A través de un comunicado difundido este jueves a la noche, la UIP advierte que “El comercio internacional no puede condicionarse por acciones extorsivas y desinformación”.

Al inicio del documento expresa que “la Unión Industrial Paraguaya rechaza enérgicamente la campaña difamatoria coordinada por las organizaciones no gubernamentales Earthsight, Global Wittness y Survival, todas ellas con sede en Londres, contra la industria paraguaya del cuero, sus empresas, sus trabajadores y sus compradores europeos”.

Asegura que “esta campaña se intensifica deliberadamente en la víspera de la entrada en vigor en forma provisoria, del Acuerdo Mercosur–Unión Europea, prevista para el 1° de mayo de 2026, configurando un ataque comercial encubierto bajo retórica ambiental".

Según explica, las publicaciones desde el año 2018, y las cartas con plazos perentorios remitidas por estas ONG a empresas paraguayas e italianas en febrero, marzo y abril de 2026, los compromisos forzados de no compra a importadores europeos, extraídos bajo presión reputacional, y la deslegitimación sistemática de las certificaciones del Estado paraguayo y de los estándares internacionales (LWG, ICEC) constituyen prácticas extorsivas inaceptables que dañan a miles de familias paraguayas, comprometen el cumplimiento del acuerdo recién firmado y vulneran la soberanía económica del país.

A continuación expresa que el Paraguay produce cuero legal, sostenible y trazable, respaldado por sistemas de control sanitario, de identificación animal y de trazabilidad, los cuales han sostenido y garantizado sus exportaciones en mercados internacionales.

“En este marco, el país dispone de herramientas que permiten acreditar el origen, las condiciones ambientales y cumplimiento social de cada cuero exportado, reforzadas por la incorporación de iniciativas como el RETSA PY (desarrollado con financiamiento del programa AL-INVEST Verde de la propia Unión Europea)”, destaca.

Seguidamente reitera que las acusaciones que ignoran deliberadamente estos hechos, ¡son falsas!!.

Finalmente indica que la UIP, además de reconocer y acompañar el esfuerzo realizado por el Gobierno Nacional mediante una acción sostenida, intensa y coordinada a este respecto, sugiere impulsar:

• Una acción sostenida de nuestra representación diplomática en Londres, ante el Parlamento británico, los medios de comunicación y la opinión pública, denunciando el carácter extorsivo de las prácticas de Earthsight, Global Wittness y Survival.
• La presentación, por la vía que el Gobierno estime conveniente, de una denuncia formal por difamación al Estado paraguayo, ante las instancias internacionales pertinentes.
• Un despliegue comunicacional público-privado, articulado, sostenido, de gran impacto y multilingue, con presencia activa en las instituciones de la Unión Europea, ante la revisión del Reglamento (UE) 2023/1115 (EUDR).
• La actualización permanente del registro de unidades productivas en el RETSA PY, para eliminar cuestionamientos con argumentos inconsistentes.
• La activación de un espacio permanente público privado, de coordinación de acciones con vocería clara y capacidad de respuesta ágil, ante las diferentes situaciones que se presenten.

El comunicado termina con “el Paraguay no aceptará que ONGs extranjeras financiadas con recursos públicos de terceros, dicten qué puede, o no producir el país, ni a quién puede o no exportar. Defendemos la industria. Defendemos los empleos. Defendemos la verdad”.

La primera conferencia global para buscar una salida de las energías fósiles ha llegado a su fin, pero ¿qué se impulsó en la agenda en Santa Marta, un puerto carbonífero en la costa Caribe? Aquí algunas conclusiones: Francia llamó la atención en la apertura del evento al publicar una “hoja de ruta” con detalles de su plan para eliminar todos los combustibles fósiles para 2050.

Analistas dijeron que ningún otro país había publicado un derrotero tan claro e integral, lo que envió una importante señal desde una de las economías más avanzadas del mundo sobre sus metas en este aspecto. El revuelo causó cierto malestar en Santa Marta pues no existe una hoja de ruta definida de forma oficial, y Francia no anunció una nueva política, sino compromisos ya existentes bajo un título diferente.

Otros países señalaron que también tienen preparados calendarios para eliminar el carbón y otros combustibles, planes para la descarbonización de la industria pesada y objetivos en el uso de energías renovables. Leo Roberts, del centro de pensamiento E3G, dijo que una hoja de ruta debe ser guiada por la ciencia y hacer de la eliminación progresiva de los combustibles fósiles un “principio central de planificación” en torno al cual graviten las demás políticas.

Uno de los resultados principales fue la creación de un panel científico experto para asesorar a los gobiernos, ciudades y regiones en la planeación de sus propias rutas de transición hacia el abandono de energías fósiles. Carlos Nobre, renombrado climatólogo y científico de Brasil y uno de los impulsores de dicho panel, dijo a la AFP que “este proveerá todas las soluciones, para implementarlos y para financiarlos”. Al Panel Científico para la Transición Energética Global se le apodó graciosamente el grupo “Spaghetti” por su acrónimo en inglés: SPGET.

Impulsado por la sociedad civil, el concepto de “Zonas Libres de Combustibles Fósiles” gana adeptos en las reuniones internacionales y encontró un terreno fértil en Santa Marta. El objetivo de estas zonas es designar territorios que, debido a su importancia ecológica, desde el Amazonas hasta la cuenca del Congo y la selva tropical indonesia estén protegidas por los gobiernos para prohibir en ellas cualquier exploración y extracción de hidrocarburos.

El grupo de expertos Earth Insight estima que existen 58 áreas protegidas de este tipo en todo el mundo. Colombia, por ejemplo, prohibió la extracción de hidrocarburos y la minería en su región amazónica el año pasado para “detener la expansión de la frontera extractiva”, dijo la ministra del Medio Ambiente, Irene Vélez Torres, anfitriona de la conferencia.

Colombia pasó el testigo a Tuvalu, un pequeño estado insular en los confines del océano Pacífico, que alojará en 2027 la próxima conferencia para la eliminación de combustibles fósiles. Tuvalu está seriamente amenazado por el aumento del nivel del mar y se ha convertido en una voz referente en el escenario internacional para países empobrecidos y en peligro por las consecuencias del cambio climático.

“Este viaje que comenzó aquí, en un puerto carbonífero del mar Caribe, ahora se dirige al océano Pacífico”, dijo el ministro de Cambio Climático de Tuvalu, Maina Talia. “Creo que el hecho de que el Pacífico esté lejos no puede ser una excusa”, dijo a la AFP Nikki Reisch, del Centro para el Derecho Ambiental Internacional, en Santa Marta. “Los países insulares del Pacífico soportan constantemente la carga de acudir a otros foros e intentar que se escuche su voz”, afirmó.

Fuente: AFP.

Guerrilleros disidentes de las extintas FARC asumieron como un “error táctico” la autoría de un atentado que causó 21 civiles muertos en Colombia el fin de semana, a poco más de un mes de las elecciones presidenciales. El Estado Mayor Central (EMC), el principal grupo de exmiembros de las FARC que no firmaron el acuerdo de paz de 2016, aseguró la noche del martes en un comunicado que el hecho ocurrió en medio de combates con el ejército y se debió a “errores” en sus maniobras militares.

“Con profundo dolor debemos asumir la responsabilidad política por este error táctico, que no tiene justificación alguna”, señala el texto. Los explosivos activados por los rebeldes el sábado en una carretera del departamento del Cauca (suroeste) también causaron 56 heridos. Una fuente del ejército dijo a la AFP que los guerrilleros habían instalado un puesto de control en la carretera para tender una emboscada a militares.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que se trata de una represalia tras la presión militar, luego de las fallidas negociaciones de paz entre el presidente Gustavo Petro e Iván Mordisco, líder del EMC y el guerrillero más buscado del país. La oficina en Colombia del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos llamó el miércoles al gobierno a “proteger a la población civil y prevenir nuevos ataques”. También a los grupos armados a “cesar cualquier ataque”. El principal responsable del atentado mortal del sábado, alias “Mi Pez”, fue capturado el martes.

Petro aseguró que el ataque buscaba desestabilizar al país poco antes de la primera vuelta de elecciones presidenciales el 31 de mayo, en las que la izquierda apuesta por conservar el poder tras llegar a la presidencia por primera vez en 2022. Por ley, Petro no puede reelegirse, pero Iván Cepeda, candidato de su partido, es favorito en las encuestas para los comicios en los que enfrenta a los derechistas Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.

El gobierno y su heredero político sugieren que los ataques favorecen a la “extrema derecha” de cara a las elecciones. De su lado, la oposición responsabiliza al presidente de la violencia al señalarlo de ser negligente con los grupos armados. En numerosos mensajes y declaraciones, Petro ha acusado de injerencia indebida al gobierno de derecha de Ecuador con el que sostiene una guerra arancelaria y de declaraciones.

Petro pidió investigar si los explosivos usados en el ataque del sábado venían de ese país y ha publicado imágenes del presidente ecuatoriano Daniel Noboa en compañía de líderes de la derecha colombiana. “Noboa es el encargado de violentar a Colombia”, escribió el mandatario en X sin presentar evidencias.

Noboa, por su parte, señaló el miércoles a su par colombiano de impulsar una “incursión” guerrillera en la frontera común, sin precisar mayores detalles. Petro negó de inmediato las acusaciones y las calificó como “mentiras”. Colombia es el principal productor de cocaína en el mundo. Por Ecuador pasa el 70 % de la droga que va hacia Estados Unidos y Europa.

Fuente: AFP.

“Nuestra institución no puede quedar huérfana de presupuesto para el cumplimiento de sus fines”, argumentó el titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón, tras mantener una reunión este miércoles con el jefe de Estado, Santiago Peña, con el fin de abogar por mayores recursos para la institución extrapoder. El encuentro contó con la presencia del ministro de Economía y Finanzas (MEF), Óscar Lovera.

“La institución se nutre exclusivamente del Presupuesto General de Gastos reconocido por el Ejecutivo y, como es sabido, hace unos años fija un límite y no hay posibilidad de crecimiento, sin considerar, según lo creemos nosotros, que la más republicana de las instituciones nóveles creada por la Constitución, no tiene fondos propios para desempeñarse”, expresó en una conferencia de prensa en Mburuvicha Róga.

Rolón acotó: “Nuestro pedido ya es un clamor. Existen necesidades en otras esferas como salud, educación, ya que el Estado es deficitario, pero nuestra institución no obtuvo el reconocimiento de alguien que nace sin nada con tremendas misiones. Entonces, definitivamente venimos a pintar el panorama al presidente de la República, esperando respuestas”, dijo, destacando la apertura de Peña ante los conflictos económicos del Ministerio Público.

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El fiscal general del Estado detalló que personalmente se encargará de las gestiones ante el Poder Judicial para que los recursos provenientes de las tasas judiciales coadyuven con el financiamiento de las acciones del Ministerio Público.

“Recibió con complacencia nuestras inquietudes y perfiló algunas estrategias que podemos hacer y, entre ellos, instalar el tema en el Poder Judicial, que era un poco la entidad matriz en la administración de esos fondos, la propia Constitución del 92 le asigna un porcentaje al sistema de justicia y, obviamente, la Fiscalía sigue formando parte de los mismo y hay conceptos en los cuales se podría instalar una suerte de armonía o debate para que finalmente se aproveche en esta gestión fiscal también los fondos judiciales", indicó.

Añadió también que la institución tiene actualmente la mitad de los agentes fiscales que se necesitan para el país, y que en la mayoría de las circunscripciones no se tienen las condiciones mínimas para un cumplimiento eficiente de la misión.

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“Le señalé con toda claridad que precisamos por lo menos 700 fiscales y hoy tenemos 350″, comentó al detallar la necesidad de que en cada circunscripción haya un Ministerio Público con equipamiento, laboratorios, móviles, asistentes sociales, psicología.

El presupuesto actual de la Fiscalía es de G. 763.074.000.000, equivalente a USD 120 millones. “La institución plantea que requiere al menos un 62 % más de presupuesto para poder cumplir adecuadamente sus objetivos, incluyendo también la expansión de servicios en el interior del país, la creación de nuevas sedes y el fortalecimiento de áreas técnicas como laboratorios forenses, morgues y servicios especializados”, comentó Rolón.