“Un golpe de Estado se consuma con la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que declara oficialmente a Nicolás Maduro como presidente, dictador de un régimen, ignorando la voluntad popular del pueblo venezolano”, sostuvo el presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez.
“Esto revela una corrupción tremenda y un abuso de poder. La democracia herida de muerte, pero sigue viva en Edmundo González Urrutia como presidente legítimo y María Corina Machado como la líder indiscutible de pueblo hermano”, indicó en sus redes sociales.
Maduro había solicitado al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) “certificar” el resultado de las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) lo proclamó vencedor con 52 % de los votos. La oposición asegura haber ganado los comicios y acusa tanto al TSJ como al CNE de servir al chavismo.
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El TSJ no expuso ante el pueblo venezolano los detalles técnicos del peritaje, como por ejemplo el tamaño de la muestra analizada. Liderada por María Corina Machado, la oposición asegura que su candidato Edmundo González Urrutia ganó con 67 % de los votos y publicó en una página web copias de las actas que, sostiene, lo prueban. El chavismo ha dicho que el material es “forjado”.
“Los resultados electorales en Venezuela sencillamente no pueden ser ratificados, no existió una revisión transparente e independiente y contradicen lo que se percibe con claridad en cuanto a la voluntad del pueblo venezolano”, manifestó el titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre.
El dirigente político de capital realizó un posteo en redes sociales argumentando que “es imposible reconocer a un gobierno en estas condiciones”. De esta manera Maduro se posicionaría de vuelta en el poder por el periodo 2025-2031.
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Diputado rechaza propuestas de elevar impuestos: “El camino es incentivar, no castigar”
“No discutamos cómo generar más impuestos, discutamos cómo generar más contribuyentes”, dijo el diputado de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Rodrigo Gamarra. Se mostró contrario a cualquier tipo de aumento de impuestos. ”Nuestra estabilidad tributaria y competitividad han sido pilares para atraer inversiones, permitir que las empresas paraguayas crezcan y generar empleo”.
Las afirmaciones del parlamentario surgieron tras detallar que solo en 2025, el régimen de incentivos a la inversión permitió aprobar 121 proyectos por USD 650 millones, con más de 4.100 empleos proyectados. “Y hoy ya hablamos de 7.744 nuevas empresas y 242.000 empleos creados. El camino es incentivar al que invierte, produce y contrata, no castigarlo por hacerlo”.
En el marco de las manifestaciones de los médicos quienes exigen al gobierno un reajuste salarial, surgieron desde el Congreso Nacional planteamientos de elevar impuestos, lo que fue rechazado también de forma contundente por los sectores industriales y empresariales.
“El debate debería ir en la dirección contraria, más empresas, más formalización y más empleo formal. Desburocraticemos todavía más la creación de empresas y estudiemos un régimen especial para nuevas mipymes, con menor carga tributaria inicial a cambio de generar y formalizar empleos. Que sea más fácil y más barato entrar a la formalidad”, refirió.
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Gamarra acotó que si se logra que miles de nuevos emprendedores y trabajadores ingresen al sistema, se podrá ampliar la base de contribuyentes, sin castigar al que ya produce y paga. “La solución no es que los mismos de siempre paguen más; es que seamos muchos más produciendo, trabajando y aportando”.
El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Óscar Lovera, manifestó ayer miércoles de forma tajante que desde el gobierno del mandatario Santiago Peña, se rechaza cualquier tipo de incremento de tasas de los impuestos vigentes o la creación de nuevos tributos; sin embargo, reconoció que están revisando ciertas exenciones.
“Este Gobierno tiene una posición firme, nosotros no vamos a tocar tasas de los impuestos o crear nuevos impuestos, lo que sí estamos revisando es lo que hace al concepto de gasto tributario; es decir, aquellas exenciones o deducibilidades que hoy están todavía vigentes”, expresó el secretario de Estado en una visita realizada al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Sobre el punto, explicó que la revisión obedece a la intención de fortalecer y generar eficiencia en la estructura tributaria vigente, no crear nuevos ni generar nuevos impuestos. Amplió precisando que hay estudios que indican que dichos “gastos tributarios” alcanzan unos USD 1.000 millones.
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Informe de la CGR será clave para indagar casos de corrupción en IPS, afirma Chase
El líder de la bancada del movimiento Honor Colorado en el Senado, Natalicio Chase, dijo que el informe y dictamen sobre las finanzas públicas realizado por la Contraloría General de la República (CGR) y entregado el pasado lunes al Congreso Nacional, será la base para iniciar las investigaciones sobre los presuntos hechos de corrupción en el Instituto de Previsión Social (IPS).
“El informe de la Contraloría será uno de los puntos a ser estudiados y será la base hacia donde se dirigirá las investigaciones. Se investigarán todas las denuncias que sean presentadas a lo largo del funcionamiento de la comisión especial de investigación”, comentó el legislador, este jueves, a los medios de comunicación.
En el documento se expone que el IPS es la institución más desordenada del Estado paraguayo debido a la gran cantidad de irregularidades. Entre los casos detectados por la Contraloría, que luego deberán ser remitidos al Ministerio Público, figuran, por ejemplo, presuntas irregularidades por G. 600.000 millones entre medicamentos adquiridos y entregados, pagos por más de G. 50.000 millones a más de 11.000 jubilados fallecidos, situación que ya fue advertida.
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También figura la utilización de cuentas judiciales para realizar compras fuera del control de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). “El lunes se concretará la primera reunión de la comisión especial de investigación y ahí elegiremos a las autoridades”, refirió Chase.
La comisión especial se encuentra integrada por Chase, Antonio Barrios, Lizarella Valiente, Lilian Samaniego, Dionisio Amarilla y Esperanza Martínez, y también se enfocará en indagar sobre las denuncias de casos de corrupción dentro del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS).
“Primero convocaremos a la Contraloría, que es la institución que presentó el informe y después seguro iremos invitando a los diferentes actores, tanto proveedores como las autoridades del IPS. El vicio en el IPS proviene de larga data, seguro será incluido el total de los estudios de auditoría y seguro iremos hasta el origen del problema. Nosotros tendremos la potestad de investigar, pero el que juzgará es la Fiscalía y el Poder Judicial. Si el reporte es concluyente lo remitiremos a la Fiscalía”, describió Chase.
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Oposición traba integración de comisión para investigar casos de corrupción en IPS y Salud
El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, recriminó la falta de interés por parte de la oposición para integrar la comisión especial de investigación de la Cámara Alta con la finalidad de dar seguimiento a las denuncias de presuntos hechos de corrupción en el Instituto de Previsión Social (IPS) y en el Ministerio de Salud Pública.
“No se conforman porque hay bancadas de la oposición que no envían la lista de sus representantes, yo no puedo actuar de niñero para los colegas. Se le puede dar a la oposición para que presidan la comisión, pero si no se anotan cómo le daremos”, indicó el legislador, este miércoles, a los medios de comunicación, antes de la sesión del Senado.
La creación de una comisión especial de investigación fue propuesta desde la bancada del movimiento Honor Colorado, que además ya definió la nómina de sus representantes, que son los senadores Natalicio Chase, Antonio Barrios y Lizarella Valiente.
La solicitud para la creación del bloque surge en el marco de la causa judicial que investiga irregularidades y adendas en contratos adjudicados a la firma Neighpart S.A. para la instalación de quirófanos modulares que no se concluyeron.
De acuerdo a la investigación fiscal, las obras fallidas ocasionaron un perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones a la previsional. El caso derivó en la imputación de los expresidentes del IPS, Jorge Brítez y Vicente Bataglia.
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La lista de imputados sigue con los funcionarios del Consejo de Administración, como Hugo Enrique Aranda, gerente de Logística; y Juan Manuel Villar, director de la Unidad Operativa de Contrataciones. A ellos se suman José Raúl Coronel Acosta, Rosa Colmán, Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, Marcelo Bordón Leiva y Verónica Alexandra Blanco Bogado.
Asimismo, el informe y dictamen sobre las finanzas públicas correspondiente al año 2025 realizado por la Contraloría General de la República (CGR) y entregado el pasado lunes al Congreso Nacional. En el documento se expone que el IPS es la institución más desordenada del Estado paraguayo debido a la gran cantidad de irregularidades.
Entre los casos detectados por la Contraloría que luego deberán ser remitidos al Ministerio Público figuran, por ejemplo, presuntas irregularidades por G. 600.000 millones entre medicamentos adquiridos y entregados, pagos por más de G. 50.000 millones a más de 11.000 jubilados fallecidos, situación que ya fue advertida y la utilización de cuentas judiciales para realizar compras fuera del control de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). “Hay mucha tela que cortar”, puntualizó Núñez.
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Venezuela sin Maduro: inflación, apagones y menos miedo
A casi ocho meses de la caída de Nicolás Maduro, la sensación para muchos venezolanos es agridulce. Celebran su captura y una brisa de libertad, pero sienten que la crisis que pulverizó salarios y obligó a millones a migrar continúa. Marbelis Daliz y su esposo Arlindo Da Silva tienen una tienda de repostería donde lidian con una asfixiante inflación y cortes eléctricos por el colapso de los servicios, males crónicos del país con las mayores reservas de petróleo del mundo.
“Después del 3 de enero tuvimos una expectativa y una felicidad que decíamos: ‘ya, Venezuela cambió’”, cuenta Marbelis a la AFP mientras prepara con prisa una pavlova para un cliente con el temor de que un apagón la deje a oscuras. Pero “lamentablemente la realidad nos aplastó”, añade. Sus ganancias apenas cubren los costos, pero se niega a rendirse. “La economía es un desastre”, afirma esta repostera de 54 años, aunque aún no pierde las esperanzas de un cambio real.
La economía venezolana sufre desde 2019 una dolarización de facto ante la descomunal devaluación de su moneda. Con la tutela estadounidense del país muchos esperaban una lluvia de dólares, pero la inflación anual en bolívares se acerca al 575 %. También es alta la inflación en dólares, pero no hay cifra oficial para 2026. El año pasado fue de 35 %. A los venezolanos los siguen “matando los aumentos de precios”, cuenta Zaida Mujica, una activista social de 61 años.
Tenía “muchas esperanzas” sobre lo que haría Estados Unidos tras derrocar a Maduro. Pero “se llevaron al dictador y no a la dictadura (...). No ha pasado nada que beneficie al pueblo”, lamentó. Tras la caída de Maduro, la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien gobierna bajo fuerte presión de Washington, impulsó una reforma a la ley de hidrocarburos y nueva legislación para la minería, con el objeto de atraer inversión externa.
Pero el venezolano de a pie sigue atado a precarios salarios en un país donde la canasta alimentaria se ubicó en julio en más de 700 dólares, según el centro de estudios Cendas. Rodríguez ajustó en abril en 240 dólares el ingreso de los trabajadores del gobierno, pero el salario mínimo es de apenas 130 bolívares mensuales, unos centavos de dólar.
La producción diaria de petróleo de Venezuela aumentó casi 29,8 % desde enero, según cifras oficiales. “Un cambio político era importantísimo, necesario, pero no es suficiente para generar estabilidad y crecimiento macroeconómicos”, dice José Manuel Puente, académico del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA). El experto considera que mientras el país mantenga “la inflación más alta del mundo” no habrá bienestar.
“Estamos sobreviviendo”
Cuando las fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro tras bombardear Caracas y zonas aledañas, Javier Chacón y su esposa Delia, ambos costureros de 44 años, celebraron puertas adentro, temerosos de la represión que marcó sus 13 años de mandato.
“Lógicamente pensamos que iba a haber un cambio”, cuenta Chacón a la AFP en Quinta Crespo, un mercado popular de Caracas. Pero todavía “estamos sobreviviendo”, asegura.
Para colmo de males, dos terremotos el 24 de junio que dejaron más de 6.500 muertos y cientos de edificios en ruinas agravaron la situación, en especial en La Guaira, destino turístico vecino de Caracas que fue devastado.
El apartamento de Carmen Ramírez, comerciante de 40 años que vende artículos de aseo en una plaza de Caracas, sufrió daños.
“Tienes que salir y seguir luchando”, se consuela mientras acomoda su mercancía en la parte trasera de su camioneta que usa como vitrina y almacén.
“El monstruo sigue vivo”
Marbelis Daliz palpa un cambio: la pérdida del miedo luego de una época de silencio marcada por arrestos masivos tras la reelección de Maduro en 2024, que la oposición denunció como un fraude.
En su local impregnado por el olor de pasteles de cambur recién horneados celebra que ahora la gente se atreve a protestar.
“Yo no me atrevía ni a colocar un post sobre política en Instagram, ahora sí, ahora pongo: ¡qué chévere que Maduro se fue!”, señala.
Desde hace meses, maestros, trabajadores de la salud, familiares de presos políticos e incluso militantes de izquierda se manifiestan en plazas públicas.
Además, se inició un diálogo político entre el gobierno interino y un sector opositor auspiciado por Washington con miras a una transición democrática.
Sin embargo, para venezolanos como Jerry Ostos, exprisionero político de 56 años liberado en marzo, el miedo sigue latente. El gobierno “sigue manteniendo presos por opinar distinto”, señala.
Purgó dos años de cárcel por mostrar una pancarta con un mensaje contra Maduro y debe presentarse a tribunales cada mes porque el expediente por magnicidio sigue abierto. El gobierno dice haber excarcelado a 1.046 presos políticos desde enero, pero según la ONG Foro Penal casi 400 siguen tras las rejas. “El monstruo todavía está vivo”, dice Ostos.
Fuente: AFP.