Legisladores de diferentes bancadas de la Cámara de Diputados presentaron un proyecto de ley que busca establecer el primer marco normativo integral de ciberseguridad en Paraguay, respondiendo a las crecientes amenazas digitales que enfrenta el país en un contexto de mayor digitalización.

La iniciativa, denominada “Ley de Ciberseguridad de la República del Paraguay”, tiene como objetivo central proteger las infraestructuras críticas, la información y los sistemas digitales, así como garantizar los derechos de las personas frente a amenazas y delitos cibernéticos.

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De acuerdo a la exposición de motivos, los proyectistas fundamentan la necesidad de fortalecer la soberanía digital del país. “Paraguay no es ajeno a esta realidad y ha enfrentado crecientes amenazas cibernéticas que ponen en riesgo la confidencialidad, integridad y disponibilidad de datos sensibles tanto en el sector público como en el privado”, señala la exposición de motivos.

Asimismo, plantean que el Estado paraguayo ejercerá soberanía sobre el dominio paraguayo en el ciberespacio, incluyendo capacidades para enfrentar amenazas híbridas, medidas de prevención y mitigación, y el fortalecimiento de la resiliencia social. También contempla el ordenamiento de las redes sociales y la regulación de la Inteligencia Artificial.

De acuerdo a la información, señalan que una de las principales innovaciones del proyecto es la creación del Viceministerio de Ciberseguridad dentro del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), que tendrá a su cargo la elaboración y actualización de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad (E-Ciber Paraguay).

Asimismo, se propone la creación del Consejo Nacional de Ciberseguridad (CONCIBER), un organismo multisectorial integrado por representantes de los tres poderes del Estado, fuerzas de seguridad, empresas de telecomunicaciones, universidades y gremios empresariales. Los miembros del consejo durarían cinco años en sus funciones, según la iniciativa.

El proyecto establece obligaciones específicas para operadores de infraestructuras críticas, quienes deberán implementar protocolos de seguridad y notificar cualquier incidente cibernético en un plazo máximo de 24 horas.

El documento también contempla la homologación obligatoria de equipos y software de ciberseguridad importados al país. En cuanto al financiamiento, se destinaría al menos el 20 % del Fondo Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (FONTIC), además de aranceles por homologaciones y otros recursos del Presupuesto General de la Nación.

La propuesta incluye la incorporación obligatoria de contenidos de ciberseguridad en los programas educativos de nivel primario, secundario y universitario, tanto en instituciones públicas como privadas. Además, establece capacitación anual obligatoria para funcionarios públicos y empleados de sectores estratégicos.

El proyecto contempla, igualmente, la adhesión del Paraguay al Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia y otros tratados internacionales pertinentes, promoviendo la cooperación con organismos internacionales y países aliados en materia de ciberseguridad.

Finalmente, los proyectistas consideran que esta iniciativa representa “un paso fundamental para la soberanía digital de Paraguay”, asegurando la protección de la información y la continuidad de los servicios esenciales en un entorno cada vez más interconectado.

Cabe señalar que el proyecto fue presentado por los diputados colorados Rodrigo Blanco, Edgar Chávez, Miguel Ángel Del Puerto, Yamil Esgaib, Mauricio Espínola, Luis González Vaesken, Pedro Ortiz, German Solinger. Igualmente, se sumaron, los liberales, Antonio Buzarquis, Arnaldo Valdez, Jorge Ávalos Mariño y la diputada patriaqueridista Rocío Vallejo.

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Diputados de diferentes signos políticos plantean que, más allá de acciones punitivas, se deben buscar alternativas que sean preventivas, educativas y restaurativas ante episodios de violencia en vínculos afectivos entre adolescentes y jóvenes.

Por ello se presentó el proyecto de ley “que establece emergencia educativa y social ante la violencia en las relaciones adolescentes; y establece mecanismos urgentes de prevención a través de talleres educativos y campañas formativas con enfoque de igualdad y salud mental”.

La iniciativa que fue enviada a consideración de las comisiones asesoras, que, de acuerdo a la exposición de motivos, la idea es declarar una emergencia educativa y social, en todo el territorio nacional, ante el incremento de casos de violencia en las relaciones afectivas entre adolescentes y jóvenes, sería por el término de doce meses.

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La iniciativa pretende que todas las instituciones educativas, públicas y privadas, de nivel inicial, escolar básica y educación media, implementen talleres y espacios educativos obligatorios, con una frecuencia mínima de una hora semanal.

Menciona que tiene como objetivo la identificación temprana de señales de violencia; la promoción de relaciones afectivas sanas; el fortalecimiento de la autoestima; y la deconstrucción de prácticas machistas y conductas de control, según dice el documento.

La normativa establece que la dirección institucional, en coordinación con los equipos técnicos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), sea responsable de garantizar la realización efectiva de estos talleres, y de mantener registros actualizados sobre los temas desarrollados, la participación estudiantil y las necesidades detectadas.

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“La violencia en relaciones tempranas, a menudo invisibilizada por el entorno familiar y social, se presenta cada vez con mayor intensidad y frecuencia, con patrones que replican el machismo, el control, la posesividad, la dependencia emocional y la normalización del maltrato físico, psicológico o sexual", explica parte del documento.

Asimismo, señala que esta problemática se ve amplificada por la influencia de las redes sociales, la falta de educación afectiva y la ausencia de referentes institucionales preparados para identificar y acompañar situaciones de riesgo.

Argumenta que, en la actualidad, niñas y adolescentes son víctimas de múltiples formas de violencia; celos obsesivos disfrazados de afecto; aislamiento de su círculo de apoyo; vigilancia digital; amenazas; chantajes emocionales; y abusos que van progresivamente hasta llegar a desenlaces fatales, lamentablemente.

Sostiene que esos hechos no solo afectan la integridad física de las víctimas, sino que deterioran gravemente la salud mental; la autoestima; el rendimiento académico; y el futuro desarrollo personal de los jóvenes.

Los legisladores lamentan que si bien existen marcos normativos como la Ley “De Protección Integral a las Mujeres”; el “Código de la Niñez y la Adolescencia”; y la propia Carta Magna, que en su artículo 48 garantiza la igualdad entre hombres y mujeres, “no haya sido suficiente”.

Finalmente, manifiestan que se hace imprescindible un abordaje preventivo, educativo y transversal desde los primeros años de formación escolar, donde se forjan los primeros vínculos afectivos.

“La intervención debe ser temprana, constante y coordinada entre las instituciones responsables: MEC; Salud Pública; Niñez y la Adolescencia; y el Ministerio de la Mujer, para garantizar que la educación, la igualdad, el respeto mutuo, el reconocimiento de las señales de alerta y el autocuidado afectivo, se conviertan en parte esencial del desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes”, refiere el texto.

El ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja, se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre y los miembros de la mesa directiva, para solicitar la aprobación de un empréstito de unos USD 200 millones para potenciar el programa Che Róga Porã 2.0, de la República de China (Taiwán). El proyecto fue incluido para su tratamiento en la sesión ordinaria del próximo martes.

“Este monto va ir directamente a la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), a los efectos de fortalecer a nuestro programa, que en pocos días más va estar cumpliendo un año de inicio, en donde podemos decir que en este momento, estamos logrando un éxito muy importante, aproximadamente 1.200 créditos preaprobados tenemos en el programa Che Róga Porã, con casi 30 millones de dólares comprometidos”, explicó el ministro.

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Mencionó que este programa arrancó con un fondeo de USD 55 millones, recursos que ya se están agotando, por lo que plantea la necesidad de aumentar los fondos de Che Róga Porã, programa destinado a otorgar viviendas al sector trabajador. “Lograríamos 8.000 viviendas más, esto está destinado a toda la República del Paraguay, no hay limitación de departamentos. Este es un programa que se suma a lo que ya tenemos dentro de la institución”, explicó el ministro.

El proyecto de empréstito ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores, y con su tratamiento y aprobación en Diputados, el documento quedará sancionado y pasará al Poder Ejecutivo para su aprobación.

“Estamos muy contentos, tuvimos muy buena acogida, el presidente me comentó que está incluido en el primer punto del orden del día del próximo martes. Este préstamo ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores y con esta media sanción, esperamos que el próximo martes esto ya quedaría aprobado y lógicamente pasa al Ejecutivo para su promulgación”, puntualizó Baruja.

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Una delegación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) realizó una visita técnica a instituciones tributarias clave de España, con el objetivo de fortalecer su capacidad operativa y avanzar hacia una administración más moderna, eficiente y transparente.

Durante las jornadas de trabajo, los técnicos exploraron el modelo español de registro unificado de contribuyentes y los beneficios que ofrece en términos de control fiscal. La automatización y simplificación de procesos fue uno de los focos principales, con énfasis en cómo el uso inteligente de los datos puede reducir la evasión y mejorar la recaudación, tanto en impuestos internos como aduaneros.

Otro tema clave fue el enfoque integral que España aplica para prevenir el fraude fiscal mediante el uso de algoritmos de detección de anomalías, interoperabilidad de bases de datos y herramientas de gestión de calidad. Estos mecanismos permiten anticipar riesgos y garantizar decisiones basadas en datos confiables, algo que la DNIT apunta a replicar localmente.

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La ciberseguridad fue otro de los pilares abordados en profundidad. La AEAT compartió su estrategia de ciberresiliencia y gestión de riesgos digitales, subrayando la necesidad de proteger la infraestructura tributaria ante posibles ciberataques. Este punto resulta fundamental para Paraguay, donde la digitalización avanza a ritmo acelerado y exige nuevas capas de seguridad institucional.

Además, se compartieron experiencias concretas sobre la transformación digital, la implementación de expedientes electrónicos y el uso de inteligencia artificial en la gestión tributaria. Estas herramientas no solo permiten optimizar recursos humanos y técnicos, sino que mejoran sensiblemente la experiencia del contribuyente, algo que también está en la mira de la DNIT.

Las autoridades paraguayas ya analizan la firma de un memorándum de entendimiento y un futuro convenio de cooperación con ambos organismos españoles, como parte de la hoja de ruta para modernizar la administración tributaria local.

La misión técnica, financiada por el Fondo General de Cooperación de España, incluyó encuentros estratégicos con autoridades de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y del Instituto de Estudios Fiscales (IEF) en Madrid.