La Cámara de Diputados se prepara para debatir en su próxima sesión ordinaria el proyecto de ley que eleva de 8 a 20 años la pena máxima de privación de libertad para adolescentes de entre 14 y 17 años que cometan crímenes. La iniciativa ya cuenta con media sanción del Senado y plantea modificar el artículo 207 del Código de la Niñez y la Adolescencia.

Los proyectistas, como el senador Javier Zacarías Irún, justifican la propuesta en el aumento de hechos delictivos protagonizados por menores. Señalan que existen casos de adolescentes que actúan “con premeditación y extrema violencia” y que el crimen organizado utiliza a jóvenes como ejecutores, aprovechando las penas reducidas previstas actualmente.

De acuerdo con la exposición de motivos, esta situación “socava la autoridad del Estado y expone a los propios menores a contextos de violencia, abuso y muerte”. Además de endurecer las sanciones, la propuesta incorpora medidas complementarias.

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Entre ellas, evaluación pericial obligatoria para determinar la capacidad de discernimiento del infractor, un sistema mixto de responsabilidad penal juvenil, que combine sanciones con programas de rehabilitación y reinserción, aplicación de criterios de proporcionalidad, reincidencia y madurez psíquica al momento de dictar sentencia.

Entre los fundamentos, los autores citan el artículo 20 de la Constitución Nacional, que ordena que las penas tengan por objeto la readaptación de los condenados y la protección de la sociedad. También apelan al Pacto de San José de Costa Rica, alegando que si los adolescentes gozan de las mismas garantías que los adultos, deben asumir también “las mismas obligaciones y consecuencias”.

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La propuesta contempla que en caso de un hecho calificado como crimen por el “derecho penal común, la duración máxima de la medida será de veinte años”. Si obtiene la aprobación en Diputados, el proyecto quedará sancionado y representará un giro drástico en la política penal juvenil del país.

La Cámara de Diputados aprobó en sesión ordinaria, con modificaciones, el proyecto de ley “que establece procedimientos y límites para la autorización de descuentos y traba de embargos”, iniciativa derivada de la trama delictiva conocida como “mafia de los pagarés”, que busca evitar nuevos casos en el futuro.

El texto aprobado establece que los descuentos compulsivos derivados de créditos o embargos no podrán superar el 50 % del ingreso mensual del servidor público, siempre que se trate de conceptos autorizados por el trabajador y canalizados por asociaciones, cooperativas, sindicatos o mutuales legalmente reconocidos.

La diputada Cristina Villalba, presidenta de la Comisión de Presupuesto, defendió el dictamen que recomendó la aprobación con modificaciones. Entre los cambios introducidos, se sustituyen los términos “empleado público” y “funcionario público” por “servidor público”, en concordancia con la ley de la Función Pública y del Servicio Civil.

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Otro ajuste relevante es la designación de las Unidades de Gestión y Desarrollo de las Personas de cada entidad estatal como responsables de recibir denuncias y velar por la aplicación de la ley. Además, se incorpora un artículo que establece el orden de aplicación de los descuentos y sanciones disciplinarias en caso de incumplimiento, consideradas como faltas graves.

La diputada Rocío Abed, presidenta de la Comisión de Equidad Social, respaldó el dictamen y subrayó que la regulación “garantiza que los descuentos no superen el 50 % del ingreso mensual”, con mayores requisitos de autorización y transparencia. En el mismo sentido, el diputado Jorge Ávalos Mariño señaló que la normativa introduce “herramientas claras para prevenir abusos y garantizar la transparencia”.

Por su parte, la legisladora Rocío Vallejo destacó que las modificaciones mejoran sustancialmente la media sanción del Senado, especialmente con la incorporación del artículo sobre prelación de cobros, que ordena los múltiples descuentos que afectan a los trabajadores.

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Tras su aprobación en Diputados, el documento será remitido nuevamente a la Cámara de Senadores para su estudio. Parlamentarios coincidieron en que la iniciativa constituye un paso hacia la justicia social y el respeto a los derechos fundamentales de los servidores públicos.

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, destacó este martes el paquete de leyes económicas impulsadas por el Poder Ejecutivo y actualmente en estudio en la Cámara de Diputados, al señalar que su aprobación será clave para fortalecer la competitividad del país, atraer inversiones y generar más empleos.

Tras la reunión que el equipo técnico del MEF mantuvo con la Comisión de Presupuesto de Diputados, el ministro insistió en que las propuestas legislativas forman parte de una estrategia destinada a consolidar un entorno favorable para el desarrollo productivo.

Fernández Valdovinos sostuvo que el impacto de estas normas se reflejará en la creación de empleo formal y en la consolidación de Paraguay como un polo competitivo en la región. “Estuvimos discutiendo las ventajas que ofrecen estas leyes y coincidimos en que tendrán un impacto muy positivo en la economía nacional, al impulsar nuevas inversiones y favorecer la creación de puestos de trabajo”, afirmó.

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El Gobierno apuesta a que con la aprobación parlamentaria se instale un marco de mayor previsibilidad para las empresas, tanto locales como extranjeras. El énfasis está puesto en mejorar las condiciones para sectores industriales con alto potencial de crecimiento, entre ellos el tecnológico y el manufacturero.

Además, la revisión del régimen de maquila busca garantizar que el país siga siendo atractivo frente a competidores regionales, especialmente Brasil y Argentina, donde las condiciones macroeconómicas y tributarias presentan mayores niveles de incertidumbre.

El titular del MEF subrayó que la estrategia forma parte de una visión de mediano plazo para sostener el dinamismo económico. A su criterio, Paraguay debe avanzar hacia un modelo productivo más diversificado y con mayor valor agregado, lo que exige contar con marcos normativos que acompañen las transformaciones en curso.

La discusión legislativa sobre este paquete de leyes se da en un contexto en el que el Gobierno busca blindar la economía frente a factores externos y al mismo tiempo sentar bases para una etapa de inversiones más intensivas. La expectativa oficial es que la aprobación de estas normas se produzca en las próximas semanas, de manera a permitir que los nuevos incentivos puedan aplicarse desde el 2026.

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En sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, se estudiaron tres de los proyectos de ley, que forman parte del paquete económico remitido por el Poder Ejecutivo. Las iniciativas ya contaban con media sanción de parte del Senado y tras el visto bueno de la Cámara Baja, las propuestas quedaron sancionadas y serán elevadas al Ejecutivo para su promulgación.

Se trata del proyecto que establece un nuevo régimen de incentivos fiscales para la inversión nacional y extranjera, el nuevo régimen de maquila y por último, el que establece la política nacional para la producción y el ensamblaje de equipos eléctricos, electrónicos, electromecánicos y digitales.

Todas estas propuestas contaban con dictamen favorable por parte de las comisiones asesoras. La extraordinaria, fue convocada exclusivamente con el fin de tratar estas tres iniciativas. Cabe mencionar que aún quedan otras siete iniciativas pendientes de estudio dentro del Congreso.

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El proyecto apunta a regular los incentivos y procedimientos para promover e incrementar la inversión, producción, ensamblaje de equipos eléctricos, electrónicos, electromecánicos y digitales. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y los aspectos tributarios estarán bajo la competencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“Se establecen beneficios fiscales para las inversiones realizadas tales como, para la importación de bienes de capital, compra de aquellos producidos por fabricantes nacionales, exoneraciones previstas en el régimen de incentivos fiscales para la inversión de capital de origen nacional y extranjero. Para la importación de capitales, exoneración de impuestos aduaneros”, explicó la diputada Cristina Villalba.

La legisladora, presidenta de la Comisión de Presupuesto, también habló de otros beneficios tributarios, que tendrán una duración de 20 años y el beneficiario podrá solicitar la renovación por un periodo adicional igual al otorgado, siempre que cumpla con los requisitos.

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Esta propuesta busca regular las operaciones de empresas maquiladoras de bienes y servicios con el objeto de transformar, elaborar, ensamblar, o reparar bienes de procedencia extranjera, importados temporalmente o prestar servicio a ser aprovechados en el exterior, incorporando mano de obras y otros recursos nacionales, explicaron en el pleno.

“Se reconoce expresamente al régimen de maquila de servicios valorando su creciente importancia en términos de empleabilidad y generación de valor agregado. Las recaudaciones en el sector ascienden a USD 1.109 millones, más de 34.000 empleos y un 45 % de los empleos son ocupados por mujeres”, expuso la diputada Cristina Villalba.

Esta iniciativa busca establecer un nuevo régimen para la inversión nacional y extranjera, actualizando medidas de promoción e incremento de las inversiones vigentes para fomentar el aumento de las inversiones dentro de nuestro país. Contempla beneficios fiscales como exoneración de impuestos aduaneros como el IVA, Impuesto a la renta de no residentes, Impuestos a los Dividendos y Utilidades.

“Desde la bancada A apoyamos la aprobación de este proyecto que pretende modificar la ley 6.090, mantiene los beneficios tradicionales que otorga esta normativa, pero a la vez, permite la equidad en el acceso a los mismos”, detalló la diputada Rocío Abed, quien mencionó que también se contemplan beneficios tributarios para importación de bienes para proyectos de inversión en sectores de turismo y entretenimiento.

Más inversiones, más empleo a través de los 3.000 nuevos puestos que se proyecta serán creados mediante esta iniciativa, mencionó la parlamentaria como el impacto que tendrá esta normativa en nuestro país.