La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) fue galardonada con el Premio RICG a la Innovación en las Compras Públicas, edición 2026, en el marco de la XX Conferencia Anual de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG), que se realizó en la ciudad de Monterrey (México), del 12 al 14 de agosto.

El reconocimiento a la institución paraguaya se dio por el sistema utilizado, Registro de Compradores Públicos, que actualmente cuenta con 2.377 compradores públicos registrados, pertenecientes a 678 unidades de contratación de todo el país.

Este concurso, es organizado de manera conjunta entre la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el cual se premia experiencias innovadoras que generan un impacto positivo en la contratación pública de la región.

El sistema de Registro de Compradores Públicos es una herramienta que “contribuye a la modernización de las compras públicas en Paraguay y fortalece la transparencia, la eficiencia y la innovación a nivel institucional”, de acuerdo al informe de la DNCP.

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Este registro fue implementado por la institución a partir de este año con el objetivo de “brindar acceso público a información relevante sobre los funcionarios de las entidades públicas que participan en las diferentes etapas de los procedimientos de contratación del Estado”. Así también, se encuentran los datos de “la identidad del comprador, la institución donde presta servicios, la información de contacto, las competencias y acreditaciones, la formación académica, la experiencia en compras públicas y la trayectoria profesional en el sector público”.

“En el ámbito de la profesionalización, esta iniciativa ha impactado significativamente en la gestión de la DNCP al proveer una base de datos centralizada y actualizada, insumo clave para identificar necesidades de capacitación, monitorear competencias e implementar programas de formación”, resalta el informe de la dirección de contrataciones.

Asimismo, destaca que el reconocimiento sobre esta herramienta “contribuye a optimizar la transparencia y la trazabilidad dentro del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas, la obtención del Premio RICG a la Innovación en las Compras Públicas refleja los avances conseguidos por la DNCP en estas materias y abre la posibilidad de impulsar más proyectos escalables y replicables en otros países de la región”.

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Miles de personas marcharon este jueves en Buenos Aires contra un proyecto de ley a favor de la propiedad privada impulsado por el presidente Javier Milei, en una protesta que derivó en choques con la policía.

La fuerza pública se dispersó con balas de goma, gases lacrimógenos y chorros de agua a los manifestantes que arrojaron piedras a los uniformados en medio de corridas frente a la sede del Congreso, según periodistas de la AFP.

Previamente, el gobierno debía retirar de la iniciativa un punto polémico que liberaba la venta de tierras a extranjeros, el cambio más rechazado.

Aun así, los manifestantes se movilizaron. “Yo quiero que caiga la ley completa”, dijo a la AFP Roxana Parapugna, una socióloga de 51 años frente a la sede del legislativo.

Para Carlos Miño, un jubilado de 67 años, “casi todo el proyecto está en la misma dirección: entregar de una u otra forma nuestros bienes, nuestras cosas”.

La iniciativa que comenzó a debatirse este jueves en el Senado busca dificultar expropiaciones del Estado, facilitar desalojos ‘express’ y destrabar el cambio de uso y venta de tierras rurales afectadas por incendios.

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Convocada por sindicatos, partidos de izquierda y movimientos sociales, la protesta más importante se registró frente al Congreso, en el centro de una Ciudad de Buenos Aires pese al día de intensas lluvias.

“La patria no se vende” fue la principal consigna de los manifestantes que se multiplicó en cánticos y banderas.

El denominado proyecto de “Ley de inviolabilidad de la propiedad privada” llevaba semanas sin poder tratarse por el apartado que flexibilizaba la Ley de Tierras Rurales para extranjeros.

El Gobierno de Milei sostiene que las restricciones de la ley actual, vigente desde 2011, desalienta inversiones. La norma limita al 15 % la proporción de tierras que pueden venderse a extranjeros, porcentaje que se aplica a cada provincia y cada municipio individualmente.

El gobierno quería liberarlo, luego propuso ampliarlo a 25% y sobre el total de cada provincia. Pero resolvió quitarlo del proyecto por falta de apoyos.

Según datos de un estudio de la Universidad de Buenos Aires y del Conicet, el organismo estatal de investigación científica de Argentina, más de 13 millones de hectáreas del país (superficie similar a Inglaterra), pertenecen a extranjeros.

Aunque en ninguna de las 23 provincias argentinas se supera el 15% de la ley, según el Registro de Tierras Rurales 31 departamentos ya pasan ese límite, en algunos municipios de Misiones (noreste) llega al 80%.

Tras el rechazo social generalizado, gobernadores aliados habitualmente al gobierno sumaron su rechazo y el oficialismo suprimió el cambio. La ley aún debe debatirse en la Cámara de diputados. El resto del proyecto también genera críticas.

Otros capítulos buscan reforzar las barreras para la expropiación de tierras o inmuebles o acelerar los desalojos por impagos de alquiler. También propone eliminar o flexibilizar la Ley de Manejo del Fuego, que restringe la venta de tierras incendiadas.

• Fuente: AFP

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El titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Agustín Encina, informó este miércoles que la Gobernación de Central, encabezada por Ricardo Estigarribia, canceló una licitación “urgente”, poco después de que el ente regulador suspendiera ayer el llamado que pretendía la adquisición por vía de la excepción de un sistema tecnológico de seguridad por más de G. 8.300 millones, que incluye 300 cámaras IP Full HD para exteriores.

Encina explicó que este tipo de procesos por vía de la excepción es utilizado para una licitación de carácter urgente, pero que también requiere de controles para su aplicación. La convocatoria se subió el viernes 31 de julio a las 22:10, un horario atípico; con visita técnica de carác­ter obligatorio para el lunes 3 de agosto a las 8:30 en la sede gubernamental, y apertura de ofertas para este miérco­les 5 de agosto a las 8:00.

“Las herramientas están establecidas para su buena utilización, no para su mala utilización. Cuando uno hace este tipo de procesos por vía de la excepción es porque efectivamente hay una urgencia tan grande que ni siquiera se puede llegar a publicar por cinco días. Entonces, ellos tienen que demostrar, justificar que ni siquiera tuvieron cinco días para contratar una cámara, no tenía sentido”, detalló Encina al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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El titular de Contrataciones Públicas aclaró que el proceso de licitación se realiza para situaciones de carácter urgente. “Es importante aclarar que dentro de todos los procedimientos por vía de la excepción, una de esas es esta y efectivamente este tipo de procedimiento contempla la posibilidad de hacer un proceso demostrando que existe una urgencia o emergencia”, detalló.

En ese contexto se puede realizar todo el proceso con comunicación posterior, pero “eso no significa que la compra se haga”. Al momento en que se suben todos los documentos, la DNCP verifica si existió tal urgencia, como así también “si efectivamente fue un llamado en forma, si se dio oportunidad o no las empresas a participar o no, porque en cada proceso licitatorio nosotros velamos es que exista efectivamente un concurso, que se actúe con transparencia y si de alguna manera tiene un ribete que el proceso haya sido licitado y que no haya tal emergencia, nosotros procedemos a rechazar el llamado así hayan firmado contrato”, refirió Encina.

La DNCP suspendió este proceso, pero la Gobernación de Central decidió cancelar el llamado, lo que para el director llama aún más la atención. “Igual existe el plazo de protestas, el día de ayer entraron dos protestas, lo suspendimos de manera inmediata y esta mañana amaneció ya este proceso cancelado por la gobernación, hoy está cancelado. Luego de nuestra suspensión del día de ayer, hoy amaneció ya cancelado el proceso, llama la atención”, sentenció.

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La administración de Ricardo Estigarribia, gobernador del departamento Central, trató de acelerar la compra de un sistema de vigilancia por la vía de la excepción, pero el llamado fue finalmente suspendido por Contrataciones Públicas.

• HOY.COM.PY

La Gobernación del departamento Cen­tral, encabezada por el liberal Ricardo Estigarribia, intentó llevar a todo vapor un llamado por la vía de la excep­ción por valor de más de G. 8.300 millones para la adqui­sición de un sistema tecnoló­gico de seguridad. La convo­catoria se hizo en un horario atípico y con plazos de cum­plimiento prácticamente imposibles de lograr.

La intención de compra bajo el ID n.º 1180, denominada “Central es seguro, trans­formación histórica hacia el primer departamento inte­ligente y protegido del Para­guay”, fue subida en el sitio de Contrataciones Públicas el pasado viernes 31 de julio en el inusual horario de las 22:10.

Con una sospechosa celeri­dad, el ajustado cronograma fijó la visita técnica de carác­ter obligatorio para el lunes 3 de agosto a las 8:30 en la sede gubernamental, otorgando un lapso nulo de días hábiles entre la publicación y la inspección previa. A su vez, la apertura e inspección de las ofertas que­daron fijadas para este miérco­les 5 de agosto a las 8:00. Varios referentes del sector informá­tico aseguraron que es impo­sible presentar documentacio­nes y propuestas en tan corto lapso de tiempo.

Sin embargo, todo el pro­ceso quedó suspendido finalmente por la Direc­ción Nacional de Contrata­ciones Públicas (DNCP). El acto impugnado fue el pliego de bases y condiciones. “En atención a lo establecido en el art. 129 de la Ley n.o 702L/2022, la apertura de la protesta por esta Dirección Nacional trae aparejada la suspensión de la continuidad del procedimiento de contra­tación, en la etapa en la que se encuentre, bajo responsabili­dad personal del protestante o sus representantes legales”, señala el documento emitido por la DNCP que informa sobre la suspensión.

El llamado por excepción llevado adelante por la Uni­dad Operativa de Contrata­ciones (UOC) de Central iba a implicar una erogación de G. 8.368.600.000 y contem­plaba la provisión e instala­ción de un complejo apara­taje tecnológico en un plazo récord de tan solo 30 días corridos.

Entre los insumos solicita­dos figuraban 300 cámaras IP Full HD para exteriores, 10 sistemas con software Inte­ligente de Lectura Automá­tica de Patentes (ANPR), 25 tótems con botón de emer­gencia, audio bidireccio­nal e intercomunicador IP, montaje físico de servidores, videowall, estaciones de tra­bajo y software profesional, desarrollo de aplicaciones para Android e iOS, plata­forma web, trazado de fibra óptica y switches adminis­trables.

Los equipos, según el lla­mado suspendido, serían instalados en las ciudades de Luque, Mariano Roque Alonso, Lambaré, Itauguá y Areguá, del 7 de agosto al 13 de setiembre de 2026.

Fuentes del sector comercial y conocedores del mercado tecnológico habían señalado la imposibilidad operativa de estructurar una propuesta técnica seria para un des­pliegue de semejante enver­gadura en apenas tres días hábiles, sumado a la exigen­cia de una Garantía de Man­tenimiento de Oferta equiva­lente al 5 % del valor total. La modalidad de publicación vía excepción tampoco figuraba dentro de las búsquedas habi­tuales del portal de la Direc­ción Nacional de Contratacio­nes Públicas (DNCP), lo que redujo drásticamente la visi­bilidad del llamado para otros competidores.