En un documento de 84 páginas, este viernes, desde el Ministerio Público informaron que los agentes fiscales Silvio Corbeta Dinamarca, Yeimy Adle Monges y María Verónica Valdez de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, formularon acta de imputación en contra del exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos por la supuesta comisión del hecho punible de lesión de confianza en calidad de autor. También fueron imputados:

1. Sebastián Martínez Insfrán
2. Sonia Barrios Ramírez
3. Walter Hugo García Méndez
4. Salem Esgaib Zugaib
5. Lucía Elizabeth Lisboa de Torales
6. Valeria Fabiana Romero
7. Hugo Benítez Vázque
8. Karen González Vergara
9. Fredy Guzmán Martínez
10. y Cinthia Noelia Alen Guerrero

Todos ellos por la supuesta comisión del hecho punible de lesión de confianza en calidad de cómplices.

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Según breve relato, se le atribuye a Prieto Vallejos un supuesto perjuicio económico a las arcas de la Municipalidad de Ciudad del Este por un valor aproximado de G. 757.166.276, resultantes de diferencias entre lo pagado por el Consejo Local de Salud y lo efectivamente construido o ejecutado por las empresas constructoras SERVMAQ, de Fredy Guzmán Martínez, y M&M Constructora de la Lic. Cinthia Noelia Alen, por obras realizadas dentro del Hospital Regional de Ciudad del Este.

Luego de los trámites de rigor, la Fiscalía requiere la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva sobre los imputados, indicaron.

“En ese contexto, nos encontramos ante la presencia de suficientes elementos de convicción que nos indican la existencia de un hecho punible y nos hallamos ante la suficiente sospecha de la participación de los imputados en su perpetración quienes habrían colaborado con el jefe comunal en la disminución patrimonial de la comuna”, explicaron los agentes fiscales.

Por tanto, a continuación indicaron que se aplican las siguientes medidas cautelares:

• Fianza personal o caución real adecuada sobre los imputados por la suma que el Juzgado estime conveniente de acuerdo a la naturaleza de los hechos que se investigan.
• Prohibición de salida del país.
• Fijación de un domicilio procesal y teléfonos para las notificaciones personales a los imputados.
• La obligación de presentarse periódicamente ante el juez.
• y cualquier otra medida que sea compatible con la naturaleza del caso.

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• Por Benjamín Livieres
• Analista político de NM

Los ataques sistemáticos del grupo Abc al gobierno de Santiago Peña y al cartismo, sobre el tema que fuere, tienen como único objetivo instalar la idea de que “estamos peor”, lo que implicaría que “con Mario Abdo estábamos mejor”, algo que ni los mejores sofistas –ausentes en sus filas– podrían sostener algunos segundos.

Ese es un camino con inconvenientes para sus fines, pues no lograrían más que hacer el ridículo. Los registros dan cuenta del retroceso económico y social durante la gestión anterior, así como de los cerca de 20.000 muertos por falta de vacunas en pandemia, además de los casos penales por enriquecimiento ilícito y lavado que se le siguen al expresidente, y por haber utilizado las instituciones del Estado para borrar del mapa a Horacio Cartes, a los que se suma un rosario de ilícitos en diversas reparticiones.

Tampoco es capaz de rebatir los indicadores económicos –claramente positivos en esta gestión–, que la inversión en programas sociales es la mayor de todos los tiempos o que el país ha ganado posiciones en la consideración internacional; aparte de mantener la estabilidad política en los últimos 30 meses, un don muy preciado en la convulsionada Sudamérica.

¿Entonces, qué hace Abc Color? Se monta sobre algunos hechos puntuales, verdaderos o inventados, para atacar “el todo”, para descalificar la gestión de gobierno en su conjunto y socavar las bases de sus programas más relevantes, en el afán de producirle el mayor desgaste político que le sea posible.

Este es el caso de la campaña que despliegan los medios del Grupo Zuccolillo sobre la politización del programa Hambre Cero, que no apunta a enmendar errores y desarrollarlo, sino a destruirlo. Así, las denuncias sobre malos manejos en ciertas gobernaciones, que van desde presunto enriquecimiento ilícito hasta prácticas de chantajes laborales para respaldar tal o cual candidatura, no tienen como centro la investigación de los hechos denunciados y que se apliquen las medidas pertinentes, sino la invalidación absoluta del proyecto.

Podríamos citar muchos otros ejemplos, pero sería redundante. Estamos ante el “relato” de un poderoso grupo mediático que defiende sus intereses corporativos sin la menor ética ni escrúpulos, con el fin de acabar con aquellos a quienes considera enemigos, los “cartistas malvados”.

Dicho esto, la respuesta a estos ataques de los que está siendo objeto Hambre Cero no puede ser, simplemente, que “todo es falso”, que “las gobernaciones ni inciden en los contratos laborales” y sus titulares, sin excepción, ya tienen reservado un lugar en el paraíso. No es minimizando los problemas, ni menos desconociéndolos, como se fortalecerán los programas y proyectos en curso, sino al revés, actuando sobre ellos y rectificando lo que deba rectificarse, en esas y otras áreas en donde los problemas de gestión resultan notorios. Y comunicar bien. Claro, para eso el Gobierno debería contar con su propio “relato” y responder las cuestiones de estratégicas, no la montaña de acusaciones que recibe a diario.

Como criterio general, es siempre importante separar la paja del trigo. Hay críticas que se ajustan a la realidad, pero no por eso invalidan, ni mucho menos, programas de tanta trascendencia. No porque exista paja en el trigal, se considera una plantación de pura paja, como transmite Abc en todas sus páginas, al no diferenciar –intencionalmente– lo uno de lo otro.

Patricia Analí Jara Meza (38), denunciada como desaparecida el pasado 28 de febrero, fue localizada en una estación de servicio ubicada sobre la ruta PY01, en el acceso a la ruta Carapeguá- Nueva Italia. Tras ser hallada, manifestó a los intervinientes que fue liberada por sus captores.

Sin embargo, la Fiscalía analiza una investigación por presunta simulación de hecho punible ante ciertos datos manejados por los investigadores.

A la fiscal Carolina Martínez, de la Unidad Penal N.º 1 de Capiatá, le llamó la atención que la desaparición de la supuesta víctima se produjera el mismo día en que se presentó una denuncia por supuesta estafa.

La organizadora de eventos habría sido denunciada por una pareja por una presunta estafa de G. 15 millones, atendiendo que la mujer debía encargarse de la decoración de un evento que no se concretó.

Otro antecedente llamativo es que la misma aseguró haber sido víctima del supuesto hurto de G. 13 millones, por lo que supuestamente no pudo cumplir el compromiso de decoración.

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Jara Meza desapareció misteriosamente el sábado último tras comunicar a su familia que debía huir a raíz de amenazas de muerte de parte de la competencia, según el mensaje de texto enviado desde el teléfono de la mujer.

Durante la búsqueda de la mujer, tras la denuncia de familiares por su supuesta desaparición, no se pudo rastrear su teléfono celular, que fue hallado abandonado en el sanitario de una estación de servicio de San Lorenzo y con patrón de bloqueo.

Finalmente, efectivos policiales de la Comisaría 5ª de Carapeguá, la ubicaron tras comunicarse con un familiar e informar que se encontraba en la ciudad.

La mujer fue traslada por efectivos policiales del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas y fue trasladada al Ministerio Público para declarar y ser evaluada por la clínica forense, además de recibir contención psicológica.

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La agente fiscal Carolina Martínez, de la ciudad de Capiatá, informó sobre la localización con vida de una mujer de 38 años, quien se encontraba con paradero desconocido desde el 28 de febrero. Se trata de Patricia Analí Jara Meza.

La representante del Ministerio Público señaló que la mujer fue ubicada en la ciudad de Carapeguá y será trasladada a la Clínica Forense para una inspección médica integral. Posteriormente, será derivada al Centro de Atención a Víctimas a fin de recibir contención psicológica.

La Fiscalía informa que continúan las investigaciones en torno a la supuesta amenaza que habría recibido la mujer.

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Patricia Anali Jara Meza (38) tenía que trabajar el sábado en un evento organizado en un salón de la Prefectura Naval en Sajonia. Ese día salió de su casa (Capiatá) en horas de la siesta rumbo a ese lugar. Desde entonces, no se volvió a saber de ella, indicó su cuñado Cristian Torres.

Ese día Jara Meza respondió un mensaje a su hermano, que le preguntó dónde esperaría a su padre, a lo que ella contestó que fue amenazada de muerte y que debía huir.

“Dari, tengo una amenaza de muerte. Desde hace días me quitan plata. Ya no doy más. Cuidale a mi Benja, por favor. Debo huir. Me quitaron tanta plata que no podré cubrir el evento. Cuídense por favor. Es alguien de la competencia. No puedo decir más…Cualquier cosa, me comunico con ustedes. Me prohibieron hacer eventos”, decía el mensaje enviado a las 13:54 del sábado 28 de febrero tras lo cual la mujer habría apagado el teléfono, pues ya no llegó lo que había contestado el hermano.

Sin embargo, más tarde, el celular volvió a encenderse y lograron rastrearlo por GPS. La ubicación llevó a una estación de servicios sobre Avelino Martínez, donde los playeros declararon haber encontrado el dispositivo dentro de la cisterna del baño y contaron que lo encendieron para devolverlo a la propietaria.

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