La Organización de Estados Americanos se declaró ayer miércoles “alarmada” ante la situación política y social en Nicaragua y exhortó al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo a respetar los derechos humanos. El Consejo Permanente de la OEA, órgano ejecutivo del bloque regional, aprobó por unanimidad una resolución que urge al país centroamericano a “poner fin a las violaciones a los derechos humanos, incluida la liberación incondicional de todas las personas detenidas injustamente, y de aquellas injustamente sujetas a arresto domiciliario”.

El último informe del grupo especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua describe "acciones de hostigamiento, persecución y atentados contra la vida que se extienden más allá de las fronteras terrestres" del país, recuerda la resolución. El texto señala que esto ocurre “incluso a través de la instrumentalización de los mecanismos internacionales de cooperación, como el uso indebido de las notificaciones rojas de Interpol”.

Nicaragua, cuya presidencia es compartida desde noviembre de 2024 por Ortega y su esposa Murillo, abandonó la OEA hace poco más de un año. El Consejo Permanente invitó al país “retornar” a la organización, en cumplimiento con los principios de la Carta Democrática Interamericana. Al mismo tiempo, pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que mantenga su monitoreo sobre la situación de los derechos fundamentales en el país, a pesar de que el gobierno de Ortega y Murillo rechaza sus visitas.

La oenegé Human Rights Watch (HRW) denunció el miércoles “la ejecución extrajudicial de 120 latinoamericanos” en el Caribe por ataques de Estados Unidos, y dijo que el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca animó a varios gobiernos de América Latina para cometer abusos. Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, advirtió que a las “graves violaciones a derechos humanos” identificadas “por décadas” en países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, se suman ahora los abusos cometidos por Washington en la región, además de la retención de extranjeros deportados por Estados Unidos en El Salvador, Panamá y Costa Rica.

“La ejecución extrajudicial de 120 latinoamericanos en aguas del Caribe y el Pacífico” durante ataques estadounidenses contra embarcaciones supuestamente utilizadas para el trasiego de drogas es una de las acciones del gobierno de Trump que han agravado la situación de los derechos humanos en la región, citó Goebertus en una rueda de prensa.

Estas muertes se dieron en el contexto del despliegue naval que mantiene Washington en el Caribe, donde ha atacado botes presuntamente del narcotráfico, y que condujo al poderoso operativo militar para capturar al depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el 3 de enero.

En su informe anual, presentado en Ciudad de México, HRW menciona también que El Salvador recluyó a 252 venezolanos deportados desde Estados Unidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). En esa megacárcel inaugurada en 2023 por el presidente Nayib Bukele, HRW pudo “documentar que (los deportados) sufrieron torturas sistemáticas”, añadió Goebertus en entrevista telefónica con AFP. La abogada lamentó que países “que históricamente han sido muy comprometidos con la defensa de derechos humanos, como Panamá y Costa Rica” hayan retenido a extranjeros deportados por Estados Unidos “sin ninguna justificación”.

“El gobierno de Estados Unidos ha tenido una influencia indudablemente negativa” en la región, cuyo balance frente a las políticas migratorias del republicano “es muy desafortunado”, afirmó. El recorte de Trump a la ayuda internacional de Washington, a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), tuvo un impacto “supremamente grave” en América Latina y el Caribe, denunció Goebertus.

Los ecos de esta política también llegan hasta países como Ecuador y Perú, que al igual que El Salvador, lanzaron leyes “para el cierre arbitrario de organizaciones” de derechos humanos, aprovechando el “debilitamiento” de las oenegés. HRW destaca que, con resultados disímiles, gobiernos latinoamericanos que aplicaron políticas de mano dura contra la delincuencia registran un incremento en las violaciones a los derechos humanos. El informe sostiene que la administración de Bukele cometió “detenciones arbitrarias y masivas”, “tortura” y “desaparición forzada” para conseguir una importante disminución de la violencia ligada a las pandillas.

Ecuador, por otra parte, cerró 2025 con una tasa de homicidios récord de 52 asesinatos por cada 100.000 habitantes, mientras que sus fuerzas de seguridad incurrieron en “ejecuciones extrajudiciales” y “desapariciones forzadas”, según HRW. En el caso de México, Goebertus llamó a poner “la lupa” en “la erosión del sistema de pesos y contrapesos”, entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, provocada por la reforma constitucional que instauró la elección popular de jueces.

Esta reforma convirtió “a los jueces en actores sujetos a mayorías políticas y presiones electorales”, añadió la politóloga Denise Dresser en la rueda de prensa. Lisa Sánchez, especialista en seguridad y política de drogas señaló que la “militarización” de la seguridad pública no solo incrementa los riesgos de violaciones a las garantías fundamentales, sino que no ha puesto un freno a la corrupción en México.

“Las fuerzas armadas están participando igualmente en esquemas de corrupción”, dijo Sánchez, en alusión a las indagatorias por contrabando de combustible contra elementos de la Secretaría de Marina en 2025. El informe de HRW reconoce la reducción de la pobreza en México, pero “comer mejor no compensa vivir sin justicia”, subrayó Dresser.

Fuente: AFP.

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) suscribieron un acuerdo de cooperación electoral con el objetivo de fortalecer los procesos democráticos y el sistema electoral de Paraguay.

“Una vez más, estamos contando con una misión de apoyo técnico de la OEA, que brindará acompañamiento en los próximos procesos electorales y la revisión técnica de las máquinas de votación ”, destacó el ministro Jaime Bestard, en su carácter de miembro del TSJE, durante la firma.

Por su parte, el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, señaló que las instituciones electorales requieren capacidad técnica, así como respeto, independencia y autonomía para poder organizar elecciones desde una perspectiva técnica, “de manera que se garantice el derecho fundamental de los ciudadanos a través de un proceso electoral secreto, honesto y transparente”, acotó.

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Desde la Justicia Electoral señalan que este acuerdo establece un marco de colaboración técnica, intercambio de experiencias y desarrollo de programas y proyectos conjuntos en materia electoral entre ambas instituciones.

La ceremonia de firma se realizó en la sede de la OEA, en Washington, D. C., con la presencia del embajador paraguayo ante la OEA, Raúl Florentín; el secretario para el Fortalecimiento de la Democracia, Sebastián Kraljevich, y del jefe del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral, Cristóbal Fernández.

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La liberación de presos anunciada en Venezuela es “una buena noticia”, saludó este jueves el secretario general de la OEA, Albert Ramdin.

Esas liberaciones deberían llevarse a cabo “sin demora”, indicó en un mensaje publicado en la red X.

“Venezuela necesita que toda su gente pueda contribuir de manera constructiva, en consonancia con los principios democráticos y los derechos fundamentales, para dar forma a su futuro lo antes posible”, añadió.

El jefe del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, anunció la excarcelación de un “número importante” de presos.

“Estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento”, señaló a la prensa en el palacio Legislativo, sin precisar la cantidad de personas que quedarán en libertad.

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La oenegé Foro Penal contabiliza 806 presos por razones políticas en Venezuela, de ellos 175 militares.

España saludó la excarcelación de cinco españoles, entre ellos una ciudadana con doble nacionalidad.

La OEA celebró un debate extraordinario el martes para analizar la situación en Venezuela que mostró la división existente en la región ante la incursión estadounidense.

Estados Unidos capturó y sacó del país al presidente Nicolás Maduro y a su esposa en una operación militar que se saldó con al menos 100 muertos, según el gobierno de Rodríguez.

Maduro y su esposa enfrentan cargos de narcotráfico en una corte de Nueva York, y están encarcelados hasta la celebración del juicio.

Esta decisión de liberar presos de las nuevas autoridades venezolanas fue presentada por la Casa Blanca como “un ejemplo” de la “influencia” de Trump, en palabras de la subsecretaria de prensa, Anna Kelly.

• Fuente: AFP

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La represión política no puede ser tolerada en Venezuela, declaró este martes el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, que ofreció la capacidad de la organización para facilitar un diálogo interno con miras a una transición.

“Recientes reportes, más allá de lo que ya sabíamos, nos dan razones para estar preocupados”, declaró Ramdin en una sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA) dedicada exclusivamente al reciente ataque estadounidense contra Venezuela, que se saldó con la captura del presidente, Nicolás Maduro, y su esposa.

“La represión y la persecución política no puede ser tolerada en Venezuela o en ningún otro lugar de nuestro hemisferio”, añadió.

Ramdin invitó a todos los países de la región, divididos sobre el ataque, a “hallar un camino para mantener un compromiso colectivo”.

Durante la sesión se sucedieron los discursos en contra de la intervención estadounidense, aunque varios países rechazaron pronunciarse y mostraron en cambio su satisfacción por la captura de Maduro.

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La intervención del embajador estadounidense, Leandro Rizzuto, fue brevemente interrumpida por una persona que pidió la libertad de Maduro, y que fue desalojada de la sala de sesiones.

La secretaría general de la OEA “ofrece nuestros buenos oficios para facilitar una plataforma de diálogo inclusivo entre los actores de la sociedad venezolana”, aseguró Ramdin.

“Podemos apoyar una transición democrática amplia, fortalecer las instituciones, apoyar reformas institucionales”, aseguró. El futuro de Venezuela quedó en suspenso tras el derrocamiento de Maduro.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró tras la incursión militar que su gobierno “gobernará” Venezuela a distancia, y reivindicó como un derecho el acceso a explotar el petróleo.

La vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, fue proclamada presidenta interina, y aunque ofreció a Washington diálogo, también advirtió que su gobierno espera la libertad de Maduro y su regreso al país.

Tras los bombardeos estadounidenses, Caracas se mantiene bajo intensa vigilancia militar y policial, y en la noche del lunes se reportaron disparos cerca del palacio presidencial.

Venezuela abandonó la OEA en abril de 2017, pero luego la Asamblea Nacional, en manos de la oposición, desconoció la decisión de Maduro.

Aunque la organización con sede en Washington sigue considerando al país como miembro, Caracas dejó de participar en los trabajos de la OEA.

El Consejo Permanente de la organización a su vez desconoció las elecciones presidenciales de 2024, ganadas por Maduro, un resultado también contestado por Estados Unidos y la Unión Europea.

• Fuente: AFP

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