El expresidente Mario Abdo Benítez oficializó su retorno a la política en un acto político en San Bernardino que reunió a diputados que abandonaron la sesión ordinaria, y otros más. El senador Derlis Maidana opinó sobre la vuelta del exmandatario y recordó que este cuenta con denuncias en su contra y debe someterse a la justicia.
“A mi me parece saludable que los expresidentes tengan una militancia activa en el Paraguay como en cualquier lugar del mundo, sin embargo el señor Abdo también tiene que enfrentar algunas causas judiciales y eso no va por cuerda separada. No porque él incursione activamente se debe victimizar”, aseveró.
Maidana recordó que sobre Abdo pesan dos denuncias concretas, incluso cuenta con una imputación de parte del Ministerio Público. Además, la Contraloría General de la República detectó irregularidades en cuanto a su crecimiento patrimonial e indicios de otros hechos punibles, documentos que también fueron remitidos a la Fiscalía y están en etapa de análisis.
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“Es auspicioso su regreso en cuanto a que se le dé la posibilidad naturalmente de hablar de la visión que él tiene de la política, pero eso no desmerita a que él tenga que someterse, con todas las consecuencias que implica, a los mandatos de la justicia ordinaria”, precisó el parlamentario colorado a la 1020 AM.
Abdo ya no tiene posibilidades constitucionales de postularse a la Presidencia de la República, enfatizó el senador, no obstante, no descartó que quiera aspirar a la titularidad de la Junta de Gobierno. “Lo que escucho es el que va a armar un equipo político para participar de las internas, bienvenido sea, una competencia sana para fortalecer los músculos dentro del Partido Colorado”, concluyó.
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“Todos los candidatos cumplen con los requisitos”, dice Maidana sobre ternas para Contraloría
El senador Derlis Maidana defendió las postulaciones para la Contraloría y Subcontraloría General de la República al asegurar que los integrantes de ambas ternas cumplen con los requisitos constitucionales. Con sus declaraciones, Maidana buscó desestimar el discurso de la oposición, que señala un supuesto intento de copamiento por parte del oficialismo colorado.
“Tengo entendido que había una especie de costumbre de designar a un opositor, pero esa mala costumbre le trajo mucho daño a la República, ya que los contralores que entraron por cuoteo político, perteneciente a la oposición fueron procesados, imputados, se fueron a la cárcel, no hicieron bien su trabajo”, refirió.
El pleno del Senado conformó ayer miércoles en su sesión ordinaria la terna para ambos cargos que serán remitidas a Diputados para su definición. La lista para el cargo de contralor se encuentra integrada por Camilo Benítez Aldana quien busca su reelección, Mabel Bogado Oviedo y Carlos Vera Ruiz.
Mientras que la nómina para subcontralor está conformada por Armindo Torres, Augusto José Félix Paiva y Cosme Alfredo Torres. “El principal cuestionamiento a Camilo, Armindo, entre otros, no es que son ineficientes, que hicieron mal su trabajo, sino que son colorados y que el partido de gobierno no puede poner al contralor”, manifestó Maidana.
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Antecedentes
Entre los excontralores de extracción opositora que terminaron ante la Justicia se encuentra el liberal Daniel Fretes Ventre, quien ocupó el cargo durante los años 1995 al 2000. El mismo enfrentó a la Justicia tras comprobarse la creación de un esquema financiero destinado al blanqueo de capitales. En 2006, un tribunal lo condenó a 12 años de cárcel y a una multa millonaria tras tipificar sus actos como lavado de dinero y asociación criminal, bajo la premisa de haber organizado una maquinaria estructurada para el lavado de activos. No obstante, años más tarde, la causa dio un giro definitivo cuando la Corte Suprema de Justicia revocó el fallo y lo absolvió.
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También figura Óscar Rubén Velázquez Gadea, quien contaba con la adhesión de legisladores liberales y del Partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (Unace). La gestión de Velázquez Gadea colapsó institucional y judicialmente tras revelarse graves irregularidades administrativas en el manejo de planillas y salarios públicos.
Fue procesado y hallado culpable por el delito de lesión de confianza en el marco del caso conocido como “la secretaria vip”. El proceso culminó formalmente en 2021, cuando la Corte Suprema de Justicia ratificó la sentencia que lo condenó a 4 años de pena privativa de libertad.
A la vez, se encuentra José Enrique García Ávalos, quien gozaba del respaldo de los congresistas pertenecientes al tercer espacio. El mismo debió responder penalmente por su actuación en el polémico caso Ivesur, enfrentando cargos por producción de documentos no auténticos e instigación a subordinado, además de ser investigado en paralelo por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
En 2023 recibió una condena judicial de primera instancia, la cual fue ratificada y confirmada por la Corte Suprema de Justicia en 2024, cerrando de este modo su ciclo institucional con un fallo condenatorio firme.
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Padres de María Fernanda piden la pena máxima para los acusados del horrendo crimen
Los padres de María Fernanda Benítez Martínez, la adolescente de 17 años que estaba embarazada y cuyo cuerpo fue hallado calcinado en Coronel Oviedo el 31 de mayo de 2025, pidieron hoy la pena máxima para los acusados del horrendo crimen ante el Tribunal de Sentencia de Coronel Oviedo.
“Son unos monstruos y tienen que pagar hasta lo último por lo que hicieron”, expresó Leonardo Benítez, padre de María Fernanda, a los magistrados encargados de dictar sentencia en la fecha. Asimismo, solicitó una fuerte condena para los demás involucrados por haber encubierto el caso. “Los padres deben pagar también por ser cómplices”, sentenció.
Hizo hincapié en que los autores del hecho actuaron de manera premeditada, atendiendo las evidencias recabadas durante la investigación. “Fue intencional lo que hicieron, porque un mes antes planearon lo que le iban a hacer a mi hija y cometieron un doble crimen, ya que le mataron a mi hija y a mi nietito. Y se merecen que vayan 30 años a la cárcel para que no vuelva a pasar esto a otra familia”, manifestó.
Igualmente, doña Nilda Martínez, mamá de la joven víctima, solicitó que se aplique la “cadena perpetua” para los responsables de la muerte de su hija por el terrible daño que le causaron a su familia. “Me hicieron un daño físico y emocional”, lamentó.
Por otro lado, cuestionó el actuar de los padres del menor, principal sospechoso del homicidio. “Cómo van a ayudar a un asesino”, exclamó. También se refirió a la amiga del presunto autor material. “Mikaela le mandó matar a mi hija, ella sabía y también merece la pena máxima”, apuntó.
Por su parte, el padre del adolescente acusado dijo de manera breve: “Una vez más le pido perdón a los familiares”. Este martes se dictará sentencia para cinco acusados por el crimen de la adolescente.
Según explicaciones del fiscal Fermín Segovia, el juicio corresponde a los adultos, que presuntamente intentaron entorpecer la investigación y ocultar evidencias.
Entre los acusados se encuentra Mikhaela Rolón, amiga del adolescente, quien habría dado instrucciones sobre cómo matar a una persona. También enfrenta juicio Franco Acosta, propietario de una farmacia, quien habría proveído medicamentos abortivos.
Asimismo, está acusado Ricardo Villamayor, quien presuntamente habría ocultado en su domicilio la motocicleta utilizada por el principal acusado para trasladar a María Fernanda. También son procesados los padres del adolescente, quienes habían presentado una denuncia por la supuesta “desaparición” de su hijo.
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Espacio Reservado: INDUFAR C.I.S.A. hace pública la situación por la que está atravesando
Mediante un comunicado dirigido a sus clientes, gremios de la industria nacional y público en general, INDUFAR C.I.S.A., “de manera clara y transparente”, hace pública la situación por la cual está atravesando, considerando relevante que la misma sea conocida por todos, según sostienen.
¿Qué está pasando?
“INDUFAR C.I.S.A., incluidos directivos y gerentes, ha sido objeto de una cadena de actos, premeditadamente estructurados, destinados a intimidarle y ejercer fuerza de manera a que renuncie a sus derechos que, legítimamente, le corresponden en una relación puramente comercial dentro del ámbito del derecho privado”, señalan.
Sostienen además, que “dichos actos buscan instrumentar al Ministerio Público y al Poder Judicial de la circunscripción judicial del Alto Paraná, para -insistimos- forzar a que INDUFAR C.I.S.A. ceda sus legítimos intereses que contractualmente y en derecho, le corresponden”.
Lo que demuestran los hechos
Desde la empresa sostienen que “un juzgado civil de Asunción rechazó in límine todas las pretensiones de BEM ESTAR CLÍNICA ESTÉTICA S.A. planteadas en un pedido de medidas cautelares. A pesar de ello, buscaron una Justicia complaciente a sus intereses y presiones, y la encontraron en la jueza Victoriana Cáceres, jueza Civil de Ciudad del Este, quien hizo lugar a las mismas medidas rechazadas en Asunción, dictando una medida cautelar arbitraria y desprovista de fundamento, no ajustada a las reglas procesales. Este proceder está fuera del derecho”.
Agregan que: “Igualmente, en la misma jurisdicción del Alto Paraná, ´penalizaron´ el mismo contrato comercial y realizaron denuncias infundadas, por estar basadas en cuestiones civiles y comerciales, no obstante, encontraron eco en la agente fiscal de Hernandarias, Natalia Montanía, territorialmente incompetente y el juez de Garantías Nelio Prieto de Ciudad del Este.
En dichos casos “INDUFAR C.I.S.A., iniciará la acusación formal por mal desempeño de funciones ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, para la remoción de dichos servidores públicos, como así también la denuncia penal por prevaricato ante el Ministerio Público”.
El punto mas grave
Desde INDUFAR aseguran que “lo mas preocupante, es que dichos actos buscan evitar que la cuestión sea sometida al arbitraje, que fue pactado como medio de solución de disputas entre las partes. Es así que la arbitraria medida cautelar mencionada caducó de pleno derecho, al vencer el plazo de 10 días corridos, sin que el actor, BEM ESTAR CLÍNICA ESTÉTICA S.A., haya dado inicio al arbitraje, tal como lo manda el art. 26 de la Ley 7561/2025.
“La jueza Gabriela Ramírez, consecuentemente, declaró la caducidad operada ya de pleno derecho de esas medidas y levantó las mismas. Hoy, la jueza Gabriela Ramírez fue denunciada ante el Ministerio Público, por cumplir la ley”, sostienen.
El documento también menciona que “BEM ESTAR CLÍNICA ESTÉTICA S.A. evita el arbitraje, porque él no le permitirá ejercer la misma presión que está ejerciendo sobre la Justicia de Ciudad del Este. Sabe que no tiene ningún reclamo, jurídicamente sostenible, en contra de INDUFAR C.I.S.A.”.
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Sobre INDUFAR C.I.S.A.
INDUFAR C.I.S.A. es una empresa líder en su rama industrial, con mas de 50 años al servicio del país. Forma parte de los grandes contribuyentes del Estado. Emplea a cerca de 1200 trabajadores, y beneficia por tanto, a aproximadamente 5000 personas, sin contar el enorme mercado de farmacias y distribuidoras que son beneficiadas con la comercialización de sus productos.
Es parte de gremios de la producción, como la Unión Industrial Paraguaya, la Cámara de Comercio Paraguayo Americana y la Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay (CIFARMA).
Compromiso
“En INDUFAR C.I.S.A. actuamos con responsabilidad, transparencia y compromiso absoluto con la salud de las personas. Nuestros clientes y usuarios, tengan la tranquilidad de que esta situación no afecta la calidad, la producción ni el abastecimiento de nuestros productos. Seguimos trabajando con normalidad y con el mismo compromiso de siempre”, expresan.
Además: “INDUFAR C.I.S.A. exige seguridad jurídica y la vigencia plena de un estado de derecho, en el que la Corte Suprema de Justicia y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados velen por el fiel cumplimiento de las normas jurídicas y que en todos los casos, la justicia actúe con independencia”.
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Ratifican imputación por estafa y otros contra directivos y ejecutivos de Indufar
La Cámara de Apelación de Alto Paraná, integrada por Nilda Estela Cáceres, Raúl Insaurralde y Efrén Giménez Vázquez, ratificó la admisión y la validez de la imputación contra cuatro directivos y ejecutivos de Indufar C.I.S.A. Los mismos están imputados por estafa, lesión de confianza y asociación criminal en una investigación relacionada con la producción y comercialización de medicamentos a base de tirzepatida.
Los procesados son Óscar Humberto Simón Palmerola, Cynthia Montserrat Ríos Villagra, Darío Alejandro Zanin y José Luis Rodríguez Paredes. La investigación se inició a partir de una denuncia de BEM ESTAR Clínica Estética por un supuesto perjuicio de G. 24.084 millones.
Los camaristas consideraron que el acta de imputación cumple con las exigencias previstas en la norma legal; es decir, en el artículo 302 del Código Procesal Penal y en la Acordada N.º 1631/2022 de la Corte Suprema de Justicia.
Los integrantes del tribunal de alzada mencionaron que el documento contiene los elementos exigidos por la legislación procesal: identifica a los imputados, describe los hechos investigados, establece la calificación jurídica provisional y señala los elementos de sospecha que los vinculan con el caso. El tribunal de apelación aclaró que en esta etapa procesal no corresponde realizar una valoración definitiva de las pruebas ni determinar la responsabilidad penal de los acusados.
Perjuicio económico
El Ministerio Público sostiene que, de forma preliminar, existe un perjuicio de G. 24.084.413.169, equivalente a unos USD 4 millones. Entre los elementos mencionados en la imputación figura un stock de 20.882 cajas de productos que, según la denuncia, habría quedado inmovilizado.
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