documentos militares a los que tuvo acceso la AFP.
Ubicada a una hora de Guayaquil, el puerto desde donde sale la mayoría de la droga hacia Estados Unidos, Taura es una base aérea de más de 70 años.
La AFP observó obras considerables junto a la pista, identificó unos 20 vuelos militares estadounidenses entre junio y mediados de octubre y obtuvo documentos que hacen referencia a la presencia de tropas estadounidenses y a “vuelos temporales de apoyo”.
Esta expansión ocurre a menos de un año del referendo que votaron los ecuatorianos en contra de las bases militares extranjeras y ha suscitado dudas sobre su legalidad incluso entre las más altas esferas de las Fuerzas Armadas.
En una carta fechada a inicios de septiembre a la que tuvo acceso la AFP, el entonces comandante de la Fuerza Aérea, Mauricio Salazar, solicitó a las Fuerzas Armadas aclaraciones sobre el marco legal para albergar militares extranjeros sin infringir la Constitución. El general fue removido y asignado a otro puesto de menor rango.
Los registros de vuelo analizados por la AFP muestran aterrizajes y despegues repetidos de aeronaves militares estadounidenses en Taura, como aviones C-130 Hércules y C-17 Globemaster, aviones híbridos V-22 Osprey y helicópteros Black Hawk.
Varios vuelos conectaban Taura con instalaciones de Estados Unidos, como la base aérea de los Marines de Cherry Point, en Carolina del Norte, y Dover, en Delaware, con escalas en Puerto Rico y Panamá.
Imágenes aéreas muestran obras para quitar decenas de metros de vegetación alrededor de la pista principal y las vías de circulación.
La AFP también observó la instalación progresiva de decenas de tiendas de campaña y la presencia de potentes aeronaves.
Una estructura más grande, de aproximadamente 40 metros por 20 metros, se asemeja a un hangar desmontable de mantenimiento de aeronaves.
En los exteriores de la base, custodiada por tres militares, ingresan y salen camiones de construcción.
Se trata de la única base aérea de Ecuador exclusivamente de uso militar. La pista tiene más de 3.000 metros y es más larga que la del aeropuerto de Guayaquil.
El presidente Daniel Noboa anunció en septiembre que estaba trabajando con Estados Unidos, Brasil y la Unión Europea para que “cualquier tipo de cooperación entre dos países se lleve a cabo en Taura”, donde planea “mejorar las pistas de aterrizaje, para llevar a cabo operaciones conjuntas”.
“Creo que es mucho más apropiado trasladarlo todo a Taura”, donde la base no comparte operaciones con un aeropuerto civil, pero está ubicada en la región con “la mayor tasa de crimen y homicidios”, añadió durante una entrevista televisada en inglés.
Ofensiva aérea
Estados Unidos contó por una década, hasta 2009, con una base en el puerto pesquero ecuatoriano de Manta que fue su punta de lanza en la lucha antidrogas. La izquierda entonces en el poder terminó con el convenio.
Centenares de militares estadounidenses operaron desde ese punto y organizaciones de derechos humanos denunciaron abusos por parte de los militares.
Hoy la cooperación entre Quito y Washington se consolida de manera hermética, con apenas algunos anuncios sobre el arribo de aeronaves.
Donald Trump, en riesgo de perder el control del Congreso en las elecciones legislativas del 3 de noviembre, ha fortalecido el apoyo militar contra los cárteles en toda América Latina y el Caribe.
El ministro de Defensa de Ecuador anunció en agosto que Estados Unidos desplegaría tres helicópteros Black Hawk como parte de la cooperación bilateral.
Al mes siguiente, Noboa afirmó que Ecuador pondría en funcionamiento dos drones MQ-9 Reaper, utilizados por Estados Unidos para misiones de vigilancia y ataque en conflictos en Oriente Medio y África.
El coronel retirado de la Fuerza Aérea, Roberto Marchán, dijo a la AFP que las aeronaves y las instalaciones son indicio de una presencia operativa a largo plazo.
Las aeronaves de transporte identificadas permitirían el desplazamiento rápido de tropas y equipamiento por toda la región andina, señaló, mientras que algunas de las estructuras recién instaladas parecen adecuadas para mantenimiento de aeronaves y apoyo logístico.
“Hay cierto malestar entre la tropa, pero se lo guardan por respeto a la institución y por temor a perder ascensos” en la carrera militar, agregó.
“Nadie viene por aquí”
Consultado al respecto, el Pentágono indicó que había que ponerse en contacto con el Comando Sur de Estados Unidos, que no respondió de inmediato a las preguntas de la AFP.
La Fuerza Aérea Ecuatoriana tampoco respondió por el momento a la AFP.
A pocos kilómetros de la base de Taura está el poblado del mismo nombre, con más de 9.400 habitantes y estrechas calles de tierra.
Sin acceso a agua potable, sus pobladores trabajan en el campo o en exportadoras de camarón.
“Nadie viene por aquí, creen que es peligroso porque a veces encuentran cuerpos botados”, dice Fidela Martínez, una lideresa que vive junto a una camaronera.
El año pasado, entre los matorrales del pueblo hallaron los cuerpos de cuatro niños torturados, asesinados y calcinados por militares en un caso que estremeció al país.
Otros han notado efectos más inmediatos derivados de la ampliación de la base.
Alma Goya, de 40 años, tiene un local de comida. Lamenta que el centro médico situado dentro de la base militar ya no esté abierto al público: “nos dijeron que era por el estado de excepción”.
La creciente presencia militar es bien vista por algunos pobladores.
“Vi un avión grande que iba aterrizando”, dijo Tito Henríquez, de 68 años.
El dueño de un pequeño restaurante considera “maravilloso” la idea de que militares extranjeros lleguen al país con la peor tasa de homicidios de Sudamérica, con 51 por cada 100.000 habitantes el año pasado.
Fuente: AFP.
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Fiscalía urge a la Corte destrabar causa penal por lavado de dinero contra Miguel Ángel Zaldívar
El Ministerio Público presentó su segundo urgimiento ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para destrabar la causa penal caratulada como “Miguel Zaldívar y otros s/ lavado de dinero” (N.º 6/2021). El fiscal Jorge Arce fue quien solicitó a los ministros de la máxima instancia judicial, Manuel Ramírez Candia, César Diesel y Víctor Ríos, que destraben el mencionado proceso.
El expediente judicial se encuentra en poder del ministro Víctor Ríos desde el mes de agosto, y solo falta la firma del duplicado en limpio de dicho alto magistrado para que el proceso penal se destrabe y pueda avanzar.
La Fiscalía argumenta que es urgente resolver el caso para brindar certeza procesal, evitar dilaciones indebidas y cumplir con los principios de celeridad, economía procesal y plazo razonable. Los integrantes de la Sala Penal deben resolver la recusación presentada por el acusado Celio Tunholi, quien recusó a los camaristas Silvana Raquel Luraghi Sarubbi, Mario Camilo Torres y Paublino Escobar Garay.
Del mismo modo, en septiembre pasado, el abogado Claudio Lovera, en representación de la Conmebol como querellante adhesiva, ya había presentado un urgimiento exigiendo destrabar el proceso. La recusación contra los camaristas fue planteada el 10 de abril de 2026; es decir, hace ya más de seis meses.
La Conmebol apunta a recuperar al menos USD 15 millones que el empresario y dirigente deportivo Nicolás Leoz (fallecido en agosto de 2019) desvió del ente rector del fútbol sudamericano hacia el Banco Atlas, institución financiera de la familia Zuccolillo.