Metrobús: suspensión fue un “capricho” que nos privó de obra de gran envergadura, asegura procurador
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El Estado espera que este año ya puedan resolverse las acciones judiciales y arbitrales en torno al metrobús, obra que fue suspendida durante el gobierno de Mario Abdo, pese a que existió un pago del 50 % del costo de la obra. Desde la Procuraduría General de la República, están confiados en que puedan obtener un fallo favorable para nuestro país.
“Nosotros estamos confiados porque tenemos sólidos argumentos, estamos tranquilos y esperamos un resultado favorable y aguardamos que así sea. Seguiremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para que se demuestre que allí no se hizo nada mal y que todo obedeció a un capricho que nos privó de una obra de gran envergadura”, sentenció Marco Aurelio González, procurador general de la República.
En conversación con “Tarde de perros”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media, señaló que si no se presentan nuevas acciones dilatorias, este año se podría llegar a una sentencia respecto a la apelación que promovió nuestro país sobre la condena a Paraguay a pagar USD 13 millones, más intereses a la empresa Mota-Engil, que fue la encargada de la obra.
“Hasta diciembre eso representaba USD 17 millones, ahora más o menos estaría alrededor de los USD 20 millones. Nosotros recurrimos a la nulidad a ese laudo y eso está pendiente a resolverse en el Tribunal de Apelación porque todavía no hay resolución, es más, recién está en estado de exposición de la documentación y ni siquiera se llamó a auto para una sentencia”, explicó.
Paraguay solicitó una copia íntegra del expediente con más de 10.000 páginas, lo cual fue remitido y fue puesto a disposición de ambas partes. González recordó que por la obra se llegó a desembolsar la suma de USD 27 millones, y tras la decisión del gobierno de Abdo de poner fin a este proyecto, la empresa accionó y el Tribunal Arbitral exigió a nuestro país el pago de la millonaria suma.
Confirman al juez Humberto Otazu para seguir con el caso Arnoldo Wiens
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La Cámara de Apelación confirmó al juez penal de garantías Humberto Otazú para seguir con el proceso penal contra el exministro de Obras Públicas del gobierno de Mario Abdo Benítez, Arnoldo Wiens, imputado por lesión de confianza por el caso Metrobus. Ahora, el juez deberá fijar la fecha para la realización de la audiencia de imposición de medidas cautelares.
La resolución refiere que la recusación planteada por los abogados Alfredo Kronawetter y Cecilia Pérez, en representación de Wiens, contra el juez de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, Otazu, fue rechazada por resultar notoriamente improcedente.
Días atrás el Ministerio Público presentó un urgimiento a la Cámara de Apelación para que resuelva la recusación contra el juez Otazú. Esto, en razón de que el caso estuvo sin magistrado durante dos meses por la falta de determinación del Tribunal de Apelación.
Los fiscales Yeimy Adle, Giovanni Grisetti y Nathalia Silva señalaron en aquella oportunidad que los representantes de Wiens también plantearon un recurso de reposición con apelación en subsidio en contra de la admisión de la imputación, que hasta la fecha está pendiente.
El juez Otazú había admitido la imputación presentada contra el exministro de Obras Públicas por lesión de confianza. Wiens es investigado por un presunto perjuicio patrimonial de más de G. 14.955 millones a las obras del metrobús.
Según la imputación, no cumplió con lo recomendado por la Procuraduría General de la República, que indicó que se debía realizar un informe técnico previo a la demolición de las obras, que costaron al Estado G. 6.924.624.006.
Esta construcción consistía en estaciones del tramo 3 del corredor central del Bus de Tránsito Rápido (BTR) sobre la ruta PY02 Mariscal Estigarribia, entre San Lorenzo y Fernando de la Mora. Las estructuras fueron demolidas durante su administración. Se menciona además que pagó G. 8.030.693.029 para la rehabilitación del tránsito en la zona afectada, gasto que no estaba previsto.
Causa Wiens: Fiscalía urge resolver recusación contra juez
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El Ministerio Público presentó un urgimiento a la Cámara de Apelación para que resuelva la recusación contra el juez Humberto Otazú, que fue planteada por la defensa del exministro de Obras Públicas de Mario Abdo Benítez, Arnoldo Wiens, en la causa en la que es investigado por supuesta lesión de confianza.
El presente caso está sin magistrado hace dos meses por la falta de determinación de los integrantes del Tribunal de Apelación de Delitos Económicos, segunda sala.
Los fiscales Yeimy Adle, Giovanni Grisetti y Nathalia Silva señalaron que en la misma fecha en que presentaron la recusación contra el citado magistrado, los representantes de legales de Wiens también plantearon un recurso de reposición con apelación en subsidio en contra de la admisión de la imputación, que hasta la fecha está pendiente.
El juez Otazú había admitido la imputación presentada contra el exministro de Obras Públicas por el presunto delito de lesión de confianza. Wiens es investigado por un presunto perjuicio patrimonial de más de G. 14.955 millones a las obras del Metrobus.
Según la imputación, no cumplió con lo recomendado por la Procuraduría General de la República, que indicó que se debía realizar un informe técnico previo a la demolición de las obras, que costaron al Estado G. 6.924.624.006.
Esta construcción consistía en estaciones del tramo 3 del corredor central del Bus de Tránsito Rápido (BTR) sobre la ruta PY02 Mariscal Estigarribia, entre San Lorenzo y Fernando de la Mora. Las estructuras fueron demolidas durante su administración.
Se menciona además que pagó G. 8.030.693.029 para la rehabilitación del tránsito en la zona afectada, gasto que no estaba previsto.
La empresaria Dalia López mostraba cercanía con el expresidente Mario Abdo Benítez en actividades y actos públicos. También con otras autoridades de su gobierno.
En un video divulgado en setiembre del 2019, que posteriormente fue eliminado de una plataforma de streaming de video y transmisión en directo, se puede observar a Abdo llegando a una de las actividades promovidas por López.
Se trató de la inauguración de un centro de asistencia médica a través de una de sus fundaciones. En el material audiovisual puede observarse a Abdo llegando acompañado de algunos miembros de su gabinete, como el entonces ministro de Salud, Julio Mazzoleni.
La empresaria los recibía con algarabías y abrazos, y agradecía la gestión del presidente para con la fundación.
Dalia no solo mostraba cercanía con el gobierno de Abdo Benítez, sino que también aparecía como proveedora del Estado en esa época a través de su firma Permanent Oriental Holding S.A., firma que figuraba en el registro de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), con la categoría de empresa de pasajes y transportes, muebles y enseres, equipos, accesorios y programas computacionales.
Sin embargo, no consta ningún producto, servicios ni adjudicaciones de la misma en la DNCP.
Las apariciones de la empresaria no solo se dieron durante actos oficiales del gobierno de Abdo, sino también durante actos políticos en el marco de la campaña electoral del sector abdista.
Documentos falsos
En el 2020 Dalia López tomó notoriedad por la llegada del exfutbolista Ronaldo de Assis Moreira, “Ronaldinho Gaúcho”, a Paraguay de la mano de la fundación “Fraternidad Angelical” para impulsar el lanzamiento de un emprendimiento social denominado “Móvil de la salud de las niñas y niños” y de un libro biográfico del exfutbolista, “Genio en la vida”.
A partir de allí se convirtió en una de las personas más buscadas del país tras destaparse el escándalo por las cédulas de identidad paraguaya otorgadas al exjugador y su hermano para ingresar al país. Ronanldinho y su hermano fueron a prisión, mientras que Dalia desapareció por seis años.
Tras desaparecer, también existió la sospecha de una protección de ese gobierno para ocultar a la empresaria.
Giuzzio suprimió controles pese a alertas de acción narco en puertos
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Los informes de la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU) concernientes al operativo A Ultranza Py revelan datos que expone una suerte de complicidad que compromete seriamente al gobierno de Mario Abdo Benítez en torno a cómo operaba la estructura criminal liderada por Sebastián Marset. Las autoridades tenían los reportes precisos, la ruta, las pistas, los centros de acopio, hasta una alerta de bloques de criminales conformados por empresarios asociados al uruguayo preso hoy en Estados Unidos para envío de cocaína. Pero Arnaldo Giuzzio, entonces titular de la Senad, antes que reforzar los controles cerró las bases de la Dirección de Investigación Aérea Fluvial y Terrestre (DIAFT), la entidad que reportó estos datos.
El mismo informe de inteligencia de la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU) que inició en noviembre del 2019, hace referencia a los datos que se habían recabado con el operativo de ARAI II, iniciado en mayo del 2018 y que en ese momento ya había alertado al esquema criminal liderado por Sebastián Marset, dedicado al tráfico internacional de drogas que ingresaban a nuestro territorio vía aérea desde Bolivia y eran enviadas en contenedores desde los puertos.
Es por eso que, las primeras páginas del reporte de SIU de A Ultranza Py menciona que ya tenían identificadas a cada una de las personas involucradas en la estructura de Marset, incluso la alianza con otras organizaciones delictivas, las rutas, las pistas, las estancias, los centros de acopios y hasta los bloques que operaban en los puertos desde donde salían las cargas contaminadas.
En este informe se detalla cómo operaba la organización que encabezaba Marset
LA COOPERACIÓN CON MARSET
Araí II ya había interceptado comunicaciones, ejecutado vigilancias de inteligencia, seguimientos, identificación de las pistas y ahí proviene la base de datos que fueron ampliados para la gran operación A Ultranza Py. Este hilo no es solamente una cronología de los hechos considerando la frustración como la injerencia que sufrieron las investigaciones en una abierta cooperación del gobierno de Mario Abdo Benítez, principalmente a través de su ex ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Arnaldo Giuzzio.
Claramente el informe SIU de A Ultranza Py especifica su hipótesis con los datos preliminares de ARAI II. Y aquí aparece el elemento clave de cómo obró el gobierno de Abdo en favor de la estructura criminal de Marset y sus aliados. ARAI II es un trabajo de inteligencia que proviene de la Dirección de Investigación Área Fluvial y Terrestre (DIAFT) que, Giuzzio cerró en mayo del 2020, precisamente después de que esta unidad reportara el circuito del ilícito de la organización Marset.
El informe de SIU A Ultranza Py, claramente hace la observación proveniente de ARA II a cargo de la DIAFT en la que se identifica a la organización de Marset, la de sus aliados, las ubicaciones de las pistas, los depósitos y la logística en el Chaco, la ruta que sigue el tránsito de la mercancía para ser acopiada en grandes centros de distribución en el departamento Central y un dato clave en la exportación de cocaína desde Paraguay.
Desde Senad se advertían de las conductas delictivas asociadas al tráfico internacional de drogas
Textualmente, en la página 17 de las 503 del informe SIU en el marco del operativo ARAI II elaborado por la DIAFT señala, “la etapa de exportación de la droga, en la que estaría interviniendo otro bloque criminal conformado por grupos de empresarios dedicados al comercio internacional, quienes haciendo uso de su logística empresarial y asociados al esquema criminal de Sebastián Marset Cabrera, organizan envíos de mercaderías ilícitas de exportación por medio de contenedores, entre las cuales se trafican grandes cargamentos de clorhidrato de cocaína empleando distintos métodos de ocultamiento. Estas exportaciones de sustancias ilícitas parten desde puertos ubicados en la República del Paraguay y transitan a través de las rutas fluviales y marítimas internacionales, desde Sudamérica hasta otros continentes del hemisferio”.
DIAFT alertó de la alianza de grupos empresariales con Marset y Giuzzio cerró esta unidad de inteligencia, retiró de los puertos a los agentes de investigación. Giuzzio no solamente desmanteló las bases de inteligencia de la Senad en los puertos privados sino, a juzgar por las toneladas de cocaína que salieron de Paraguay hacia Europa entre el 2020 y el 2022, puede deducirse que cooperó con el narco exportación de la estructura Marset y que todavía es un capítulo pendiente de las investigaciones concernientes a la logística delictiva desarrollada en nuestro país durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.