“No es tiempo de renuncias ni de cambios”, sostuvo Lilian Samaniego, líder de la bancada independiente del Partido Colorado en el Senado al referirse a la exigencia realizada desde la Cámara de Diputados al Ejecutivo, consistente en la renuncia del ministro del Interior, Enrique Riera, y el comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, tras la muerte del diputado Eulalio Gomes en un allanamiento en su vivienda.
“Debe quedar claro todo lo que aconteció, eso merece la familia y toda la ciudadanía. Las autoridades respondieron a todas las consultas que se le han hecho. Creo que están dadas las condiciones para el esclarecimiento, es la justicia la que debe determinar y ojalá que lo haga con la celeridad que merece el caso”, sostuvo a la 1020 AM.
Ayer miércoles, Riera, Benítez y el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, acudieron a una sesión reservada impulsada por la Cámara Alta con la finalidad de obtener un informe detallado sobre el operativo Pavo Real II en el que resultó víctima fatal el legislador, que fue imputado por supuestos vínculos con el lavado de activos provenientes del narcotráfico y asociación criminal.
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También están imputados Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del parlamentario, Óscar Daniel Cabreira Pinazo, Luis María Zubizarreta Zaputovich y John Gerald Mathías Gaona. La Fiscalía conformó un equipo de trabajo para intervenir en la causa del fallecido dirigente político de la zona de Amambay.
Los agentes designados en la causa por el titular del Ministerio Público son Celso René Morales, Christian Ortiz y Luis Said, todos de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico. Los fiscales estarán bajo la coordinación de la fiscal adjunta Matilde Moreno.
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Argentina anuncia investigación a empresas por proyectos petroleros cerca de Malvinas
Argentina investigará posibles vínculos entre 45 entidades y proyectos para la explotación de hidrocarburos en torno a las Islas Malvinas, el archipiélago en el Atlántico sur cuya soberanía se disputan Londres y Buenos Aires, según un comunicado de la presidencia.
El anuncio ocurre luego de que el presidente Javier Milei destacara en un discurso el jueves que soplan “vientos de cambio favorables” para la histórica reivindicación argentina sobre las Malvinas y anunciara sanciones más severas para cualquier proyecto petrolero en torno al archipiélago.
El comunicado presidencial publicado el viernes por la noche no identificó a las entidades sancionadas, pero según medios argentinos, entre ellas se encuentran empresas británicas, canadienses, danesas, estadounidenses, neerlandesas e israelíes.
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“Se iniciará el procedimiento sancionatorio no sólo contra empresas que se encontrarían llevando adelante ilegítimamente actividades hidrocarburíferas en nuestra plataforma continental, sino también contra accionistas suyos y empresas que le han estado prestando servicios”, indicó el texto.
Ubicadas a 600 km de Argentina y administradas por el Reino Unido, las Islas Malvinas fueron escenario de una guerra en 1982. Esta se saldó con la rendición del entonces gobierno dictatorial argentino tras 74 días de conflicto en los que murieron 649 argentinos y 255 británicos.
Postura de Milei
El endurecimiento de la postura de Milei sobre las Malvinas, un tema central de la identidad argentina, se produjo pocos días después de un aparente cambio de posición de su aliado, Donald Trump, sobre el asunto.
“Siempre reviso todas las posturas. Esta es una de ellas”, declaró el presidente estadounidense el lunes, sin dar más detalles, en referencia a la postura de neutralidad de Estados Unidos sobre las Islas Malvinas, que los británicos llaman Falklands.
En respuesta al discurso de Milei, Londres reafirmó el viernes que las islas “son británicas y seguirán siéndolo, porque esa es la voluntad abrumadora de sus habitantes” y que su compromiso es “inquebrantable”.
Fuente: AFP
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Viuda apeló resolución que archivó denuncia y exige justicia por despojo de costoso inmueble en San Pedro
Blanca Beatriz Caballero, viuda de Barrios, exige justicia y pide a las autoridades que se continúe investigando varios hechos punibles presuntamente cometidos por el exsíndico de Quiebras, hoy condenado, Blas Velázquez. La denuncia también salpica a jueces, rematadores públicos y camaristas, quienes habrían avalado el despojo irregular de 1.000 hectáreas de tierras valuadas en millones de guaraníes, ubicadas en el departamento de San Pedro.
Caballero apeló la resolución del juez Humberto Otazú, quien había hecho lugar al pedido del Ministerio Público para desestimar la denuncia contra Velázquez, el rematador Mario Person, el exjuez y actual camarista Miguel Ángel Rodas, y el excamarista Carmelo Castiglioni, entre otros.
El abogado Andrés Casati, representante legal de la denunciante, sostiene que la investigación penal archivada incurrió en graves omisiones al no determinar la secuencia de uso de los documentos cuestionados, los cuales continúan produciendo efectos jurídicos en juicios civiles en curso. Asimismo, argumenta que la prescripción no puede utilizarse para beneficiar la inactividad del órgano investigador; motivo por el cual se ha accionado paralelamente contra la representación fiscal asignada por presunta frustración de la persecución penal.
La apelación deberá ser resuelta por el Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos. En caso de revocarse el fallo del juez de primera instancia, se ordenará la reapertura de la causa para continuar la investigación contra los implicados y determinar sus responsabilidades penales.
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Policía Nacional proyecta superar los 42.000 efectivos para diciembre y refuerza controles internos
El Ministerio del Interior difundió este viernes información oficial y datos actualizados sobre la situación de la Policía Nacional, con el objetivo de brindar mayor claridad y transparencia sobre la composición, formación, distribución y fortalecimiento de la fuerza policial.
“Se presentan las principales cifras relacionadas con la cantidad de efectivos actuales y proyectados, los procesos de formación y capacitación, la distribución del personal, los exámenes de integridad, los ascensos, así como las investigaciones, sumarios y bajas registradas en los últimos años”, señala el informe.
Además, la cartera estatal explica que estos datos permiten conocer, de manera clara y objetiva, las acciones que se vienen implementando para fortalecer la institución, mejorar la preparación de sus integrantes, reforzar los mecanismos de control interno y garantizar el cumplimiento de los procedimientos establecidos.
“La información forma parte del compromiso institucional de poner a disposición de la ciudadanía datos concretos sobre la gestión, promoviendo la transparencia, la responsabilidad y el fortalecimiento permanente de la Policía Nacional al servicio de todos”, puntualizaron las autoridades de seguridad.
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Fuerza policial
La Policía Nacional proyecta cerrar el 2026 con 42.611 efectivos, unos 5.000 más que los que actualmente integran la fuerza, según las cifras oficiales difundidas por la institución.
El crecimiento representa un incremento significativo respecto a agosto de 2023, cuando la Policía contaba con 26.793 efectivos. Actualmente son 37.611 los integrantes de la fuerza, mientras que la proyección para diciembre contempla la incorporación de 5.000 nuevos egresados.
Con la cifra proyectada, Paraguay se acercaría al promedio mínimo de referencia de tres policías por cada 1.000 habitantes. Actualmente, la relación es de aproximadamente 2,8 policías por cada 1.000 habitantes.
De los efectivos actuales, 28.916 están destinados a tareas de prevención, seguridad y otras dependencias, mientras que 3.300 cumplen funciones de investigación criminal. Otros 5.395 integran unidades como la FOPE, GEO, agrupaciones de seguridad y otras áreas especializadas.
La institución advierte además que aproximadamente 800 policías se jubilan cada año, lo que constituye un factor a considerar en la planificación de la dotación.
Más formación
El aumento de efectivos está acompañado de cambios en los procesos de formación. Los egresados de 2024 y 2025 fueron seleccionados entre más de 18.000 aspirantes, mediante exámenes realizados por la Universidad Nacional de Asunción (UNA).
La formación de suboficiales se concentra en un año académico, con 1.610 horas de formación y 500 horas de pasantía profesional. En el caso de los oficiales, la preparación contempla cuatro años de formación y más de 3.200 horas cátedra, por encima de las 2.700 horas exigidas por el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES). Además, se prevé el ingreso de aproximadamente 150 oficiales por año.
Otro de los ejes señalados por la Policía es el fortalecimiento de los mecanismos de control de integridad. Durante los últimos tres años de gestión se prevé realizar aproximadamente 450 exámenes de integridad, que incluyen pruebas de polígrafo para integrantes de distintas promociones y niveles jerárquicos.
La aprobación del polígrafo constituye un requisito para acceder a un ascenso. Los resultados son remitidos al Tribunal de Calificaciones, encargado de seleccionar a los candidatos para las vacancias disponibles.
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Policías investigados
Uno de los datos más relevantes del informe corresponde a los mecanismos de depuración interna. Entre 2023 y 2026 se registran 2.110 policías investigados por Asuntos Internos y 947 sumariados por indicios serios.
De acuerdo con el documento, el 5% de los sumariados corresponde a casos de corrupción. En el mismo período se registraron 189 bajas por corrupción u otros motivos, mientras que en los cinco años anteriores se habían registrado 109 bajas.
Experiencia en territorio
La estrategia para los nuevos integrantes también contempla una mayor permanencia en territorio. Los nuevos suboficiales deberán cumplir dos años de pasantía mínima en comisarías de Asunción y Central, realizando patrullaje urbano y formación continua.
La medida busca fortalecer la experiencia práctica, mejorar la prevención y la seguridad, promover la especialización y reforzar el vínculo entre la Policía y las comunidades.
Con estas medidas, la Policía plantea una estrategia basada en tres ejes: más efectivos, mayor formación y más controles internos, con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa de la institución y mejorar su servicio a la ciudadanía.
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Fiscalía y DNIT escanean vehículos incautados por presunta falsificación de fármacos
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) realizaron este jueves una inspección con uso de escáner a dos vehículos incautados en un allanamiento del pasado 12 de agosto en Ciudad del Este. El equipo fue utilizado para detectar fondos falsos o algún compartimento oculto en los rodados.
Se trata de una investigación a cargo del fiscal Osvaldo Zaracho (Unidad Especializada en Persecución de Hechos contra la Propiedad Intelectual y el Contrabando), por presunta falsificación de fármacos.
Se efectuó en la Aduana del Puente de la Integración de Presidente Franco. Los vehículos escaneados fueron un Subaru Impreza WRX, de color azul, y un Dodge Charger GT, de color blanco, ambos incautados durante el operativo realizado en una vivienda del barrio Boquerón II.
La diligencia fue ordenada con el objetivo de verificar la eventual existencia de compartimientos ocultos, dobles fondos o modificaciones que pudieran guardar relación con los hechos investigados. También se realizaron tomas fotográficas de los vehículos y de las áreas examinadas. El resultado definitivo de esta inspección será incorporado a la investigación.
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Además del fiscal Osvaldo Zaracho y el asistente fiscal Víctor Benítez Delgado, participaron del procedimiento el subadministrador de la sede local de la DNIT, abogado Max Derlis Carvallo Aquino, y los funcionarios Víctor Ortiz y Juan Fretes.
El allanamiento que permitió la incautación de los fármacos (tirzepatida y otros medicamentos) y los vehículos fue dirigido por el fiscal antidrogas Luis Fernando Escobar. Las pericias determinarán la procedencia, composición y autenticidad de los productos, según el informe de la Fiscalía.
Dos ciudadanos brasileños fueron detenidos en aquella oportunidad y posteriormente expulsados del país, considerando que registraban órdenes de captura en el Brasil.
Los antecedentes relacionados con la presunta violación de derechos de marcas fueron remitidos a la Unidad Especializada a cargo del fiscal Osvaldo Zaracho, que continuó con las diligencias para esclarecer el caso.