El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, convoca a una audiencia pública para este viernes 28 de agosto, a las 09:30, en la sala de sesiones del Congreso Nacional, donde se analizará un proyecto de ley que busca facilitar el acceso al título de propiedad de tierras adjudicadas a beneficiarios de la reforma agraria.

Durante la audiencia se estará analizando el proyecto de ley que había sido remitido por el Poder Ejecutivo mediante el Mensaje N.º 372 del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Está actualmente en trámite en la Cámara de Senadores.

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La iniciativa propone eliminar la barrera económica que actualmente existe, que es el pago previo del 3 % del valor de la tierra como requisito para la entrega del título y establecer un régimen de pago diferido. Según la exposición de motivos, ese requisito termina frenando expedientes que ya están técnicamente preparados para convertirse en títulos.

De lograrse la modificación de los artículos del Estatuto Agrario, el beneficiario podrá recibir el título y posteriormente abonar el valor de la tierra en cuotas anuales, iniciando los pagos 12 meses después de la titulación. El plazo previsto es de hasta 30 años para las mujeres y 20 años para los hombres.

En la argumentación del proyecto de ley explica que el requisito vigente constituye una barrera económica para numerosas familias campesinas de bajos ingresos.

Se estima que la modificación podría beneficiar a aproximadamente 130.000 familias, mientras que el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) cuenta con alrededor de 15.000 expedientes técnicamente aptos para la titulación que no avanzan debido, principalmente, a la imposibilidad de cumplir con el pago previo.

La propuesta busca otorgar mayor seguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra, facilitando posteriormente el acceso al crédito formal, la inversión, la tecnificación y el desarrollo productivo de las fincas. Asimismo, contempla una consideración especial para las mujeres campesinas, particularmente aquellas que son cabeza de familia.

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Desde el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) recordaron que por ley, las colonias chaqueñas deben estar destinadas a la inversión y al desarrollo productivo. Señalan que el Estatuto Agrario establece requisitos de inversión, solvencia y justificación del origen de los recursos para los asentamientos ganaderos de la Región Occidental.

A través de un informe del ente rural recuerdan que el acceso y la adjudicación de tierras destinadas a asentamientos ganaderos en el Chaco están sujetos, por disposición legal y reglamentaria, a condiciones orientadas a garantizar la ocupación efectiva de los inmuebles y su desarrollo productivo ambientalmente sostenible.

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Recuerdan que en el artículo 16, inciso “f”, de la Ley 1863/2002 Estatuto Agrario, establece entre los requisitos para los asentamientos ganaderos chaqueños la obligación de garantizar, conforme a la reglamentación del organismo de aplicación, la realización de inversiones para la ocupación efectiva y el desarrollo productivo ambientalmente sostenible del inmueble solicitado.

Además que, en cumplimiento de esta disposición, el Indert estableció en 2012, mediante la reglamentación correspondiente, la RP 1715/2012, los parámetros que deben ser contemplados en los proyectos productivos.

Entre los principales requisitos figuran:

1. Presentación de un plan de inversión productiva: debe contemplar los objetivos del proyecto, su localización y las actividades productivas previstas, así como un cronograma anual de las inversiones y mejoras a realizar en el inmueble.
2. Demostración de solvencia económica: el solicitante debe acreditar que cuenta con capacidad económica para afrontar las inversiones previstas.
3. Justificación del origen de los recursos: se debe justificar la procedencia del dinero destinado a financiar las inversiones, mediante la documentación correspondiente.

Mencionan que la reglamentación también establece la necesidad de detallar las mejoras que serán introducidas en el terreno y sus respectivos costos, dentro de un cronograma de inversiones proyectado.

En este marco, el presidente del Indert Francisco Ruiz Díaz, realizó durante el último fin de semana un recorrido por colonias ubicadas en la zona fronteriza con Bolivia, en el marco de las acciones impulsadas por la institución para fortalecer la Nueva Ruralidad promovida por el Gobierno.

La iniciativa busca consolidar un modelo rural que combine seguridad jurídica sobre la tierra, productividad, inversión y sostenibilidad, al mismo tiempo que genere condiciones para el relevo generacional en las fincas rurales, incorporando a jóvenes y nuevas generaciones a las actividades productivas.

“El desarrollo del Chaco requiere una visión de largo plazo, en la que la tierra adjudicada cumpla efectivamente su función productiva y genere oportunidades de desarrollo para las familias y comunidades asentadas en el territorio”, precisó.

Finalmente, señaló que la política de tierras se articula con la promoción de inversiones y de actividades productivas sostenibles, buscando que las colonias chaqueñas no sean solo espacios de ocupación territorial, sino verdaderos polos de desarrollo económico y social.

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Paraguay concentra cerca del 40 % de la producción mundial y abastece alrededor del 70 % de la demanda internacional.

Unos 15 productores del Comité de Agri­cultores Ko’ê Poty, del distrito de Unión, San Pedro, buscan aumentar la producción de petitgrain, una esencia obtenida del naranjo agrio y utilizada como materia prima en las industrias de per­fumes y cosméticos. Paraguay concentra cerca del 40 % de la producción mundial y abas­tece alrededor del 70 % de la demanda internacional.

Los agricultores destinan en promedio, entre media hectá­rea y una hectárea al cultivo. La organización dispone de una pequeña fábrica comunitaria, donde se realiza la extracción del aceite esencial mediante la destilación de hojas, ramas y frutos inmaduros.

El procesamiento se realiza aproximadamente cada seis meses y permite obtener entre 40 y 60 kilogramos de esencia por productor, dependiendo de la disponibilidad de materia prima, esta producción es pos­teriormente comercializada.

Uno de los principales desa­fíos identificado por este sec­tor es elevar el volumen de pro­ducción y aprovechar mejor la infraestructura disponible. Aunque la actividad

continúa desarrollándose a pequeña escala, representa una alternativa de ingresos para las familias rurales. El comité también recibió acom­pañamiento del Proyecto de Inserción a Mercados Agra­rios (PIMA), impulsado por el Ministerio de Agricul­tura y Ganadería (MAG), con apoyo del Banco Mundial. El proyecto brindó asistencia a iniciativas vinculadas con la producción y el acopio de la materia prima. La actividad tiene una importante parti­cipación en el comercio exte­rior. El valor de lasexportacio­nes paraguayas de petitgrain superó los USD 7 millones el añopasado. Francia figura como el principal comprador, seguido de Estados Unidos.

Para los productores de Ko’ê Poty, la intención es aprove­char la demanda internacio­nal y convertir el posiciona­miento que Paraguay ya tiene en el mercado en mayores volúmenes, ingresos y opor­tunidades para las comuni­dades rurales. La expecta­tiva es que el fortalecimiento de la producción y el procesa­miento permita consolidar una cadena que todavía tiene margen para crecer.

La cooperación entre el sector público y el productivo ya benefició a 1.440 familias rurales con semillas de maíz de alta genética que generaron resultados positivos en varias colonias del país. Esto, gracias al acuerdo entre el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) y la Unión de Gremios de la Producción (UGP).

Este acuerdo permitió fortalecer la Alianza Público-Privada que viene desarrollando en beneficio de los pequeños productores de las colonias del ente agrario, con el propósito de ampliar el apoyo a la producción, mejorar los ingresos de las familias rurales y contribuir al arraigo y desarrollo económico de las comunidades.

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El presidente del Indert, Francisco Ruiz Díaz, y el titular de la UGP, Héctor Cristaldo, coincidieron en la importancia de profundizar la cooperación entre el sector público y los productores organizados. Ruiz Díaz destacó que el trabajo conjunto entre pequeños, medianos y grandes productores y el sector público constituye un camino hacia el desarrollo sostenible.

Resaltó que la cooperación en la distribución de semillas ya produjo resultados auspiciosos y contribuyó a mejorar los ingresos de las familias campesinas hacia finales del año pasado.

Para este 2026, la institución prevé intensificar las acciones articuladas con la UGP, incluyendo la continuidad de la donación de semillas de maíz de alta genética y la utilización de vehículos institucionales para su distribución gratuita a las colonias beneficiadas.

Desde el Indert se plantea que la cooperación con el sector privado debe trascender la asistencia puntual y convertirse en una herramienta permanente para generar desarrollo. La alianza con la UGP también se articula con el proceso de titulación y formalización de las tierras, considerado fundamental para que los beneficiarios puedan acceder a créditos, realizar inversiones y desarrollar proyectos productivos con mayor seguridad jurídica.

“La estrategia busca combinar tierra formalizada, producción, acceso a tecnología, organización de los productores y articulación público-privada, como componentes de una nueva ruralidad capaz de generar mayores oportunidades para las familias campesinas”, precisó Ruiz Díaz.

Destacó que el Indert y la UGP ratifican su decisión de seguir trabajando juntos para que los beneficios de la cooperación lleguen directamente a las colonias, fortaleciendo la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la generación de ingresos y el arraigo de las familias rurales.

Durante 2025, la UGP realizó un importante aporte de semillas, que permitió beneficiar a productores de distintas colonias del Indert. En total, 1.440 familias de siete departamentos recibieron 28.000 kilos de semillas de maíz, distribuidas por el Instituto a través de su Gerencia de Desarrollo Rural.

La cooperación alcanzó a comunidades de San Pedro, Guairá, Caaguazú, Misiones, Itapúa, Central y Canindeyú, con el objetivo de fortalecer tanto la seguridad alimentaria como la generación de excedentes para la comercialización y mejorar la economía familiar.

Solo en una de las operaciones realizadas en septiembre del año pasado fueron distribuidas 600 bolsas de maíz, con un valor de mercado superior a G. 720 millones, destinadas a productores de Canindeyú, San Pedro e Itapúa. Consolidando una cooperación que durante 2025 representó un aporte cercano a G. 1.000 millones en semillas, según registros del Indert.

La alianza no quedó limitada a la entrega de insumos. El Indert realizó el acompañamiento y seguimiento de los cultivos, además de disponer de camiones institucionales para transportar gratuitamente las semillas hasta las colonias beneficiadas.

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