El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, quien cuenta con 49 denuncias por corrupción, envió este jueves a una escribana pública hasta la sede la municipalidad para que el interventor Ramón Ramírez se ratifique o rectifique sobre sus afirmaciones ante la prensa, acerca de la existencia de irregularidades en la administración del opositor.

“El intento de amedrentamiento no va a hacer mella en el trabajo que estamos haciendo. Evidentemente, nosotros estamos molestando con la información que estamos poniendo a conocimiento de la gente”, sostuvo Ramírez tras la presencia de la escribana pública Marina Beatriz Cáceres Aguayo, del distrito de Naranjal.

El economista dijo que no se retractará y aseguró estar respaldado por documentaciones en todos los aspectos denunciados. “No vamos a desacelerar ni un milímetro. Obviamente, estamos expuestos a este tipo de situaciones, pero quiero dar tranquilidad a la ciudadanía: no va a afectar nuestro ánimo”, refirió.

El pasado 15 de julio, Ramírez reveló ante los medios de comunicación nuevas y escandalosas irregularidades en la administración del líder del movimiento Yo Creo.

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Entre los puntos objetados por Prieto figuran datos sobre la cantidad de funcionarios contratados, el estado de avance en la construcción de plazas, el uso de combustibles, las cifras de recaudación comparadas al año anterior y el manejo de fondos rotatorios o “cajas chicas” dentro de distintas dependencias municipales, con presunto uso mayoritario en gastos gastronómicos.

Ramón Ramírez fue enfático en afirmar que se ratificó en todos los puntos ante la escribana enviada por Prieto y afirmó que la cifra exacta sobre la cantidad de funcionarios y otras cuestiones, ya la dio a conocer en conferencias de prensa anteriores.

“Estamos molestando con la información que estamos poniendo a conocimiento de la gente, es una intención de amedrentamiento”, señaló el economista y posteriormente añadió, “es un intento de intimidarnos en el trabajo que estamos llevando adelante, pero vamos a seguir haciéndolo sin ningún tropiezo y con el mismo ímpetu”.

El economista indicó que es consciente de que por la labor que realiza, está expuesto a este tipo de situaciones, sin embargo, dejó en claro a la ciudadanía que estas actuaciones por parte del intendente suspendido no va a afectar su ritmo de trabajo. “Absolutamente no vamos a retroceder, no vamos a desacelerar”, aseveró.

1. Documentos que aparecen y desaparecen

Desde el inicio de la intervención, Ramón Ramírez y su equipo se han enfrentado a enormes trabas para acceder a la documentación requerida. “No es desorden, es un desorden bien planificado”, afirmó el interventor. Documentos clave que inicialmente “no existían” en los legajos, aparecen de manera repentina, evidenciando un intento deliberado de obstaculizar la investigación.

2. Dudosa asignación de G. 83.000 millones

La propia administración municipal reconoció ante la Contraloría General de la República haber destinado G. 42 mil millones de fondos de capital -que debían financiar obras e infraestructura- para cubrir gastos corrientes y operativos.

3. Obras retrasadas y con plata ya transferida

Se detectaron casos graves de contratos adjudicados y con anticipos millonarios pagados, pero sin ninguna ejecución real. En varios casos, han transcurrido semanas de las fechas de inicio y las obras simplemente no existen.

4. Combustible con cifras imposibles

La intervención también descubrió un esquema de corrupción con el manejo de combustibles.

- Un vehículo declaró un kilometraje que implicaría recorrer más de 1.300 km en un solo día, algo físicamente imposible.

- Otro caso reporta 1.120 litros de combustible cargados en una semana, lo que equivale a llenar el tanque más de seis veces en apenas siete días.

5. Fondos rotatorios usados para compras injustificadas.

Se detectó la asignación indiscriminada de fondos rotatorios a dependencias municipales que los utilizaban para gastos fuera de norma, como la compra de bocaditos, en vez de destinarlos a urgencias reales.

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El interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, comentó que se vio obligado a recurrir ante el Ministerio Público con la finalidad de acceder a documentaciones sobre la administración del intendente Miguel Prieto. El economista había denunciado en conferencia de prensa, el martes pasado, que su labor de fiscalización se ve obstaculizada por la falta de cooperación de los directores de las dependencias municipales.

“Estamos iniciando el día 25 de los 60 que disponemos para el proceso de intervención. Estamos trabajando con las documentaciones a las que pudimos acceder, mientras que algunas estamos gestionando con el Ministerio Público. Nosotros hemos solicitado formalmente el apoyo de la Fiscalía y nos dicen que se pueden disponibilizar las documentaciones remitidas por la Municipalidad de Ciudad del Este", dijo este jueves en una entrevista con el programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Aclaró que las documentaciones que accederán no guardan relación con aquellas vinculadas a causas judiciales en curso contra Miguel Prieto. “Aquí nos encontramos con la particularidad de que muchas de las documentaciones fueron remitidas al Ministerio Público de manera original y extrañamente no obran copias en los archivos de la institución. Vamos a acceder a las documentaciones que no están vinculadas a los procesos abiertos. Las documentaciones cruciales que refieren a las órdenes de pago están en el Ministerio Público”, comentó el economista que asumió la administración del municipio el 23 de junio pasado.

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Las afirmaciones de Ramírez surgen tras darse a conocer que Miguel Prieto incurrió en la presunta malversación y daño patrimonial por G. 42.000 millones. La administración de este intendente contaba con una partida presupuestaria equivalente a G. 83.000 millones que debía ser destinada para gastos de capital, es decir, en obras e infraestructura. Sin embargo, un total de G. 42.000 millones fueron a parar a gastos corrientes.

“Lo que me sorprende es la desprolijidad y discrecionalidad en el manejo administrativo de la municipalidad. Lamento esta situación que es tan grave, ya que la Municipalidad de Ciudad del Este es el segundo municipio más importante del país, es la capital de un departamento (Alto Paraná) y la puerta de entrada al Paraguay”, comentó.

En su descargo, Ramírez siguió sosteniendo que “si no hay nada que ocultar, lo que correspondía era ordenar la casa y tener todas las documentaciones a mano. Sin embargo, acá nos encontramos con una situación totalmente diferente”.

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La administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, contaba con una partida presupuestaria equivalente a G. 83.000 millones que debía ser destinada para gastos de capital, es decir, en obras e infraestructura. Sin embargo, un total de G. 42.000 millones fueron a parar a gastos corrientes.

Al respecto el economista Ramón Ramírez, encargado de la intervención de la comuna esteña, afirmó que esta situación expone la existencia de malversación y daño patrimonial.

“Esos G. 83.000 millones destinados a gastos de capital ya son cifras reconocidas por la municipalidad en su informe de descargo ante la Contraloría General de la República. La municipalidad en su respuesta ya segrega que G. 41.000 millones gastó en gastos de capital y G. 42.000 millones en gastos corrientes. Esto ya es un reconocimiento de que la municipalidad malversó G. 42.000 millones”, dijo a la 800 AM.

Manifestó que: “La utilización malversada de fondos que están destinados también ya configura un daño patrimonial. Estamos ahondando y viendo si efectivamente existen documentos para ver cómo se gastaron estos recursos".

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Por otra parte, Ramírez ratificó que su labor como fiscalizador está siendo obstaculizada mediante el ocultamiento de documentos. “El proceso de auditoría tiene un lapso de maduración, estamos trabajando de acuerdo a un cronograma que establecimos para revisar los 12 puntos que están en el requerimiento de intervención, pero que refieren a 114 observaciones formuladas por la Contraloría”, indicó.

“Estamos avanzando en ese frente dentro de las limitaciones, restricciones y maniobras de ocultamiento de documentos y acceso. La no existencia de documentos también es un hallazgo porque significa que no está respaldado un gasto”, sostuvo el interventor.

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La intervención en proceso en la Municipalidad de Ciudad del Este, está revelando cada vez con más claridad cómo funcionaba el esquema que organizó el intendente Miguel Prieto para concretar su maquiavélica gran estafa, con el objetivo de embolsillarse millonarias sumas pertenecientes a las arcas públicas. Le contamos cómo era el proceso para la tragada sistemática de dinero de los contribuyentes.

Mientras continúa la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, a cargo del economista Ramón Ramírez, va saltando al tapete cada vez con más claridad cómo operaba Miguel Prieto para llevar a cabo la maquiavélica estafa, que prácticamente vació las arcas de la municipalidad esteña.

Prieto y sus cómplices creían tener el esquema muy bien planeado, pero se les escaparon algunos detalles importantes que finalmente sirvieron a la Fiscalía de Delitos Económicos como elementos para señalarlos por las figuras penales de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.

El 25 de marzo del año 2020, en plena pandemia, el intendente “opositor”, Miguel Prieto anunciaba con bombos y platillos en sus redes sociales que estaba distribuyendo víveres a las comunidades carenciadas. Según explicó a la Contraloría General de la República, estos víveres los adquirió a través de una contratación “de urgencia” a la firma Tía Chela S.R.L. El inconveniente es que, según los papeles, este contrato con la empresa de víveres se concretó recién el 27 de marzo, y Miguel Prieto ya estaba publicando los videos jactándose de la entrega el 25 de marzo, es decir, dos días antes.

Curiosamente, el 27 de marzo de 2020, mismo día que la Municipalidad firmaba contrato con Tía Chela S.R.L, se producía la primera entrega de 15.000 kits de los 25.000 que debían proveerse, y se elaboraba la factura de crédito. Es decir, la licitación se encontraba apenas en proceso, pero dos días antes, Miguel Prieto ya estaba haciendo pública la entrega de alimentos, exhibiendo incluso canastas en sus videos.

El Ministerio Público llegó a la conclusión de que Miguel Prieto se aprovechó de su cargo de ordenador de gastos para hacer uso y abuso de los recursos, comprando kits de alimentos que en realidad no fueron proveídos por Tía Chela S.R.L.

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A la “escenografía”, que montó Prieto se suma otro hecho curioso. En el anverso del cheque que cobró el propietario de Tía Chela, Fermín Ávalos, estaba escrita a mano la frase “para comisión de Francisco Arrúa”. Arrúa es nada menos que el director administrativo de la Municipalidad de Ciudad del Este. Es decir, antes de concretarse la entrega de los víveres, ya estaba planificada la repartija de tajadas a los involucrados en la licitación que favoreció a Tía Chela.

Un dato no menor es que, al momento de convocar a los oferentes, se invitó a Tía Chela S.R.L de Fermín Ávalos, a Danielito S.R.L de Felipe Ávalos (padre de Fermín) y a Yrupē, de Sady Lorena Martínez, quien ya contaba con millonario contrato de alimentos.

Esta convocatoria a miembros de una familia y cercanos, hace sospechar a la Fiscalía de que el proceso de licitación fue solamente un maquillaje para direccionar la adjudicación hacia Tía Chela S.R.L.

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El departamento de Crimen Organizado realizó verificaciones aleatorias de datos de los supuestos beneficiarios de los kits de alimentos que figuran en las planillas, y resultó que varios de ellos residen o en el extranjero, o en otros departamentos del país alejados de Ciudad del Este.

Por si fuera poco, en las planillas datos que debieron ser consignadas por los beneficiarios, se observa claramente que la caligrafía pertenece a una misma persona, que llenó todo el documento para simular la entrega de los kits.

Un nuevo hilo del ovillo fue publicado este martes en el diario La Nación. Este nos lleva a la detección de un esquema dedicado a desviar fondos utilizando como pantalla el consumo de combustible para la municipalidad.

En el “teatro” que armaron, no tuvieron en cuenta que es físicamente imposible que en un solo día un automóvil utilice casi 100 litros de combustible. Según el documento que presentaron, un solo vehículo cargó G. 800.000 de carburante en un día,

Todos los datos detectados fortalecen cada vez más la sospecha de que en la administración municipal esteña instauró un esquema corrupto que aprovechaba su posición de privilegio para sustraer sistemáticamente dinero público.

No se descarta que en el transcurso de los días salgan a luz nuevas denuncias relacionadas a acciones irregulares bajo el consentimiento cómplice del intendente Miguel Prieto.